Los sindicatos ya están trabajando en la redacción de los pliegos de petición con los que planean convocar a mesas de negociación con distintos sectores económicos, con el objetivo de radicar al menos dos antes de la primera vuelta presidencial y lograr la instalación de las mesas en corto tiempo.En Colombia los sindicatos solamente podían entregarle pliegos de peticiones a cada compañía de forma individual, pero a raíz de un decreto del Gobierno ahora podrán convocar a sectores económicos completos o a grupos empresariales bajo una misma mesa de negociación.El decreto es parte de la agenda del Gobierno nacional para fortalecer el poder de negociación de los sindicatos y ha sido duramente criticado por distintos gremios que consideran que abre la puerta a la creación de mega sindicatos y a que se impongan cargas elevadas para las pequeñas y medianas empresas."Estará obviamente usted conociendo y el país en qué momento estaremos presentando esos pliegos. Con absoluta seguridad antes del 31 de mayo presentaremos por lo menos dos o tres y antes de que termine este Gobierno, muchos más", dijo a Blu Radio el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fabio Arias.La CUT ha venido liderando una agenda de reuniones con las organizaciones sindicales de distintos sectores económicos entre ellos el eléctrico, el minero, el de salud, los trabajadores oficiales y los del Grupo Bicentenario (el holding financiero del gobierno). En esas mesas se está trabajando en la redacción de pliegos y en la definición de cómo y en qué condiciones se van a presentar.La central obrera considera que no es necesario que el Ministerio del Trabajo expida regulación adicional para que comience a operar el mecanismo.Según la ley laboral una compañía (y en este caso un sector económico) tendría 24 horas para contestar y unos cinco días para instalar la mesa de negociación."Y si se niegan a negociar, el Ministerio del Trabajo entra a operar. Ahí sí, como se dice, instándolos en el término de la distancia a que se constituya la mesa y si no, empezarán exactamente a correr unas multas que están también en la ley", explicó Arias.Arias espera que a medida que se presenten los pliegos de petición se incentive la afiliación de trabajadores a las organizaciones sindicales.
Previo al inicio de las mesas de concertación para determinar el aumento del salario mínimo en Colombia para 2026, que se llevará a cabo el próximo lunes 1 de diciembre, Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), aseguró en diálogo con Blu Radio que no existe posibilidad de llegar a un acuerdo debido a la negativa de algunos gremios.“Ellos no van a estar de acuerdo con un incremento en ninguna oportunidad de dos dígitos. Y lo más determinante para que no vaya a haber acuerdo es que ellos (los gremios) están en una oposición radical e irracional al Gobierno, de tal manera que no se espera ninguna voluntad, ningún ánimo en la mesa de concertación por parte de ellos”, afirmó Arias.Es importante recordar que el debate sobre el salario mínimo en Colombia tomó un giro inesperado después de que el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, mencionara un estudio reciente de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que, usando cifras aplicadas al caso colombiano, sugiere que el salario mínimo podría llegar a los 3 millones de pesos en 2026. Aunque el ministro no presentó esta cifra como una propuesta oficial, sí la posicionó como un referente dentro de la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales (CCPSL), donde iniciarán las discusiones formales el próximo 1 de diciembre.“Nosotros nunca hemos dicho el 11%. Estamos diciendo que debe ser superior al 11%, en el marco de que esperamos que el incremento sea de dos dígitos. La cifra exacta la estaremos entregando según el cronograma que aprobamos para la comisión de concertación el día 9 de diciembre”, indicó el presidente de la CUT, Fabio Arias.De cara al proceso de negociación, ya hay un calendario definido. El próximo 28 de noviembre se reunirá la subcomisión de productividad, donde el DANE presentará el informe de Productividad Total de los Factores, un insumo clave para fijar el piso técnico del aumento. El 1 de diciembre se instalará oficialmente la mesa de concertación con la presentación de cifras económicas del DANE, incluyendo PIB, mercado laboral y cuentas nacionales. Para el 5 de diciembre, la entidad revelará la cifra de inflación y los diferentes sectores , empresarios, sindicatos y Gobierno, presentarán sus primeras propuestas de incremento.A partir de allí se abrirá un periodo de negociación del 11 al 15 de diciembre, fecha límite para lograr un acuerdo. Si no se alcanza, del 16 al 18 se revisarán las salvedades y posteriormente podrán convocarse jornadas extraordinarias entre el 19 y el 29 de diciembre. En caso de no lograrse una concertación entre las partes, el presidente Petro deberá fijar por decreto el valor del salario mínimo antes del 30 de diciembre.
TransMilenio denunció oficialmente a Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, luego de sus polémicas declaraciones sobre las protestas del miércoles en el marco del paro nacional en Bogotá.En un cabildo abierto en la plaza de Bolívar, Arias terminó reconociendo que bloquear el transporte público fue parte del plan del paro.A partir de esto, la Alcaldía anunció acciones legales, pues fueron más de 2.000.000 de pasajeros los afectados por bloqueos, desvíos y actos de vandalismo durante este miércoles.La denuncia fue radicada ante la Fiscalía por delitos como instigación a delinquir, daño en bien ajeno agravado, en servicio de transporte público, colectivo u oficial y obstrucción a vías públicas.“...por las manifestaciones, les fue negado su derecho a movilizarse libremente en la ciudad para acudir a sus lugares de trabajo, citas médicas y establecimientos educativos”, agregó TransMilenio en su comunicado.La otra polémica se dio también por las declaraciones que desde Barranquilla dio el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, rechazando el anuncio que hizo el alcalde de Bogotá de denunciar a Fabio Arias, presidente de la CUT, como responsable por bloqueos de los últimos días en el Transmilenio de la capital del país y respaldando al líder sindical.Dijo a los medios de comunicación que el alcalde de Bogotá, Carlos Galán, debe preocuparse por la seguridad de la ciudad y no por perseguir a un movimiento sindical.“Considero que más bien priorice la persecución de delincuentes y estructuras criminales que tienen vuelta nada la seguridad de la capital de la república, en vez de gastar esfuerzos persiguiendo al movimiento sindical”, declaró.
Este viernes 30 de mayo, el presidente de la CUT, Fabio Arias, anunció una nueva jornada de movilizaciones que se llevará a cabo el 11 de junio en ciudades principales como Medellín, Bogotá, Cali y Barranquilla.“Nosotros aspiramos que el 11 de junio haya una movilización muy fuerte, hemos llamado un paro nacional con cuatro caravanas hacia cuatro capitales muy significativas de la lucha social en Colombia: Cali, Medellín, Barranquilla y Bogotá. Mejor dicho, no nos va a intimidar el señor Galán”, aseguró Arias.En este sentido, el gremio de trabajadores se pronunció sobre el anuncio de la denuncia que interpondrá el alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán, asegurando que no se van a dejar intimidar porque están reclamando sus derechos en el marco constitucional y legal del uso de la protesta, razón por la cual no se van a detener.“Con respecto a la decisión del señor Galán de poner una denuncia penal, lo entiendo yo como una denuncia y una forma de querer acallar la protesta social y popular. No lo va a lograr alcalde Galán, la protesta social es un derecho garantizado en la constitución y la ley”, aseveró Fabio Arias Presidente de la CUT.La CGT y el Pacto Histórico también expresaron su apoyo a Arias afirmando que las movilizaciones son solo el comienzo. “En la medida en que no haya un desbloqueo a las reformas sociales, el derecho a la protesta lo tenemos todos los colombianos no porque algún alcalde lo conceda sino porque está en la constitución y tratados internacionales”, afirmó Gabriel Becerra, representante del Pacto Histórico.Según la Alcaldía de Bogotá al menos 2'500.000 usuarios de transporte público se vieron afectados en la capital del país en medio de las movilizaciones y bloqueos del miércoles y jueves en medio del llamado a paro nacional.
En medio de la polémica generada por los bloqueos ocurridos durante las jornadas de protesta del 28 y 29 de mayo, Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), defendió el carácter legítimo de estas acciones. En entrevista con Blu Radio, Arias reiteró que “los bloqueos no son ningún delito". Las declaraciones surgen luego de que el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunciara que denunciará penalmente a Arias por su presunta participación en la organización de bloqueos que afectaron la movilidad de miles de ciudadanos. Según el mandatario distrital, Arias habría confesado públicamente su responsabilidad durante un acto en la Plaza de Bolívar.En respuesta, Arias citó protocolos internacionales que respaldan ciertas formas de interrupción del tránsito como mecanismos válidos de protesta. “La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho claramente que los cortes de vía, que nosotros llamamos bloqueos, son una forma legítima de manifestación siempre y cuando no atenten contra la vida y la salud y sean temporales”, indicó.¿Derecho a la protesta vs. derecho al trabajo?El eje del debate se sitúa en la colisión entre dos tipos de derechos: el derecho a la protesta y el derecho a la libre locomoción, el trabajo y el acceso a servicios esenciales. En la entrevista, el periodista Néstor Morales confrontó a Arias con el artículo 353 del Código Penal colombiano, el cual establece sanciones para quienes impidan el tránsito de personas y vehículos.Arias insistió en que su actuación se ciñó a los límites establecidos por la CIDH: “Hemos dicho siempre que el límite es la violencia. Mientras no se ponga en peligro la salud y la vida, estamos dentro del marco legal y legítimo del derecho a la protesta”.No obstante, Morales le recordó que el informe de la Comisión Interamericana no es vinculante y que las leyes colombianas siguen siendo la autoridad principal en estos casos. A esto, Arias respondió: “Somos parte de la Corte Interamericana y hemos aceptado sus protocolos. En el pasado, esos fallos han tenido aplicación directa en Colombia, como sucedió con el caso Petro”.La incomodidad ciudadana como costo de la movilizaciónAnte la pregunta sobre los perjuicios que sufrieron ciudadanos durante los bloqueos, Arias reconoció que hubo afectaciones, pero justificó la acción en nombre de causas mayores: “Le decimos a la gente que entendemos su incomodidad, pero preferimos una molestia temporal a una afectación permanente de nuestros derechos laborales”.La movilización tuvo como objetivo principal rechazar la reforma laboral que, según Arias, pone en riesgo derechos históricos de los trabajadores colombianos. A pesar de la baja asistencia en algunos puntos, el presidente de la CUT valoró como exitoso el impacto generado: “Si el termómetro es que logramos paralizar ciertas actividades económicas, entonces fue exitoso”, afirmó.¿Hasta dónde llega la responsabilidad de los manifestantes?Uno de los puntos más críticos de la entrevista fue la discusión sobre la responsabilidad del líder sindical en actos de vandalismo ocurridos durante las jornadas. Morales le cuestionó si preveía que sus llamados a bloqueos podrían derivar en destrucción de bienes públicos y agresiones. Arias fue enfático: “Nosotros condenamos todo acto de violencia. Quien incurra en ella, debe responder individualmente. Nuestra convocatoria fue siempre pacífica”.Sin embargo, para muchos analistas, la línea entre un bloqueo y un acto violento es difusa, especialmente cuando afecta derechos fundamentales de terceros. La discusión plantea interrogantes sobre los mecanismos adecuados para ejercer el derecho a la protesta sin transgredir otras libertades esenciales.
El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció que presentará una denuncia penal en contra de Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), por unas declaraciones realizadas durante un cabildo ciudadano en la Plaza de Bolívar, en el marco de la segunda jornada de movilizaciones que tuvo lugar este miércoles 29 de mayo.La controversia se desató luego de que Arias afirmara públicamente que uno de los objetivos del paro nacional convocado para el 28 y 29 de mayo era bloquear el sistema de transporte masivo TransMilenio. “Estos dos días han sido completamente de anormalidad en la vida rutinaria de los bogotanos, derivado de las apreciaciones de diversos compañeros en las diversas localidades lograron realizar bloqueando el transporte masivo de TransMilenio, que era una de las tantas formas con las cuales veníamos a realizar este paro nacional de 48 horas”, expresó el líder sindical frente a cerca de 100 personas congregadas en la Plaza de Bolívar.Ante estas afirmaciones, el alcalde Galán señaló que las confesiones de Arias podrían constituir una violación al Código Penal y anunció acciones judiciales inmediatas. “Mañana mismo Bogotá va a presentar la denuncia penal para que sea la justicia la que investigue y determine esta responsabilidad”, afirmó Galán.El secretario General de la Alcaldía, Miguel Silva, también rechazó enérgicamente las declaraciones del presidente de la CUT, argumentando que se atentó contra un servicio público esencial. “Es absolutamente reprochable que la Central Unitaria de Trabajadores haya atentado ayer contra el servicio público esencial de transporte. No lograron bloquear la ciudad, pero sí generaron daños y perjuicios a la Alcaldía de Bogotá y a la ciudadanía en general”, afirmó Silva.Según cifras oficiales, el 28 de mayo más de dos millones de personas se vieron afectadas por los bloqueos en el sistema TransMilenio y en las principales vías de la ciudad. La administración distrital considera que estas acciones no solo vulneraron los derechos de los ciudadanos, sino que también constituyen una posible falta penal que debe ser investigada por las autoridades competentes.
En esta segunda jornada de movilizaciones, 29 de mayo, la mayoría de las actividades se centraron en la realización de cabildos ciudadanos. El de mayor asistencia tuvo lugar en la Plaza de Bolívar, en Bogotá, donde se reunieron aproximadamente 100 personas. La concentración ha generado controversia debido a las declaraciones de Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), quien admitió que uno de los objetivos del paro convocado para ayer y hoy era bloquear el servicio de TransMilenio.“Estos dos días han sido completamente de anormalidad en la vida rutinaria de los bogotanos, derivado de las apreciaciones de diversos compañeros en las diversas localidades lograron realizar bloqueando el transporte masivo de TransMilenio, que era una de las tantas formas con las cuales veníamos a realizar este paro nacional de 48 horas”, dijo Fabio Arias durante el cabildo.Estas palabras generaron reacciones y decisiones como las anunciadas por la Alcaldía de Bogotá, en cabeza del alcalde Carlos Fernando Galán, quien dijo que estas confesiones de acciones se pueden configurar como violaciones al código penal. ”Mañana mismo Bogotá va a presentar la denuncia penal para que sea la justicia la que investigue y determine esta responsabilidad”, agregó el alcalde Galán frente a lo dicho por Arias este jueves.Además, el secretario General de la Alcaldía de Bogotá, Miguel Silva, también reprochó las declaraciones del presidente de la CUT y la afectación que generó a los cientos de ciudadanos que usan este transporte público.“Es absolutamente reprochable que la Central Unitaria de Trabajadores haya atentado ayer contra el servicio público esencial de transporte. No lograron bloquear la ciudad, pero sí generaron daños y perjuicios a la Alcaldía de Bogotá y a la ciudadanía en general”, dijo Silva, pues el 28 de mayo más de 2.000.000 de personas fueron afectadas por los bloqueos viales y de TransMilenio en la ciudad.
Por medio de un comunicado la Confederación General del Trabajo (CGT) rechazó las declaraciones emitidas por el presidente de la CUT Fabio Arias, en las que amenaza al Congreso y a los empresarios del país con un nuevo “estallido social” si no actúan "en defensa de los derechos laborales ante la creciente desigualdad del país".Dicen en el texto que la declaración de Arias no representa al sindicalismo democrático colombiano y reafirman que las acciones y los principios de la CGT están guiados por el diálogo social, el respeto mutuo y la construcción de relaciones laborales equilibradas y justas entre empresarios y trabajadores.Además, se desmarcan por completo de cualquier acto o discurso que busque imponer agendas mediante amenazas o chantajes y agregan que su compromiso sigue siendo el de trabajar de manera constructiva, buscando el bienestar de los trabajadores."El sindicalismo que representa la CGT Nacional promueve la negociación colectiva y la firma de acuerdos convencionales como mecanismos legítimos para garantizar los derechos de los trabajadores, fortaleciendo así el desarrollo económico y social de Colombia y sus trabajadores", dice el texto.Y finalizan aclarando que Fabio Arias no es el único representante y vocero del sindicalismo colombiano.
Este jueves se llevarán a cabo movilizaciones en varias ciudades del país en apoyo al Gobierno, en las que estarán grupos y organizaciones como la Central Unitaria de Trabajo (CUT) y, en diálogo con Mañanas Blu con Néstor Morales, su presidente, Fabio Arias, admitió que la llamada ‘marcha por las canas’ busca presionar a la Corte Suprema para avalar la reforma pensional.Según mencionó Arias, las marchas tienen como objetivo "mostrar el respaldo del Gobierno y la sociedad a las reformas sociales", especialmente, la pensional. En ese sentido, dijo que esta ley busca que las pensiones sean más accesibles y justas para los trabajadores y adultos mayores; afirmó que es un derecho que todos tienen y que es necesario presionar tanto al Congreso como a la Corte Constitucional para que dicha reforma avance.Explicó que la presión hacia la Corte tiene como objetivo enviar un mensaje de respaldo a la ley pensional. Aunque reconoció que la Corte no suele dejarse presionar, existen suficientes debates y audiencias públicas que respaldan la necesidad de este trámite. Por eso, reveló que la CUT presentará un escrito y solicitará una audiencia pública para expresar su apoyo a la ley y destacar su contenido social.“Sí, la palabra puede ser una que decimos nosotros: mandar un mensaje. Sí, mensaje a la Corte Constitucional de que la declare asequible. Creo que es un derecho que tenemos todos. Mensaje al Congreso de la República que apruebe las reformas sociales. Sí, puede llamarlo presión, pero para nosotros es un mensaje”, sentenció.Arias también habló sobre la presión del poder ejecutivo hacia el poder judicial y consideró que no hay problema en que uno presione al otro. Argumentó que es normal que haya interacciones y críticas entre los poderes y que la presión puede ser para lo bueno o lo malo. Además, señaló que las manifestaciones y marchas son legítimas formas de expresar descontento y hacer demandas públicas.En cuanto a la posibilidad de que la Corte Constitucional rechace la reforma pensional, Arias aseguró que la CUT continuará protestando y buscando alternativas. Así, aseveró que dejarán constancia de su inconformidad y explorarán otras vías, como presentar un nuevo proyecto de ley al Congreso. Para Arias, es importante presionar y mantenerse activos en el proceso democrático.
Según el presidente de CUT, Fabio Arias, la administración de Bogotá, a cargo del alcalde Carlos Fernando Galán, le negó el permiso a los sindicatos para instalar una tarima en la Plaza de Bolívar para la conmemoración del Día del Trabajador, este miércoles 1 de mayo en la capital del país. Según el líder sindical, lo que quiere Galán es negar a los trabajadores el libre ejercicio de la manifestación.“Lo entendemos exactamente como un mecanismo, así como se dice, de constreñir, de no permitir el libre ejercicio que nosotros tenemos y mucho más en un día tan histórico, en el cual, nosotros siempre hemos participado”, indicó el presidente de la CUT, quien le exigió al mandatario capitalino el permiso para instalar la tarima.Presidente Petro sobre marchas: "Las fuerzas populares deben responder este 1 de mayo"Arias indicó que la Alcaldía debe autorizar la puesta de la tarima en el centro de la ciudad, recordando que el presidente Gustavo Petro anunció que va a estar en la marcha y, además, solicitó hacer una locución desde esa tarima en la Plaza de Bolívar.“Demandamos y exigimos de la administración del alcalde Galán que nos autorice nuestra tarima en la Plaza de Bolívar, tal como lo hemos solicitado”, agregó el presidente de la CUT, quien recordó que las manifestaciones del Día del Trabajador en Bogotá arrancarán a las 9:00 a.m. en el Parque Nacional.Marchas del 1 de mayo en Colombia: puntos de concentración y horarios
La Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana para el municipio de Balboa, Cauca, al advertir un escenario de “alto riesgo” para la población civil debido a la consolidación de este territorio como corredor estratégico para grupos armados ilegales que operan entre el sur del Cauca y el norte de Nariño.La entidad alertó sobre la presencia del Frente Carlos Patiño, del Estado Mayor Central, y la posible incursión de la columna móvil Fredy Ortiz, de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.“Balboa es un punto central y de paso obligado para la movilidad hacia el municipio de Argelia y zonas del Pacífico, lo que lo convierte en un objetivo para el control de rentas ilícitas provenientes de la minería de oro y el tráfico de coca”, señala el comunicado.La entidad advirtió además que la ruptura de pactos de no agresión entre estructuras ilegales, sumada a la circulación de panfletos y restricciones impuestas por grupos armados desde marzo de este año, pueden aumentar el riesgo de una escalada de violencia en la zona.La Defensoria también recordó que entre agosto y septiembre de 2025 fueron asesinados varios líderes sociales en el municipio, entre ellos el excandidato a la Alcaldía José Erlery Velasco, el presidente de junta de acción comunal Leonel Imbachí y Cristian Arnobio Valencia, integrante de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana.Asimismo, documentó la imposición de medidas de control, incluyendo restricciones a la movilidad nocturna, exigencia de documentos de identidad y presiones contra líderes comunitarios para exigir la salida de la Fuerza Pública de algunos sectores del territorio.También advirtió sobre el aumento de la instalación de minas antipersonal en zonas rurales del municipio y el uso de drones con explosivos en acciones armadas.“El riesgo es especialmente alto para las infancias y adolescencias, vulnerables al reclutamiento forzado y la instrumentalización, como ocurrió en agosto del 2025 en San Alfonso, con la desaparición de dos adolescentes de 14 y 15 años”.También identificó amenazas contra mujeres, líderes sociales, integrantes de organizaciones campesinas, firmantes del Acuerdo de Paz, docentes, transportadores, funcionarios públicos y el personero municipal.
La gerente del Sistema de Transporte Masivo de Cartagena, Transcaribe, Ercilia Barrios, denunció que varias estaciones de buses fueron vandalizadas este fin de semana con mensajes proselitistas de una campaña a la Presidencia de la República.En las imágenes, compartidas por la misma gerencia de Transcaribe, se observa cómo las estaciones fueron pintadas con avisos alusivos al exgobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, quien recientemente desistió de su aspiración presidencial.De acuerdo con Transcaribe, esta situación también se viene presentando en los tótems de señalización de las estaciones del sistema, que han sido empapelados con afiches de otra campaña.“Venimos notando que varias de nuestras estaciones están siendo vandalizadas con mensajes de varios candidatos a la Presidencia, y queremos hacer un llamado a los candidatos y a sus grupos de trabajo a que se abstengan, por favor, de colocar afiches o pintar avisos en la infraestructura del sistema. No podemos hacer uso de esos espacios de los cartageneros para colocar ese tipo de avisos”, explicó Barrios.La gerente de Transcaribe advirtió, a su vez, que se iniciarán acciones penales si persisten estas conductas.“Este tipo de situaciones no pueden repetirse. La próxima vez me veré abocada a hacer lo que siempre hago, y es denunciar a todo aquel que dañe o pretenda dañar la infraestructura del sistema”, agregó.Por su parte, a través de su cuenta de X, el alcalde Dumek Turbay señaló que toda esta publicidad será borrada y que, además, pasarán la cuenta de cobro al candidato.“Entre ayer y hoy, Transcaribe y Control Urbano borrarán y quitarán toda la publicidad que el candidato Carlos Caicedo ha instalado en Cartagena. Ensuciar y contaminar el espacio público no es la manera más inteligente de hacer campaña. Pasaremos la cuenta de cobro al candidato”, escribió el mandatario cartagenero.
Un juez envió a la cárcel a José Jeremías Echeverry Calderón, alias ‘Daniel’, señalado integrante de la estructura Comandos de Frontera de las disidencias de las Farc, por su presunta participación en varios homicidios ocurridos en Caquetá entre 2023 y 2025.De acuerdo con la investigación, las víctimas habrían sido atacadas con armas de fuego como parte de una estrategia de intimidación y control territorial para someter a la población civil y permitir que el grupo armado ilegal consolidara el manejo de rentas ilícitas en la región.Entre los hechos atribuidos a alias ‘Daniel’ está un doble homicidio ocurrido el 1 de enero de 2024 en un establecimiento comercial de San José del Fragua. Según la Fiscalía, el procesado habría llegado junto a otros hombres armados al lugar y disparado contra las personas que se encontraban departiendo.Asimismo, las autoridades lo vinculan con el asesinato de un residente del municipio de Albania, quien habría sido sacado de su vivienda por integrantes del componente armado ilegal y retenido durante cuatro días en una zona rural antes de ser asesinado el 30 de julio de 2024.Echeverry Calderón ya había sido capturado y judicializado en octubre de 2025 por su presunta participación en el homicidio de la líder comunal María Isabel Ramos Álzate, ocurrido el 2 de diciembre de 2023 en el municipio de Solita. Desde entonces permanece privado de la libertad en un centro carcelario.Por los nuevos hechos investigados, un fiscal de la Unidad Especial de Investigación le imputó los delitos de homicidio, concierto para delinquir y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, todas las conductas agravadas. Alias ‘Daniel’ no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía.
Desde su llegada a Colombia, Nu Bank ha entregado 1.1 billones de pesos en rendimientos a sus clientes, incluyendo a quienes tienen las famosas 'cajitas' de su cuenta de ahorros.La compañía celebra esta semana su quinto aniversario con 5 millones de clientes, lo que equivale a un 15% de la población en el país. Sin embargo, su plan de expansión está lejos de concluir.Solo este año Nu invertirá unos 473.000 millones de pesos para ampliar sus operaciones en Colombia y la estrategia en los próximos meses incluye la ampliación de su programa de fidelidad Nu Plus."En número de clientes estamos 2.2 veces por encima de lo que habíamos proyectado inicialmente. Así que, bueno, eso creo que habla de la necesidad de irrupción que había en este mercado", explicó Marcela Torres, presidenta de Nu en Colombia.Nu inició sus operaciones en Colombia con una tarjeta de crédito. Cinco años después la compañía tiene un portafolio de productos que incluye tres tipos distintos de tarjetas de crédito, una cuenta de ahorros, inversiones en CDT y una naciente línea de negocios relacionada con créditos a personas naturales. En la actualidad la compañía tiene unos 10 billones de pesos en depósitos de sus clientes, lo que la pone en el top cinco de empresas financieras.¿Por qué Nu Bank presiona por la 'desaparición' del 4 x1.000 en Colombia?Hoy la agenda de Nu incluye también seguir su campaña para presionar la implementación de un sistema interoperable que permita poner en práctica la exención del 4 x 1.000 para el grueso de la población.Aunque una ley de 2022 obliga a la implementación de una comunicación entre entidades financieras para facilitar el proceso, la verdad es que no todas las entidades financieras están conectadas al sistema y la propia ley dejó un vacío que ha impedido forzar el arranque del esquema hasta que "el sistema esté listo"."Tenemos apuestas de largo en Colombia y seguiremos invirtiendo para ampliar el portafolio que nos permita abrirle la puerta a más colombianos. Además, seguiremos impulsando iniciativas de sector para que sea cada vez más moderno, competitivo e incluyente", agregó Torres.
A través de un radiograma interno firmado por el comandante general de las Fuerzas Militares, general Hugo López, se ordenó el acuartelamiento en todo el país como parte de las medidas de seguridad previas a la primera vuelta de las elecciones presidenciales previstas para el próximo 31 de mayo.El documento fue enviado a los comandos del Ejército, la Armada, la Fuerza Aeroespacial y el Estado Mayor Conjunto. En el radiograma se establece que, desde las 6:00 de la tarde del 25 de mayo hasta las 6:00 de la tarde del 29 de mayo, las tropas deberán permanecer en “acuartelamiento de segundo grado”. Posteriormente, desde las 6:00 de la tarde del 29 de mayo hasta las 6:00 de la mañana del 1 de junio, entrará en vigor el “acuartelamiento de primer grado”, considerado uno de los niveles máximos de alerta operacional dentro de las Fuerzas Militares.La orden también exige extremar las medidas de seguridad sobre infraestructura crítica del Estado, fortalecer la inteligencia militar y mantener vigilancia dominante en las diferentes regiones del país. Además, se instruyó adoptar medidas disuasivas frente a movimientos de personal sospechosos, verificar antecedentes y garantizar la disponibilidad y el alistamiento permanente de las tropas durante todo el proceso electoral.El radiograma tiene como fin que las autoridades estén en alerta máxima frente a posibles alteraciones del orden público en medio de la jornada electoral, especialmente en regiones con presencia de grupos armados ilegales y estructuras criminales.La decisión se conoce en un contexto de alta tensión en varias zonas del país, donde en las últimas semanas se han registrado atentados contra la Fuerza Pública, hostigamientos y amenazas atribuidas a grupos armados organizados. Las Fuerzas Militares buscan, con estas medidas, reforzar la capacidad de reacción y garantizar condiciones de seguridad para los ciudadanos durante las votaciones.El documento concluye con una instrucción de “estricto cumplimiento”, dejando claro que todas las unidades militares deberán mantener máxima disponibilidad operativa hasta después de culminada la jornada electoral del 31 de mayo.
