Los sindicatos ya están trabajando en la redacción de los pliegos de petición con los que planean convocar a mesas de negociación con distintos sectores económicos, con el objetivo de radicar al menos dos antes de la primera vuelta presidencial y lograr la instalación de las mesas en corto tiempo.En Colombia los sindicatos solamente podían entregarle pliegos de peticiones a cada compañía de forma individual, pero a raíz de un decreto del Gobierno ahora podrán convocar a sectores económicos completos o a grupos empresariales bajo una misma mesa de negociación.El decreto es parte de la agenda del Gobierno nacional para fortalecer el poder de negociación de los sindicatos y ha sido duramente criticado por distintos gremios que consideran que abre la puerta a la creación de mega sindicatos y a que se impongan cargas elevadas para las pequeñas y medianas empresas."Estará obviamente usted conociendo y el país en qué momento estaremos presentando esos pliegos. Con absoluta seguridad antes del 31 de mayo presentaremos por lo menos dos o tres y antes de que termine este Gobierno, muchos más", dijo a Blu Radio el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fabio Arias.La CUT ha venido liderando una agenda de reuniones con las organizaciones sindicales de distintos sectores económicos entre ellos el eléctrico, el minero, el de salud, los trabajadores oficiales y los del Grupo Bicentenario (el holding financiero del gobierno). En esas mesas se está trabajando en la redacción de pliegos y en la definición de cómo y en qué condiciones se van a presentar.La central obrera considera que no es necesario que el Ministerio del Trabajo expida regulación adicional para que comience a operar el mecanismo.Según la ley laboral una compañía (y en este caso un sector económico) tendría 24 horas para contestar y unos cinco días para instalar la mesa de negociación."Y si se niegan a negociar, el Ministerio del Trabajo entra a operar. Ahí sí, como se dice, instándolos en el término de la distancia a que se constituya la mesa y si no, empezarán exactamente a correr unas multas que están también en la ley", explicó Arias.Arias espera que a medida que se presenten los pliegos de petición se incentive la afiliación de trabajadores a las organizaciones sindicales.
Previo al inicio de las mesas de concertación para determinar el aumento del salario mínimo en Colombia para 2026, que se llevará a cabo el próximo lunes 1 de diciembre, Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), aseguró en diálogo con Blu Radio que no existe posibilidad de llegar a un acuerdo debido a la negativa de algunos gremios.“Ellos no van a estar de acuerdo con un incremento en ninguna oportunidad de dos dígitos. Y lo más determinante para que no vaya a haber acuerdo es que ellos (los gremios) están en una oposición radical e irracional al Gobierno, de tal manera que no se espera ninguna voluntad, ningún ánimo en la mesa de concertación por parte de ellos”, afirmó Arias.Es importante recordar que el debate sobre el salario mínimo en Colombia tomó un giro inesperado después de que el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, mencionara un estudio reciente de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que, usando cifras aplicadas al caso colombiano, sugiere que el salario mínimo podría llegar a los 3 millones de pesos en 2026. Aunque el ministro no presentó esta cifra como una propuesta oficial, sí la posicionó como un referente dentro de la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales (CCPSL), donde iniciarán las discusiones formales el próximo 1 de diciembre.“Nosotros nunca hemos dicho el 11%. Estamos diciendo que debe ser superior al 11%, en el marco de que esperamos que el incremento sea de dos dígitos. La cifra exacta la estaremos entregando según el cronograma que aprobamos para la comisión de concertación el día 9 de diciembre”, indicó el presidente de la CUT, Fabio Arias.De cara al proceso de negociación, ya hay un calendario definido. El próximo 28 de noviembre se reunirá la subcomisión de productividad, donde el DANE presentará el informe de Productividad Total de los Factores, un insumo clave para fijar el piso técnico del aumento. El 1 de diciembre se instalará oficialmente la mesa de concertación con la presentación de cifras económicas del DANE, incluyendo PIB, mercado laboral y cuentas nacionales. Para el 5 de diciembre, la entidad revelará la cifra de inflación y los diferentes sectores , empresarios, sindicatos y Gobierno, presentarán sus primeras propuestas de incremento.A partir de allí se abrirá un periodo de negociación del 11 al 15 de diciembre, fecha límite para lograr un acuerdo. Si no se alcanza, del 16 al 18 se revisarán las salvedades y posteriormente podrán convocarse jornadas extraordinarias entre el 19 y el 29 de diciembre. En caso de no lograrse una concertación entre las partes, el presidente Petro deberá fijar por decreto el valor del salario mínimo antes del 30 de diciembre.
TransMilenio denunció oficialmente a Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, luego de sus polémicas declaraciones sobre las protestas del miércoles en el marco del paro nacional en Bogotá.En un cabildo abierto en la plaza de Bolívar, Arias terminó reconociendo que bloquear el transporte público fue parte del plan del paro.A partir de esto, la Alcaldía anunció acciones legales, pues fueron más de 2.000.000 de pasajeros los afectados por bloqueos, desvíos y actos de vandalismo durante este miércoles.La denuncia fue radicada ante la Fiscalía por delitos como instigación a delinquir, daño en bien ajeno agravado, en servicio de transporte público, colectivo u oficial y obstrucción a vías públicas.“...por las manifestaciones, les fue negado su derecho a movilizarse libremente en la ciudad para acudir a sus lugares de trabajo, citas médicas y establecimientos educativos”, agregó TransMilenio en su comunicado.La otra polémica se dio también por las declaraciones que desde Barranquilla dio el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, rechazando el anuncio que hizo el alcalde de Bogotá de denunciar a Fabio Arias, presidente de la CUT, como responsable por bloqueos de los últimos días en el Transmilenio de la capital del país y respaldando al líder sindical.Dijo a los medios de comunicación que el alcalde de Bogotá, Carlos Galán, debe preocuparse por la seguridad de la ciudad y no por perseguir a un movimiento sindical.“Considero que más bien priorice la persecución de delincuentes y estructuras criminales que tienen vuelta nada la seguridad de la capital de la república, en vez de gastar esfuerzos persiguiendo al movimiento sindical”, declaró.
Este viernes 30 de mayo, el presidente de la CUT, Fabio Arias, anunció una nueva jornada de movilizaciones que se llevará a cabo el 11 de junio en ciudades principales como Medellín, Bogotá, Cali y Barranquilla.“Nosotros aspiramos que el 11 de junio haya una movilización muy fuerte, hemos llamado un paro nacional con cuatro caravanas hacia cuatro capitales muy significativas de la lucha social en Colombia: Cali, Medellín, Barranquilla y Bogotá. Mejor dicho, no nos va a intimidar el señor Galán”, aseguró Arias.En este sentido, el gremio de trabajadores se pronunció sobre el anuncio de la denuncia que interpondrá el alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán, asegurando que no se van a dejar intimidar porque están reclamando sus derechos en el marco constitucional y legal del uso de la protesta, razón por la cual no se van a detener.“Con respecto a la decisión del señor Galán de poner una denuncia penal, lo entiendo yo como una denuncia y una forma de querer acallar la protesta social y popular. No lo va a lograr alcalde Galán, la protesta social es un derecho garantizado en la constitución y la ley”, aseveró Fabio Arias Presidente de la CUT.La CGT y el Pacto Histórico también expresaron su apoyo a Arias afirmando que las movilizaciones son solo el comienzo. “En la medida en que no haya un desbloqueo a las reformas sociales, el derecho a la protesta lo tenemos todos los colombianos no porque algún alcalde lo conceda sino porque está en la constitución y tratados internacionales”, afirmó Gabriel Becerra, representante del Pacto Histórico.Según la Alcaldía de Bogotá al menos 2'500.000 usuarios de transporte público se vieron afectados en la capital del país en medio de las movilizaciones y bloqueos del miércoles y jueves en medio del llamado a paro nacional.
En medio de la polémica generada por los bloqueos ocurridos durante las jornadas de protesta del 28 y 29 de mayo, Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), defendió el carácter legítimo de estas acciones. En entrevista con Blu Radio, Arias reiteró que “los bloqueos no son ningún delito". Las declaraciones surgen luego de que el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunciara que denunciará penalmente a Arias por su presunta participación en la organización de bloqueos que afectaron la movilidad de miles de ciudadanos. Según el mandatario distrital, Arias habría confesado públicamente su responsabilidad durante un acto en la Plaza de Bolívar.En respuesta, Arias citó protocolos internacionales que respaldan ciertas formas de interrupción del tránsito como mecanismos válidos de protesta. “La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho claramente que los cortes de vía, que nosotros llamamos bloqueos, son una forma legítima de manifestación siempre y cuando no atenten contra la vida y la salud y sean temporales”, indicó.¿Derecho a la protesta vs. derecho al trabajo?El eje del debate se sitúa en la colisión entre dos tipos de derechos: el derecho a la protesta y el derecho a la libre locomoción, el trabajo y el acceso a servicios esenciales. En la entrevista, el periodista Néstor Morales confrontó a Arias con el artículo 353 del Código Penal colombiano, el cual establece sanciones para quienes impidan el tránsito de personas y vehículos.Arias insistió en que su actuación se ciñó a los límites establecidos por la CIDH: “Hemos dicho siempre que el límite es la violencia. Mientras no se ponga en peligro la salud y la vida, estamos dentro del marco legal y legítimo del derecho a la protesta”.No obstante, Morales le recordó que el informe de la Comisión Interamericana no es vinculante y que las leyes colombianas siguen siendo la autoridad principal en estos casos. A esto, Arias respondió: “Somos parte de la Corte Interamericana y hemos aceptado sus protocolos. En el pasado, esos fallos han tenido aplicación directa en Colombia, como sucedió con el caso Petro”.La incomodidad ciudadana como costo de la movilizaciónAnte la pregunta sobre los perjuicios que sufrieron ciudadanos durante los bloqueos, Arias reconoció que hubo afectaciones, pero justificó la acción en nombre de causas mayores: “Le decimos a la gente que entendemos su incomodidad, pero preferimos una molestia temporal a una afectación permanente de nuestros derechos laborales”.La movilización tuvo como objetivo principal rechazar la reforma laboral que, según Arias, pone en riesgo derechos históricos de los trabajadores colombianos. A pesar de la baja asistencia en algunos puntos, el presidente de la CUT valoró como exitoso el impacto generado: “Si el termómetro es que logramos paralizar ciertas actividades económicas, entonces fue exitoso”, afirmó.¿Hasta dónde llega la responsabilidad de los manifestantes?Uno de los puntos más críticos de la entrevista fue la discusión sobre la responsabilidad del líder sindical en actos de vandalismo ocurridos durante las jornadas. Morales le cuestionó si preveía que sus llamados a bloqueos podrían derivar en destrucción de bienes públicos y agresiones. Arias fue enfático: “Nosotros condenamos todo acto de violencia. Quien incurra en ella, debe responder individualmente. Nuestra convocatoria fue siempre pacífica”.Sin embargo, para muchos analistas, la línea entre un bloqueo y un acto violento es difusa, especialmente cuando afecta derechos fundamentales de terceros. La discusión plantea interrogantes sobre los mecanismos adecuados para ejercer el derecho a la protesta sin transgredir otras libertades esenciales.
El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció que presentará una denuncia penal en contra de Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), por unas declaraciones realizadas durante un cabildo ciudadano en la Plaza de Bolívar, en el marco de la segunda jornada de movilizaciones que tuvo lugar este miércoles 29 de mayo.La controversia se desató luego de que Arias afirmara públicamente que uno de los objetivos del paro nacional convocado para el 28 y 29 de mayo era bloquear el sistema de transporte masivo TransMilenio. “Estos dos días han sido completamente de anormalidad en la vida rutinaria de los bogotanos, derivado de las apreciaciones de diversos compañeros en las diversas localidades lograron realizar bloqueando el transporte masivo de TransMilenio, que era una de las tantas formas con las cuales veníamos a realizar este paro nacional de 48 horas”, expresó el líder sindical frente a cerca de 100 personas congregadas en la Plaza de Bolívar.Ante estas afirmaciones, el alcalde Galán señaló que las confesiones de Arias podrían constituir una violación al Código Penal y anunció acciones judiciales inmediatas. “Mañana mismo Bogotá va a presentar la denuncia penal para que sea la justicia la que investigue y determine esta responsabilidad”, afirmó Galán.El secretario General de la Alcaldía, Miguel Silva, también rechazó enérgicamente las declaraciones del presidente de la CUT, argumentando que se atentó contra un servicio público esencial. “Es absolutamente reprochable que la Central Unitaria de Trabajadores haya atentado ayer contra el servicio público esencial de transporte. No lograron bloquear la ciudad, pero sí generaron daños y perjuicios a la Alcaldía de Bogotá y a la ciudadanía en general”, afirmó Silva.Según cifras oficiales, el 28 de mayo más de dos millones de personas se vieron afectadas por los bloqueos en el sistema TransMilenio y en las principales vías de la ciudad. La administración distrital considera que estas acciones no solo vulneraron los derechos de los ciudadanos, sino que también constituyen una posible falta penal que debe ser investigada por las autoridades competentes.
En esta segunda jornada de movilizaciones, 29 de mayo, la mayoría de las actividades se centraron en la realización de cabildos ciudadanos. El de mayor asistencia tuvo lugar en la Plaza de Bolívar, en Bogotá, donde se reunieron aproximadamente 100 personas. La concentración ha generado controversia debido a las declaraciones de Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), quien admitió que uno de los objetivos del paro convocado para ayer y hoy era bloquear el servicio de TransMilenio.“Estos dos días han sido completamente de anormalidad en la vida rutinaria de los bogotanos, derivado de las apreciaciones de diversos compañeros en las diversas localidades lograron realizar bloqueando el transporte masivo de TransMilenio, que era una de las tantas formas con las cuales veníamos a realizar este paro nacional de 48 horas”, dijo Fabio Arias durante el cabildo.Estas palabras generaron reacciones y decisiones como las anunciadas por la Alcaldía de Bogotá, en cabeza del alcalde Carlos Fernando Galán, quien dijo que estas confesiones de acciones se pueden configurar como violaciones al código penal. ”Mañana mismo Bogotá va a presentar la denuncia penal para que sea la justicia la que investigue y determine esta responsabilidad”, agregó el alcalde Galán frente a lo dicho por Arias este jueves.Además, el secretario General de la Alcaldía de Bogotá, Miguel Silva, también reprochó las declaraciones del presidente de la CUT y la afectación que generó a los cientos de ciudadanos que usan este transporte público.“Es absolutamente reprochable que la Central Unitaria de Trabajadores haya atentado ayer contra el servicio público esencial de transporte. No lograron bloquear la ciudad, pero sí generaron daños y perjuicios a la Alcaldía de Bogotá y a la ciudadanía en general”, dijo Silva, pues el 28 de mayo más de 2.000.000 de personas fueron afectadas por los bloqueos viales y de TransMilenio en la ciudad.
Por medio de un comunicado la Confederación General del Trabajo (CGT) rechazó las declaraciones emitidas por el presidente de la CUT Fabio Arias, en las que amenaza al Congreso y a los empresarios del país con un nuevo “estallido social” si no actúan "en defensa de los derechos laborales ante la creciente desigualdad del país".Dicen en el texto que la declaración de Arias no representa al sindicalismo democrático colombiano y reafirman que las acciones y los principios de la CGT están guiados por el diálogo social, el respeto mutuo y la construcción de relaciones laborales equilibradas y justas entre empresarios y trabajadores.Además, se desmarcan por completo de cualquier acto o discurso que busque imponer agendas mediante amenazas o chantajes y agregan que su compromiso sigue siendo el de trabajar de manera constructiva, buscando el bienestar de los trabajadores."El sindicalismo que representa la CGT Nacional promueve la negociación colectiva y la firma de acuerdos convencionales como mecanismos legítimos para garantizar los derechos de los trabajadores, fortaleciendo así el desarrollo económico y social de Colombia y sus trabajadores", dice el texto.Y finalizan aclarando que Fabio Arias no es el único representante y vocero del sindicalismo colombiano.
Este jueves se llevarán a cabo movilizaciones en varias ciudades del país en apoyo al Gobierno, en las que estarán grupos y organizaciones como la Central Unitaria de Trabajo (CUT) y, en diálogo con Mañanas Blu con Néstor Morales, su presidente, Fabio Arias, admitió que la llamada ‘marcha por las canas’ busca presionar a la Corte Suprema para avalar la reforma pensional.Según mencionó Arias, las marchas tienen como objetivo "mostrar el respaldo del Gobierno y la sociedad a las reformas sociales", especialmente, la pensional. En ese sentido, dijo que esta ley busca que las pensiones sean más accesibles y justas para los trabajadores y adultos mayores; afirmó que es un derecho que todos tienen y que es necesario presionar tanto al Congreso como a la Corte Constitucional para que dicha reforma avance.Explicó que la presión hacia la Corte tiene como objetivo enviar un mensaje de respaldo a la ley pensional. Aunque reconoció que la Corte no suele dejarse presionar, existen suficientes debates y audiencias públicas que respaldan la necesidad de este trámite. Por eso, reveló que la CUT presentará un escrito y solicitará una audiencia pública para expresar su apoyo a la ley y destacar su contenido social.“Sí, la palabra puede ser una que decimos nosotros: mandar un mensaje. Sí, mensaje a la Corte Constitucional de que la declare asequible. Creo que es un derecho que tenemos todos. Mensaje al Congreso de la República que apruebe las reformas sociales. Sí, puede llamarlo presión, pero para nosotros es un mensaje”, sentenció.Arias también habló sobre la presión del poder ejecutivo hacia el poder judicial y consideró que no hay problema en que uno presione al otro. Argumentó que es normal que haya interacciones y críticas entre los poderes y que la presión puede ser para lo bueno o lo malo. Además, señaló que las manifestaciones y marchas son legítimas formas de expresar descontento y hacer demandas públicas.En cuanto a la posibilidad de que la Corte Constitucional rechace la reforma pensional, Arias aseguró que la CUT continuará protestando y buscando alternativas. Así, aseveró que dejarán constancia de su inconformidad y explorarán otras vías, como presentar un nuevo proyecto de ley al Congreso. Para Arias, es importante presionar y mantenerse activos en el proceso democrático.
Según el presidente de CUT, Fabio Arias, la administración de Bogotá, a cargo del alcalde Carlos Fernando Galán, le negó el permiso a los sindicatos para instalar una tarima en la Plaza de Bolívar para la conmemoración del Día del Trabajador, este miércoles 1 de mayo en la capital del país. Según el líder sindical, lo que quiere Galán es negar a los trabajadores el libre ejercicio de la manifestación.“Lo entendemos exactamente como un mecanismo, así como se dice, de constreñir, de no permitir el libre ejercicio que nosotros tenemos y mucho más en un día tan histórico, en el cual, nosotros siempre hemos participado”, indicó el presidente de la CUT, quien le exigió al mandatario capitalino el permiso para instalar la tarima.Presidente Petro sobre marchas: "Las fuerzas populares deben responder este 1 de mayo"Arias indicó que la Alcaldía debe autorizar la puesta de la tarima en el centro de la ciudad, recordando que el presidente Gustavo Petro anunció que va a estar en la marcha y, además, solicitó hacer una locución desde esa tarima en la Plaza de Bolívar.“Demandamos y exigimos de la administración del alcalde Galán que nos autorice nuestra tarima en la Plaza de Bolívar, tal como lo hemos solicitado”, agregó el presidente de la CUT, quien recordó que las manifestaciones del Día del Trabajador en Bogotá arrancarán a las 9:00 a.m. en el Parque Nacional.Marchas del 1 de mayo en Colombia: puntos de concentración y horarios
Sobre las 3:30 de la tarde de este jueves, el Metro de Medellín restableció el servicio en todas las estaciones de la Línea A luego de que por causas que aún se desconocen, el pantógrafo se enredara en la catenaria de uno de los trenes, haciendo que el sistema de energía sufriera una falla a la altura de la estación Envigado, sentido sur- norte.Según confirmó la empresa de transporte masivo, el incidente afectó a cerca de 70,000 usuarios en plena hora pico y el transcurso de la jornada, un total de nueve horas en el que seis estaciones estuvieron cerradas. La emergencia fue atendida por un equipo de 80 personas y la operación volvió a la normalidad una vez fueron superadas las rigurosas pruebas técnicas.“La catenaria es el cable que alimenta la energía de los motores de los trenes. El incidente se presentó alrededor de las 6:30 de la mañana, cuando el pantógrafo, ese dispositivo que está en el techo del tren se enrodó en la catenaria, se tuvo un enredón y la jaló, la reventó físicamente, le hizo una avería”, expuso el gerente Tomás Elejalde, quien aseguró que un equipo técnico indaga en las causas de fondo.Le puede interesar: En dos millones aumentaron los viajes en Metro de Medellín durante 2025“Las piezas que se averiaron todavía están en laboratorio, se están revisando las causas de las posibles averías con laboratorios que nos acompañan siempre en la Universidad de Antioquia y la Universidad Pontificia Bolivariana, que son especialistas en materiales, especialistas en tema eléctricos. Aquí nos vamos a apoyar en ellos para revisar la causa raíz del problema”, detalló.En medio del plan de contingencia que activó rutas alimentadoras a la estación Poblado para hacer trasbordo y continuar en el sistema, el directivo indicó que quienes se hayan sentido afectados puede acceder a se les devuelva el pasaje. A su vez, destacó que nunca se vio en riesgo la seguridad de los viajeros ni del personal de la empresa ante esta situación.“Nosotros estamos atentos a que las personas que presenten algún tipo de necesidad, reclamación, pues se les entrega una especie de bono, un tiquete especial para poder reconocer su salida del sistema por efecto de una avería”, expuso, aclarando que para acceder a este beneficio simplemente las personas deben preguntar al personal de la estación, y eso se da en el momento de la novedad.
A dos días de que termina la Copa Mundial de la FIFA, el entorno de la Selección Colombia sigue dando de qué hablar tras la eliminación en octavos de final a manos de Suiza en tanda de penales. Una situación que, lamentablemente, puso en vilo el nivel de Néstor Lorenzo al mando del equipo, al menos para los hinchas que quedaron descontentos con el resultado.El contrato del argentino con la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) termina el próximo 31 de julio y, según rumores, la idea inicial sería renovar el vínculo del entrenador con el equipo para las próximas Eliminatorias y la Copa América, pensando en llegar al Mundial del 2030."Es cierto lo que se ha dicho en prensa, estuvimos en conversaciones un par de días. Ahí lo que viene es que toca esperar el tema legal del Comité Ejecutivo de la Federación, vamos a estar en contacto en estos días, Ramón estará estos días en el cierre del Mundial y la otra semana se quedó de hablar de nuevo", reveló Gol Caracol en una charla que sostuvo con alguien de la FCF sobre el tema Lorenzo.¿Ofertas por Néstor Lorenzo en el exterior?No obstante, esta misma fuente le aseguró a Gol Caracol que el futuro de Lorenzo no se encuentra 100 % asegurado, pues, según comentaron, conocieron que el cuerpo técnico del argentino tendría ofertas de Medio Oriente y Europa, pero que por ahora no han llegado a algo formal. "Según nos hemos enterado y después del Mundial 2026, al profesor Lorenzo y a su entorno lo han sondeado desde otras federaciones en el exterior. Nos dicen que unas son de Europa y también de Medio Oriente", indicaron.En ese orden de ideas, el futuro de Lorenzo en la Selección Colombia no se ha definido en su totalidad y se espera que, en los próximos días, desde la FCF se conozca si continúa o no al mando de la Tricolor.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) invitó formalmente al presidente electo, Abelardo De La Espriella, y al vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, a una reunión institucional con el propósito de presentar los principales resultados alcanzados por el tribunal y dialogar sobre los retos que enfrenta en el cumplimiento de su mandato constitucional.En la carta, firmada por el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, la jurisdicción señala que el encuentro busca exponer los resultados "tangibles", entre ellos sentencias, imputaciones a máximos responsables, renuncias condicionadas a la acción penal, medidas cautelares restaurativas, amnistías, atención a víctimas y asesoría jurídica a comparecientes. También pretende presentar los resultados "intangibles", como las verdades alcanzadas en patrones macrocriminales y casos individuales, actos de reconciliación entre víctimas y victimarios y la seguridad jurídica para los comparecientes.Según el documento, la reunión también permitiría dialogar sobre los principales desafíos que enfrenta la jurisdicción, especialmente la financiación de las sentencias impuestas por más de 21.000 secuestros atribuidos a integrantes del último Secretariado de las Farc y contra 12 exintegrantes de la fuerza pública por 135 ejecuciones extrajudiciales cometidas en el departamento del Cesar.La jurisdicción asegura que el encuentro "representaría una valiosa oportunidad para fortalecer el diálogo institucional" y propiciar un intercambio de información que contribuya a la preservación de las instituciones, al cumplimiento efectivo del Acuerdo Final de Paz y a una adecuada articulación entre las ramas del poder público, "siempre dentro del marco de nuestra autonomía e independencia judicial", afirmaron. Asimismo, plantea identificar mecanismos de coordinación y cooperación para fortalecer la garantía de los derechos de las víctimas y generar un mayor impacto en beneficio de la sociedad colombiana.Finalmente, la JEP solicitó al presidente y al vicepresidente electos informar la fecha, hora y lugar que consideren convenientes para realizar el encuentro, al considerar que este intercambio contribuirá al cumplimiento de los fines esenciales del Estado, la seguridad jurídica de más de 17.000 comparecientes y la garantía de los derechos de más de 15.000 víctimas acreditadas individualmente y 439 sujetos colectivos.
A menos de un mes del cambio de Gobierno, la Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular (UNIDIPLO) le pidió al presidente electo Abelardo De La Espriella que priorice el mérito en los nombramientos del servicio exterior y evite que embajadas y consulados sigan siendo utilizados para el pago de favores políticos.El pronunciamiento se da luego de que De La Espriella anunciara la creación del Banco Nacional de Talentos, una plataforma con la que busca seleccionar funcionarios públicos con base en el mérito antes de asumir la Presidencia. Para Andrés Ordoñez, presidente de UNIDIPLO, ese criterio debe aplicarse también a la diplomacia."Nuestra invitación a la nueva administración es que, si está buscando realmente el mérito y la excelencia, aquí estamos nosotros, que llevamos años formándonos para ocupar esos cargos y nunca se nos ha dado la oportunidad de tener ese papel central en la diplomacia colombiana, que es lo que ocurre en la gran mayoría de países", afirmó Ordoñez.Ordoñez aseguró que el gobierno de Gustavo Petro no cumplió la promesa de que el 50 % de los embajadores fueran diplomáticos de carrera y sostuvo que, durante este cuatrienio, esa proporción no superó el 30 %. "Los cargos más altos de representación de Colombia en el exterior los han ocupado personas ajenas a la carrera diplomática. Nombramientos políticos, por así decirlo", dijo el presidente de UNIDIPLO.El líder del sindicato explicó que quienes ingresan a la carrera diplomática lo hacen mediante un proceso de selección que incluye exámenes, entrevistas y un año de formación especializada, por lo que consideró que el Estado ya ha invertido en preparar ese talento humano para representar al país en el exterior.Sobre las embajadas, advirtió que designar personas sin experiencia puede afectar la imagen internacional de Colombia. "El riesgo en la parte política es reputacional del Estado, porque se está enviando una persona a un país como máximo representante de Colombia que no tiene la formación ni sabe cómo desempeñar el cargo", señaló.También llamó la atención sobre el impacto que estos nombramientos pueden tener en los consulados. Explicó que la labor consular está enfocada en atender directamente a los colombianos en el exterior, mediante servicios como la expedición de pasaportes, registros civiles, asistencia a víctimas de delitos o trata de personas, acompañamiento a connacionales privados de la libertad y la organización de procesos electorales. Según dijo, estas funciones requieren años de experiencia y conocimiento técnico.Finalmente, Ordoñez respaldó la intención del canciller designado Omar Bula de restablecer el requisito del inglés para ocupar cargos de embajador, una exigencia que fue flexibilizada durante el Gobierno Petro.Le puede interesar
El Consejo de Estado suspendió provisionalmente el decreto mediante el cual el Gobierno saliente había eliminado la prima especial de servicios para los congresistas que se iban a posesionar a partir del 20 de julio de este año.La decisión fue adoptada como una medida cautelar mientras estudian una demanda de nulidad presentada contra el decreto.Según el alto tribunal, la suspensión se toma para evitar afectaciones jurídicas y económicas al proceso que resultarían difíciles de revertir, entre ellas un efecto cascada en la remuneración de altos funcionarios de la Rama Judicial, la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo y la Registraduría que está atada por ley a la de los congresistas.Por esa razón, una reducción en el ingreso de estos últimos podría trasladarse automáticamente a esos funcionarios y, en algunos casos, a otros servidores cuyos salarios dependen de esas escalas.El alto tribunal también consideró que existen dudas razonables sobre si el Gobierno evaluó adecuadamente ese impacto antes de expedir el decreto, pues si bien la medida se concentró en criterios de austeridad y sostenibilidad fiscal para los congresistas, no desarrolló suficientemente las consecuencias que la decisión podría tener sobre otros regímenes salariales del Estado.La demanda fue presentada por el abogado Sady Andrés Orjuela Bernal, quien sostiene que la eliminación de la prima especial vulnera disposiciones de la Constitución y de la Ley 4 de 1992, especialmente aquellas que prohíben la desmejora de las condiciones salariales de los servidores públicos. En el proceso, la Procuraduría General de la Nación respaldó la solicitud de suspensión provisional al considerar que existían razones suficientes para adoptar la medida.La prima especial en cuestión había sido creada mediante el Decreto 2170 de 2013 para reorganizar la estructura salarial de los congresistas y mantener el nivel de sus ingresos tras la modificación de otros componentes de la remuneración; hacía parte de la remuneración mensual de senadores y representantes.Cuando fue creada en 2013, la prima tenía un valor de $7,89 millones mensuales y quedó sujeta a los incrementos salariales anuales de los congresistas. Para 2026, su monto ascendía a cerca de $16,9 millones mensuales, por lo que su eliminación representaba una disminución cercana a esa cifra para los congresistas que asumieran sus curules a partir del próximo periodo legislativo.El Gobierno nacional derogó esa prestación mediante el Decreto 030 de 2026, expedido en enero, al argumentar que la prima constituía un beneficio discrecional que podía ser eliminado en desarrollo de una política de austeridad, equidad y sostenibilidad de las finanzas públicas. La medida aplicaba únicamente para los congresistas que se posesionaran desde el próximo 20 de julioCon la suspensión provisional, la prima especial de servicios continuará vigente mientras se resuelve el proceso de nulidad. Será la sentencia del Consejo de Estado la que determine, en definitiva, si el Gobierno actuó dentro de sus facultades al eliminar ese componente salarial o si, por el contrario, el Decreto 030 de 2026 debe ser anulado por contrariar la Constitución y la ley.
