Este lunes 5 de febrero comienza la posesión en Santander de los 1.525 docentes que ganaron en 2021 el concurso de la Comisión Nacional del Servicio Público. Este proceso se debió cumplir durante el gobierno del exgobernador Mauricio Aguilar.“Durante dos años dilataron en la gobernación de Mauricio Aguilar la posesión de los docentes, en contravía de las normas”, denunció en su momento el Sindicato de Educadores de Santander.La secretaria de Educación, María Paola Suárez, señaló a Blu Radio que la posesión de los docentes será en dos etapas.“Este 5 de febrero se posesionan en el auditorio Luis A Calvo de la Universidad Industrial de Santander más de 800 docentes, entre rectores, coordinadores académicos y profesionales de inglés, matemáticas, español e informática y el próximo 20 de febrero el testo de docentes que van a trabajar en los colegios de la zona rural del departamento”, afirmó la funcionaria.Sobre afectaciones por falta de agua en algunos colegios del departamento por el fenómeno de El Niño, la secretaria de Educación, María Paola Suárez, manifestó que se trabaja con los alcaldes y las oficinas de Gestión de Riesgo municipal “para tener planes de contingencia con carrotanques para llevar agua potable a las instituciones educativas con problemas”.Actualmente más de 8.000 docentes están en la nomina de la Gobernación de Santander que prestan sus servicios en colegios de 82 de los 87 municipios del departamento. En Bucaramanga, Barrancabermeja, Floridablanca, Piedecuesta y Girón las alcaldías manejan el sistema de educación y la planta docente.
El profesor Nelson Alarcón, expresidente de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) y quien hoy hace parte de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), respondió a la polémica que surgió en los últimos días sobre la presunta financiación ilegal a la campaña presidencial de Gustavo Petro por parte de la entidad. Según la investigación, habría sido una suma alrededor de los 500 millones de pesos donada a la Colombia Humana, pero que no fue reportada como debía.En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, el profesor Alarcón aseguró que dicha donación se hizo bajo un marco legal y que lo que hay realmente, supuestamente, es una “ataque sistemático” por parte de la Fiscalía, que fue la encargada de indagar en las oficinas de Fecode el pasado lunes.“(…) Una clara persecución hacia nosotros. Pueden investigar todo lo que quieran, están en su derecho, pero hay que cumplir los procesos, los procedimientos y no desviar ni crear un sofisma de distracción simplemente porque lo hicimos en el marco legal constitucional y hacer una donación al partido Colombia Humana”, añadió.Según contó, ese mismo día de la inspección de la Fiscalía y, “prácticamente a la misma hora”, a él lo estaban buscando “otros agentes” en la sede la CUT. Por eso, denunció que este procedimiento hizo parte de una “persecución”. En la citación que le llegó decía “rendir versión” sobre el caso, pero dijo que fue un interrogatorio.“Me citaban urgentemente a la Fiscalía General de la Nación para el día jueves. Me dejaron allí la notificación. Estuve el jueves, 25 de enero; allí lo que sentí, percibí, fue una intimidación e interrogatorio y persecución por parte de la Fiscalía”, sentenció Alarcón.En ese sentido, recalcó que, aunque tienen derecho a realizar investigaciones, nunca les avisaron sobre una inspección y los agentes que nombró llegaron, de acuerdo con su relato, por unos documentos en específico y a “presionar”.Vea la entrevista completa en Mañanas Blu, con Néstor Morales:
La representante a la Cámara María Fernanda Carrascal afirmó que la movilización se debe realizar ante la “trinchera” de la oposición para “defender sus prácticas clientelares y mafiosas”.Después de que el presidente Petro convocará a una “expresión popular” tras su denuncia de “ruptura institucional” porque, supuestamente, lo está investigando la Fiscalía, desde el Pacto Histórico ya se está convocando a una movilización contra el propio ente investigador y la Procuraduría.Uno de los llamados salió desde la cuenta de Instagram de la representante a la Cámara, María Fernanda Carrascal, que acompañado de una imagen que citaba ´Movilización Popular por la Decencia’. “Algunos sectores de la oposición hicieran de la Fiscalía y la Procuraduría una trinchera para defender sus prácticas clientelares y mafiosas no solo afecta al gobierno del presidente Gustavo Petro, nos afecta a quienes queremos vivir en un país democrático y decente. Eso es lo que está en juego y por eso es que nos vamos a movilizar”, dijo.Desde otros sectores como Fecode, investigados por los 500 millones de pesos que le aportaron a la Colombia Humana en plena campaña a la Presidencia, enviaron un mensaje “de unidad y de movilización ante los ataques a la Federación y a la democracia del país en la emisión de nuestro programa Encuentro, además, detalles sobre las relaciones técnicas, derechos pensionales y mucho más”.La representante a la Cámara por el partido Dignidad Jennifer Pedraza aseguró que no tenía “duda de que Barbosa y Cabello usan sus cargos con fines partidarios en contra de la Constitución. Pero no comparto el tono golpista del presidente Petro sobre las tensiones institucionales que vivimos. Espero que la Corte Suprema elija fiscal antes de que termine el periodo de Barbosa”.
Este sábado 3 de febrero el ministro del Interior Luis Fernando Velasco, salió a respaldar la tesis del presidente Gustavo Petro de una "ruptura institucional" para sacarlo del poder y las a acusaciones a la Fiscalía de querer investigar al mandatario.Velasco dijo que hay un “intento” en ese sentido y señaló que los aportes de Fecode de al menos 500 millones de pesos fueron “a un partido y no a una campaña”.“El presidente no está llamando a la violencia, está alertando a un país. El presidente no tiene ningún temor de ser investigado. Pero frente a investigaciones que tienen claro tufo político, el presidente sí tiene que evidenciar lo que está pasando, y pedirle a los ciudadanos que estén alerta a esas decisiones”, aseguró el ministro en entrevista con Noticias Caracol.En el país hay revuelo político y judicial por cuenta de las declaraciones del presidente Petro y la convocatoria que hizo a una movilización social.El presidente Petro, acusó este sábado 3 de febrero al fiscal general Francisco Barbosa, de querer dar un "golpe de Estado", al responder a una cuenta falsa en la red social X que usa el nombre del funcionario."Lo que busca el fiscal general es un golpe de Estado bajo manto institucional, tal como querían hacer en Guatemala y por las mismas razones", manifestó Petro en X, horas después de acusar al mismo funcionario de promover una supuesta "ruptura institucional para sacarlo del poder”.Según expresó Petro, "el desespero por la alternancia democrática en la Fiscalía lleva a Barbosa a golpear al progresismo y las organizaciones de trabajadores", en referencia a la próxima elección del nuevo fiscal, ya que el actual termina su periodo el próximo 12 de febrero."El presidente de la república le pide a la ciudadanía en todos los municipios del país y en todos los barrios y veredas configurar las coordinadoras de organizaciones y fuerzas populares. Sin ninguna violencia, alistar jornadas de una muy grande y profunda movilización para defender el voto popular", señaló Petro.Según Petro, "los golpes se responden desde las instituciones democráticas, desde la ley y la justicia y desde las calles, con alegría y paz, pero con contundencia".El mensaje que originó la respuesta de Petro es de una cuenta falsa en X que usa el nombre de Barbosa, en donde este sábado se escribió: "La Fiscalía imputará graves cargos a Ricardo Roa, exgerente de la campaña de Petro y hoy presidente de Ecopetrol, a Dagoberto Quiroga, cabeza de la Colombia Humana en la contienda presidencial y hoy superintendente de Servicios Públicos, y a William Velandia de Fecode”.El mismo Petro fue quien el viernes se refirió a esos funcionarios suyos al denunciar una supuesta "ruptura institucional" y una "toma mafiosa de la Fiscalía", por investigaciones relacionadas con la financiación de su campaña presidencial de 2022.Desde el mes pasado, el presidente ha manifestado en las redes sociales su molestia por un registro judicial que la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia hicieron a la sede en Bogotá de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) como parte de la investigación por el supuesto aporte de 500 millones de pesos que hizo ese sindicato a su campaña y que no fue informado a la autoridad electoral.
Sigue la polémica por las investigaciones que se adelantan por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña del presidente Gustavo Petro, entre ellas la donación por $500 millones hecha por el sindicato de maestros, Fecode, pero que fue depositado a través del Partido Colombia Humana.Desde la colectividad, el entonces representante del Partido, Dagoberto Quiroga, señaló que el dinero se utilizó para la organización de los testigos electorales y que eso no constituye gastos de campaña, por lo que no hubo ninguna irregularidad frente al proceso electoral.“Se está tratando de tergiversar y de buscar el muerto río arriba, como dicen. Aquí no hay nada irregular, la ley establece claramente qué es una campaña electoral y el Consejo Electoral sabe también que los gastos de los testigos, los gastos que se ocasionan en el día de las elecciones, no son gastos de campaña porque ya la campaña supuestamente ha terminado”, señaló Quiroga en Mañanas BLU.Sin embargo, un concepto expedido por el Consejo Nacional Electoral (CNE) en mayo de 2022 podría contradecir las declaraciones de Quiroga y la defensa de los directivos de la campaña Petro Presidente 2022. El documento firmado por Uriel López Vaca, Asesor Jurídico y de Defensa Judicial del CNE, aprobado por la Sala Plena de la Corporación el 17 de mayo de 2022; fue expedido el 25 de mayo de 2022, cuatro días antes de la Primera Vuelta Presidencial con destino a Nubia Stella Martínez, directora del Partido Centro Democrático, y a Jorge Luis Jaraba, secretario general del Partido de la U.Estos dos dirigentes políticos elevaron una consulta al órgano electoral con el propósito de determinar su posición frente a dos temas legal: si los partidos políticos pueden invertir recursos para promover candidatos y si los costos y gastos destinados para promover y desarrollar la actividad de los testigos electorales constituía gastos de campaña o erogaciones propias de los partidos y por lo tanto cómo debían ser reportados.En el concepto, el organismo señala que los partidos pueden hacer aportes propios para los candidatos que avalan o que respaldan en el caso de una coalición, siempre y cuando canalicen el dinero a través del gerente de campaña y su respectivo auditor; que no se superen las sumas máximas fijadas por el CNE; que la inversión se refleje en el informe de ingresos y gastos, tanto del candidato presidencial, como en el informe anual de ingresos y egresos del partido y/o movimiento que realizó la inversión por concepto de apoyo a la campaña; y que las inversiones que realicen los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, NO tengan origen directo ni indirecto de personas jurídicas, y evitar instrumentalizar a personas naturales para entregar donaciones o inversiones de personas jurídicas a través de los partidos y/o movimientos.“Adicionalmente a lo señalado, se debe resaltar que, conforme a las normas sobre financiación de campañas electorales, es deber de los candidatos reportar ante el Consejo Nacional Electoral en los informes de ingresos y gastos, todos los que se causen por el concepto de testigos electorales [...] Los gastos que demande la designación de testigos por parte de los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos coaligados o adheridos a una campaña presidencial, deben realizarse bajo las condiciones y presupuestos señaladas en la respuesta anterior”, reza en el documento.Este es el concepto:
La Misión de Observación electoral se pronunció sobre la presunta financiación irregular de la campaña de Gustavo Petro. La organización hizo un fuerte llamado al Congreso y aseguró que ha faltado voluntad política para discutir una necesaria reforma estructural al sistema de financiación de las campañas electorales y los mecanismos de control dispuestos para hacerle seguimiento a todos los recursos que se manejan en estos procesos.Agregan que el sistema actual permite que haya opacidad en los recursos. “Muestra de ello es que, a tres días de realizarse las elecciones de autoridades locales de 2023, no se tenía información de los ingresos y gastos del 91,2 % de las candidaturas, es decir, de 116.930 de las 128.208 inscritas”, se lee en un documento publicado por la MOE.Sobre la presunta financiación irregular de Fecode, la Misión de Observación aseguró que hay vacíos que deben ser resueltos por las autoridades: el primero, tiene que ver con las reglas electorales que prohíben a personas jurídicas hacer aportes a las campañas presidenciales, pero no a los partidos políticos, que sería lo que sucedió con Fecode y la Colombia Humana.Esto, según la MOE, se puede convertir en un medio para triangular los recursos. Algo similar ocurre con los sindicatos. “La ley es clara en prohibir la financiación proveniente de “personas que desempeñan funciones públicas, con excepción de la que pueden realizar los integrantes de las corporaciones públicas a los partidos que pertenezcan o a sus propias campañas, pero no aborda expresamente la financiación de los sindicatos conformados por personas que desempeñan funciones públicas. Esto puede llevar a la incongruencia de determinar que los trabajadores del Estado no puedan hacer aportes, pero la unión de trabajadores sí”, agrega el comunicado.En el documento le responden además al superintendente de servicios públicos, Dagoberto Quiroga, quien para intentar justificar los 500 millones ingresados a la campaña presidencial, aseguró en Blu Radio que el dinero no tenía que reportarse en las cuentas de la aspiración presidencial porque fue usado para pagar a la empresa que organizó el conteo paralelo de votos con los testigos electorales y esto es algo posterior a la campaña.Sin embargo, para la MOE excluir los recursos gastados durante el día de la jornada electoral o los días siguientes va en contra de los principios de transparencia, pero además abre la puerta para que haya gastos que no se reporten, permitiendo así dobles contabilidades
En diálogo con Mañanas Blu con Néstor Morales, el exdirectivo de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) Ómar Arango Jiménez contó detalles de la controvertida donación de 500 millones de pesos a la campaña del entonces candidato Gustavo Petro en las elecciones presidenciales de 2022.Ómar Arango, quien fue miembro de la Junta Directiva de Fecode en el momento en que se produjo la donación, explicó que la votación para aprobar la donación no fue unánime, a pesar de lo que afirmaban las actas públicas.Según él, el acta indicaba que catorce ejecutivos de Fecode aprobaron la donación, pero él mismo, como el ejecutivo número quince, no estuvo de acuerdo debido a sus diferencias políticas internas y su compromiso con otra tendencia política. Esto plantea interrogantes sobre si todos los ejecutivos estaban realmente de acuerdo con la donación.Arango también destacó que la decisión de donar 500 millones de pesos no se tomó en una Asamblea General Federal, como establecen los estatutos de Fecode, sino en el Comité Ejecutivo de la organización, que no tenía las facultades para aprobar una suma de ese tamaño. Esta falta de procedimiento adecuado ha generado críticas y controversias dentro de la organización sindical.Arango señaló que se enteró de la donación meses después de que se tomara la decisión, lo que plantea interrogantes sobre la transparencia en el proceso. Además, explicó que la donación se financió con las cuotas mensuales que los profesores afiliados a Fecode aportan por nómina, lo que ha generado inquietudes sobre si todos los profesores estaban al tanto de esta generosa donación y si estaban de acuerdo con ella.“Hay que consultárselo a los maestros y como hay una representación en estas decisiones por la edad se deben tomar por mayoría y si se toman por mayoría en términos democráticos, pues la minoría tiene que a acatar lo que diga la mayoría, porque es un principio democrático”, concluyó.La historia de la donación de los 500 millones de FecodeEn mayo de 2022, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) aprobó una donación de 500 millones de pesos a la campaña presidencial de Gustavo Petro. Esta decisión generó una gran controversia por varias razones:Posible violación de la ley: la ley colombiana prohíbe a las personas jurídicas, como Fecode, realizar donaciones a campañas políticas. Algunos argumentan que la donación se habría hecho a través de un tercero (Colombia Humana) para evadir esta prohibición.Falta de transparencia: inicialmente, Fecode no informó públicamente sobre la donación. Solo después de que se filtrara la información, la Federación emitió un comunicado confirmando la donación y explicando que se había hecho para apoyar el programa educativo de Petro.Disconformidad entre algunos afiliados: algunos miembros de Fecode se manifestaron en contra de la donación, argumentando que no se había consultado a la base del magisterio y que no era adecuado utilizar recursos sindicales para apoyar una campaña política.Críticas al proceso de aprobación: se ha cuestionado el procedimiento interno utilizado para aprobar la donación. Algunos miembros del Comité Ejecutivo de Fecode han afirmado que no se les brindó suficiente información sobre la decisión y que no se les permitió votar.
Las próximas semanas serán determinantes para conocer el futuro de las investigaciones por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro en el 2022.El Consejo Nacional Electoral hasta ahora ha centrado su atención en dos aspectos: la entrega de 500 millones de pesos por parte de Fecode que todavía no se tiene claridad si se donaron a la campaña de Petro o si se movieron a través de la Colombia Humana, su partido político.La otra arista que revisa con lupa el CNE es la bitácora de los vuelos contratados por la campaña presidencial de Gustavo Petro con la empresa Sociedad Aérea de Ibagué, SADI, que están en la mira porque de nueve facturas expedidas por la campaña por el servicio de transporte del candidato, seis fueron anuladas, lo cual podría ser interpretado como manipulación u ocultamiento de información para no violar los topes en los gastos de campaña.De manera simultánea, en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes avanzan en la toma de testimonios para determinar si hay méritos para una eventual investigación formal contra el presidente Gustavo Petro por posibles irregularidades en la financiación de su campaña, y por eso serán escuchados en los próximos días como testigos, tanto Nicolás Petro como Ricardo Roa, quien fuera gerente de campaña y hoy es presidente de Ecopetrol.Desde la Fiscalía también avanzan en la investigación para determinar si los directivos de la campaña cometieron irregularidades en su financiación y por eso también se han concentrado por ahora en indagar la donación de Fecode para apoyar al presidente Gustavo Petro.
En diálogo con Néstor Morales en Mañanas Blu, Dagoberto Quiroga, actual superintendente de Servicios Públicos y representante de la Colombia Humana durante la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, se pronunció sobre la controversia surgida en torno a la donación de $500 millones por parte del sindicato de educadores, Fecode.La polémica se desató después de que el presidente Gustavo Petro confirmara en su cuenta de Twitter que Fecode había realizado una donación de 500 millones de pesos. Sin embargo, el mandatario afirmó que estos fondos no estaban destinados a la campaña presidencial, sino a la Colombia Humana."Dinero no fue para la campaña"En la entrevista, Quiroga explicó que la campaña de Petro rechazó inicialmente la contribución de Fecode, ya que la ley prohíbe recibir donaciones de organizaciones y personas jurídicas. Posteriormente, mediante gestiones del partido, se solicitó que estos recursos fueran entregados a la recién creada Colombia Humana, argumentando que la donación había sido aprobada para el funcionamiento del partido.El superintendente aseguró que el dinero se recibió en mayo, antes de la primera vuelta electoral, y se utilizó para contratar una firma llamada Ingenial. Esta empresa se encargó de recibir informes de testigos electorales el día de las elecciones para compararlos posteriormente con los datos de la registraduría, según la versión proporcionada por Quiroga.Ante las preguntas sobre la legalidad de la operación, Quiroga defendió la transparencia de las cuentas y afirmó que todos los gastos fueron debidamente registrados y aprobados por el Consejo Nacional Electoral. Además, negó cualquier tipo de triangulación o desviación de fondos hacia la campaña presidencial, asegurando que se trató de un contrato legítimo con un fin específico.El representante de la Colombia Humana reiteró que el día de las elecciones no puede considerarse parte de la campaña, ya que la ley establece claramente el término de estas actividades 8 días antes de los comicios. Afirmó que los gastos realizados ese día no son reembolsables por el Consejo Nacional Electoral, ya que no se consideran gastos de campaña.“Esos recursos fueron utilizados para una firma que recibiera los reportes el día de las elecciones de los distintos testigos de los municipios para guardar una información para compararla después con los datos de la Registraduría, que es una vigilancia que tiene el deber todo partido de hacerla el día de las elecciones. La campaña, usted sabe, que termina un día antes de las elecciones”, explicó el hoy superintendente de Servicios Públicos"Buscan el muerto río arriba"Quiroga concluyó la entrevista rechazando las acusaciones de irregularidades y asegurando que la situación se está tergiversando con el objetivo de perjudicar al partido. La controversia en torno a la donación de Fecode sigue siendo objeto de investigación por parte de las autoridades electorales y la Fiscalía."Creo que es que hoy se está tratando de tergiversar y de buscar el muerto río arriba, como dicen. Aquí no hay nada irregular. La ley establece claramente que es una campaña electoral y el Consejo Electoral sabe también que los gastos de los testigos, los gastos que se ocasionan en el día de las elecciones no son gastos de campaña, porque ya la campaña supuestamente ha terminado", dijo.En ese sentido, Quiroga manifestó que el escándalo no es más que un intento de sabotear el Gobierno del presidente Gustavo Petro, versión que también sostiene el primer mandatario.
Tras el allanamiento a las oficinas de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) el pasado lunes, en el marco de una investigación sobre presunta financiación ilegal de la campaña presidencial de Gustavo Petro, los investigadores encontraron documentos que sugieren un ingreso de 500 millones de pesos que no fue debidamente reportado.Según un acta revelada por El Tiempo, este dinero proviene de una donación de Fecode a Colombia Humana, pero habría terminado en las cuentas de la campaña presidencial de Gustavo Petro.Para referirse a esta investigación y entender las claves de la polémica desatada por este aporte, se conectó a Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, el exmagistrado del CNE Armando Novoa.Novoa explicó que la legislación electoral prohíbe a las personas jurídicas hacer donaciones a campañas presidenciales, mientras que sí permite aportes a partidos políticos. La controversia radica en determinar si el aporte de Fecode cumplió con la legalidad y si ingresó a Colombia Humana o directamente a la campaña de Petro.Sobre quién debe investigar este asunto, Novoa mencionó las competencias cruzadas entre instituciones, destacando la responsabilidad del Consejo Nacional Electoral en las campañas electorales. Sin embargo, también señaló la necesidad de investigar a los responsables internos de la campaña presidencial."Digámoslo en esos términos electorales todo lo que tiene que ver con las infracciones a la ley electoral, aportes, donaciones, violación de los topes, ocultamiento, no pueden ser sancionadas por el Consejo Electoral a través de los mecanismos que la misma ley contempla. Por ejemplo, si la falta es gravísima, puede ir hasta retirarle la personería jurídica al partido político que viola las reglas de financiación de los partidos y también de las campañas, que es en el caso de la campaña presidencial", relató.Respecto a las afirmaciones del presidente Petro sobre un presunto intento de derrocamiento, Novoa destacó que la donación de Fecode se hizo mediante escritura pública y fue reportada al Consejo Nacional Electoral por Colombia Humana.Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:
El más reciente reporte del Dane arrojó que la tasa de la pobreza multidimensional se redujo hasta 12,1 % en 2023. Eso representa una reducción de 0,8 puntos porcentuales versus el dato de 12,9 % de 2022."Desde 2010, que hacemos esta medición, vemos una reducción permanente desde casi 30 % en 2010 hasta 12,1 % actual", expresó Piedad Urdinola, directora del Dane.La entidad explicó que por regiones se evidencia un decrecimiento desde el 2020 hasta el 2023. Sin embargo, no se sigue el mismo ritmo a nivel nacional, pues las regiones con mayor índice de incidencia de la pobreza multidimensional son Caribe (20,1 %); Pacífico (19,4 %); Antioquia (11,2 %), y Bogotá (3,6 %) registró el menor dato.Asimismo, las cifras son alentadoras para la región del Valle del Cauca, pues se registró un descenso de 2,5 puntos porcentuales. En 2022, tenía una incidencia de 9,7 %, la cual disminuyó al 7,2% en 2023, mostrando una variación significativamente positiva.Entre 2022 y 2023, 338.000 personas salieron de la condición de pobreza multidimensional.Las mayores disminuciones se presentaron en indicadores como: no aseguramiento en salud, con una variación de -1,7 puntos porcentuales, y bajo logro educativo, con una disminución de -1,5 puntos porcentuales, pasando del 40,9 % en 2022 al 39,4% en 2023. Sin embargo, hay indicadores donde el país tiene un arduo trabajo, pues de los 15 que integran el IPM, a nivel nacional se registró un aumento en desempleo de larga duración y en el trabajo infantil.
Muchas emociones se vivieron en el partido de cuartos de final de la Conference League entre el Lille y el Aston Villa. El argentino Dibu Martínez también fue protagonista por sus atajadas y comportamientos contra la hinchada francesa.Dos tarjetas amarillasUna de las curiosidades de este partido, que incluso sorprendió al propio arquero argentino fue cuando le sacaron la segunda tarjeta amarilla y siguió jugando sin ningún problema.Gracias a una nueva regla en el fútbol, específicamente la #10 del reglamento del juego 2023/2024 publicada por la International Board (IFAB). En esta se detalla que las tarjetas que se sacaron durante el partido no son acumulables con las de la tanda de penales; aplica para jugadores y miembros del cuerpo técnico.Así las cosas, no se sumaron las tarjetas que le sacaron al Dibu Martínez en el minuto 39 y luego en la definición desde el punto blanco, donde realizó algunas acciones para intentar desequilibrar a los rivales al momento del cobro e, incluso, mandó a callar a la afición del Lille.Histórica clasificaciónEl portero argentino Emiliano 'Dibu' Martínez fue clave para que el Aston Villa, dirigido por el técnico español Unai Emery, alcanzara las semifinales de la Liga Conferencia, logrando una hazaña que el club inglés no conseguía desde hace cuatro décadas. En un emocionante desenlace a penaltis contra el Lille, Martínez detuvo dos tiros, asegurando la clasificación de su equipo.Desde 1982, año en que el Aston Villa se alzó con el título de la Copa de Europa, el equipo no había vuelto a disputar unas semifinales europeas. Gracias a las espectaculares intervenciones del Dibu Martínez, el largo periodo de 42 años sin logros significativos en Europa llegó a su fin este jueves.
Bogotá cumplió su primer turno de racionamiento de agua a raíz de los bajos niveles que presenta la represa de Chingaza. Si bien la medida tuvo sus efectos positivos, además del regreso de la lluvia a la región, la Alcaldía elevó una serie de recomendaciones para ahorrar el suministro como puede ser bañarse en menos de cinco minutos o reciclar lo usado para otras tareas.Pero, según algunos, bañarse en menos de cinco minutos es una tarea más compleja de lo que puede parecer y es que, dicen, que necesitan más tiempo al interior de la ducha. Es por esto por lo que Spotify, la popular aplicación de música, creó una lista de reproducción con canciones con una duración menor de los 5 minutos para que sus oyentes bailen y cuiden el agua al tiempo.A través de la canción cada persona puede contabilizar el tiempo de baño de acuerdo con su gusto. Aparte de funcionar como cronómetro, un buen tema puede ayudar a que el tiempo al interior de la ducha sea más amena en tan solo tres minutos.Siete canciones para ahorrar agua en la ducha‘La Bachata’ de Manuel Turizo: con una duración de 2:42 minutos, la canción permite bailar y medir el tiempo récord de una ducha en especial para aquellos que amen bailar mientras se bañan.‘Si Sabe Ferxxo’ de Blessd y Feid: con el ‘Ferxxo’ en su mejor momento, nadie quiere dejar de cantar una canción del antioqueño. Por eso, esta canción, en unión con Blessd, ayudará a ahorrar el agua en tiempo récord y a cantar a todo pulmón.‘Prométeme’ de Andrés Cepeda: un poco más romántica, pero cumpliendo la función en el tiempo, esta canción del bogotano es una buena opción para los amantes de lo clásico.‘Cómo, Dónde y Cuándo’ de Shakira: “El tiempo se va volando”, dice la letra de la barranquillera que “cae como anillo al dedo” de la situación. Con una duración de de 2:59 es perfecta para los amantes del pop rock.‘Lejos de mis Ojos’ de Juan Duque: con una duración de 2:56 minutos, la canción del antioqueño es del gusto de los despechados y enamorado.‘12x3’ de Dekko: con 2:39 minutos de duración, este tema ayuda a ahorrar agua mientras se disfruta de una fiesta en corto tiempo.‘Soy un HP’ de Beéle: el flow caribeño hará sentir a quien la escucha como si estuviera en la costa Caribe. La canción tiene una duración de 2:26 minutos, perfecta para cumplir con la medida.
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación en contra de algunos empleados que aún no han sido identificados de la Policía Nacional, estos son acusados de cometer un presunto abuso sexual en contra de un patrullero, quien se encontraba bajo los efectos del alcohol en ese momento.Este caso se habría presentado cuando uno o más subintendentes llevaron al patrullero a un sitio lejano para que descansara y se recuperara. Durante este momento, supuestamente, uno de sus superiores cometió una agresión sexual contra él.El patrullero denunció al siguiente día y fue enviado al Hospital Central de la Policía en Bogotá para un examen más exhaustivo.La Procuraduría busca indagar la responsabilidad de los investigados y determinar si este acto constituye alguna falta disciplinaria.
La "animosidad" contra la prensa del expresidente Donald Trump y precandidato republicano para las elecciones de noviembre es de nuevo una amenaza para los medios estadounidenses en caso de ser elegido para un segundo mandato, según un informe de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) divulgado este viernes."Durante su campaña, Trump insinuó repetidamente que usaría un segundo mandato para tomar represalias contra sus oponentes", detalló la SIP, que clausura hoy la reunión de medio año con la entrega de informes sobre el estado de la libertad de prensa en las Américas."Trump tiene un largo historial de animosidad hacia la prensa y ha llamado a que el gobierno 'se ensañe' con aquellos que lo han criticado", agregó la organización con sede en Miami.La SIP, con sede en Miami, detalló que Kash Patel, exasesor de Trump (2017-2021), "confirmó que las amenazas de Trump no solo se aplican a rivales políticos sino también a la prensa".En diciembre, Patel declaró: "vamos a salir y encontrar a los conspiradores, no solo en el gobierno sino en los medios", señala la SIP."Vamos a ir tras las personas en los medios que mintieron a los ciudadanos estadounidenses, que ayudaron a (el presidente) Joe Biden a amañar elecciones presidenciales", agregó Patel.En noviembre pasado, la compañía detrás de Truth Social, demandó a veinte medios, incluidos Reuters, Newsweek y MSNBC, buscando 1,5 millones de dólares en daños contra esas organizaciones por supuestamente interpretar mal ciertas cifras financieras sobre esa red social del expresidente.Sobre Biden, la SIP señaló que el presidente "ha expresado su insatisfacción con la cobertura mediática de su administración".En particular, nombra el reclamo de la Casa Blanca sobre "errores significativos" en el manejo del informe del fiscal especial que investigó el caso de documentos clasificados por parte de Biden, quien fue exonerado."Biden aún recibe críticas por ser menos accesible a la prensa que sus predecesores", señaló por otro lado la SIP.Divulgación de fuentesEl informe de la SIP lamenta en el informe que la protección del trabajo periodístico, incluida la información de fuentes confidenciales, también sigue siendo una preocupación "significativa" en EE.UU.Cita una orden de un tribunal de distrito que declaró a la periodista Catherine Herridge en desacato por negarse a revelar la identidad de una fuente.Actualmente no existe una ley federal de protección de fuentes, aunque el proyecto legislativo conocido como PRESS Act fue aprobado ya por la Cámara Baja en enero, pero ahora está en manos del Senado, que ha rechazado versiones anteriores de la legislación.