A más de un mes de que iniciara la ocupación masiva de un extenso predio conocido como la Hacienda Santa Helena en el municipio de Caucasia, las reclamaciones jurídicas y las recientes decisiones del Gobierno nacional nuevamente han generado choques con la administración departamental en cabeza del gobernador Andrés Julián Rendón.La más reciente discusión en las redes sociales se produjo a propósito de una carta de la Sociedad de Activos Especiales en la que manifestó su decisión de desistir en la querella que busca el desalojo de por lo menos cinco mil personas asentadas en esta zona acudiendo a los derechos que le asisten a su propietaria, Army Judith Escandón, agente liquidadora de la sociedad que tenía para 2004 posesión de estas tierras antes de ser embargadas con fines de extinción de dominio por parte de la Fiscalía.La decisión que tomó la SAE manifestando la importancia de garantizar los derechos que tiene la población asentada en la Hacienda fue calificada por el gobernador Andrés Julián Rendón como “una vergüenza” y “un pésimo antecedente para el país”. El mandatario seccional incluso interrogó en su cuenta de X si acaso el Gobierno busca sentar un precedente para justificar “cualquier invasión a la propiedad privada”.Ante estas declaraciones, el que contestó fue el mismo director de la SAE, Daniel Rojas, quien recordó que la legitimidad en la propiedad del predio, que fue embargado por pertenecer al exnarco Juan Gabriel Usuga Noreña, aún está en litigio y que desde el Gobierno nacional prefieren “respetar las decisiones judiciales y no golpear al pueblo en defensa de una “propiedad privada”’.Actualmente en el lugar hay instalado un Puesto de Mando Unificado con el que buscan caracterizar a la población para buscar otras soluciones, pero incluso por parte de la población afectada el proceso ha generado resistencia por los requisitos detallados que se piden. Al respecto, Alberto Cano, representante de la comunidad.SAE confirma que terreno invadido por cerca de 4.000 familias en Caucasia no puede ser negociado"Lo que hicimos fue mejorar o acondicionar la ficha de caracterización de tal manera de que toda la población que se encuentra en este momento en la hacienda tenga el mismo derecho de ser declarada como potencial beneficiaria", señaló Cano.Frente a la problemática, en varias oportunidades el alcalde de Caucasia, Jhoan Oderis Montes, ha expresado la disposición de hacer cumplir la ley y todas aquellas disposiciones que obliguen a respetar la propiedad privada.
Frecuentes denuncias acerca de que bandas criminales en Medellín y el Valle de Aburrá están tras zonas forestales que buscan lotear ilegalmente y así obtener recursos económicos han llevado a las autoridades a aumentar las labores de control que ya empiezan a evidenciar resultados.Un operativo llevado a cabo con la participación de 136 funcionarios de secretarías de Seguridad y Convivencia, Gestión y Control Territorial, Inclusión Social y Familia, la Policía Nacional, la Personería de Medellín y EPM, permitió desmantelar todo un circuito eléctrico en una vasta zona del cerro Pan de Azúcar, nororiente de la ciudad, que al parecer pretendía ser loteado por estas estructuras."Solicitamos a la Fiscalía General de la Nación que se adelanten las investigaciones de los promotores de esta invasión ilegal de tierras, que están detrás de este negocio ilegal al igual que recomendamos a la ciudadanía en general no ser incautos en la búsqueda de vivienda", expresó Pablo Ruiz, subsecretario Operativo de la Secretaría de Seguridad del Distrito.Durante el operativo se incautaron 9 kilómetros de cable eléctrico, se retiraron 22 postes instalados y se desmantelaron cinco estructuras de madera y lata que ya iban a ser adecuadas para vivienda.
Por vías legales, la administración del municipio de Caucasia busca restablecer el orden en la Hacienda Santa Elena, un predio de cerca de 120 mil hectáreas que desde hace varios meses cientos de habitantes han tomado buscando establecer allí sus viviendas de manera irregular.Se trata de una extensa zona, plana en su mayoría, sobre la que cursa un litigio en la que Armi Judith Escandón como agente liquidador, ya instauró la denuncia frente a la recuperación de estos predios hasta donde han llegado personas de bajos recursos y en altas condiciones de vulnerabilidad.En una reunión con la comunidad afectada, el secretario de Planeación de la localidad, Alejandro Suárez, fue claro en afirmar que serán respetuosos de la ley llevando a cabo las acciones correspondientes con la Policía."Las invasiones que se generen en el municipio de Caucasia no serán ni apoyadas ni acolitadas por la Administración Municipal y en ese sentido se inician las actuaciones jurídicas requeridas con las acciones policías de desalojo", declaró el funcionario.En este mismo sentido, el alcalde Jhoan Oderis Montes invitó a la ciudadanía a no caer en falsas propuestas de venta de lotes en la zona por las que inescrupulosos están pidiendo entre 200 mil y dos millones de pesos, pero además que trabajan en soluciones con el Gobierno nacional para buscar soluciones de vivienda."Vamos a hacer procesos para poder trabajar y luchar por esas vivienda dignas, pero no bajo esas circunstancias, esas condiciones en donde nosotros vamos a ir y vamos aprovechando de bien que veamos lo tomamos. No lo vamos a permitir", dijo Montes.Según el mandatario de esa localidad del Bajo Cauca antioqueño, en el municipio hay un déficit de 3.300 viviendas nuevas y más de 6.000 soluciones de mejoramiento.
Al menos un millón de hectáreas cultivadas en el país hoy están en manos de cerca de 30 empresas extranjeras. Así lo reveló una investigación de El Espectador tras conocer que el Ministerio de Agricultura, en respuesta a una carta solicitando información, determinara que no existen controles a la extranjerización de tierras.Incluso, dice el informe, que esa dependencia “creó un grupo de funcionarios para rastrear los títulos de cada uno de los 113 millones de hectáreas que componen al país”, pues actualmente tienen como respaldo base de datos elaborada por Land Matrix, ONG que es financiada por gobiernos europeos.Durante la investigación, El Espectador visitó diferentes predios en Puerto Gaitán, Mapiripán, Meta, Vichada que están titulados a empresas estadounidenses, europeas, mexicanas, chilenas, israelíes y de Islas Vírgenes para el cultivo de palma de aceite, maíz, soya y la producción de madera y siembra de aguacate hass, respectivamente.Entre los casos se destacan las 30.000 hectáreas que en los documentos oficiales están registradas a nombre de integrantes de la comunidad religiosa conservadora y europea que llegó al Meta entre 2014 y 2016 y aunque adquirieron popularidad por la generación de empleo, entre otros motivos, también enfrentan investigaciones, como la de la Agencia Nacional de Tierra (ANT) por ubicarse terrenos baldíos de la nación.Por otra parte, en Mapiripán está la empresa ítalo-española Poligrow con cultivo que supera las 10.000 hectáreas para el cultivo de palma y siembra de árboles nativos. Este es otro de los casos que está bajo la lupa del grupo especializado designado por el Ministerio de Agricultura sobre la extranjerización de la tierra.“Ahora bien, así como en la altillanura colombiana ha sido un reto saber cuánta tierra tienen las empresas extranjeras, en el Eje Cafetero y otros departamentos colindantes pasa algo muy similar con el cultivo de aguacate hass, que es el tercer producto de mayor exportación en el país y el segundo entre los exportados que más dejan regalías”, advirtió El Espectador en su informe sobre el otro producto que se ha convertido en la controversia.Son 35.000 hectáreas sembradas con aguacate hass todo el país, en especial en Quindío, Caldas, Risaralda, Antioquia, Huila, Tolima y Valle y aunque por un lado se ha convertido en una fuente de empleo relevante, por otro hay preocupación por el impacto ambiental y el gran cantidad de agua que requiere su producción.“La Corporación Autónoma del Quindío (CRQ), por ejemplo, suspendió en 2021 de manera preventiva las actividades de Green SuperFood, que tendría aproximadamente 2.000 hectáreas repartidas entre Quindío y Tolima, por no contar con los permisos necesarios para abrir vías, captar aguas y romper una tubería donde se vertían las aguas residuales en el Quindío”, reseñó como ejemplo el informe de El Espectador.Actualmente ya está en el Congreso de la República, con apoyo del Ministerio de Agricultura, un proyecto de ley busca regular la posesión de tierras en manos de extranjeros y que esta no supere el 15 % de la totalidad del suelo rural de la frontera agrícola del municipio en que se encuentre, un proceso que requerirá como paso fundamental establecer la cifra real que hoy están registradas para empresas no colombianas.
La Alcaldía de Medellín mostró su preocupación por las zonas de invasión en la ciudad. Aseguran que hay 64 invasiones en todo el territorio y que, hasta ahora, el número podría seguir creciendoZonas con más invasiones en MedellínSan Cristóbal, Vallejuelos, Villatina, Moravia y Santa Elena son los lugares invadidos con más densidad poblacional en la capital de Antioquia.El reporte de las autoridades indica que la mayor afectación son las construcciones irregulares."El fenómeno viene creciendo fuertemente en el territorio y fuertemente es muy fuertemente. Este tema está generando inconvenientes en este momento porque es un crecimiento desordenado", aseguró el secretario de Gestión y Control Territorial, Juan Manuel Velásquez.Desde el Concejo de Medellín destacan que la Secretaría de Gestión y Control Territorial debe enfatizar sus esfuerzos en insistir que las invasiones sean reguladas en el plan de ordenamiento territorial.La Administración Distrital insistió que en Moravia hay que poner especial atención, ya que hay un gran número de construcciones en alto riesgo.
En un enérgico trino el pasado miércoles la ministra de Agricultura, Jeniffer Mojica, aseguró que se está desinformando frente a las invasiones en el país y que las autoridades están respondiendo oportunamente frente a cada caso que se presenta.Sin embargo, otra cosa opinan gremios como Asocaña, Procaña y los ganaderos en diferentes regiones del país.¿Qué dicen desde el gremio de la caña?Martha Betancourt, directora de Procaña, dijo en Mañanas Blu con Camila Zuluaga que sus denuncias sobre invasión de tierras "están plenamente respaldadas"."Las denuncias de los gremios están plenamente respaldadas con las voces de las víctimas, que son las que están en el territorio y, en este caso, las víctimas son cultivadores de caña que han interpuesto denuncias durante estos años. Incluso, este 2024 se han interpuesto más de 40 denuncias ante la Fiscalía y se han adelantado acciones policivas e interpuesto otro tipo de mecanismos que tienen los ciudadanos. Lo que los gremios hacemos es ser la voz de los productores. Desde hace 14 años hemos sido reiterativos en decir que el problema viene desde el 2014 y que no se ha resuelto, por eso acudimos al Estado para que cumpla el deber y que cumpla el orden constitucional", indicó Martha Betancourt.Discusiones deben darse en torno a las solucionesLa directora de Procaña dijo que en lo que hay que trabajar actualmente es en las soluciones, ya que la problemática se ha venido visibilizando a través de los años."Hay que trabajar en las soluciones. El Ejército y la Policía han puesto su cuota de muertos y heridos defendiendo la propiedad privada, pero hay mecanismos legales, hay instrumentos que el Gobierno Nacional, a través de sus ministerios y de todo su equipo, debe ejecutar y debe cumplir para que esas medidas que se hagan sean eficaces y cesen, desde todo punto de vista, las violaciones a la propiedad privada que, como le digo, son evidentes", manifestó Betancourt en Mañanas Blu.Asimismo, la directora de Procaña se refirió a los responsables de las invasiones, manifestando que es la Fiscalía la que debe trabajar en identificarlos."Es muy importante destacar que las autoridades competentes, en particular la Fiscalía, son los que deben indicar quiénes son los responsables. Muchos de ellos llegan a los predios encapuchados y los agricultores lo que hacen es interponer las denuncia para que la Fiscalía, ya con los procesos que se llevan adelantados, determinen quiénes son los actores, hagan y expidan las órdenes de captura y trasladen a los jueces correspondientes", puntualizó.¿Qué dicen desde el gremio de los ganaderos?Juan Gonzalo Botero, presidente de la Asociación de exportadores de ganado de Colombia, dijo que el tema de las invasiones han querido "minimizarlo"."Esto se ha vuelto parte del día a día en la costa y algunos quieren minimizarlo. Hoy tenemos problemas muy graves en La Paz, Cesar, donde hace más de 20 días está invadido un predio. En Sabana de Torres Santander también se invadió un predio. Un solo caso de invasión de tierras que se presente es muy grave para la región y para el país, porque eso alimenta el ánimo de otros invasores", explicó. "Aspiramos un mayor apoyo"De acuerdo con Botero, desde el gremio de los ganaderos también se espera un mayor respaldo del Gobierno Nacional frente a este tema de las invasiones."Nosotros aspiramos a un mayor apoyo de las instituciones del Estado que hagan valer la propiedad de los ganaderos, que han sido legales y que ha sido trabajada con el sudor de sus frentes", aseveró.Finalmente, Botero manifestó que no solo el tema de invasión los aqueja, también está la extorsión de la cual han sido víctimas decenas de ganaderos en varias regiones del país.Escuche la entrevista aquí:
Luego de la intervención de las autoridades en repetidas ocasiones y de que la alcaldía de Nechí decretara medidas como el toque de queda o la ley seca en el municipio, los dueños de los terrenos invadidos en Nechí aseguran que sus lotes volvieron a ser tomados por terceros."Sigo invadido. Ayer le pusieron problema al tractorista. Yo vivo de estas cosas. Entonces ya se empieza a poner ya una cosa que se vuelve todos los días", indicó Alejandro Tirado, dueño de uno de los predios.Además, dicen que algunos agricultores tienen proyectos de siembra en la zona y fueron intimidados. Por ello, los afectados piden que se haga un seguimiento y se les brinden alternativas a los invasores.Recordemos que a inicios de semana una persona resultó herida, luego de un enfrentamiento entre la Policía y la comunidad que era desalojada de un predio invadido. Por otro lado, las clases en el municipio también tuvieron que ser suspendidas por varios días mientras se normalizaba la situación de orden público.La alcaldesa de Nechí, Yumaris Henríquez, levantó el toque de queda y la ley seca en el municipio.
La Alcaldía de Barrancabermeja, junto a las autoridades de Policía y Ministerio Público, llevaron a cabo el desalojo de un asentamiento humano ubicado en predios privados en cercanías al Aeropuerto Yariguíes.El desalojo, según el reporte de la Alcaldía, se dio luego de un fallo judicial que ordenó el operativo, luego de un año de tutelas interpuestas que dilataban el procedimiento.“Tanto la operatividad del aeropuerto como la integridad física de las personas que allí habitan, han estado en riesgo debido al mal manejo de residuos sólidos que provocan la presencia de aves de carroña, que podrían afectar a los aviones en pleno vuelo”, informó Adith Romero, secretario del Interior de Barrancabermeja.Según la información brindada por la Secretaría del Interior de Barrancabermeja, allí se realizó una caracterización de 662 personas, de las cuales 47 son víctimas del conflicto armado.Desalojo de invasores en SantanderEn la última semana se realizaron varios operativos de desalojo en Bucaramanga y Girón.El primer operativo, liderado por la Alcaldía de Bucaramanga en colaboración con la CDMB, tuvo lugar después de varias denuncias por parte de la comunidad que alertaron sobre la invasión en una zona crítica para la preservación del entorno natural. La zona afectada fue reconocida como La Curtiembre, en la escarpa occidental de la ciudad.Durante la operación, se identificaron múltiples irregularidades, incluyendo la ocupación ilegal de tierras, la falta de servicios básicos y la destrucción indiscriminada de flora nativa. Los invasores, en su afán de establecer sus viviendas, arrasaron con aproximadamente 100 árboles nativos, según informaron las autoridades a Blu Radio.Vea también:
En un trabajo coordinado entre las autoridades locales y ambientales, se realizó un enorme operativo en el barrio La Feria de Bucaramanga, para desalojar a decenas de familias que habían invadido una zona de protección ambiental. La intervención reveló la presencia de 150 cambuches distribuidos en 250 lotes, mientras que cerca de 100 árboles nativos fueron destruidos para dar paso a las construcciones ilegales.El operativo, liderado por la Alcaldía de Bucaramanga en colaboración con la CDMB, tuvo lugar después de varias denuncias por parte de la comunidad que alertaron sobre la invasión en una zona crítica para la preservación del entorno natural. La zona afectada es reconocida como La Curtiembre, en la escarpa occidental de la ciudad.Durante la operación, se identificaron múltiples irregularidades, incluyendo la ocupación ilegal de tierras, la falta de servicios básicos y la destrucción indiscriminada de flora nativa. Los invasores, en su afán de establecer sus viviendas, arrasaron con aproximadamente 100 árboles nativos, según informaron las autoridades a Blu Radio.La Alcaldía de Bucaramanga alertó sobre una presunta red de urbanizadores ‘piratas’ que estarían estafando a ciudadanos con la venta de lotes ilegales.En desarrollo…
El abogado José Alejandro Ramírez habló en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, sobre la ocupación ilegal de tierras que, según denunció, está pasando en varios territorios del país, uno de ellos, Puerto Boyacá en la finca Aguas Vivas, que pertenecía a un presunto narcotraficante y que estaba a nombre de sus familiares, pero, luego, en poder de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).“Hemos visto que hay algunas pretensiones de un grupo de invasores y podemos establecer que hay allí un modus operandi en ellos, de llegar a tierras que están en el listado de predios, bienes inmuebles en la Sociedad de Activos Especiales como bienes en extinción de dominio”, aseguró Ramírez.La situación ha generado confusión, pues en videos difundidos por redes sociales se ve cómo unas personas dicen que están en “un asentamiento humanitario” y, según recalcó Ramírez, esa figura no existe y lo que realmente es “una invasión de tierras”.“Dice ella que no se trataba de una invasión, sino de un asentamiento humanitario y nosotros decimos esa figura no existe. Realmente lo que allí había era una vía de hecho ante un bien que tenía sus legítimos propietarios”, advirtió.Según mencionó el abogado, hay “promesas por parte del Gobierno de reubicar a estas poblaciones en predios en extinción de dominio”, lo cual les genera preocupación porque han escuchado a “funcionarios con pretensiones” respecto a eso.Escuche la entrevista completa en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire:
Este miércoles, 1 de mayo de 2024, se llevó a cabo el sorteo de Baloto 2394, con un acumulado de 9.00 millones de pesos. Asimismo, se sorteó el Baloto Revancha, que tiene como premio total 7.000 millones de pesosConozca los resultados del último sorteo de Baloto: (en minutos)Resultados Baloto:Baloto: Súper balota:Baloto Revancha:Baloto Revancha: Súper balota: Resultados de chance del miércoles 1 de mayo de 2024Pijao de Oro: 4114Paisita Noche: 9590 - CaballoChontico Noche: 5959Dorado Noche: 0804Saman: 8996Antioqueñita 2: 1236Dorado Tarde: 9207Motilon Tarde: 1580Culona Día: 2575Caribeña Día: 4516Sinuano Día: 5957Pick 4 Día: 4439Pick 3 Día: 599Paisita Día: 3229Chontico Día: 3743Dorado Mañana: 0757Antioqueñita 1: 8978
Tras la polémica que surgió por cuenta del desfase que hay entre las cifras que denunció el presidente Gustavo Petro y las que realmente corresponden al robo y pérdida de armas y de municiones del Ejército, la institución inició una investigación interna para determinar el origen de las inconsistencias del informe que ellos mismos elaboraron y entregaron al mandatario nacional.El cuadro al que se refiere fue la diapositiva que publicó el mismo presidente en sus redes, que fue la que leyó, erróneamente, en rueda de prensa y que ha generado toda esta polémica. Sin embargo, el Ejército no habla de ese error ni la serie de circunstancias previas a las que llevaron a él.Las historia detrás del error en la declaraciónRicardo Ospina, director del Servicio Informativo de Blu Radio, desveló los detalles de este suceso. El presidente Gustavo Petro, junto al ministro de Defensa, Iván Velásquez, y el comandante general de las Fuerzas Militares, Helder Giraldo, ofreció una rueda de prensa a las 2:00 p.m. del martes, 30 de abril, desde la Casa de Nariño. Durante esta, Petro hizo una denuncia seria basada en un informe del Ejército sobre la pérdida de armas y municiones, entregado justo antes de la conferencia por el general Luis Ospina, comandante de la institución.Este informe no había sido revisado previamente por el comandante general de las Fuerzas Militares ni por el ministro de Defensa, por lo que ambos desconocían su contenido antes de que el presidente lo expusiera públicamente. Atrapado por el tiempo, el presidente Petro procesó la información de manera apresurada y presentó las cifras erróneamente durante la conferencia.En su declaración, Petro se refirió a una columna del reporte que listaba el material bélico no registrado en el sistema pero presente en los arsenales, confundiéndolo con el material efectivamente perdido o robado. De hecho, las discrepancias entre lo reportado por el presidente y la realidad son significativas, especialmente en lo que respecta a las municiones. Por ejemplo, mencionó la pérdida de 8,203 municiones de calibre 7.62, cuando en realidad se perdieron 60, y declaró la pérdida de 131,577 cartuchos de 7.62 mm eslabonados, siendo que el faltante real era de solo 53 cartuchos.
Este miércoles, 1 de mayo, en conmemoración del Día del Trabajo, Bogotá fue testigo de una manifestación: un fuerte cacerolazo en varias zonas de la ciudad en protesta por las políticas y reformas del Gobierno nacional encabezado por el presidente Gustavo Petro.Las protestas se produjeron luego de las marchas realizadas durante el día, donde se expresaron diversas marchas relacionadas con los derechos laborales y sociales. Sin embargo, el tono de la protesta cambió drásticamente con el discurso del presidente Petro, el cual generó un malestar generalizado entre algunos sectores de la población.En varios edificios de la capital colombiana, se compartieron videos que mostraban a ciudadanos golpeando cacerolas y sartenes desde sus ventanas y balcones, en una demostración de descontento y rechazo hacia las políticas gubernamentales. Estos cacerolazos fueron acompañados por consignas y gritos que expresaron la insatisfacción de los manifestantes con las decisiones tomadas por el Gobierno. Un fuerte "Fuera Petro" resonó en varias zonas de Bogotá.Las razones específicas detrás de este cacerolazo están relacionadas con las reformas propuestas por el Gobierno Petro, las cuales generaron debates y controversias en la opinión pública. Sectores críticos argumentan que estas reformas podrían tener un impacto negativo en diversos aspectos de la vida cotidiana y en la economía del país.Aunque el cacerolazo fue un evento localizado en Bogotá, su repercusión se extendió a través de las redes sociales, donde se compartieron imágenes y videos que rápidamente se volvieron virales, generando un intenso debate en línea sobre el estado actual de la política y la sociedad colombiana. Los conjuntos residenciales en varios sectores fueron los que más manifestaron su descontento ante estas políticas.El Gobierno nacional aún no se pronuncia en respuesta a estas manifestaciones, pero se espera que las protestas y el cacerolazo sirvan como una señal de la creciente polarización y el descontento en el país, así como un llamado de atención para la administración gubernamental en cuanto a las demandas y preocupaciones de la ciudadanía.Otras ciudadesMientras se registraron en redes las zonas en Bogotá, también se presentaron en otras ciudades como Bucaramanga y Medellín. El evento se dio por una convocatoria que se dio en redes sociales y que tuvo gran acogida en algunas de las principales capitales del país.
El expresidente Álvaro Uribe Vélez se refirió a las marchas de este miércoles, 1 de mayo, y reaccionó al discurso del presidente Gustavo Petro en la Plaza de Bolívar en el marco de las marchas por el día del trabajador.El exmandatario arremetió contra la reforma laboral propuesta por el gobierno del presidente Gustavo Petro afirmando que ésta, “restringe la posibilidad asociativa de los trabajadores, los obliga a un único sindicato y elimina los pactos colectivos”“Por eso en lugar de esta reforma laboral obsoleta y confrontacional proponemos una prima adicional para los trabajadores cuando su sector económico crezca por encima del 4%. De este modo trabajador y empresario remarían en la misma dirección” Agregó el ex presidente Álvaro Uribe.Desde la mirada del exmandatario nacional, la labor del Gobierno no va por buen camino, pues señaló que “este gobierno incita al odio de clases, nosotros creemos en la economía fraterna”Relaciones rotas con IsraelSobre el anuncio de la ruptura de los lazos diplomáticos con Israel el exmandatario afirmó que se debería reconocer a Israel y a Palestina como estados para que vivan en paz, pues “hace daño romper las relaciones con Israel como ocurriría si se rompieran con Palestina”.Además, se refirió sobre la propuesta constituyente del presidente Gustavo Petro y que no se puede permitir un rompimiento institucional promovido por el Gobierno desde la arenga pública.“Debemos ponernos de pie para evitar el rompimiento constitucional desde la arenga callejera. Nuestro estado de opinión, de ciudadanía participativa, siempre ha sido propuesto como categoría superior del Estado de derecho en el marco de sostenimiento de la Constitución y a la ley” señaló el ex senador y ex presidente Uribe.De la misma forma, el expresidente Álvaro Uribe defendió su política de ‘seguridad democrática’ y aseguró que con la “falsa paz” del Gobierno Petro, las guerrillas y el narcotráfico “se han vuelto a apoderar de Colombia”.
La decisión del presidente Gustavo Petro de suspender relaciones diplomáticas con Israel ha generado múltiples reacciones, en su mayoría en contra, teniendo en cuenta los convenios comerciales que hay entre ambos países.Javier Díaz, presidente de Analdex, la Asociación Nacional de Comercio Exterior, aseguró que este anuncio no ayuda en nada a solucionar el conflicto en Gaza, pero sí pone en riesgo a Colombia en términos comerciales y de seguridad.“Nuestro país vendió el año pasado algo más de 1.000 millones de dólares en carbón, esmeraldas, café, flores, confites, galletas, manufacturas de papel. (...) Igualmente preocupa el tema de seguridad. Dependemos de Israel, del Estado de Israel para muchos temas de seguridad, de armamento, de comunicaciones. Entonces nos preocupa lo que pueda ocurrir en este campo”, detalló Díaz.Hamás califica como "victoria" la ruptura de relaciones de Colombia con IsraelEl líder gremial instó a la Cancillería a intentar mediar para que este anuncio no se concrete y se protejan así los convenios comerciales.Otras reaccionesMás temprano, Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, calificó la decisión como populista y sesgada políticamente. El vocero de los comerciantes se sumó a esa preocupación para el sector y la seguridad del país.“Los grandes sectores perjudicados serán las Fuerzas Armadas, que reciben repuestos, mantenimiento y apoyo de este país. También se verán afectados sectores como la agroindustria, la tecnología, emprendimientos y transferencia de conocimiento, donde históricamente Israel ha sido aliado”, agregó.