Más de 2.000 personas han abandonado el pueblo colombiano de El Plateado, en el convulso departamento del Cauca (suroeste), por enfrentamientos entre grupos armados ilegales que suceden desde el viernes pasado, informó la Defensoría del Pueblo.Ese organismo detalló que la confrontación armada se extendió hasta la tarde del sábado y provocó "el desplazamiento masivo de más de 2.000 personas" que huyeron a otras zonas urbanas del municipio de Argelia, del que hace parte El Plateado."Estos hechos han tenido lugar en el casco urbano del corregimiento (pueblo) de El Plateado, con más de 6.000 personas de la población civil expuestas ante el uso de artefactos explosivos convencionales y no convencionales por parte de los actores armados ilegales", agregó la Defensoría en un hilo de Twitter.Durante los enfrentamientos fue asesinado el soldado Deninson Ayiver Gaviria Muñoz."En el corregimiento de El Plateado nuestro soldado Deninson Ayiver Gaviria Muñoz (...) ofrendó su vida en defensa de la soberanía y la seguridad de los colombianos. Elevamos plegarias por su descanso eterno", afirmó el comandante de la Tercera División del Ejército, general Marco Vinicio Mayorga.En el Cauca tienen presencia grupos narcotraficantes, disidencias de las FARC y la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN), que se disputan varias regiones para dedicarlo a cultivos ilícitos de coca y marihuana, así como a la minería ilegal, en una zona que también es un corredor clave para el movimiento de mercancías ilegales.HUYENDO DE LA VIOLENCIAEn videos publicados en las redes sociales se ve cómo muchas personas que están huyendo de la zona lo hacen con banderas o pañuelos blancos para que los grupos armados no los ataquen."Solicitamos respuesta inmediata e integral de prevención y protección por parte de las autoridades, y la activación del plan de contingencia municipal y departamental para los hechos victimizantes: combates y desplazamiento forzado", expresó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.El director para las América de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, manifestó su preocupación por los desplazamientos masivos."Huyen de ataques entre grupos armados. Desplazados no cuentan con alimentos ni agua suficientes ni albergues dignos. Pedimos asistencia de la Gobernación del Cauca y la Unidad para las Víctimas y protección urgente para las comunidades", detalló Vivanco.ATENTADO EN LA REGIÓNAdemás de estos enfrentamientos, el viernes pasado 43 personas resultaron heridas por la explosión de un coche bomba frente a la Alcaldía del municipio de Corinto, en el Cauca, y las autoridades acusan del ataque a una disidencia de las FARC denominada Columna Móvil Dagoberto Ramos.Según el Gobierno de Corinto, el ataque dejó destruido el edificio de la Alcaldía, causó daños en cinco locales comerciales y las autoridades investigan lo ocurrido."Condenamos atentado con carro bomba perpetrado ayer en Corinto, Cauca, que provocó varios heridos, algunos graves, y daños materiales. Expresamos preocupación por desplazamientos forzados de personas en otras comunidades por combates en Argelia", expresó la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU en Colombia.
Human Rights Watch (HRW) y Robert F. Kennedy Human Rights pidieron justicia por Dilan Cruz, fallecido el 25 de noviembre de 2019 por un proyectil disparado por un miembro del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía durante una manifestación pacífica en Bogotá.Las organizaciones presentaron una intervención ante la Corte Constitucional para manifestar que las instituciones del país deben respetar el derecho a la protesta pacífica, así como "garantizar investigaciones independientes e imparciales sobre el uso de la fuerza policial en contra de manifestantes", incluidos los casos de homicidios.Cruz, de 18 años, murió por las heridas sufridas en la cabeza por el disparo de un agente del Esmad con una escopeta calibre 12 cuya munición era una bolsa con "múltiples perdigones de plomo", según un informe forense que consideró el caso como "homicidio" violento.La muerte del joven, ocurrida durante el paro nacional de 2019 contra las políticas económicas del Gobierno y la violencia, ha motivado múltiples protestas en contra de la brutalidad policial y la impunidad en su caso, así como a favor de las manifestaciones pacíficas.Impunidad en la justicia militar El caso de Cruz fue remitido por el Consejo Superior de la Judicatura a la Justicia Penal Militar donde, según advirtieron las organizaciones "ha habido pocos, si es que algún, progreso"."La Justicia Penal Militar en Colombia no garantiza investigaciones independientes e imparciales sobre violaciones de derechos humanos y no debería tratar el caso de Dilan Cruz", señaló Kerry Kennedy, presidenta de Robert F. Kennedy Human Rights, citada en un comunicado.Kennedy manifestó que "las autoridades colombianas deben transferir el proceso a la justicia ordinaria y garantizar que la familia de Cruz obtenga la justicia que merece", pues en el proceso ningún oficial ha sido imputado por su muerte."La Corte Constitucional de Colombia debe enviar un mensaje claro de que los oficiales que participen en violaciones de derechos humanos serán investigados, procesados y castigados", señaló por su parte el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco.HRW ha advertido que en varios casos la Policía "empleó la fuerza de manera excesiva contra los manifestantes, incluidos casos de golpizas y detenciones arbitrarias", como el de Javier Ordóñez, que murió en septiembre pasado luego de ser sometido brutalmente por dos patrulleros de la Policía que descargaron de manera prolongada sobre él una pistola eléctrica táser durante su arresto en Bogotá."En la práctica, la impunidad en estos abusos permite que las violaciones de derechos humanos continúen", advirtió Vivanco.
El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, le salió al paso a la respuesta del Centro Democrático que manifestó que el expresidente Álvaro Uribe no distorsiona la verdad sobre falsos positivos y, por el contrario, ejecutó una serie de acciones para combatirlos.El Centro Democrático había dicho que la directiva que mencionaba Vivanco sobre pagos por información se refería a civiles y no a miembros de la Fuerza Pública “como equivocadamente lo afirma Vivanco”.El director de Human Rights Watch expuso en sus redes sociales un aparte de esa directiva de 2005 en la que se establece que el pago es a “personas indeterminadas” y dijo que el decreto 1400 de 2006 “también otorgaba pagos a militares”.También dijo que se otorgaban beneficios como permisos por “buenos resultados”.De acuerdo con Vivanco, “el expresidente Uribe y el Centro Democrático siguen distorsionando la verdad”.Entre otras cosas desmintió que él tenga vínculos con las Farc y le dijo al expresidente que él lleva “décadas acusando falsamente a cualquiera que lo critica con tener vínculos con las Farc”.En la respuesta del Centro Democrático también se establece que el gobierno de Uribe priorizó las desmovilizaciones y capturas sobre falsos positivos. Sin embargo, y el director de HRW señaló que no fue desde el inicio de su gobierno sino en una directiva emitida en 2007.“Además, durante su gobierno, los comandantes claramente priorizaron las bajas”, añadió.
El partido Centro Democrático respondió a José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, que a través de un hilo en Twitter contradijo varias afirmaciones que hizo el expresidente Álvaro Uribe luego de que la JEP revelara que entre el 2002 y 2008 se presentaron, por lo menos, 6.402 casos de falsos positivos. Afirmó que “Uribe distorsiona la historia de los falsos positivos”.Uno de los puntos que calificó como falso el director de HRW fue la versión que entregó el expresidente Álvaro Uribe Vélez de que “nunca se ofrecieron recompensas a integrantes de Fuerzas Armadas, mucho menos, por bajas en combate”, pues según Vivanco, sí hubo directivas que otorgaban recompensas y como prueba, adjuntó testimonios de libros de militares de la época.El Centro Democrático manifestó que las declaraciones de Vivanco son un “hostigamiento” al expresidente “y su sesgada participación en temas internos de Colombia siguiendo el libreto de sus aliados políticos”.Señalaron que la directiva 029 de 2005 se estableció para “definir los criterios para el pago de información y recompensa a particulares, no a los miembros de la Fuerza Pública como equivocadamente lo afirma Vivanco”.De acuerdo con el partido, las medidas que tomó el gobierno del expresidente Uribe lograron reducir las “conductas reprochables” de algunos miembros de las Fuerzas Armadas.“La actuación del expresidente Álvaro Uribe Vélez frente a los llamados falsos positivos fue de cero tolerancia: retiro preventivo de 27 oficiales del Ejército de Colombia, desde los inicios del Gobierno”, manifestó el partido, y añadió que también adelantó gestiones para que la Fiscalía investigara en el lugar donde se presentaran bajas en combate y otras medidas para combatir ese problema.
En la presentación de un informe sobre la situación de Colombia por parte de la organización Human Rights Watch, su director José Miguel Vivanco, fue enfático en señalar que el presidente Iván Duque no aplica en la práctica lo que dice en sus discursos.Entre otras, fue punzante en críticas al control en materia de orden público y defensa de los derechos humanos en Colombia, pues recordó las graves cifras de violencia registradas el año pasado: 66 masacres, 421 defensores y defensoras, y líderes sociales asesinados, situación que no cesa, pues este año la crisis continúa.
A través de su cuenta de Twitter José Miguel Vivanco, director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch, expresó su preocupación por los ascensos de la fuerza pública que se votarán en la Comisión Segunda del Senado este martes.Según Vivanco, los oficiales podrían tener vínculos con posibles casos de falsos positivos.El primero es el general Marcos Evangelista Pinto Lizarazo, quien podría ascender a mayor general.“Entre octubre de 2006 y abril de 2007, Pinto comandó el batallón Anastasio Girardot (cuarta brigada) que, según Fiscalía, sería responsable de 23 presuntas ejecuciones en 2006 y 22 en 2007”, reseña Vivanco en la red social.Así mismo, dice que entre diciembre de 2007 y septiembre de 2009, el general Pinto comandó el batallón Magdalena (novena brigada) que, según Fiscalía, sería responsable de 18 presuntas ejecuciones en 2008.El segundo nombre que menciona Vivanco es el del general Edgar Alberto Rodríguez Sánchez, quien podría ser ascendido a mayor general.“Entre julio de 2006 y diciembre de 2007, el general Rodríguez comandó el batallón Magdalena (novena brigada) que, según la Fiscalía, habría cometido 7 presuntas ejecuciones en 2006 y 25 en 2007”. Indica.
A través de una carta, el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, envió un fuerte mensaje a los expresidentes de la región y España que, por medio de un comunicado, cuestionaron la decisión de la Corte Suprema de enviar al exsenador Álvaro Uribe a prisión domiciliaria, mientras avanza su proceso por fraude procesal y soborno.En el documento, Vivanco manifestó que el comunicado de los expresidentes "no ayuda a fortalecer el estado de derecho en Colombia”. “Por el contrario, fomenta los actuales ataques del expresidente Uribe y su partido político a la independencia judicial en el país", indica.Además, cuestiona que varios sectores comparen el caso de Uribe con el del exjefe guerrillero ‘Jesús Santrich’, debido a que una decisión la tomó la Sala de Casación Penal y la del jefe natural del Centro Democrático le correspondió a la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema.El director de Human Rights Watch también señaló que el comunicado de apoyo al ex senador Uribe, tiene "errores fácticos y jurídicos que incentivan una campaña contra la independencia del poder judicial en Colombia". Vea también: "No tengo aspiraciones políticas, mi padre está secuestrado: Tomás UribeVivanco también afirma que la decisión de detención de Uribe no es una controversia política, como lo hicieron ver los 20 expresidentes, sino es un arresto producto de una investigación judicial.
José Miguel Vivanco, director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch emitió un mensaje de felicitación para la Corte Suprema de Justicia de Colombia “por actuar con responsabilidad al ordenar la detención domiciliaria de (Álvaro) Urbe”. Le puede interesar: Corte Suprema dicta medida de aseguramiento domiciliaria contra Álvaro UribeSegún Vivanco, el fallo “demuestra que todos, hasta los más poderosos, son iguales ante la ley” y que “hay que respetar la independencia judicial. De otro lado, Vivanco adelantó también en su cuenta de Twitter que “la comunidad internacional respaldará a la Corte”. El mensaje de felicitación fue publicado por Vivanco en español e inglés. Este martes 4 de agosto la Sala de Instrucción de la Corte ordenó la detención domiciliaria en contra del expresidente Álvaro Uribe por ser el presunto determinador de los delitos de soborno y fraude procesal.
Luego de las revelaciones de Semana, en las que se denuncia espionaje a alrededor de 130 personas entre periodistas, organizaciones de derechos, entre otras, José Miguel Vivanco, director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch, manifestó que es un “gravísimo escándalo” que afecta al Ejército y a los organismos de inteligencia, y considera que las proporciones afectan no solo la privacidad de quienes estarían en la mira, sino también al sistema democrático.“Es admisible que se desarrollen labores cuando se trata de conocer inteligencia que afecte la seguridad del Estado, porque estamos hablando de grupos irregulares armados, guerrillas, terrorismo, incluso poderosos carteles de la droga. Tratándose de periodistas nacionales o extranjeros, políticos, es inadmisible, y espero que las autoridades realicen una investigación seria, rigurosa y sancione a los responsables”, manifestó Vivanco.De otro lado, manifestó que no son suficientes las acciones y los trabajos para identificar a los responsables y sancionar a quienes estarían detrás de las actuaciones irregulares, que nuevamente ponen en tela de juicio el actuar del Ejército, desde las denuncias a Nicacio Martínez, cuando comandaba la institución, y que fueron objeto de rechazo por las acciones ilegales, según lo denunciado en diferentes medios de comunicación. “Es evidente que los esfuerzos que se han hecho hasta ahora son ineficaces e insuficientes, desde el momento en que este tipo de abusos y prácticas de espionaje se han normalizado en Colombia, sin prejuicio de que en el pasado se pudo identificar a responsables de otros espionajes similares”, comentó.“El hecho de que los aparatos de inteligencia del Estado continúen abusando de su poder es una demostración palpable que aquí no se han hecho ni tomado medidas eficaces, serias, para evitar que se vuelvan a reproducir este tipo de abusos, lo que considero realmente grave, y espero que se realicen las investigaciones pertinentes. Es que aparentemente se esté utilizando recursos, instrumentos y programas proporcionados por los Estados Unidos para la lucha contra el narcotráfico en Colombia y se estén desviando los recursos que han sido asignados de acuerdo con la legislación norteamericana y a los acuerdos bilaterales única y exclusivamente para la inteligencia que permitan seguir luchando contra el narcotráfico”, agregó.Entre tanto, recalcó que cada vez que se denuncia, las autoridades se comprometen a investigar, pero que las respuestas no son suficientes. “Nos aseguran que se acaban de enterar, que no tienen más información salvo por los medios de comunicación, pero que van a tomar las medidas e identificar y sancionar a los responsables. Es posible que en algunas oportunidades se hayan tomado esas medidas y se haya sancionado a los responsables, pero el hecho de que se haya convertido en una práctica habitual refleja que hay un problema de fondo, un problema mayor que compromete la estructura misma y la disciplina del Ejército. Me cuesta creer que la cúpula militar que dirigía el Ejército durante los tiempos en que se registraron estos espionajes no hubiera estado al tanto de estos hechos”, recalcó.A su vez, quienes serían también víctimas de las presuntas interceptaciones han manifestado su rechazo y piden sea esclarecida la situación. De un lado, la periodista María Alejandra Villamizar escribió en su cuenta de Twitter que los hechos son indignantes y que hay dudas que el Gobierno y Fuerzas Militares deberán responder.“Pues, qué les digo. Así estamos. Leyendo @RevistaSemana ¿Qué les parece? Esto es indignante. Ya me pronunciaré. Vendrán muchas preguntas al gob y a las FFMM”, escribió.En un comunicado, el medio de comunicación Rutas del Conflicto calificó de injustificable el actuar del Ejército, luego de las denuncias en las que consideran ser blanco de inteligencia.Vea aquí: Semana revela presuntos seguimientos ilegales del Ejército a periodistas, líderes sociales y políticos“La investigación muestra un evidente caso de violación a nuestra intimidad y un grave atentado contra nuestro trabajo como periodistas, contra nuestro derecho a la libertad de expresión. Primero como medio de comunicación que termina perfilado por parte de inteligencia militar, como si se tratara de alguna organización que actuara por fuera de la ley, por el simple hecho de ejercer un periodismo crítico con las instituciones. Segundo, con el derecho de cada uno de los y las colegas que hacen parte de este proyecto de poder expresar sus opiniones personales en redes sociales, sin que por eso sean ‘fichados’ y ligarlos sin ningún tipo de sustento con círculos de relación que solo existen en la paranoia de algunos militares”, escribieron.
Human Rights Watch anunció que realizará todas las gestiones necesarias en Estados Unidos para establecer si en las presuntas chuzadas ilegales del Ejército realizadas a políticos y periodistas en Colombia se usaron equipos donados por ese país.Desde Bogotá, el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, catalogó el escándalo de las nuevas y presuntas chuzadas del Ejército como una situación de “extrema gravedad que debe ser investigada y sancionada”.Según Vivanco, este caso pone en juego “la convivencia democrática” y por eso, según manifestó, es necesario establecer si hay injerencia norteamericana.“Nuestra contribución, donde podemos aportar algo a la investigación, es determinar en Washington si los equipos utilizados por personal del Ejército son donados por los Estados Unidos”, sostuvo. Vea acá: Se avecina citación de Fiscalía a militares por escándalo de presuntas chuzadasEl director de la organización enfatizó en que harán todas las gestiones necesarias en los Estados Unidos: “acá haremos el seguimiento y haremos las presentaciones que correspondan ante las autoridades locales”.Por otro lado, Vivanco reveló que durante su estadía en Colombia sostendrá reuniones con el fiscal general, Fabio Espitia, y el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, para indagar sobre las investigaciones que cursan por las nuevas chuzadas.
Colombia se encuentra en un período de incertidumbre respecto a sus temporadas de lluvia, según lo explicó Ghisliane Echeverry, directora del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), en una reciente entrevista con Mañanas Blu.A pesar de las esperanzas de ver incrementarse las precipitaciones, las predicciones climáticas sugieren un escenario diferente para los próximos meses.Situación actual y predicciones a corto plazo"Esta semana hemos tenido lluvias en gran parte del territorio nacional, anticipadas desde el miércoles, y esperamos que continúen durante el fin de semana", afirmó Echeverri. Sin embargo, la intensidad de estas lluvias no cumple con las necesidades acuciantes del país, lo que deja a Colombia en una situación climática complicada y llena de desafíos."Las lluvias no se están instalando con la frecuencia y permanencia típicas de abril", destacó la directora del Ideam.Expectativas para la temporada de lluviasEcheverri compartió los pronósticos para los próximos meses, que aún están marcados por una alta incertidumbre. "A partir de mayo, esperamos que se instalen lluvias más regulares, aunque no excepcionalmente intensas", explicó."junio, con el inicio de la temporada de ciclones tropicales, podría traer consigo precipitaciones más significativas, especialmente en las regiones Caribe y Andina."Fenómeno de La NiñaUno de los puntos más cruciales discutidos fue la llegada del fenómeno de La Niña en el segundo semestre del año, que generalmente intensifica las lluvias en muchas regiones. Sin embargo, Echeverri advirtió: "Hay un contraste notable en el régimen de precipitaciones en la Orinoquía y la Amazonía, donde no esperamos que las lluvias sean tan fuertes."Este contraste regional subraya la complejidad del sistema climático colombiano y la importancia de entender las variaciones locales en las respuestas a fenómenos globales como La Niña.En el horizonte más lejano, la temporada de ciclones que comienza en junio podría ser particularmente intensa este año debido al calentamiento del océano Atlántico. "Esto podría llevar a una temporada de récord en términos de ciclones tropicales, lo cual afectaría también las precipitaciones en nuestro país", indicó Echeverri.Aunque se prevé una temporada seca hacia finales de julio y agosto, los ciclones podrían provocar lluvias extremas y eventos meteorológicos fuertes en regiones específicas, lo que podría alterar este patrón usual.Mapa de lluvias en tiempo real
Durante la mañana de este viernes, 19 de abril, se registran enfrentamientos y disturbios entre uniformados de la Policía de Bogotá y un grupo de al menos 30 motociclistas en la calle 80, con carrera 68, norte de Bogotá.
Taylor Swift lanzó este viernes "The Tortured Poets Department", su decimoprimer disco de estudio con el que promete volver a sacudir el universo pop."Todo vale en el amor y la poesía... Nuevo álbum THE TORTURED POETS DEPARTMENT. Ya disponible", señaló Swift en su cuenta de Instagram durante la madrugada.Dos horas más tarde, reveló a sus fans una "sorpresa: The Tortured Poets Department es un álbum DOBLE secreto"."En los últimos dos años había escrito tanta poesía torturada y quería compartirla con ustedes, así que aquí está la segunda entrega de TTPD: The Antology" (La Antología), escribió. Son "15 canciones adicionales. Ahora esta historia dejar de ser mía... es toda de ustedes".Swift había anunciado que lanzaría un nuevo disco en febrero, durante la ceremonia de los Grammy en la que conquistó por cuarta vez el premio de álbum del año.Y con este nuevo álbum, la cantante de 34 años, que inició su carrera en el country, apuesta por conquistar un quinto premio a disco del año.Desde que fijó la fecha de lanzamiento su legión de fans viene especulando sobre el contenido de las canciones, los artistas invitados y otras pistas. En Instagram, Swift lo describe como "una antología de nuevas obras que reflejan acontecimientos, opiniones y sentimientos de un momento fugaz y fatalista, sensacional y doloroso a partes iguales" de un capítulo "cerrado y clausurado" de su vida."Una vez que hemos contado nuestra historia más triste, podemos liberarnos de ella. Y entonces lo único que queda es la poesía torturada", afirma.Los fans habían relacionado el título del disco (en español "Departamento de los Poetas Torturados") con su ex, el actor británico Joe Alwyn, con quien estuvo desde 2016 hasta el año pasado.Alwyn ("La Favorita") y su colega Paul Mescal ("Normal People") revelaron en 2022 que tenían un chat grupal titulado "The Tortured Man Club" (El Club del Hombre Torturado).Entre los títulos de las canciones figuran "Down Bad", "So Long, London", "I Can Fix Him (No Really I Can)" y "The Smallest Man Who Ever Lived."Post Malone y Florence + The Machine participan en las canciones "Fortnight" y "Florida!!!", respectivamente.Letras sobre sus exSwift ha inspirado numerosas canciones en sus exnovios, incluidos John Mayer y Jake Gyllenhaal. Su actual pareja, el jugador de fútbol americano Travis Kelce, ha elogiado el nuevo disco."He oído una parte, sí, y es increíble", dijo Kelce a la prensa en febrero.Con el nuevo disco, Swift puede volver a sacudir la industria pop tras un año colmado de récords.Según varias estimaciones, su gira mundial "The Eras Tour" va camino a convertirse en la serie de conciertos más taquillera de la historia de la música, con réditos de más de 1.000 millones de dólares.Y al ganar el Grammy por cuarta vez, se consagró como la artista con más premios a disco del año, superando a Frank Sinatra, Stevie Wonder y Paul Simon.Con un patrimonio neto estimado en 1.100 millones de dólares, Swift también se convirtió en la primera artista -hombre o mujer- que ha superado el umbral de las diez cifras gracias únicamente a los ingresos procedentes de su música.Después de Beyonce y antes de Billie EilishNacida en Pensilvania en diciembre de 1989, Swift empezó a escribir canciones profesionalmente en su adolescencia, en la escena country.Tras una disputa pública con su sello Big Machine, y cuando ya había migrado para el género pop, tomó la decisión de regrabar por completo sus primeros seis discos, para recuperar los derechos sobre el material.La jugada valió la pena, ya que deleitó a sus antiguos fans, se granjeó muchos nuevos y se ganó un mayor respeto en la industria.Ahora se espera que con "The Tortured Poets Department" vuelva a dar que hablar, aunque deberá enfrentar la competencia de figuras como Beyoncé y Billie Eilish en la próxima temporada de premios.Beyoncé volvió a mover las estructuras con su lanzamiento a fines de marzo de "Cowboy Carter", su álbum de inspiración country.Las semanas que separan ambos lanzamientos, sin embargo, dan la chance a las dos megaestrellas de saborear el éxito en las listas.Eilish, joven artista multipremiada, lanzará su tercer disco, "Hit Me Hard and Soft", el 17 de mayo.Pese a la aparente competencia, estas tres exitosas figuras del pop han dejado claro que lo único que les importa es hacer música.Componer para el nuevo álbum "me hizo recordar por qué escribir canciones es algo que me mueve en la vida", le dijo Swift a sus fans en un concierto reciente."Nunca tuve un álbum en el que precisara tanto escribir canciones como en este", afirmó.Le puede interesar:
La Fiscalía acusó formalmente al mayor Carlos Andrés Correa y a los patrulleros Jhon Fredy Correa y Diana Canizales por las presuntas interceptaciones ilegales que habrían realizado estos uniformados, a quien era la niñera de la hija de Laura Sarabia, Marelbys Meza.De acuerdo a la información y pruebas recopiladas por el ente acusador, estos policías habrían intentado camuflar en el marco de otras investigaciones relacionadas con el actuar delictivo del Clan del Golfo el número de Marelbys Meza para poder acceder a sus conversaciones.Según la fiscal Cindy Hernández, el oficial y suboficial engañaron a un fiscal y un juez de Quibdó para acceder a esas conversaciones.“Se puede afirmar con probabilidad de verdad que el capitán Carlos Correa y el patrullero John Freddy Morales, que como ya se indicó son servidores públicos vinculados a la Dijín indujeron en error al fiscal 191 para obtener orden de interceptación”, indicó la fiscal Cindy Hernández.Los policías irán a juicio por los delitos de falsedad ideológica en documento público y fraude procesal, penas que están entre los 5 a 12 años de prisión.Este no es el único proceso relacionado con Marelbys Meza, actualmente otros tres policías, entre esos el exjefe de protección de la presidencia, coronel Carlos Feria, y sus subalternos, van camino a un juicio por la práctica irregular del polígrafo a la exniñera Marelbys Meza.
Los líderes del cartel de Sinaloa (México) y de los comandos de frontera de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se encuentran dentro de la lista de "objetivos militares de grupos terroristas" publicada por el Gobierno de Ecuador como parte del "conflicto armado interno" que tiene declarado contra las bandas del crimen organizado.La Presidencia de Ecuador difundió en la madrugada de este viernes un listado con nombres y fotos de los principales líderes de grupos del crimen organizado transnacional cuya actividad ilícita, principalmente ligada con el narcotráfico, tiene incidencia en territorio ecuatoriano.Como objetivos de máxima importancia figuran Ismael 'El Mayo' Zambada, considerado el heredero de Joaquín 'El Chapo' Guzmán dentro del cartel de Sinaloa, y también Giovanny Andrés Rojas ('Araña'), del que se presume que está a cargo de los comandos fronterizos de la Segunda Marquetalia, la mayor disidencia de las FARC.Con la difusión de esta lista se constata el vínculo que ejerce Ecuador dentro de las rutas del narcotráfico como país de conexión entre la producción de cocaína en Colombia con los carteles de México que se encargan de hacerla llegar hasta Estados Unidos.Dentro de esa relación funcionan en Ecuador un conjunto de bandas criminales ecuatorianas, a las que las autoridades las consideran las principales causantes de la ola de violencia que vive el país y que ha hecho que sea de los primeros en homicidios en Latinoamérica, al rondar los 45 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2023.Entre los capos criminales de Ecuador que figuran en esta lista está José Adolfo Macías ('Fito'), considerado el líder de Los Choneros, la banda criminal más grande y antigua que opera en el país, y que se encuentra prófugo desde inicios de año, cuando se fugó de la cárcel donde cumplía una pena de 34 años de cárcel por narcotráfico, delincuencia organizada y asesinato.También está en este listado Wilmer Chavarría ('Pipo'), que ejerce presuntamente de líder de Los Lobos, la principal competencia de Los Choneros, y de quien se especula que dirige esta organización criminal desde fuera de Ecuador.Asimismo, en el grupo de Los Lobos también se encuentra Carlos Angulo ('El Invisible'), al que la Policía ecuatoriana ha señalado como el presunto autor intelectual del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio el año pasado, cuyo crimen planificó supuestamente desde la cárcel.Entre ellos está igualmente Fabricio Colón Pico ('Capitán Pico'), presunto lugarteniente de Los Lobos que a inicios de año, durante la serie de motines simultáneos que se registraron, logró fugarse después de haber sido detenido con la denuncia de la fiscal general, Diana Salazar, de estar planificando un atentado contra ella.Con la declaración de "conflicto armado interno" por parte del presidente Daniel Noboa a princpios de enero, estas bandas criminales pasaron a ser consideradas como grupos terroristas y actores beligerantes no estatales a ser neutralizados por la Policía y las Fuerzas Armadas.