La Confederación General del Trabajo, CGT, llega dividida a la mesa de discusión del salario mínimo, hay tres presidentes en este grupo sindical. En primer lugar, Percy Oyola es a fin al Gobierno de Gustavo Petro y la segunda presidenta es Miryam Luz Triana quien no fue convocada a la discusión del salario mínimo y tiene diferencias con el actual Gobierno, quien en Blu Radio hizo un llamado al Ejecutivo para ser convocada a esta importante concertación.Pero, por otro lado, Jaime Cortés, tercer presidente del sindicato, habló en Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, sobre la división que hay en este momento en la CGT y aclaró el proceso de elección de la cabeza de esta Confederación.“Es lamentable nosotros tener, en un momento tan importante para el país como es la negociación del salario mínimo para todos los trabajadores del país, estar hablando de un tema interno nuestro como Confederación. Del 27 al 29 de septiembre se realizó el once Congreso Nacional de la CGT con presencia de 19 federaciones departamentales y dos nacionales. Como se conoció en ese momento por redes sociales y por algunos medios de comunicación, allá se presenta una nueva división por la visión que se tiene en algunos sectores frente al tema del movimiento sindical. El señor Percy Oyola, como presidente de la Federación del Sector Público considera que tiene todos los derechos para dirigir la CGT solamente con su federación. Lamentablemente, también existe un sector dirigido por la compañera Miriam Luz Triana, de la cual hace parte 7 federaciones”, señaló.“El Código Sustantivo del Trabajo dirá que, para conformar una central sindical, para conformar una central sindical, que es un organismo de tercer grado o de tercer nivel, debe tener mínimo 10 federaciones de segundo grado. Y en este caso, la única facción que tiene más de 10 federaciones de segundo grado somos nosotros. Es decir, es la que encabeza Jaime Cortés Suárez”, agregó.Además, el líder sindical explicó que no es buena la estrategia como sindicato llegar divididos a la discusión de este importante tema que marca el aumento del salario mínimo para el 2024 y que indicaría la indexación en varios sectores de la economía nacional.“Creo que estratégicamente no es bueno, pero si hoy, frente al tema democrático y de participación, si hay una, si hay una representación legal hoy que existe de tres presidentes, deberíamos estar sentados ahí los tres y no solamente una facción. Además, yo creo que es bueno que la opinión también conozca y es lo que nosotros hemos venido denunciando y es que hay serios cuestionamientos también por temas de corrupción dentro de la Confederación”, resaltó.Finalmente, Cortes mencionó el paso a seguir para dialogar con el Gobierno, a pesar de que este no los tiene en cuenta de cara a la discusión del salario mínimo y anunció medidas legales para ser escuchados como facción importante del sindicalismo en Colombia.“Nosotros buscamos todos los tipos de acercamiento con el Gobierno nacional, buscamos todas las posibilidades para poder dialogar con la ministra del Trabajo y ha sido imposible dialogar con ella y pues bueno, hemos tenido que recurrir ya a temas desde el punto de vista legal. Hicimos un derecho de petición, el cual no fue contestado el sábado donde nos dicen que la representación legal en este caso la tendría Percy Oyola. Entonces, en ese sentido, nosotros ya hemos emprendido también acciones legales para que para que el Gobierno nacional nos reconozca también como actores dentro de la Confederación y realmente nos vayamos a la normatividad”, concluyó.Escuche la entrevista completa acá:
El Gobierno nacional comenzó a trabajar en lo que puede ser, su propuesta de incremento para el salario mínimo de 2024.La reunión fue citada por la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, quien pidió la presencia de delegados del Ministerio de Hacienda y del Departamento Administrativo de Estadísticas (Dane) para ir preparando lo que va a ser esta puja por el salario mínimo del 2024.Esto en la antesala del próximo 28 de noviembre cuando está previsto el primer cara a cara entre gremios, sindicatos, y gobierno para lograr un acuerdo.En esa primera reunión solamente se definirá el cronograma de trabajo, pero la idea del Gobierno es volver a lograr un acuerdo entre las partes, y por eso desde ya está preparando el terreno.Uno de los principales argumentos de la negociación de este año del lado del Gobierno va a ser que el salario mínimo ganó poder adquisitivo en este 2023 gracias a la reducción de la inflación. El incremento del año pasado fue del 16 % y la inflación, como van las cosas, cerrará por debajo del 10 %.Aun si no hay acuerdo, el Gobierno tendrá que emitir el decreto de aumento el 30 de diciembre.Un salario mínimo en Colombia vale hoy $1.160.000 sin subsidio de transporte.Le puede interesar:
Hace más de tres meses que la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, se tomó la foto con el presidente de Alianza INN, José Daniel López, para anunciar, el que es hasta ahora, el único acuerdo total del Gobierno nacional con el sector privado sobre la reforma laboral: el tipo de contrato aplicable para rappitenderos, otros repartidores de domicilio y de conductores de apps.En ese momento se acordó que los repartidores pueden ser contratados como trabajadores independientes siempre y cuando la empresa asuma el 60 % del aporte a salud y pensión y la totalidad de la ARL. Así se redactó la reforma que llegó al Congreso desde hace semanas.Sin embargo, hoy en una carta conjunta a la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, la CTC, la CGT y la CUT exigieron al Gobierno modificaciones a esos artículos de la reforma y aseguraron que esa redacción del proyecto "no solo va en contravía de la voz de los trabajadores en esos espacios de diálogo, sino que va en contra de lo que el actual presidente Gustavo Petro prometió en su plan de Gobierno y que reiteradamente ha señalado en distintos medios de comunicación y espacios de deliberación" y es que reconocería los derechos de los trabajadores de las plataformas digitales.En la comunicación le dicen a la ministra que esa fue la posición del movimiento de trabajadores desde el inicio de las reformas, que se lo dijeron varias veces en reuniones internas y por eso ven con sorpresa la redacción final del texto que se discute en el congreso.La publicación de esa carta conjunta se da horas después de que el Gobierno hablara de hacer un incremento salarial más bajo o incluso nulo para los trabajadores del estado con mayores ingresos, algo que según el líder sindical Diógenes Orjuela violaría la convención colectiva firmada con el Gobierno Petro este año.Le puede interesar:
El Gobierno de Gustavo Petro se reunirá el próximo 28 de noviembre con diferentes gremios sindicales de trabajadores, empresarios y analistas para llevar a cabo la primera discusión en torno al salario mínimo para el 2024. A la reunión fueron invitados varios gremios de trabajadores como la CUT o la CGT, sin embargo, de este último (la Confederación General del Trabajo no fue invitada su presidente, Myriam Luz Triana, sino el representante de un ala de esta organización, Percy Oyola.Debido a esto, la CGT emitió un comunicado exigiendo que el Gobierno nacional permitiera la participación de la organización "en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales-Cpcpsl. Espacio constitucional que pertenece a los trabajadores y empleadores, y no al comité de aplausos del Ministerio de Trabajo".Para referirse acerca de esta petición al Gobierno, lo que esperan de esa mesa de concertación y la invitación de Oyola, se conectó a Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, la presidente Myriam Luz Triana quien denunció que la facción que representa de la CGT."Es obvio que esto que está pasando en la CGT es una división bastante molesta, pero lo curioso es que constitucionalmente se plantea que van las centrales mayoritarias a la mesa de concertación y la CGT, efectivamente, es una central mayoritaria, pero en este momento para desfortuna de lo que se ha agenciado desde el mismo Gobierno, ya no son dos CGT; hay tres. En el Congreso que realizó el señor Loyola salió otra división y entonces ahora hay tres presidentes en las CGT", inició explicando Triana.Además, puntualizó que la facción que ella representa de la CGT es la más grande y que, como mínimo, deberían estar los tres representantes de la organización."Nosotros estamos planteando que si la CGT es una cooperación mayoritaria, debemos entonces estar los tres presidentes mínimamente. De las tres de las tres representaciones, la mayoritaria, la que tiene más votación y más representatividad, es la CGT que estoy representando", señaló.En el comunicado la CGT le dice no solo al Gobierno nacional que el señor Percy Oyola que no es el autorizado y que no es el que deben invitar para la negociación del salario mínimo, pero, asimismo, se lo dicen a sus otros colegas de las otras dos centrales obreras la CUT y la CTC. Cabe recordar que en la mesa de negociación del salario mínimo se sientan las centrales obreras, los industriales, el Gobierno, los comerciantes, etc. Sin embargo, según Triana, los colegas de las otras dos centrales obreras no se han manifestado."Los compañeros de las otras dos centrales no se han pronunciado al respecto. Ellos no se han pronunciado y más bien han estado participando en reuniones previas que hicieron con la ministra del Trabajo", indicó."Hay una persecución del Ministerio del Trabajo, de la del área del trabajo en cabeza de la señora ministra hacia esta facción de la CGT", sentenció la presidente.
El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, defendió la agenda de reformas sociales del Gobierno nacional y aseguró que no sólo están dentro de lo que puede pagar el país sin romper la regla fiscal, sino que además podrían tener beneficios para la economía a mediano plazo especialmente en materia de empleo.Bonilla aseguró que las cuentas de las reformas pensional y de salud son compatibles con la meta de ir reduciendo gradualmente la deuda del Gobierno nacional y con el propósito de, eventualmente, recuperar el grado de inversión perdido durante la pandemia. Ambos proyectos cuentan con aval fiscal mientras que el proyecto de reforma laboral no lo necesita porque solamente regula relaciones entre privados (empresas y empleados)."Deberíamos tener un desempleo entre 5 % y 6 % y por eso tenemos en curso un proyecto de reforma laboral", dijo el funcionario.El desempleo en Colombia llegó a 9.3 % en septiembre de 2023, según el Dane."Son dificultades de la economía para crear oportunidades de trabajo, de ahí que tengamos formuladas varias propuestas de reforma para hablar en un país de trabajo digno y decente y que tengamos una reducción de mediano plazo de esa tasa de desempleo para llegar a lo que hay en otros países", agregó.Las declaraciones de Bonilla contrastan con las que hace unas semanas dio la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramirez, quien aseguró que la reforma laboral no buscaba crear empleos en el país sino restablecer derechos de los trabajadores.Sin embargo, en lo que coincide Bonilla con su compañera de gabinete es en criticar las formas de contratación actualmente utilizadas. Calificó por ejemplo al empleo por cuenta propia como "trabajo precario" y agregó que la peor manera de contribuir a la economía generando empleo es haciendo empleos de bajo costo.La gasolina ya se comió la reforma tributariaEl déficit del fondo de estabilización de precios de los combustibles cerrará este año en 20 billones de pesos."20 billones son los recursos que va a generar la reforma tributaria. Es decir, los combustibles ya se comieron la reforma tributaria", dijo Bonilla.La deuda de los combustibles no es la única herencia de la pandemia con la que tiene que lidiar el Gobierno. El elevado nivel de deuda adquirida durante el confinamiento implica que el año entrante el país tendrá que empezar a pagarle al Fondo Monetario Internacional por el crédito contingente y que, además, será necesario atender las obligaciones con los compradores de bonos de deuda del Gobierno.Finalmente, el Gobierno adelantó que planea elevar las perspectivas de crecimiento para 2024 del 1.5 % al 2.5 %.Le puede interesar "El "terremoto" judicial y político que viene por la audiencia de Salvatore Mancuso de la JEP:
Finalmente se dio la reunión entre el presidente Gustavo Petro y el Consejo Gremial del país, junto con los ministros de Trabajo, Vivienda y Defensa, en la que fue una conversación “amplia y generosa” en cuanto al tiempo que se tomaron para discutir asuntos prioritarios, como seguridad, economía, movilidad y, en general, las “preocupaciones” a nivel territorial.Así lo detalló en Mañanas Blu, con Néstor Morales, el presidente del Consejo Gremial y Asofiduciarias, Germán Arce, quien dijo que, por ejemplo, el “tema de seguridad era uno de los temas esenciales de la conversación” dado los últimos hechos violentos registrados en varias regiones.Polémica frase de la ministra de TrabajoAunque lograron poner sobre la mesa estos asuntos de interés nacional, Arce señaló que aún faltan acuerdos por concretar, pero que, por lo menos, se “avanzó” en el diálogo. En ese sentido, también se refirió a las declaraciones y polémicas frases que surgieron tras la reunión, como la de la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, que generó malestar en algunos sectores.“Aquí no se han presentado reformas a la espalda de nadie, se han construido con participación de muchos colombianos, lo que hay que decir es que ese síndrome de la Coca Cola del desierto se acabó”, respondió luego la ministra Ramírez.Ante esto, Arce comentó que no entendió esa frase y, agregó, hay que comprender lo que significa el sector empresarial para el país, “siendo diverso y con interacción”, que, a su vez, según afirmó, son una “pieza fundamental de la construcción de acuerdos”.“El presidente lo recibió y creo que de buena manera; no entiendo muy bien la frase de la ministra, no sé si se está refiriendo a algunos lideres gremiales en particular, pero no me quedaría ahí, creo que todos tenemos que avanzar, al país no le sirve quedarse ahí”, aseveró.Finalmente, sobre la reunión, comentó que fue bueno que se diera personalmente, “abierta y franca” y no una discusión por X: “No tenemos que estar de acuerdo en todo, pongámonos de acuerdo si quiera en lo que no estamos de acuerdo, pero avancemos, necesitamos cambiar la manera en cómo venimos trabajando”.Escuche la entrevista completa en Mañanas Blu, con Néstor Morales:
Muy preocupada se mostró la presidenta de la Asociación de Micros, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi), Rosmery Quintero, frente al nuevo proyecto de reforma laboral que radicó este jueves la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez; señalando que el articulado continuaría sin respaldar al sector informal del país y vendría con nuevas imposiciones que abaratarían las estructuras de costos. En medio de sus explicaciones, Quintero señaló que aunque existe un capítulo del nuevo proyecto de reforma que buscará reducir ese 58% de informalidad que existe actualmente en el país, carecería de herramientas para lograrlo en un mediano y/o largo plazo.Así mismo, precisó que uno de los puntos que más genera incertidumbre en el gremio tendría que ver con el trabajo a distancia para el 5% del total de los empleados, advirtiendo que la estructura de costos podría incrementarse hasta en un 34%, teniendo en cuenta que son las empresas las que deben proveer el acondicionamiento de los espacios para sus trabajadores. "El empleador tiene que asumir energía, internet y acondicionar el lugar de sus trabajadores. Con esto ratificamos una vez más que la estructura de costo de las empresas puede aumentarse hasta en un 34% generando impactos en el desempleo y la informalidad en nuestro país", explicó Quintero. Sostuvo, además, que aunque el nuevo texto de la reforma ya fue radicado ante la Cámara de Representantes este jueves, de manera sorpresiva, buscarán la manera de seguir debatiendo el articulado para lograr consensos y que se mejore el relacionamiento contractual entre trabajadores y/o empleadores. Le puede interesar:
Para sorpresa de la opinión pública, en la tarde de este jueves, 24 de agosto, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, radicó ante la Secretaría General de la Cámara de Representantes el nuevo texto de reforma laboral, luego de que el proyecto se archivó por falta de debates antes del 20 de junio pasado.A diferencia del acto de radicación ocurrido en marzo pasado, que se llevó a cabo en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño y que además contó con la presencia de los presidentes de las tres centrales obreras, líderes sindicales y gremiales, representantes de los trabajadores, congresistas y hasta la vicepresidenta Francia Márquez, en esta ocasión la radicación no fue tan concurrida.Según se pudo evidenciar por el registro fotográfico de la radicación, al Capitolio solamente concurrieron la ministra Gloria Inés Ramírez, la directora del Departamento de Prosperidad Social, DPS, Cielo Rusinque; el viceministro de Empleo y Pensiones, Iván Daniel Jaramillo Jassir, y funcionarios del Gobierno.Consultados por Blu Radio, varios congresistas del Pacto Histórico y de la coalición de Gobierno que integran las comisiones séptimas de Senado y Cámara de Representantes, confirmaron que la radicación del proyecto de ley se hizo de manera sorpresiva y que no fueron notificados de la presencia de la ministra Ramírez en el Congreso.Vea también
La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, señaló que la próxima semana radicarán la reforma laboral tanto con los cambios que se hicieron en la pasada legislatura como unos adicionales que han surgido de nuevas reuniones."Vamos a partir inicialmente de la propuesta que quedó radicada por la Comisión Séptima de Cámara y que le faltó tiempo para terminarla y traía ocho artículos nuevos", detalló la ministra.Los nuevos aportes, dijo la funcionaria, llegan luego de encuentros con organizaciones como la Asamblea de Jóvenes Trabajadores y Mujeres Trabajadoras, plataformas y otros."Habrá 12 artículos nuevos que la próxima semana ya se los contaremos uno a uno para que Colombia sepa y todos los trabajemos para luego ser radicados en el Congreso de la República", amplió la ministra.Ante la pregunta de si los escándalos que han rodeado a Nicolás Petro, hijo del presidente, podrían afectar el trámite de esta o las demás reformas, la ministra se mostró tranquila esperando que el debate sea más en lo técnico."Los impactos pueden ser políticos, pero desde el punto de vista técnico el Congreso tiene una función y su función es poner las comisiones a discutir los proyectos de ley, a hacer los controles políticos y esto no se alterará. Tendremos unos debates más profundos, unos más fuertes, pero indudablemente para todo eso nosotros estamos preparados", reiteró Ramírez.Finalmente, la ministra dejó claro que respetan las dinámicas del Congreso para que sea un debate de altura."Indudablemente, el que el doctor Iván Name hoy esté allí ha dicho con claridad yo cumpliré con mi papel y su papel es que dinamizar un debate poner a discusión los temas que vienen de las comisiones y ahí estarán nuestras reformas trabajando nosotros prestos para discutir para profundizar y para argumentar ante el país", puntualizó la ministra.
El próximo 20 de julio se dará inicio a la nueva legislatura en Colombia, por eso el plan del Gobierno es presentar ese día la 'reforma laboral 2.0'. Esta nueva versión se basará en el texto de la ponencia que se coordinó con al representante María Fernanda Carrascal. Sin embargo, sí tendrá varios cambios.Los cambios que tendrá la nueva reforma laboralSegún fuentes que acompañan la revisión del proyecto, uno de los principales cambios es que se reducirán los artículos relaciones con las negociación por sectores económicos que preocupaban a las pequeñas empresas; es decir, que la mayor parte de este tema será reglamentado por decreto y no en esta ley. Otro punto que podría ser eliminado es la estabilidad laboral forzada (que restringe los despidos en ciertas circunstancias como prepensionados, embarazadas o trabajadores enfermos), ya que las sentencias recientes de varios jueces son más generosas con el trabajador que el texto de la reforma y el artículo ha sido uno de los más problemáticos.La nueva reforma traerá una versión mucho más moderada de la posibilidad de hacer huelga en empresas de servicios públicos, esta ya no se decidirá con la tercera parte de los trabajadores como se propuso anteriormente, sino con mayorías como ocurre hoy.El texto de base para los demás temas es la ponencia que se hundió y que contempla que los recargos nocturnos se paguen desde las 7:00 de la noche, el aumento gradual de los recargos dominicales y festivos , así como la reglamentación por decreto de los contratos especiales entre los repartidores y las aplicaciones.El Gobierno también planea "castigar" al representante Víctor Salcedo, del Partido de La U, por haber presentado al final su propia ponencia cuando ya había un acuerdo político para apoyar el proyecto. En ese sentido, están estudiando eliminar varias de las proposiciones que él presentó en 18 artículos y que fueron acogidas. Algunas de las proposiciones de Salcedo buscaban ampliar la contratación a término fijo o permitir que las empresas incluyan causas de despido por justa causa en los contratos.Una versión inicial de la reforma llegará esta semana a manos de la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, quien tiene los días contados para buscar acuerdos políticos en torno a la reforma e incluir cambios de último minuto.El nuevo proyecto de ley no será presentado a la mesa de concertación de políticas laborales y salariales como ocurrió a comienzos del año, sino llegará directamente al Congreso para su debate.Le puede interesar
El grupo islamista Hamás responsabilizó este viernes a Israel de la ruptura de la tregua, que había durado siete días, y aseguró que al menos 32 gazatíes murieron en las primeras tres horas tras reanudarse los ataques israelíes."La ocupación es responsable de la reanudación de la guerra y de la agresión nazi contra la Franja de Gaza, después de negarse durante toda la noche a aceptar todas las ofertas para liberar a más rehenes", entre ellos ancianos, indicó Hamás en un comunicado.El grupo islamista aseguró que Israel también se negó a aceptar la liberación de Yarden Bibas y la entrega de los cuerpos de su familia israelo-argentina: su esposa, Shiri Silverman, y sus hijos Kfir, de diez meses, y Ariel, de cuatro años, quienes fallecieron en Gaza por los bombardeos israelíes, según Hamás."La ocupación se negó a aceptar todas estas ofertas, porque tenía la decisión previa de reanudar la agresión criminal", aseguró Hamás, que responsabilizó a Estado Unidos, principal socio de Israel, por "la continuación de los crímenes de guerra sionistas en la Franja".Estas declaraciones contradicen las del gobierno de Israel, quien culpó al grupo islamista por el fin de la tregua."La organización terrorista Hamás-Estado Islámico violó el plan, no cumplió con su deber de liberar hoy a todas las mujeres secuestradas y lanzó cohetes contra los ciudadanos de Israel", indicó la oficina del primer ministro, Benjamín Netanyahu, quien ya había dicho anteriormente que el cese el fuego no sería de ninguna manera permanente.El fuego cruzado se reanudó desde las primeras horas de esta mañana con el lanzamiento de cohetes por parte de las milicias en Gaza, que activaron las sirenas en ciudades israelíes de Sderot, Askalón y numerosos kibutz cercanos a la Franja; así como con potentes ataques por aire, tierra y mar por parte de las fuerzas israelíes a los largo de todo el enclave palestino."A las tres horas del fin de la tregua, las incursiones lanzadas por el Ejército de ocupación israelí provocaron la muerte de 32 ciudadanos y heridas a decenas de personas, la mayoría de ellas niños y mujeres", denunció el Ministerio de Sanidad de Gaza, controlado por Hamás.Las imágenes de colosales hongos de humo y polvo sobre la Franja volvieron a publicarse, mientras cientos de palestinos buscaban desesperadamente a sus familiares bajo los escombros o corrían con heridos en los brazos tratando de encontrar ayuda.Estados Unidos advirtió anoche a Israel contra la reanudación de los combates, a menos de que tuviera un plan concreto para evitar muertes y desplazamientos masivos entre los gazatíes civiles, pero el Ejército ya se había dicho "dispuesto a atacar a cualquier hora".El jueves fue la séptima y última jornada de una tregua negociada por Catar, Egipto y Estados Unidos, a través de un acuerdo que incluyó la liberación de 105 rehenes a cambio de la liberación de 240 presos palestinos en cárceles israelíes y la entrada de ayuda humanitaria a Gaza.Catar afirmó que continuará negociando para "volver a la tregua", y expresó su "profundo pesar" por los nuevos ataques israelíes.La tregua supuso una pausa a la guerra que estalló el 7 de octubre tras un ataque del brazo armado de Hamás que incluyó el lanzamiento de miles de cohetes hacia Israel y la infiltración de unos 3.000 milicianos que masacraron a unas 1.200 personas y secuestraron a otras 240 en aldeas israelíes cercanas a la Franja de Gaza.Desde entonces, y hasta el día en que comenzó la tregua, el 24 de noviembre, las fueras de Israel mantuvieron una implacable ofensiva sobre el enclave palestino que ha dejado más de 15.000 muertos, otras miles de personas sepultadas bajos los escombros, y casi dos millones de desplazados que viven una grave crisis humanitaria ante el colapso de los hospitales y la escasez de vivienda, agua potable, alimento, medicinas y electricidad.
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) aseguró que las vacunas utilizadas en Colombia para frenar la expansión del COVID-19, fueron incluidas en la lista de uso en emergencias de la Organización Mundial de la Salud (OMS).Estas vacunas tienen resultados de fase 1-3 al momento en que la OMS otorgó la precalificación con el respaldo del comité científico asesor para vacunas e inmunizaciones que se utilizaron durante la pandemia.“El objetivo es lograr que los medicamentos, las vacunas y las pruebas diagnósticas estén disponibles lo más rápidamente posible para hacer frente a la emergencia, respetando al mismo tiempo criterios estrictos de seguridad, eficacia y calidad. La evaluación sopesa la amenaza que supone la emergencia, así como el beneficio que supondría el uso del producto frente a los posibles riesgos”, precisó la OPS.La OPS añadió que la vacunación redujo el impacto en muertes y hospitalizaciones por COVID-19 en el mundo y siguen siendo una herramienta clave para evitar la enfermedad grave, especialmente en grupos prioritarios de alto riesgo.Le puede interesar
La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, Usaid, trabaja de la mano con Fundación Panamericana para el Desarrollo, Fupad, en el programa 'Somos comunidad'. El objetivo de esta iniciativa es mejor la unidad social y fortalecer los sistemas de seguridad local en materia de consumo de drogas.Una de las metas relevantes del programa 'Somos comunidad' es la prevención del crimen y el consumo de sustancias psicoactiva. De acuerdo con los líderes del programa, esto afecta el consumo sistemático, es decir, el consumo descontrolado de estas sustancias llevando al joven a olvidar su proyecto de vida y haciendo que se acerquen más a la ilegalidad. Por lo que están trabajando en las zonas más afectadas por el conflicto en diferentes departamentos del país, entre ellos, Norte de Santander, seguido de Bolívar y Sucre.Joshua Mirott, director del programa, aseguró que quieren trabajar a la par de instituciones del Estado para que entre todo puedan prevenir el consumo de este tipo de sustancias: "Lo que queremos con estas iniciativas es juntar al Estado y a la comunidad para que construyan soluciones en prevención de estos factores de riesgo que pueden afectar al territorio", dijo.Estas estrategias fueron socializadas en un foro que se realizó en la ciudad de Bogotá. Allí, la directora de Política de Drogas del Ministerio de Justicia, Gloria Miranda, dijo que el consumo de drogas es variado, tanto legales como ilegales; por ejemplo, es lícito el alcohol, el cigarrillo; mientra que por lo ilegal el consumo de marihuana es lo que más se presenta en el país, según un estudio realizado por el Observatorio de Drogas de Colombia en 2023“Otro dato muy importante de este informe es que el consumo de cualquier sustancia ilícita como marihuana, cocaína, bazuco, éxtasis o heroína ha disminuido entre 2016 y 2022 pasando de un 8.8 % al 4.8 %", detalló Gloria Miranda, directora de Política de Drogas del Ministerio de Justicia.La directora mencionó que están trabajando en la nueva política de drogas, que fue lanzada en el mes de octubre, donde uno de los objetivos es la prevención selectiva e indicada en niños, niñas, adolescentes y jóvenes.Según el Observatorio de Drogas, la edad de inicio del consumo de sustancias psicoactivas en población escolar es de 13 años, mientras que en la población general es de 19. Asimismo, se debe seguir reforzando la prevención selectiva e indicada, el consumo de sustancias en escolares, en jóvenes es del 4.8 %, es decir, la mayoría de los escolares no está consumiendo sustancias psicoactivas.Le puede interesar
La Corte Constitucional ratificó este jueves, 30 de noviembre, las facultades del presidente Gustavo Petro para dialogar con grupos armados organizados al margen de la ley.Con esta decisión del alto tribunal se reiteran los términos jurídicos de las conversaciones con estructuras criminales que contempla la ley 2272 de 2022, conocida como ley de la paz total.Sin embargo, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez salvó su voto pues considera que es inconstitucional incorporar en una sola ley el diálogo de paz con estructuras como el ELN, que tienen un carácter político, y organizaciones criminales con el Clan del Golfo dedicadas al narcotráfico.Es indispensable distinguir entre unos y otros grupos, señaló el magistrado Ibáñez al explicar su salvamento de voto, pues “esta distinción no sólo es relevante para establecer su estatus jurídico, sino para determinar cuáles son las normas constitucionales aplicables en uno y en otro caso”.Según el magistrado, la paz total del Gobierno Petro trae un nuevo concepto que incorpora tanto lo referente a las negociaciones con grupos armados con los que se adelanten diálogos de carácter político y acercamientos o procesos de negociación con grupos armados organizados del crimen de alto impacto, con el fin de lograr su sometimiento a la justicia y su desmantelamiento.A juicio del magistrado Ibáñez, "a menos que se tramite una reforma constitucional no es posible asimilar un proceso de paz con un proceso de sometimiento a la justicia, cada uno de los cuales tiene su propio marco jurídico”."La definición y alcance de la paz total, en la que hasta ahora no se había propuesto adelantar procesos de paz con los carteles del narcotráfico se hace desde una ley, sin haberse modificado la Constitución, lo cual no corresponde con el marco jurídico actual", dijo.El magistrado Ibáñez sostiene que aplicar el mismo procedimiento a dos tareas que son sustancialmente diferentes, como son la negociación política y el sometimiento a la justicia es inaceptable en términos constitucionales.Le puede interesar
La junta directiva de Ecopetrol presentó el plan de inversiones presupuestado para 2024: entre 23 y 27 billones de pesos. Esto implica una reducción de la misma proyección que hizo la compañía para el presente 2023, que fue un monto estimado de entre 25.3 y 29.8 billones de pesos.En la ruta plasmada para 2024, Ecopetrol dice que invertirá cerca de 19.3 billones de pesos para lograr niveles de producción rentables entre 725 y 730 mil barriles por día, muy similar a la que se reseñó en el plan de 2023 que fue 720 y 725 mil barriles."El 42 % de las inversiones estarán orientadas a los proyectos de la transición energética y la descarbonización, buscando crecer en esos negocios de soluciones de bajas emisiones. La incorporación, además de un plan riguroso de eficiencias, ahorros y el control del gasto para el periodo de los tres años del 2024 al 2026 por cerca de 7 billones de pesos”, detalló Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol.En medio de esa tarea que hace parte de los proyectos más impulsados por el Gobierno nacional, la compañía complementó que las inversiones en gas se estiman entre 3,1 y 3,5 billones de pesos en 2024 principalmente en el Piedemonte Llanero y Costa Afuera en el Caribe Colombiano, para producir alrededor de 135.000 barriles de petróleo equivalente por día.Por su parte, ISA, invertirá alrededor de 5,9 billones de pesos, de los cuales 4,9 billones de pesos estarán destinados al negocio de transmisión eléctrica. El objetivo es que, en 2026, la red aumente en aproximadamente 2.500 kilómetros.Roa agregó que el plan incluye cerca de 11 billones de pesos en proyectos y actividades de sostenibilidad asociados al cambio climático, la tecnología y la innovación.“Ecopetrol sigue y seguirá demostrando su gran capacidad operativa, su gran talento en el equipo de trabajo y su gran compromiso con el país y con sus accionistas”, puntualizó el directivo.Le puede interesar
