Fiscalía radicó ante la Corte acusación contra gobernador de Córdoba, Edwin Besaile

La Fiscalía General radicó ante la Corte Suprema de Justicia la acusación formal contra Edwin José Besaile Fayad, gobernador de Córdoba, como parte de un concierto criminal en el que se pactó el pago de dineros a la IPS San José de la Sabana, por la atención de pacientes con hemofilia que nunca existieron.De acuerdo con el material probatorio recaudado por la Fiscalía, el funcionario, aún consciente de las alertas hechas por parte de la Contraloría y otros organismos de control, e ignorando las advertencias de los funcionarios de la Gobernación sobre las presuntas anomalías en el manejo de los dineros, habría viabilizado el pago de $1.525’045.600 a la mencionada IPS, en retribución a los dineros que le habrían sido entregados para la financiación de su campaña a la Gobernación.La Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, imputó a Edwin Besaile por los delitos de peculado por apropiación en provecho propio y de terceros, en calidad de coautor, y concierto para delinquir en condición de autor. Vea aquí: Edwin Besaile pide levantar suspensión en su contra por ‘cartel de la hemofilia’En la acusación, se indica que el entonces mandatario no sólo habría beneficiado a la IPS San José de la Sabana, sino también y de manera particular a Guillermo Pérez Ardila, socio de la Institución, además de a otras personas vinculadas a la defraudación al erario de Córdoba.Adicionalmente, señala el documento, que el funcionario actuó en beneficio propio, por cuanto hizo parte del acuerdo criminal y cumplió con los compromisos adquiridos. El delito de peculado por apropiación será agravado por la cuantía, en el entendido de que se pusieron en riesgo más de 1.500 millones de pesos de los recursos públicos.La Fiscalía indica que Besaile Fayad, en su condición de gobernador de Córdoba, “ostenta el cargo más elevado del poder ejecutivo, una posición destacada, que demanda un acatamiento estricto de la ley”, lo que habría omitido para permitir la apropiación ilícita de recursos.La Fiscalía espera la fecha que programe la Corte Suprema para la respectiva audiencia de acusación.