Bogotá podría perder 80 millones de dólares en un negocio de la Empresa de Energía de Bogotá en Perú. Así lo denunció el concejal de Alianza Verde Antonio Sanguino, quien dijo que el dinero se perdería tras un pleito que cursa en el Centro de Arbitraje de Comercio Internacional de Nueva York por el incumplimiento de una obra en Perú. Según explicó el cabildante, en el año 2008 fue creada la empresa Contugas, filial de la EEB. Luego, en el año 2009, el Ministerio de Gas y Minas de Perú entregó a esa compañía la construcción de un gasoducto que consistió en un tendido de tuberías de 1.134 kilómetros para el transporte de gas en ese país y la distribución de gas para 42.000 usuarios residenciales para un periodo de 30 años. Cabe destacar que el demandante es Gemio y Montero, una empresa que tendría vínculos con Odebrecht y se encuentra en actuales procesos judiciales. En un comunicado, la Empresa de Energía de Bogotá desconoció los vínculos que pueda tener la empresa peruana Graña Montero con la firma Odebrecht y señaló que “el contrato de concesión suscrito por Contugas con el Estado Peruano para el diseño y operación del sistema de distribución de gas natural en la región de ICA (localidades de Pisco, Chincha, Ica, Nasca y Marcona) se ha venido cumpliendo a cabalidad y el sistema de distribución de gas natural en el departamento de ICA se encuentra en operación desde el año 2013”.
La semana pasada se llevó a cabo una audiencia pública con las bancas de inversión interesadas en participar del proceso que adelanta el Distrito para conseguir la firma que valorará la empresa energía EEB. La secretaria de Hacienda, Beatriz Arbeláez, señaló que en mayo se sabría cuál es la banca de inversión que se encargará de realizar esta labor. “Mañana tenemos un comité de dirección de ese proceso y ya se debe proceder a publicar entre jueves y viernes de esta semana los pliegos definitivos. Lo que prevemos es ampliar el plazo hasta final de este mes y eso implica que a comienzos de mayo ya debemos tener seleccionada la banca de inversión”, indicó la funcionaria. La secretaria también dio a conocer las bancas de inversión que asistieron a la audiencia pública del pasado viernes. “Hicimos precisamente la audiencia pública con todas las bancas de inversión que tienen la intención de presentar el proceso para la EEB, más o menos se presentaron 10 bancas de inversión”, señaló Arbeláez. Cabe recordar que el Distrito quiere vender el 20 por ciento del capital social de le EEB que corresponde a más de 1800 de acciones de la empresa capitalina.
La calificadora de riesgo Fitch Ratings reafirmó la calificación crediticia local de la Empresa de Energía de Bogotá (EEB) en AAA. Cabe señalar que esto lo hizo también con la Transportadora de Gas Internacional (TGI), a quien de igual manera calificó en AAA. En ese sentido, hay que mencionar que ambas compañías mantuvieron una perspectiva estable. Según Fitch, esta calificación refleja el buen desempeño financiero de la EEB, que ha sido sólido producto de la nueva estrategia de crecimiento de la compañía.
La Procuraduría investiga al exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, y a Sandra Fonseca, presidenta de la EEB durante ese gobierno, lo mismo que a la junta directiva por la venta y recompra de acciones con sobrecostos. El proceso se abrió desde hace cinco meses cuando el representante a la cámara Samuel Hoyos denunció las irregularidades en la compra. "El año 2011 la Empresa de Energía de Bogotá vendió el 32% de su participación en TGI por un valor de 400 millones de dólares, y lo extraño es que en el año 2014 la empresa de Energía de Bogotá recompró esa participación, pero ahora por un valor de 2.6 billones de pesos, es decir un sobrecosto del 120%”, señaló el representante Hoyos. Sin embargo, una de las alertas más fuertes que hizo, es que se constituyeron sociedades en el exterior para hacer la venta y la recompra de dichas acciones, sin tener en cuenta que una empresa como la Empresa de Energía de Bogotá que está constituida y domiciliada en Colombia y que su capital es público, no lo puede hacer. El Ministerio Público está evaluando las pruebas para ver si existe una sanción disciplinaria contra el exalcalde y la próxima semana será citado para que de las explicaciones pertinentes del tema. A esto se suma la investigación que adelanta la Contraloría que también busca establecer si el exalcalde incurrió en un presunto detrimento patrimonial que supera los 509 millones de dólares, por la recompra del 31.92% de acciones de la EEB, por 842 millones de dólares, que dos años antes el Distrito había vendido por 400 millones de dólares. En su cuenta de Twitter, el exalcalde Petro calificó como una “torpeza en la ciencia económica” la decisión del contralor Juan Carlos Granados y agregó que en su mandato logró duplicar el flujo de utilidades y el valor de la EEB.
La Contraloría Distrital abrió una investigación a la Junta Directiva de la Empresa de Energía de Bogotá por la venta irregular de acciones por un valor de 1,5 billones de pesos, reveló El Tiempo. Según la publicación, dentro de la investigación también estaría implicado el exalcalde de Bogotá Gustavo Petro. La investigación se centraría en la recompra del 31,92 por ciento de las acciones de la EEB que le fueron vendidas a un fondo del Citibank durante la administración de Samuel Moreno. El artículo menciona que la transacción fue por un valor de 400 millones de dólares, justificado en la necesidad de la empresa de financiar un negocio de la Transportadora de Gas Internacional (TGI). La Contraloría busca determinar por qué se pagó el doble del valor por las mismas acciones, es decir 842 millones de dólares. Además, se investiga la razón por la cual una banca de inversión llamada Sumatoria avaluó las acciones en 614 millones de dólares, pero se pagó el valor previamente mencionado. Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias -El senador Roy Barreras aseguró al término de la movilización impulsada por las victimas del departamento del Valle que de los 13 cambios que propone el expresidente Álvaro Uribe para modificar el acuerdo de paz, 10 podrían ser viables. -El hospital de Flandes Tolima fue uno de los más afectados por la ola invernal de este domingo. -En Medellín cerca del 40% de las vías están siendo ocupadas por los carros y las motos que estacionan, algunos de ellos sin permisos de parqueo. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, criticó fuertemente al candidato presidencial republicano Donald Trump por menospreciar a las mujeres.
En las últimas horas, el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, ha pedido autorización al Concejo para vender el 20% de la Empresa de Energía de Bogotá. Astrid Álvarez, presidenta de la EEB dejó ver en entrevista con Blu Radio, la satisfacción generalizada por la decisión del accionista mayoritario y explicó las ventajas de dicha venta. “Esto le ayuda a la empresa a poder lograr el propósito de tener un plan estratégico a largo plazo donde en el futuro esperamos y podamos proteger a la empresa de decisiones políticas que no sean de pronto muy buenas”, dijo. “Nosotros creemos que es mucho mejor tener muchos más accionistas dentro de la empresa con ese 20%”, agregó. Actualmente, EEB cuenta con más de 1800 millones de acciones y tiene 3300 inversionistas. Además, la acción está en 1830 pesos. “El señor alcalde está proponiendo vender hasta el 20%, entonces la Alcaldía Mayor quedaría con control igualmente con 56%, pero con ese otro 20% haríamos un proceso de democratización que vemos con muy buenos ojos”, expresó la funcionaria. Álvarez además, exaltó la importancia de fortalecer los procesos internos con esta decisión. “Es muy importante fortalecer el gobierno corporativo, tener más independencia en la junta directiva, tomar unas decisiones mucho más independientes, más empresariales”, añadió. Con la venta, esperan que la empresa se ubique en el número uno de América Latina y con esto, como lo explicó la presidenta “poder planear a largo plazo y no cada cuatro años, poder tener un cuerpo técnico más a largo plazo”.
Producto de la venta recibe a cambio 347.800 millones de pesos que servirán para financiar sus planes de inversión. El año pasado Ecopetrol ya había salido de una parte de la participación que tenía en la empresa capitalina recibiendo recursos por 614 mil millones de pesos; es decir que hasta el momento ha conseguido cerca de un billón de pesos vendiendo sus acciones de la Empresa de Energía de Bogotá.
Forero indica que hay una oferta pública de acciones en la que Brookfield se comprometió a comprar las acciones a los demás accionistas minoritarios, entre ellos EPM en el caso de Medellín y la Empresa de Energía de Bogotá. (Lea también: Desde el Senado promueven moción de censura a MinHacienda por venta de Isagen) “Nosotros tenemos el 2,52 %, el valor de la acción fue de $4.130 cuando se compró, valor de acción que está incluyendo la prima por control y que es un valor bastante más alto de lo que, por lo general, se había estado transando esa acción”, añadió.
Cabe señalar que la canadiense Brookfield, una vez concluido el proceso de compra de la participación del Gobierno en Isagen, ahora está obligada a comprarles a los demás accionistas al mismo precio. Como la EEB tiene una participación de 2,54% recibiría por este negocio cerca de 284 mil millones de pesos, teniendo en cuenta que cada acción de Isagen fue fijada en un precio de 4.130 pesos.
“Al terminar la junta directiva no fui notificado y me enteré por el comunicado de prensa que el contrato terminó y que en mi lugar fue nombrada la doctora Astrid Álvarez. A mí en ningún momento me pidieron la renuncia”, aseguró. Roa también dijo que hasta el momento no ha sido notificado si será indemnizado por la terminación del contrato. “Hasta el momento no me han dicho nada al respecto, pero lo que procede, jurídicamente hablando, es una indemnización de cuatro años”, puntualizó.
El corregimiento de Santa Elena está de luto tras la muerte de Alejandro Grajales Alzate, de 15 años de edad, un joven reconocido en la comunidad del que no se tenían noticias desde el 4 de agosto.Según el reporte de las autoridades, el adolescente, también silletero, fue visto por última vez ese día en horas de la tarde, cuando se encontraba cerca del parqueadero Los Grajales acompañado de un perro.Quien confirmó el deceso fue el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.“Hoy nos invade una profunda tristeza. Toda mi solidaridad con su familia, vamos a acompañarlos y a brindarles la atención necesaria en este momento tan difícil”, indicó en su cuenta de X.Por su parte, la Corporación de Silleteros de Santa Elena anunció que rendirán un homenaje al joven en la versión 69 del Desfile de Silleteros, que se realizará este domingo 9 de agosto, pues era integrante de la familia Grajales Alzate, vivía en la vereda Mazo y era silletero de la categoría Junior.Una silleta de luto, cargada por un joven de su edad, así será recordado el joven en el emblemático desfile.Aunque esta vez no participaría de este certamen porque no clasificó, según la corporación, desde niño hizo parte del proyecto Silleteando Ando.“Durante toda su vida participó activamente en este proceso de formación, convirtiéndo en un ejemplo del relevo generacional que mantiene viva una de las manifestaciones culturales más representativas de nuestro país. Su partida enluta no solo a su familia, sino también a toda la comunidad silletera, que durante los últimos días permaneció unida con la esperanza de encontrarlo”, expresó en una carta Mauricio Londoño Ospina, presidente de la Asociación Gremial Silleteros de Santa Elena.
Las organizaciones de derechos humanos que comparecieron este jueves ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) coincidieron en que, pese a las recientes excarcelaciones de presos políticos y a las medidas anunciadas por las autoridades venezolanas tras la captura del expresidente Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero, no existen cambios estructurales que indiquen un cese de la represión en el país.Las declaraciones se dieron durante la audiencia pública sobre la situación de derechos humanos en Venezuela. Beatriz Borges, directora ejecutiva de Cepaz, advirtió que la represión continúa pese a los avances en los espacios para denunciar en instancias internacionales como la CIDH. “Esa apertura todavía es frágil y no puede confundirse con una transformación institucional. El aparato represivo permanece intacto. Ninguna de las leyes utilizadas para perseguir y cerrar el espacio cívico ha sido derogada”, afirmó Borges.La directora de Justicia, Encuentro y Perdón, Martha Tineo, también advirtió sobre el deterioro de las condiciones de reclusión de los presos políticos. Señaló que adultos mayores y personas con enfermedades graves permanecen sin atención médica, mientras continúan las denuncias de torturas y tratos crueles. "Las condiciones de reclusión en los centros de detención en Venezuela han alcanzado un punto crítico que vulnera todo estándar de dignidad humana, consolidando un patrón de tratos crueles, inhumanos y degradantes", afirmó.Tineo también alertó sobre la incertidumbre que persiste frente al estado de los centros penitenciarios tras los terremotos del 24 de julio. "Hasta la fecha, las autoridades no han informado públicamente los resultados de las inspecciones técnicas pertinentes", aseguró. Añadió que, según los reportes recibidos, las personas privadas de la libertad fueron evacuadas temporalmente, pero luego obligadas a regresar a áreas con daños estructurales.Sobre las consecuencias de esos terremotos, David Gómez Gamboa, director de Aula Abierta, denunció que también se documentaron restricciones a las labores humanitarias. Según explicó, se registraron obstáculos a equipos de rescate independientes y misiones internacionales, además de hostigamientos contra centros de acopio y voluntarios, detenciones arbitrarias y agresiones contra la libertad de expresión, de prensa y el acceso a la información.En la misma audiencia, Alejandro Romero, presidente de Foro Penal, afirmó que, pese a la Ley de Amnistía, aprobada el pasado 19 de febrero, y la excarcelación de cerca de 800 presos políticos, "el aparato represivo continúa"."La represión no ha desaparecido; ha cambiado de forma, pero persisten varios patrones. Rodeo I sigue albergando presos políticos, donde se denuncian torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes. El Helicoide ya no alberga presos políticos, pero quienes estaban allí fueron trasladados a otros dos centros de reclusión", dijo.Romero también aseguró que el aparato represivo sigue operando a través de los organismos de inteligencia. Aunque hace dos semanas se restableció la posibilidad de acceder a los expedientes y designar abogados, un derecho de defensa que había sido restringido, afirmó que aún existen casos en los que esos documentos no aparecen. "El sistema de justicia sigue controlado absolutamente por el régimen", concluyó.Al cierre de la intervención de las ONG, Faisal Yamil, integrante de la plataforma Justicia y Verdad, presentó las principales recomendaciones consensuadas por las organizaciones participantes. Entre ellas pidió la liberación plena e incondicional de todas las personas detenidas por motivos políticos, la derogación del marco normativo que, según las organizaciones, ha servido para criminalizar la disidencia y restringir el espacio cívico, y una mayor apertura del Estado venezolano a los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos, incluida una inspección de la CIDH.Yamil también pidió que la comisión mixta instalada el pasado 1 de agosto produzca resultados verificables y advirtió que los espacios de diálogo no pueden convertirse en mecanismos para dilatar soluciones frente a las violaciones de derechos humanos denunciadas por las organizaciones. "No comparecemos hoy solo a denunciar; comparecemos con una apertura propositiva", concluyó.
A pocas horas del acto de reconocimiento de tropas en el que el presidente electo, Abelardo De La Espriella, asumirá oficialmente el mando supremo de las Fuerzas Militares y la Policía, el comandante general de las Fuerzas Militares, general Hugo Alejandro López, envió un mensaje a los militares que participarán en el dispositivo de seguridad y en la ceremonia protocolaria.Desde el Batallón Pichincha, en Cali, el general López enfatizó que la misión trasciende el componente ceremonial y representa un compromiso con la institucionalidad del país, por lo que más de 11.000 años uniformados de todas las fuerzas están dispuestos para garantizar la seguridad. “Esta es una responsabilidad muy importante que tiene el país y que tienen las Fuerzas Militares. Les pido, por favor, que dentro de los parámetros de la disciplina, cada uno haga lo que tiene que hacer”, expresó ante las tropas.Destacó además que el despliegue operativo involucra a hombres y mujeres del Ejército, la Armada, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional, quienes trabajarán de manera coordinada para contrarrestar cualquier amenaza en la capital del Valle del Cauca.“Esta tarea no es solamente ceremonial. Tenemos hombres desplegados con nuestra Policía, con nuestras Fuerzas Militares, el Ejército, la Armada y la Fuerza Aeroespacial trabajando para este evento. Es un evento constitucional, un evento que le da continuidad al Estado”, afirmó.Finalmente, el comandante general pidió a los uniformados asumir la misión con el mayor compromiso y responsabilidad. “Cada uno tiene que dar todo lo que le corresponde”, concluyó, en vísperas de uno de los actos más importantes de la transición presidencial en Colombia.
Las autoridades anunciaron una recompensa de 50 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los responsables del asesinato del inspector del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), Efraín Quesada Urrego, ocurrido este jueves en el municipio de Girón.La decisión fue adoptada al término de un consejo extraordinario de seguridad realizado tras el atentado contra el funcionario penitenciario. Además de la recompensa, se dispuso un esquema especial de seguridad con apoyo del Ejército Nacional para fortalecer la protección de los guardianes del Inpec que prestan servicio en la Cárcel de Girón y garantizar el desarrollo de sus funciones.El Inpec lamentó el fallecimiento del inspector Quesada y expresó sus condolencias a sus familiares y compañeros de trabajo. Asimismo, hizo un llamado a las autoridades competentes para avanzar con celeridad en la investigación y llevar ante la justicia a los responsables del crimen.Por su parte, el Sindicato de Empleados Unidos Penitenciarios (SEUP) rechazó el asesinato del funcionario y aseguró que este hecho refleja la grave situación de seguridad que enfrentan los servidores penitenciarios en el país. El sindicato advirtió que durante los últimos años decenas de funcionarios del sistema han sido víctimas de atentados y homicidios, por lo que pidió una estrategia nacional de protección que involucre al Ministerio de Justicia, Ministerio de Defensa, Inpec, Policía, Fiscalía, Unidad Nacional de Protección y autoridades territoriales.En el comunicado, el sindicato señaló que la cárcel de Palogordo de Girón requiere una intervención inmediata debido a la presencia de personas privadas de la libertad de alta complejidad y a los proyectos de ampliación del establecimiento. También insistió en la necesidad de fortalecer el pie de fuerza, mejorar la infraestructura, dotar de tecnología al sistema penitenciario y garantizar acompañamiento permanente de la Fuerza Pública.El inspector Efraín Quesada Urrego fue atacado cuando se dirigía a cumplir su jornada laboral en la Cárcel de Girón. Inicialmente resultó gravemente herido y posteriormente falleció debido a la gravedad de las lesiones. El homicidio generó un consejo extraordinario de seguridad en el municipio, tras el cual las autoridades anunciaron una recompensa de $50 millones y un esquema especial de protección para el personal del Inpec, mientras continúan las investigaciones para esclarecer el crimen y capturar a los responsables.
La Alcaldía de Bucaramanga anunció que emprenderá la defensa jurídica del empréstito destinado a financiar proyectos estratégicos de infraestructura y movilidad, luego de que el Juzgado Once Administrativo Oral del Circuito decretara la suspensión provisional de los efectos del Acuerdo Municipal 009 de 2026, aprobado por el Concejo Municipal y que autorizó la contratación de operaciones de crédito público.La Administración Municipal precisó que la decisión judicial corresponde a una medida cautelar y no constituye un fallo definitivo sobre la legalidad del acuerdo. En ese sentido, informó que hará uso de todos los mecanismos procesales y recursos contemplados por la ley para controvertir la decisión y buscar su revocatoria. El plan financiado con el empréstito contempla la construcción de nuevas vías, la modernización de la red semafórica, la implementación de cruces seguros, mecanismos de control del tráfico y otras intervenciones orientadas a reducir los tiempos de desplazamiento y mejorar la movilidad de la capital santandereana.El alcalde Cristian Portilla reiteró que respeta la decisión de la Rama Judicial, pero defendió la legalidad del proceso y aseguró que el proyecto fue estructurado con respaldo técnico, financiero y jurídico. Agregó que el crédito permitiría acelerar inversiones para superar el rezago en infraestructura urbana que enfrenta Bucaramanga desde hace más de una década.El Acuerdo Municipal 009 de 2026 autorizó al Municipio a contratar un empréstito para ejecutar proyectos de movilidad e infraestructura considerados estratégicos para Bucaramanga. Sin embargo, una demanda derivó en la adopción de una medida cautelar que suspendió provisionalmente sus efectos mientras avanza el proceso judicial. La Alcaldía insiste en que la suspensión no representa una decisión de fondo y que continuará defendiendo la iniciativa por considerar que beneficiará la competitividad, la seguridad vial y la calidad de vida de los ciudadanos.
