José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, criticó a través de su cuenta en Twitter el decreto sobre Ley de Amnistía del Gobierno. Para Vivanco, el decreto “no respeta el acuerdo de paz al suspender investigaciones sobre atrocidades”. El decreto recoge que serán los jueces ordinarios los encargados de hacer el trámite y se aplicará la amnistía para los guerrilleros a los "delitos políticos de rebelión, sedición, asonada, conspiración y seducción, usurpación y retención ilegal de mando y los delitos que son conexos", según reza el texto. Para acceder a ese beneficio jurídico, los miembros de las Farc deberán completar un acta en la que se comprometen a no volver a tomar las armas para "atacar al régimen constitucional y legal vigente". Además, aclara que la ley solo se aplicará para los delitos cometidos de la entrada en vigor del acuerdo final de paz, el pasado 1 de diciembre "previa solicitud escrita del interesado o de su apoderado ante la autoridad judicial competente, o de oficio por la misma". El texto también aclara que los trámites serán "preferentes sobre cualquier otro asunto de la oficina judicial". "Para los fines de esta norma se entenderá que la autoridad judicial competente lo es el fiscal delegado, el funcionario de conocimiento del régimen penal de adultos o del sistema penal para adolescentes, o el de ejecución de la pena, según el estado del proceso y de acuerdo con el estatuto de procedimiento penal aplicable", aclara. Además, la oficina del alto comisionado de paz revisará si los solicitantes de la amnistía pertenecen a las Farc. La Ley de Amnistía fue aprobada el pasado 28 de diciembre y recoge el perdón jurídico para todos los miembros de las Farc, excepto a los que hayan cometido delitos graves recogidos en el Estatuto de Roma, como los de lesa humanidad, abusos sexuales o reclutamiento de menores, entre otros. En ese sentido, John León, abogado de la coalición "Larga vida a las mariposas" comentó que el censo estimado que ellos tienen es de entre 3.500 y 4.000 personas que podrían beneficiarse de esa ley. Sin embargo, fuentes del Gobierno elevan esa cifra hasta 4.500 miembros de las Farc que están presos y que podrían beneficiarse. León, también comentó que el decreto supone "un blindaje adicional" a la Ley de Amnistía, ya que supone que el "procedimiento tendría que empezar a aplicarse". "Había un total desconocimiento de los operadores judiciales frente a aplicación de ley. Si bien algunos de sus contenidos son claros, nunca hubo instrucciones en el marco de la Fiscalía de la aplicación de la ley", aseguró. Con ese decreto, León espera que "haya más dudas" y que por tanto los operadores judiciales le den "fielmente cumplimiento" a la ley para que se pueda realizar el procedimiento con celeridad. Acerca del margen de diez días desde la radicación del acta hasta la liberación que recoge el decreto, comentó que "es un margen que da manera de que se cumpla". El decreto también recoge que será el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) el que traslade a los presos que sean beneficiados de la amnistía a las zonas veredales transitorias de normalización (ZVTN) donde se están reuniendo los guerrilleros como paso previo a la dejación de armas. En ese sentido, León destacó que ese traslado por el Inpec "genera inquietud y zozobra", pero aseguró que parten "de la buena fe" y esperan que pueda realizarse lo antes posible. Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias: -Gobernación del Valle pedirá al Ministerio de Trasporte que intervenga de manera urgente en el contrato de las obras que se desarrollan en la de la doble calzada Buga - Buenaventura, debido a los retrasos que ha tenido el contratista para terminar los trabajos. -En el recinto del concejo de Medellín le rinden durante esta noche homenaje póstumo al patrullero Juan Carlos Herrera, asesinado en Villatina, un barrio al oriente de Medellín. -En la clínica de la Costa, en Barranquilla, murió uno de los últimos juglares vallenatos, 'el Chema' Martínez, luego de padecer graves quebrantos de salud y una depresión. -La Policía metropolitana de Neiva presentó el cartel de los diez delincuentes más buscados. Hasta cinco millones de pesos de recompensa ofrecen las autoridades por información que conduzca a la captura de estas personas.
“Valoramos que el proyecto de Ley de Amnistía presentado por las delegaciones de paz considere que las violaciones de derechos humanos deben ser excluidas de amnistías”, dice la misiva. Asimismo, dice que “preocupa que algunas disposiciones de dicho proyecto de ley puedan limitar la posibilidad de juzgar abusos, respecto de los cuales existe una obligación jurídica de asegurar justicia”. “En efecto, notamos que el proyecto de ley (a) hace referencia a figuras delictivas que no tienen un correlato explícito en el derecho colombiano; (b) utiliza categorías legales imprecisas y vagas que se prestan abusos; (c) sólo excluye explícitamente de amnistías a ciertos crímenes de guerra; y (d) invoca un estándar insuficiente sobre el delito de “reclutamiento de menores”, dice. Este es el texto completo de la carta: Washington, D.C., 25 de diciembre de 2016 Dr. Juan Manuel SantosPresidente de la República de ColombiaPresidencia de la RepúblicaPalacio de NariñoBogotá, D.C. – COLOMBIA De mi mayor consideración, Tengo el honor de dirigirme a S.E. para trasmitirle una serie de observaciones sobre el proyecto de Ley de Amnistía que el Congreso colombiano aprobaría la semana entrante. Valoramos que el proyecto de Ley de Amnistía presentado por las delegaciones de paz considere que las violaciones de derechos humanos deben ser excluidas de amnistías[[1]]. Estas, en cambio, serían investigadas, juzgadas y sancionadas por la Jurisdicción Especial para la Paz. Sin embargo, nos preocupa que algunas disposiciones de dicho proyecto de ley puedan limitar la posibilidad de juzgar abusos, respecto de los cuales existe una obligación jurídica de asegurar justicia. En efecto, notamos que el proyecto de ley (a) hace referencia a figuras delictivas que no tienen un correlato explícito en el derecho colombiano; (b) utiliza categorías legales imprecisas y vagas que se prestan abusos; (c) sólo excluye explícitamente de amnistías a ciertos crímenes de guerra; y (d) invoca un estándar insuficiente sobre el delito de “reclutamiento de menores”. También nos preocupa que el mecanismo de libertad condicional previsto en el proyecto de ley para agentes del Estado o combatientes de las FARC responsables de crímenes atroces no parece contener unas garantías básicas necesarias para asegurar que criminales de guerra no puedan eludir la justicia. Amnistías Como S.E. sabe, el proyecto de ley incluye varios tipos de amnistías de facto o de jure, a las cuales se les asignan distintos nombres[2]. Estas amnistías e indultos no están prohibidos por el derecho internacional, siempre que no se extiendan a violaciones de derechos humanos. El proyecto de ley señala que pretende cumplir con el derecho internacional y dispone que ninguna de estas amnistías se concederá a los responsables de una variedad de atrocidades de derechos humanos[3]. No obstante, la enumeración de esas atrocidades contiene ambigüedades que podrían permitir que las amnistías de jure o de facto beneficien a responsables de violaciones de derechos humanos, como se explica a continuación. (a) Falta de consistencia entre el proyecto legislativo y el derecho penal colombiano La lista de atrocidades por las cuales no podrán concederse amnistías incluye varias categorías legales que no tienen un correlato explícito en la legislación colombiana. Por ejemplo, el proyecto de ley menciona las “ejecuciones extrajudiciales”, pero el derecho colombiano no tipifica ningún delito bajo este nombre[4]. En Colombia, las ejecuciones extrajudiciales son juzgadas como “homicidio agravado” u “homicidio en persona protegida”, pero no hay ninguna disposición en el proyecto legislativo que confirme que las “ejecuciones extrajudiciales” incluyen a los delitos de “homicidio agravado” y “homicidio en persona protegida” previstos en el derecho colombiano, ni que estos delitos no puedan ser objeto de amnistía[5]. De manera similar, el proyecto se refiere a la “sustracción de menores”, aunque no existe el delito de “sustracción” de personas en el Código Penal de Colombia[6]. Tenemos presente que la Jurisdicción Especial llevará a cabo su “propia” calificación jurídica de las conductas, la cual “se basará en el Código Penal colombiano y/o en las normas de Derecho Internacional en materia de Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario o Derecho Penal Internacional”[7]. Sin embargo, para asegurar que estas incongruencias con el derecho colombiano no sean utilizadas indebidamente—por ejemplo, para amnistiar el homicidio de un civil—, la legislación de implementación debería aclarar cómo se definen cada una de las categorías legales que no tengan una contrapartida explícita en el derecho colombiano. (b) Categorías legales imprecisas La lista de atrocidades para las cuales no pueden concederse amnistías también incluye categorías del derecho penal internacional y derecho internacional humanitario cuyo alcance y significado en el marco de la Jurisdicción Especial deberían ser esclarecidos. Por ejemplo, categorías como “otras formas de violencia sexual” y “privación grave de la libertad” deben ser debidamente aclaradas[8]. Asimismo, el proyecto dispone que la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas podrá renunciar al ejercicio de la acción penal de los combatientes de las FARC que no hayan tenido una participación “determinante” en atrocidades[9]. El acuerdo de paz y el proyecto legislativo no contienen ninguna definición de lo que se entiende por “determinante”, ni brindan pautas de interpretación para asegurar que la definición utilizada sea acorde con el derecho internacional. Es necesario que la legislación clarifique este punto para garantizar que no se confieran amnistías a combatientes de la guerrilla que tienen una grave responsabilidad penal, pero que podría pretenderse que no tuvieron una participación “determinante” en los delitos. (c) Sólo los “graves” crímenes de guerra son excluidos La lista de atrocidades por las cuales no podrán otorgarse amnistías menciona los “graves crímenes de guerra”[10]. Otra disposición del proyecto de ley estipula que los “graves crímenes de guerra” constituyen violaciones del derecho internacional humanitario cuando son perpetradas de manera sistemática[11]. Este lenguaje parece emular erróneamente el del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, con la intención de establecer que sólo se excluirán de la amnistía aquellos delitos con mayores probabilidades de ser juzgados dentro de la competencia de la CPI[12]. No obstante, con esta disposición en el proyecto de ley podrían concederse amnistías a numerosos crímenes de guerra si los acusados demuestran que estos no se cometieron de manera sistemática. Sin embargo, la obligación de Colombia de investigar y perseguir penalmente crímenes de guerra no es igual a la competencia restringida de la CPI, sino que se extiende a todos los crímenes de guerra, sean o no sistemáticos. (d) Estándar inadecuado sobre “reclutamiento de menores” La lista de atrocidades por las cuales no podrán concederse amnistías menciona el “reclutamiento de menores conforme a lo establecido en el Estatuto de Roma”[13]. Conforme al Estatuto de Roma, el crimen de guerra de reclutamiento de menores se define como el reclutamiento de niños menores de 15 años. No obstante, Colombia es parte del Protocolo Facultativo sobre la participación de los niños en los conflictos armados de la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño, que prohíbe el reclutamiento de menores de 18 años, y el derecho colombiano define al reclutamiento de menores como el de cualquier persona de menos de 18 años[14]. Aunque el reclutamiento de menores de entre 15 y 17 años no constituya un crimen de guerra, la Jurisdicción Especial debería investigar el reclutamiento de todos los menores, de conformidad con el derecho colombiano, lo cual garantiza de forma más adecuada los derechos de las víctimas. Libertad condicional (a) Agentes del Estado Como S.E. sabe, el proyecto legislativo establece beneficios para agentes del estado que se encuentren detenidos por su presunta participación en violaciones de derechos humanos. Según lo estipulado en el proyecto, quienes ya hayan cumplido al menos 5 años de detención por violaciones de derechos humanos y se comprometan a confesar sus crímenes en el futuro podrán beneficiarse de la libertad condicional hasta que sean investigados penalmente por la Jurisdicción Especial[15]. Quienes todavía no hayan cumplido 5 años de detención serían detenidos en unidades militares[16]. El Ministerio de Defensa Nacional calcula que más de 1.000 agentes de la fuerza pública podrían salir de inmediato en libertad condicional, y más de 900 serían trasladados a unidades militares[17]. El proyecto prevé que los directores de establecimientos penitenciarios ejercerán la “supervisión” de los agentes del Estado beneficiados con la libertad condicional, hasta que la Jurisdicción Especial determine su situación jurídica[18]. Esta es una decisión curiosa, dado que, en el derecho colombiano, son los jueces —y no las autoridades penitenciarias— los responsables de vigilar a las personas bajo libertad condicional[19]. Nos preocupa que los directores de los centros penitenciarios no tengan los conocimientos técnicos, las capacidades o incluso las potestades legales adecuadas para efectuar una supervisión seria de las personas bajo libertad condicional. También nos preocupa que el mecanismo de libertad condicional creado por el proyecto de ley carezca de dos garantías básicas establecidas en el derecho colombiano: conforme al proyecto de ley, no existe una entidad con la potestad de exigir que el acusado pague una caución o comparezca periódicamente ante un juez[20]. Estas exigencias están establecidas en el derecho colombiano. Sin embargo, el proyecto legislativo dispone que los acusados solamente deberán informar cambios de residencia, pedir autorización para salir del país y comparecer ante la Jurisdicción Especial, una vez que esta entre a funcionar[21]. Asimismo, el proyecto no establece de forma clara que la libertad condicional será revocada si el acusado comete nuevos delitos —una condición que sí está prevista en la legislación vigente en Colombia[22]. El proyecto dispone que los acusados deberán comprometerse a la “no repetición”, pero no aclara si eso alude a los delitos que presuntamente ya han cometido o si también se extiende a otros crímenes. Además, el proyecto legislativo parece sugerir que el compromiso de “no repetición” recién operará cuando esté funcionando la Jurisdicción Especial[23]. Por otra parte, no es claro quiénes estarían a cargo de revocar la libertad condicional si el acusado incumple sus obligaciones establecidas en el proyecto legislativo, ni qué procedimientos se seguirían para ello. Aunque el proyecto establece un procedimiento para conferir la libertad condicional, que incluye la participación del Ministerio de Defensa, el Secretario Ejecutivo de la Jurisdicción Especial y jueces ordinarios, solamente dispone que esta “se” revocará cuando el acusado incumpla sus obligaciones[24]. Por último, el proyecto no aclara si el tiempo en libertad condicional se computará como tiempo de pena cumplido. Si bien el proyecto no se pronuncia sobre este punto, conforme al derecho colombiano el tiempo en libertad condicional normalmente se calcula como tiempo cumplido a efectos de la pena[25]. Si no se realizan aclaraciones en este sentido, la Ley de Amnistía podría menoscabar aún más la credibilidad de las sanciones previstas para quienes confiesen crímenes de guerra en la Jurisdicción Especial, y permitiría que cumplan tan sólo unos pocos años en condiciones de restricción de la libertad. (b) Guerrilleros de las FARC El proyecto legislativo también estipula que los combatientes de las FARC responsables de crímenes de guerra obtendrán la libertad condicional hasta que sean juzgados en la Jurisdicción Especial[26]. Este mecanismo también carece de algunas de las garantías básicas del derecho colombiano. Al igual que el régimen creado para agentes del Estado, el régimen previsto para las guerrillas no establece que la libertad condicional será revocada si el acusado comete nuevos delitos[27]. El proyecto tampoco aclara si el tiempo de libertad condicional que cumplan los guerrilleros se contará para el cálculo de las penas que se impongan por sus crímenes de guerra, lo cual podría permitirles acortar aún más sus penas, socavando la credibilidad de las sanciones establecidas en la Jurisdicción Especial. Por otra parte, el proyecto no establece que se revocará la libertad de quienes incumplan los requisitos previstos en la ley. El proyecto dispone que un juez “verificará” que el acusado cumpla con los términos de la libertad condicional y que estos podrán ser “monitoreados a través de sistemas de vigilancia electrónica o de cualquier otro”, pero no especifica cuál será la consecuencia en caso de incumplimiento, ni cómo se impondrá[28]. Sr. Presidente, compartimos estas inquietudes con la esperanza de que su gobierno utilice la legislación de implementación para garantizar que el proceso de paz se construya a partir del respeto de los derechos de las víctimas de los crímenes atroces cometidos tanto por las FARC como por agentes del estado. Su gobierno debe asegurar que el proceso de paz no se use indebidamente para limitar la posibilidad de que los responsables de atrocidades enfrenten una justicia genuina por sus crímenes, como ocurrió con el reciente ajuste unilateral a la definición de “responsabilidad de mando” para agentes del estado. Es importante destacar que los agentes del estado responsables de abusos no son parte de las negociaciones de paz y las concesiones que se les hagan son innecesarias para alcanzar la paz en el país. Si su gobierno cede ante las presiones militares y permite que aquellos que han violado derechos humanos se aprovechen del acuerdo de paz para eludir la justicia, mancillará este proceso y los esfuerzos que S.E. ha realizado para que este sea posible. En este sentido, destacamos con la mayor preocupación las recientes expresiones del Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, sobre que la Fiscalía “llevará a la Jurisdicción Especial para la Paz a todos los agentes que hayan cometido delitos dentro de los llamados falsos positivos” para lo cual la Fiscalía estaría preparando informes. Pareciera que el actual Fiscal General de la Nación está ignorando su deber de garantizar el avance de las etapas procesales previstas en la legislación ordinaria para la investigación penal de agentes del estado responsables de atrocidades, lo cual sería una abierta contradicción a la legislación vigente en Colombia y representaría una virtual denegación de justicia para las víctimas. Aprovecho la ocasión para expresarle los sentimientos de mi más alta consideración y estima. José Miguel VivancoHuman Rights Watch
José Manuel Vivanco, director para las américas de Human Rigth Watch, señaló que con la muerte de Fidel Castro no se presentarán cambios significativos en Cuba, y que este hecho solo significa el cierre de un ciclo en la historia de ese país. “Fue una figura muy importante en el Siglo XX y ha generado, hasta el día de su muerte, una enorme controversia. Lo pintan como un héroe y para la derecha es exactamente lo contrario, el enemigo número uno del capitalismo”, dijo Vivanco. “Creo que Fidel pasará a la historia como un caudillo, como un líder político que acumuló todo el poder en sus manos, que gobernó Cuba durante varias décadas con una mano represiva muy dura un régimen que negó sistemáticamente la existencia de los derechos básicos y las necesidades primarias”, agregó. Vivanco señaló que el padre de la revolución aunque generó progresos en materia de alfabetización y acceso a un sistema de salud, pero provocó graves deficiencias en materia de libertades públicas y Derechos Humanos. “Con la muerte de Fidel no veo cambios significativos en cuba, Raúl Castro ha mantenido su mandato en 8 años, ha habido algunas mejorías, pero los cambios no son realmente sustanciales y existe aún en Cuba un régimen político que impide el ejercicio de libertades y derechos básicos”, dijo Vivanco. Frente a lo que viene para las relaciones entre Cuba y Estados Unidos tras la muerte de Castro y la elección de Donald Trump, Vivanco aseguró que la idea del nuevo presidente de los Estados Unidos de echar para atrás los avances logrados entre los gobiernos de Obama y Castro, seguirá fortaleciendo el aislamiento de la isla ante el mundo. “Esa política que ha sido impuesta desde Washington es la que le ha permitido a régimen expresarse como una víctima a nivel global de la persecución de Estados Unidos, ha sido muy difícil para democracias latinoamericanas o europeas exigir un cambio”, señala Vivanco. “Si Trump decide revertir la política diplomática de Washington hacia Cuba o ir más lejos en este ámbito, creo que volvemos a esa vieja reacción, al viejo modelo donde desde Washington le impone a Cuba una política de aislamiento donde Cuba se presenta como víctima y el resto de democracias no se atreven a mover un dedo para exigir lo contrario (…)Trump no va a tener los grados de racionalidad de Obama”, dijo el director de HRW. Por último señaló que “para que en Cuba se produzcan progresos se requiere de una presión global, internacional y multilateral que le permita a la comunidad internacional exigir a ese régimen elecciones libres, libertad de expresión, como en cualquier otro sitio en América latina”.
El director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, felicitó al presidente Juan Manuel Santos por el nuevo acuerdo de paz alcanzado con las Farc, que consideró "mejor que el original". En una carta, Vivanco opinó que el nuevo acuerdo que Santos y las Farc firmarán este jueves en Bogotá "contiene lenguaje que permitiría corregir mucho más fácilmente al menos dos de las disposiciones más problemáticas" del texto original, rechazado por el pueblo colombiano en referendo. Una de esos cambios aborda la responsabilidad de los mandos en crímenes cometidos por sus subalternos y que en virtud del acuerdo original hubiese permitido que comandantes guerrilleros y también de las Fuerzas Armadas salieran impunes al argumentar desconocimiento de actos concretos. En el nuevo texto, en consonancia con el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI), se establece la responsabilidad de los mandos en su capacidad de prevenir, reprimir o castigar una conducta de sus subalternos. Vivanco también reconoció que el nuevo acuerdo "brinda un poco más de claridad" sobre las restricciones de libertad establecidas para guerrilleros de las FARC que confiesen los delitos cometidos, algo que en el texto original no aparecía. En contraposición a los aspectos que Vivanco consideró positivos del nuevo acuerdo, criticó que el texto aún contemple que los guerrilleros de las FARC con condenas puedan presentarse o ejercer cargos públicos mientras se encuentren cumpliendo sus sanciones. "Creemos que el nuevo acuerdo es mejor que el original en los aspectos mencionados, pero que aún deben tomarse importantes medidas adicionales para garantizar que no permita que criminales de guerra confesos eludan cualquier castigo genuino por sus delitos" defendió Vivanco en su misiva. El director para las Américas de HRW propuso que esas medidas adicionales en materia de responsabilidad del mando, restricción de las libertades y participación política se incluyan en la legislación de implementación de los acuerdos. "Si la legislación de implementación aborda los aspectos mencionados (...) Colombia habrá creado un mecanismo que puede ofrecerle un mínimo de justicia a las víctimas de abusos cometidos por las FARC", señaló. Human Rights Watch fue una de las pocas voces internacionales que se opuso al primer acuerdo de paz firmado entre el Gobierno colombiano y las FARC. EFE
El secretario general de la OEA calificó de grave el hecho de que se niegue a los ciudadanos ejercer el derecho al voto. Mientras tanto, la organización Human Rights Watch (HRW) exhortó a los países de la Organización de Estados Americanos (OEA) a ejercer presión sobre el gobierno venezolano para que permita ayuda internacional que alivie lo que considera una "crisis humanitaria". El director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, pidió a los países de la región la implementación de la Carta Democrática Interamericana para que "se le exija a Venezuela correcciones y que permita la canalización de lo que podría ser una asistencia internacional para aliviar el flagelo que representa la crisis humanitaria". "No hay más tiempo que perder", agregó Vivanco en una rueda de prensa en Washington, al presentar un informe de Human Rights Watch que detalla un agravamiento en la escasez de medicinas y alimentos y una arremetida del gobierno contra quienes la denuncian. Para Vivanco, "la única opción viable es a la brevedad posible convocar a una reunión en la OEA de los Estados miembros, bajo el liderazgo de su actual secretario general, Luis Almagro, y dentro del marco de la carta democrática para tomar medidas concretas y drásticas".
El director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, destacó el Premio Nobel de Paz otorgado al presidente Juan Manuel Santos y aseguró que este tipo de noticias son bastante alentadores para el momento que vive el país. “A mí me parece que es una excelente noticia, creo que Santos se lo merece, indudablemente se lo merece, qué duda cabe que ha hecho unos esfuerzos sobrehumanos para avanzar con esa negociación”, dijo Vivanco. Así mismo, se refirió al más reciente comunicado conjunto emitido por el Gobierno y las Farc desde Cuba, en el que señalaron estar dispuestas a atender las diferentes sugerencias de quienes se mostraron en contra del acuerdo de paz. “Estamos en un punto crítico, no es fácil, muy delicado, pero donde todo apuntaría a un fortalecimiento de ese acuerdo de justicia para que incorpore los estándares básicos en materia de derechos humanos que lamentablemente no fueron incorporados en la negociación con las Farc”, agregó el director de Human Rights Watch. Sobre la comunicación enviada al presidente Santos desde su oficina, Vivanco aseguró que lo que buscan es que se pueda diseñar un mecanismo que cumpla con los estándares básicos de la privación de la libertad, y aseguró que utilizaron un “lenguaje constructivo”, como mecanismo propositivo al Gobierno en busca de esta solución. “Se puede buscar algún mecanismo que de acuerdo a estándares internacionales que suponga la reclusión de estas personas dentro de unos límites claramente establecidos y unas características que, si bien no son los de una cárcel, que cumplan con los principios básicos de lo que es privación de la libertad”, dijo Vivanco.
El director de Human Rights Watch (HRW) para América Latina, José Miguel Vivanco, expresó en una carta al presidente Juan Manuel Santos, sus reservas en el apartado de justicia del acuerdo de paz, un pacto que celebró no obstante como una "extraordinaria oportunidad". En la carta, firmada en Washington a 23 de septiembre pero enviada hoy a los medios, Vivanco agradece a Santos la invitación a la ceremonia de la firma del acuerdo de paz que tendrá lugar el lunes en la ciudad colombiana de Cartagena y le comunica que lamenta "profundamente" no poder acudir. "Habría sido un gran honor poder presenciar una ceremonia de enorme importancia para el futuro de Colombia. La firma del acuerdo de paz debería significar el fin de un sangriento capítulo de conflicto armado y representar una extraordinaria oportunidad para la vigencia de los derechos fundamentales en el país", afirma. Vivanco le recuerda a Santos que tanto él como su organización siguen teniendo "serias reservas sobre el componente de justicia de este proceso de paz, así como de la extensión de los beneficios acordados en La Habana a agentes del Estado responsables de atrocidades". "Quisiera aprovechar esta misiva para instar a S.E. a que la legislación de implementación que se presentará en el Congreso, luego de la aprobación del plebiscito del 2 de octubre, busque limitar los defectos del acuerdo de justicia alcanzado el 15 de diciembre pasado", pide. "También esperamos que la Corte Constitucional, que ha cumplido un rol central en la salvaguarda de derechos y libertades, corrija los principales defectos del acuerdo de justicia", agrega. Vivanco, que ya había expresado anteriormente sus críticas a estos puntos del acuerdo de paz, le pide a Santos "que la legislación de implementación" debe establecer "de forma clara que criminales de guerra y de lesa humanidad no podrán participar en política o ejercer cargos públicos, por lo menos, hasta que hayan cumplido las sanciones impuestas por la Jurisdicción Especial para la Paz". Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias: -Blu Radio habló con una de las víctimas de las Farc quien asistirá a la firma del acuerdo final este 26 de septiembre en Cartagena y aseguró que ha perdonado a sus victimarios. Desde Cartagena. -Comenzó la suspensión de contratos a unos mil trabajadores de la Gran Colombia Gold, como consecuencia del paro minero en Antioquia. La multinacional indicó que por esta situación se podrían generar pérdidas diarias por 6 mil millones de pesos. -Dos personas perdieron la vida y una quedó herida luego de que se presentara un Alud de tierra en Mina Seca, municipio de Tadó, en el Chocó. -Al menos 8 heridos, entre ellos un niño de 3 años son el resultado de un tiroteo en Baltimore, Estados Unidos. Las autoridades indican que no hay nadie en estado crítico -La policía de Charlotte en los Estados Unidos dio a conocer este sábado imágenes del incidente en el cual un afroamericano fue abatido por las fuerzas de seguridad el martes pasado, un hecho que desencadenó una ola de protestas en esta ciudad. -Son los 45 civiles que murieron este sábado Siria por cuenta de una lluvia de bombas lanzada por las fuerzas del gobierno de ese país y su aliado ruso, tras otro fracaso en las negociaciones entre Washington y Moscú sobre una tregua al fuego. -En un comunicado conjunto, los ministros de Exteriores de Alemania, Estados Unidos, Francia, Italia, Reino Unido y la Unión Europea pidieron a Rusia demostrar su voluntad de salvar el alto el fuego en Siria.
“El sancionar y castigar a criminales de guerra confesos con penas de servicio a la comunidad es una sanción grotescamente desproporcionada. Aquí lo que hay es impunidad”, dijo. Agregó que eso hace “simplemente mostrar una especie de fachada de justicia en nombre de la paz”. Vivanco dijo que cree qu para la Corte Penal Internacional el hecho de que existan penas y sanciones creíbles es importante: “Es importante, no solo la privación de la libertad, sino también que el régimen que se ha construido también cuente con la fortaleza para tomarlas en serio”. En ese sentido, el representante de HRW expresó que castigar con sanciones a los responsables de delitos de lesa humanidad viola los principios más elementales de justicia.
"Venezuela está regido por un régimen cívico militar", aseveró en la capital argentina el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, durante la presentación a la prensa de un informe sobre la situación de los disidentes políticos en ese país. El documento, construido a partir de testimonios de familiares, abogados y víctimas, revela que desde mayo de este año se han producido al menos 21 detenciones "arbitrarias" de disidentes políticos por parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y la Guardia Nacional. Según Vivanco, los detenidos denunciaron abusos, torturas y tratos "crueles e inhumanos" como intentos de violación, amenazas de muerte, asfixia con bolsas de plástico, descargas eléctricas o golpes "brutales" por parte de las fuerzas de inteligencia "sin respeto al debido proceso", que luego "no son investigados". El objetivo es "castigarlos" e "intimidarlos" para arrancarles confesiones y que se autoinculpen de delitos "que no han cometido", agregó antes de destacar que normalmente se les imputan cargos basados en documentación "ilícita" o escasas pruebas como panfletos contrarios al Gobierno. De estos 21, la mayoría activistas detenidos en manifestaciones, nueve continúan en cárceles de máxima seguridad en situación de "indefensión total" y quienes sí han sido liberados permanecen "vinculados" a una investigación penal. Esta circunstancia es la misma a la que se enfrenta el resto de disidentes políticos que pasaron por la cárcel durante los últimos años en Venezuela, sobre todo desde las protestas de febrero de 2014 que, según el director de HRW para América, dejaron un saldo de unos 3.000 detenidos. Entre quienes no lograron acceder aún a la libertad se encuentra el líder opositor Leopoldo López, quien lleva dos años en una prisión militar "sin evidencias" por "capricho" del Gobierno de Nicolás Maduro, que, a su juicio, lo tiene "secuestrado". "La regla en Venezuela es la impunidad total y la arbitrariedad", aseguró Vivanco, quien también criticó la "sistematicidad" con la que los agentes del Estado cometen estas violaciones de derechos humanos, así como el grado "enorme" de concentración de poder que existe y que impide que funcione un poder judicial independiente que sea capaz de "prevenir y sancionar" las agresiones. Asimismo, presentó otro informe de HRW en el que se asegura que "centenares" de empleados públicos han sido despedidos por haber firmado en favor del referéndum revocatorio de Maduro sin que se les haya explicado los motivos y, en casi todas las ocasiones, a través de una carta con un mensaje idéntico. Vivanco denunció la "inconsistencia" de la actitud del Gobierno venezolano, que "anuncia diálogo con la oposición a nivel internacional" mientras a nivel interno "se empecina en el amedrentamiento". Para él, todos estos abusos "deben y pueden" confrontarse por parte de la comunidad internacional si se ejerce una "presión enérgica" a través de la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos (OEA). Por eso destacó que aunque el presidente argentino, Mauricio Macri, con el que se reunió el pasado lunes, tiene una visión "muy crítica" ante la falta de respeto de los derechos humanos en Venezuela, es necesario que se respalde activamente este mecanismo para revertir una situación que, consideró, "está empeorando". Vivanco señaló que la postura de la canciller Susana Malcorra es la de defender el entendimiento entre la oposición y Maduro, algo que a su juicio no es suficiente tras el informe presentado hoy. "Creo que es un argumento sólido para evaluar si el diálogo ha arrojado algún elemento positivo" y aunque aseguró que no tiene objeción en que este se produzca, consideró que debe ir "apoyado" en la invocación de la Carta.
Reyes responde que tales afirmaciones “no tienen ningún fundamento distinto al de evadir la discusión judicial que realmente se debe dar”. (Lea también: Santos es inepto e incapaz; el país se le salió de las manos: Óscar I. Zuluaga) “Frente a cualquier decisión de la justicia hay en general dos opciones: o entra uno a la institucionalidad y hace uso de las herramientas legales que consagra nuestra Constitución para defenderse, o evade la discusión y se dedica a atacar la institucionalidad, que es lo que en este caso se ha hecho”. En este sentido, añade que el mensaje del Centro Democrático a la ciudadanía es “que al que no le guste la administración de justicia, libremente puede optar por apartarse de ella. Eso es una invitación a la anarquía, particularmente sorprendente viniendo de una persona que aspiró a liderar los destinos de Colombia”. El ministro fue enfático al afirmar que “ni en este ni en ningún caso” el Gobierno fue consultado por la Fiscalía. “El Gobierno es respetuoso de las decisiones de la Fiscalía, jueces y cortes (…). No me parece que sea inevitable hacer una relación entre Fiscalía y Ejecutivo, no veo ninguna razón válida para hacerla”. Reyes reiteró que “la justicia actúa con absoluta objetividad e independencia. Si hay cuestionamientos sobre una decisión judicial, lo que le corresponde a cualquier ciudadano es acatar las decisiones de la justicia y acudir a los canales institucionales para defenderse (…). Insisto, pésimo mensaje decirle a la gente que cuando no le guste una decisión judicial no la acate”. Respecto a la veeduría internacional propuesta por el presidente Juan Manuel Santos para el proceso de Santiago Uribe, reveló que José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, manifestó que esta ONG estaría en capacidad de realizar ese tipo de seguimiento pero “en este caso concreto, tratándose de la administración de justicia en Colombia, no veía ninguna necesidad de hacerlo porque confiaba absolutamente en la independencia y funcionamiento de la justicia en Colombia”. Por otro lado, el director del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, afirmó que su colectividad considera que no es “coincidencia la decisión contra Santiago Uribe justo cuando el expresidente Uribe estaba en el exterior denunciando ante organismos judiciales la situación que vive Colombia”. El excandidato presidencial dijo también que la “persecución de la Fiscalía es clara y el hecho que Santos pida veeduría internacional demuestra que no hay garantías en los procesos, por ejemplo el caso de Plazas Vega que tuvo que esperar ocho años para demostrar su inocencia”.
Del escritor y director John Krasinski, Ryan Reynoldses el encargado de darle vida a una historia infantil apta para cualquier público. La cinta narra que los amigos imaginarios sí son reales si realmente un niño cree que es posible eso.Cailey Fleming interpreta a ‘Bea’, una niña que está pasando por el proceso de la pubertad que se niega en creer que aún es pequeña, además atraviesa un momento difícil porque su papá no está bien del todo en temas de salud.Blu Radio estuvo presente en la premier exclusiva de prensa por parte de Paramount y sin duda la cinta toca las fibras de la nostalgia. Aquellos que alguna vez vieron la popular serie animada de Cartoon Network de ‘Mansión Foster para amigos imaginarios’ podrán encontrar ciertas similitudes y es que cada ‘Ami’ tiene su propia esencia lo que la da un mayor protagonismo a los sentimientos.Las risas y la reflexión son parte de los momentos argumentales de la cinta, del proceso de ser un adulto que aún guarda muy dentro de sí algo de niño. Además, Ryan Reynolds no defrauda y John Krasinski menos, ambos le aportan un carisma importante a la película al mantener su esencia actoral con risas de adultos que mantiene una felicidad infantil.De principio a fin la cinta entretiene a cualquier que se tome el tiempo de verla; incluso, llega al corazón de aquellos que aún guardan memorias del pasado y que les cuesta dejar salir por miedos, problemas o parte del crecimiento.Desde este 16 de mayo la película está disponible en los diversos cines de Colombia. Sin duda es una oportunidad para verla con amigos, familia e incluso pareja, los personajes y sus propias historias hará que los asistentes pasen un momento especial en las casi dos horas que tiene de duración la película.
Avanza la 'Corsa Rosa' con grandes emociones. Desde las 9:00 de la mañana de este viernes, 17 de mayo, se correrá la etapa 13 del Giro de Italia 2024 que será crucial para los colombianos que avanzan en la general con el objetivo de hacerse un lugar en el podio y por qué no quedarse con la 'Maglia Rosa'.Vea EN VIVO gratis y online el Giro de Italia 2024Etapa 13: recorrido y detalles de este viernesLa decimotercera etapa será de 179 kilómetros que estará hecha en especial para velocistas. En el tramo entre Emilia y Romaña habrá un perfil completo de llanura para que los esprintes saquen todo su potencial para poder quedarse con el podio de esta etapa del Giro.Partirán desde Riccione hasta Cento. Por fortuna, solo tendrá una elevación en el puente del río Reno que es en la última parte del tramo de esta etapa 13. Los minutos serán claves para crecer en la clasificación de la carrera y las aspiraciones de los ciclistas que están en esta edición de la 'Maglia Rosa'.Giro de Italia: así está la clasificación generalPosiciónCiclistaEquipoTiempo1Tadej PogacarUAD45:22:352Daniel Felipe Martínez PovedaBOHa 00:02:403Geraint Howell ThomasIGDa 00:02:564Ben O'ConnorDATa 00:03:395Antonio TiberiTBVa 00:04:276Romain BardetDSMa 00:04:577Lorenzo FortunatoAQDa 00:05:198Filippo ZanaJAYa 00:05:239Einer Augusto RubioMOVa 00:05:2810Thymen ArensmanIGDa 00:05:52Así terminó la etapa 12 del Giro 2024Julian Alaphilippe, del Soudal Quick-Step, se quedó con la duodécima etapa del Giro de Italia. El francés culminó con 30 segundos de ventaja sobre sus perseguidores, logrando su gran capacidad. El ciclista galo aceleró en los últimos kilómetros alzando los brazos en solitario tras 4 horas y 7 minutos de competencia.Tras un inicio frenético con varios intentos de fuga, dos grupos de perseguidores lograron consolidarse y distanciarse del pelotón. Entre ellos se encontraba Pogacar, quien, en una decisión estratégica, cedió el protagonismo y optó por conservar fuerzas para las etapas venideras.
Cada días más colombianos incursionan en el mundo de las apuestas online, en especial a través del deporte, como el fútbol que se ha convertido en una actividad muy practicada por miles de personas. En 2023, la industria alcanzó una cifra de 77.3 billones de pesos, mostrando un crecimiento notable.Según Evert Montero Cárdenas, presidente de Fecoljuegos, el fútbol se mantiene como el deporte rey en las apuestas, seguido por baloncesto, tenis, béisbol, hockey y tenis de mesa. A pesar de la ausencia de eventos de gran magnitud como el Mundial de Fútbol en 2023, las apuestas en línea han experimentado un crecimiento constante, evidenciando la afición del público colombiano por este tipo de entretenimiento.El auge del sector de juegos de azar en Colombia, impulsado por la inversión y el esfuerzo de los empresarios, ha generado un impacto positivo en la salud del país. En 2023, los juegos localizados (casinos y bingos) aportaron 86.000 millones de pesos al sector salud, mientras que los juegos operados por internet contribuyeron con 77.000 millones. Estas cifras reflejan un crecimiento del 24% en el recaudo para la salud durante el primer trimestre de ese mismo año.Fecoljuegos, la Federación Colombiana de Juegos de Azar, hace un llamado a los usuarios a adoptar prácticas responsables en el disfrute de los juegos de azar. La entidad enfatiza que la principal motivación debe ser la diversión y el entretenimiento, no la obtención de ganancias económicas.
Estos fueron los temas tratados este jueves, 16 de mayo, Blu 4.0:La posible prohibición del uso de celulares en colegios de Bogotá ha generado controversia en algunos padres de familia y estudiantes, uso excesivo de dispositivos, falta de concentración, que alcance tiene esta medida? Camilo Camargo, rector del colegio Los Nogales en Bogotá y Nicolás Torres, consultor de las TIC, hicieron parte de un debate relacionado con el uso de celulares en estudiantes de colegios de la capital del país.La suplantacion de identidad sigue cogiendo fuerza, conozca algunos consejos de expertos para evitar que se hagan pasar por usted y salga afectado.Para más detalles escuche el programa completo de Blu 4.0:
Mañanas Blu con Néstor Morales es el programa radial informativo y de opinión que se transmite de lunes a viernes de 6:00 a.m. a 10:30 a.m. en Blu Radio 89.9 FM. El programa es conducido por el periodista Néstor Morales, junto a un equipo de columnistas y analistas como Felipe Zuleta, Héctor Riveros, María Camila Orozco, Alberto Lineros, y muchos más. Vea aquí en vivo Mañanas Blu del viernes, 17 de mayo de 2024: ¿Qué puede encontrar en Mañanas Blu?Análisis completo de la actualidad: El programa ofrece una cobertura en profundidad de las noticias más importantes de Colombia y el mundo, con entrevistas a expertos, políticos y figuras públicas.Debate: Los conductores y panelistas del programa abordan temas controvertidos y generan debates sobre diversos temas de interés público.Opinión informada: Columnistas y analistas ofrecen sus perspectivas sobre la actualidad, brindando a los oyentes diferentes ángulos para comprender los hechos.Blu Radio emite en Bogotá por la frecuencia 89.9 FM.