El 2 de diciembre del 2020, el Congreso en pleno eligió a los siete magistrados que integran la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, órgano de regulación disciplinaria de jueces, abogados y fiscales en el país, entre ellos estaba el exgobernador de Boyacá, Juan Carlos Granados.El 13 de enero del 2021, en Casa de Nariño, el presidente Iván Duque tomó juramento de Juan Carlos Granados y los otros miembros de la comisión como magistrados de este alto tribunal.Para el 12 de enero, la Corte Suprema de Justicia fijó la fecha para que Granados compareciera luego de una citación del pasado mes de agosto del 2020, pero este argumentó que el tribunal no era el competente al ser elegido como magistrado.A finales del mes de enero de 2021 un ciudadano llamado Carlos Mario Cárdenas Fonseca presentó una denuncia en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, la cual tuvo que ser tramitada por su presidente."En la Comisión de Acusación fue radicada una denuncia por un ciudadano en contra del dr. Juan Carlos Granados Becerra, con base en eso, por medio de la Comisión se pidió traslado de la misma a Fiscalía, Procuraduría y Contraloría. La Fiscalía respondió que había una serie de procesos en contra de los siete magistrados que conforman la sala de Disciplina Judicial y la Comisión de Acusación, y solicitó entonces el traslado de todos los procesos que es el trámite que se debe dar en estos casos", indicó Carlos Cuenca, en diálogo con BLU Radio.Este miércoles, la Corte Suprema de Justicia determinó que la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes deberá continuar con la investigación contra el magistrado Juan Carlos Granados por su presunta responsabilidad al recibir supuestamente dineros de la multinacional Odebrecht, cuando se desempeñaba como gobernador de Boyacá.El traslado del expediente se realizará en los próximos días y, una vez llegue la documentación, el presidente de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, Carlos Cuenca, tendrá que realizar un reparto ante los 16 integrantes.Una vez sea repartido el proceso, el representante investigador tendrá que emitir un auto evocando conocimiento del caso.Posteriormente, el congresista tendrá que realizar una lectura de todo el proceso y, si es necesario, expedir autos con el fin de escuchar nuevos testimonios, documentos, entre otros.El exgobernador es investigado por delitos de interés indebido en la celebración de contratos, concierto para delinquir y tráfico de influencias.La Comisión tendrá que determinar ahora si lo acusa o absuelve. En caso de que así fuera y el Senado aceptara dicha acusación, el proceso sería enviado nuevamente a la Corte Suprema para que adelante el juicio.
La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, deberá continuar la investigación contra el magistrado de la Comisión de Disciplina Judicial Juan Carlos Granados por su presunta responsabilidad al recibir supuestamente dineros de Odebrecht, cuando se desempeñaba como gobernador de Boyacá.Así lo determinó la Corte Suprema de Justicia al remitir a esa corporación el expediente que se adelantaba contra Granados Becerra, por la presunta comisión de los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, concierto para delinquir y tráfico de influencias de servidor público, presuntamente cometidas cuando se desempeñó en el 2012 como gobernador de Boyacá.La determinación fue tomada tras la solicitud hecha el pasado 4 de febrero de 2021 por el presidente de la comisión, el representante Carlos Alberto Cuenca Chaux de Cambio Radical, partido al que pertenece el mismo Granados Becerra, en la que reclamaba esa competencia por el fuero que como magistrado ahora ostenta.
Un nuevo aplazamiento de la audiencia de acusación ha sido presentado por la defensa del magistrado de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, recientemente elegida, Juan Carlos Granados Becerra.Granados debía comparecer este miércoles 3 de febrero a las 8:30 de la mañana ante la Sala Especial de Juzgamiento de la Corte Suprema de Justicia por hechos relacionados con el escándalo de corrupción de la multinacional Odebrecht.Adujo la defensa no estar preparada para la diligencia por haber designado recientemente un nuevo abogado, quien no ha tenido el tiempo necesario para realizar un análisis de la actuación, petición ante la cual la magistratura debió acceder por hacer parte del derecho de defensa disponer de tiempo y medios razonables para afrontar el proceso.En una anterior oportunidad esta audiencia debió ser aplazada por solicitud del propio inculpado, quien justificó no contar con abogado defensor en esa ocasión.Al momento se está a la espera de fijar nueva fecha para la audiencia.
Juan Carlos Granados, excontralor de Bogotá, quien fue nombrado como magistrado de la Comisión Nacional de Disciplina y es cuestionado en el escándalo el caso Odebrecht, aseguró que cuenta con las condiciones éticas para cualquier cargo y desestimó los señalamientos. Además, negó que esté dilatando el proceso y sostuvo que se encuentra "cómodo" en la Corte Suprema que lo juzga. "No es cierto de ninguna manera, la audiencia se suspendió a propósito de la necesidad y el derecho de tener una defensa técnica de confianza, pero a los que dicen que era con el propósito de evadir la Corte Suprema, quiero recordar que esa sala, incluso uno de esos magistrados, ya resolvió y decidió sobre estos hechos y dijo que no había delito. Yo no puedo sentirme más cómodo en otro lado", declaró. Granados cuestionó las afirmaciones del testigo en su casa y negó que haya favorecido a Odebrecht. "Quien me acusa es un testigo que está siendo procesado por falso testimonio, condenado en el carrusel de la contratación en Bogotá y condenado por Odebrecht. El que dice que sabe cómo fueron los actos de corrupción de Hidroituango, el que dice cómo fueron los actos de corrupción en los actos de estudio del metro que contrató el señor exalcalde Gustavo Petro", declaró Granados. "Ese testigo dice que yo favorecí a Odebrecht en contratación y resulta que Odebrecht nunca contató con la Gobernación de Boyacá ni ninguna entidad en la que he estado. Entonces, ¿cómo podía favorecer con contratos a alguien que nunca he contratado?", añadió. "Licité 117 contratos de vías durante mi gobernación, en los cuales en ninguno participó Odebrecht", aseveró. "Fui el mejor alcalde del país, tengo condiciones éticas para cualquier cargo", complementó. De acuerdo con el exjefe del órgano de control fiscal de Bogotá, las acusaciones en su contra se deben a una reunión con funcionarios en un lugar público, pero nadie ha cuestionado el caso del 'Petrovideo'. "A mí se me cuestionó porque estaba en un restaurante público con unos funcionarios del Estado, que cumplen cabalmente sus funciones y nadie ha criticado una reunión a escondidas, con plata sobre la mesa, con un señor que está siendo perseguido por la Interpol. Y el otro señor es senador. Es que tienen que tener equilibrio con relación a los cuestionamientos", aseguró. Escuche al excontralor de Bogotá, Juan Carlos Granados, en entrevista con Mañanas BLU:
Luego de ser elegido magistrado de la Comisión de Disciplina Judicial, la Procuraduría confirmó que citó a versión libre al exgobernador de Boyacá Juan Carlos Granados.En el caso específico de la Procuraduría, la investigación se abrió por presuntos favorecimientos a Odebrecht para la construcción de la vía Duitama – San Gil y la ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Salitre.El Ministerio Público informó que tiene evidencias probatorias que podrían comprometer disciplinariamente a Granados por haber influido para que terceros se beneficiaran con la contratación y que se valió de su condición de gobernador y de presidente de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca.Por esta razón, la Procuraduría decidió citarlo a una versión libre el próximo jueves 10 de diciembre para que responda por estos señalamientos.De otro lado, Granados iba a ser acusado este lunes por la Fiscalía ante la Corte Suprema de Justicia por los mismos hechos, pero la audiencia se aplazó debido a que el exgobernador cambió de abogado y pidió tiempo para poder comparecer ante el alto tribunal con otro apoderado.
La Casa de Nariño explicó por qué el Gobierno terminó ternando a Juan Carlos Granados, excontralor de Bogotá, para el cargo de magistrado de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, quien será acusado por la Fiscalía ante la Sala de Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, por el escándalo Odebrecht.Aseguran desde Palacio que la comisión conformada para verificar las hojas de vida de los aspirantes al cargo de magistrado de la comisión fue integrada por funcionarios de Presidencia y de Función Pública, los cuales revisaron los antecedentes penales, fiscales y disciplinarios de todos los candidatos inscritos y en el caso particular de Juan Carlos Granados no encontró antecedentes inscritos que legalmente impidieran su aspiración.Al verificar la convocatoria hecha para presentar las hojas de vida que inició el pasado 4 de octubre, se observa que 222 candidatos se inscribieron y los requisitos fueron los siguientes: “Los requisitos del cargo son: Ser colombiano de nacimiento y ciudadano en ejercicio. No haber sido condenado por sentencia judicial a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos”.Por esta razón, Casa de Nariño asegura que su dictamen, que finalmente fue ternar a Granados, se fundamentó en la verificación documental de los antecedentes en los cuales no figura, dice Casa de Nariño ninguna sanción ni condena penal, disciplinaria o fiscal .
El próximo lunes, a las 8:30 de la mañana, el excontralor de Bogotá Juan Carlos Granados será acusado por la Fiscalía ante la Sala de Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, por el escándalo Odebrecht.Fue en noviembre del 2018, dos años atrás, que la Fiscalía imputó cargos a Granados por los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y tráfico de influencia de servidor público, por dos hechos que lo relacionan con Odebrecht.El primero en el 2011 cuando, supuestamente, la multinacional le dio a Granados 200 millones de pesos para financiar su campaña a la Gobernación de Boyacá a través del exsenador Plinio Olano. A cambio, supuestamente, el actual contralor se habría comprometido a otorgarles el proyecto de concesión vial de la ruta Duitama - Charalá – San Gil.Sin embargo, la obra no se le entregó a la multinacional porque esta consideró que no era viable financieramente, por lo que se comprometieron con otro negocio.El segundo hecho, según la Fiscalía, tiene que ver con una reunión en el apartamento de Granados en Bogotá, en la que participaron Plinio Olano, Federico Gaviria, Eleuberto Martorelli y el exdirector de la CAR Alfred Ballesteros.Según investigadores, la cita la hicieron buscando favorecer a la multinacional en la precalificación para que posteriormente se presentara y ganara la licitación para la ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Salitre.El compromiso de Granados fue apoyar dicha precalificación y entonces Odebrecht se comprometía a entregar un 3% del valor total del proyecto a los servidores públicos dentro de los que estaba el funcionario.Sin embargo, estalló el escándalo de la multinacional y la CAR no le adjudicó el contrato.Por estos dos sucesos, el excontralor deberá defender su supuesta inocencia en juicio.
Para nadie es un secreto la cercanía que tiene el contralor de Bogotá, Juan Carlos Granados, con el partido Cambio Radical. En 2006 fue elegido representante a la Cámara y, posteriormente, gobernador de Boyacá con aval de esa colectividad, que también fue clave en su elección en el organismo de control.Por lo anterior, llama la atención un mensaje publicado por el senador Rodrigo Lara (de Cambio Radical), pidiendo la renuncia de Granados, justo en medio de la pelea que está dando el funcionario para que sean embargados los recursos de reposición de gastos de campaña del excandidato presidencial Gustavo Petro.Le puede interesar: Es improcedente petición de embargo de reposición de votos de Petro: BancolombiaAunque no menciona directamente el caso de Petro, Lara señala al contralor de usar el cargo para una “persecución política” dos días después de que Granados pidiera al Consejo Nacional Electoral bloquear el dinero asignado al movimiento Colombia Humana para cubrir las multas que tiene pendientes el exalcalde de Bogotá con ese organismo de control.De hecho, el propio senador Petro replicó en su cuenta personal la publicación en la que Lara pide la renuncia de Granados. BLU Radio consultó a otros congresistas de Cambio Radical que se declararon en desacuerdo y consideraron la solicitud de Lara una “posición personal y no del partido”.
El contralor de Bogotá, en entrevista con Mañanas BLU, negó tener relación con el escándalo de corrupción de Odebrecht, aunque admitió haberse reunido en dos ocasiones con Federico Gaviria. “Yo lo conozco. Yo me reuní, nunca siendo candidato, siendo gobernador. Me reuní con él porque hacía el trámite de presentar a los señores jefes de esa empresa. Ellos se presentaban y decían que iban a participar de los procesos, que eran una empresa muy importante”, sostuvo Juan Carlos Granados. Vea también: Contralor de Bogotá confirma nuevas multas contra Petro por sistema de basuras El contralor del Distrito aseguró que sostuvo dos encuentros con Gaviria. La primera a la presentación de la compañía ante los gestores de infraestructura vial y la segunda porque la compañía buscaba llevar a cabo una alianza público privada. De acuerdo con Juan Carlos Granado, durante su paso por la Gobernación de Boyacá no se contrató con la multinacional inmersa en varios escándalos en Colombia y América Latina. De acuredo con los señalamientos, Granados recibió $ 200 millones de pesos y en contraprestación tenía que entregar la contratación pública a Odebrecht. “No es cierto. La Fiscalía aportó una planilla de ingresos a la casa del senador Plinio Olano el 26 de septiembre (...) y determinó que la Fiscalía que la manera para probar que Odebrecht podía entrar a ese conjunto era que entraba un señor que se llama Álvaro Castillo que supuestamente era el conductor de Odebrecht. Ese día tampoco ingresó”, indicó. “La historia me dio la razón y es que nunca Odebrecht contrató con la Gobernación”, agregó.
La fiscal del caso solicitó al magistrado del Tribunal Superior de Bogotá que envíe tras las rejas al contralor Juan Carlos Granados. La razón: que en libertad podría obstruir el proceso por el cargo de poder y sus altas conexiones. “Acceder a la información que emane y/o conozcan estas personas en virtud de labores investigativas que pretenda desplegar la Fiscalía. Incluso, la facultad de incidir en sus subordinados en razón al ejercicio del cargo, pues claramente estas personas han estado a su servicio”, dijo la delegada de la Fiscalía. Por su parte, el abogado de Granados, Dario Bazzani, cuestionó los cargos que le imputa la Fiscalía porque asegura que los contratos por los que se habría interesado indebidamente Odebrecht no se los adjudicaron. “Este es un caso de manipulación en contratación estatal donde no hubo contratación estatal, entonces no deja de ser extraño”, dijo. La Fiscalía lo acusa de dos hechos puntuales. El primero en el 2011 cuando la multinacional le dio a Granados 200 millones de pesos para financiar su campaña a la Gobernación de Boyacá a través del exsenador Plinio Olano. A cambio, supuestamente, el hoy contralor se habría comprometido a otorgarles el proyecto de concesión vial de la ruta Duitama-Charalá-San Gil. Vea aquí: Odebrecht quiere volver a trabajar en Colombia: representante de la compañía Y aunque no se le entregó la obra a la multinacional porque esta consideró que no era viable financieramente, se comprometieron con otro negocio. Y aquí entra el segundo supuesto negocio. Dice la Fiscalía que, posteriormente, hubo una reunión en el apartamento de Granados en Bogotá, en la que participaron Plinio Olano, Federico Gaviria, Eleuberto Martorelli y el exdirector de la CAR Alfred Ballesteros. La cita la hicieron buscando favorecer a la multinacional en la precalificación para que, posteriormente, se presentara y ganara la licitación para la ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Salitre. El compromiso de Granados fue apoyar dicha precalificación y entonces Odebrecht se comprometía a entregar un 3 % del valor total del proyecto a los servidores públicos dentro de los que estaba el funcionario. Sin embargo, estalló el escándalo de la multinacional y la CAR no le adjudicó el contrato.
Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Jhonatan Steven Villalobos Aguilón, alias 'Tom', y Yeiner Enrique Freyde Tolimán, alias 'Trenzas', señalados de integrar una red de apoyo de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc y de participar presuntamente en el atentado terrorista perpetrado contra el cantón militar Pichincha, en Cali ,Valle del Cauca, el pasado 24 de abril, ataque que dejó dos mujeres heridas y ocasionó cuantiosos daños materiales.De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, las evidencias recopiladas indican que alias 'Tom' habría adquirido por 20 millones de pesos la buseta escolar que posteriormente fue utilizada en el atentado. Según el ente acusador, además de realizar el trámite de traspaso del vehículo, lo habría puesto a disposición de otros integrantes de la organización para acondicionarlo con cilindros bomba que posteriormente fueron activados en las inmediaciones de la instalación militar.Por su parte, alias 'Trenzas' es investigado por, presuntamente, movilizarse en una motocicleta de su propiedad para alertar sobre la presencia de controles de la fuerza pública y facilitar el recorrido de la buseta hasta el lugar donde fueron detonados los artefactos explosivos improvisados.Los dos procesados fueron capturados durante diligencias de registro y allanamiento adelantadas de manera conjunta por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y unidades de la Policía Nacional en las comunas 3, 13 y 15 de Cali. Durante los operativos fueron incautadas varias bolsas con pentolita, teléfonos celulares, cordón detonante, cartillas y material impreso alusivo a las disidencias de las Farc, además de una motocicleta que haría parte de los elementos de prueba dentro de la investigación.Un fiscal especializado contra el Crimen Organizado imputó a los capturados, de acuerdo con su presunta participación individual, los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio en grado de tentativa, terrorismo, daño en bien ajeno y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.Durante las audiencias preliminares, ninguno de los dos procesados aceptó los cargos formulados por la Fiscalía. No obstante, el juez consideró procedente imponerles medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario mientras avanzan las investigaciones por su presunta participación en el atentado contra el Cantón Militar Pichincha de Cali.
El presidente electo, Abelardo De La Espriella, anunció este viernes el primer integrante de su gabinete ministerial. A través de sus redes sociales confirmó que Rodrigo Lara será el nuevo ministro del Interior, el primer nombre oficial de su equipo de gobierno.En la publicación, De La Espriella destacó la trayectoria política y profesional de Lara, a quien describió como "emprendedor, abogado, docente universitario, senador de la República, presidente de la Cámara de Representantes y zar anticorrupción". Además, resaltó que "nunca, a pesar de haber sido víctima de la violencia, dejó de trabajar por su patria", y aseguró que "nunca renunció a sus principios" ni dejó de legislar "para las madres, los estudiantes y los pacientes que esperaban una oportunidad".El mandatario electo también exaltó que Rodrigo Lara "nunca ha dejado de combatir", en un mensaje con el que presentó oficialmente al dirigente político como el encargado de liderar el Ministerio del Interior durante el próximo cuatrienio.Con este anuncio comienza la conformación del gabinete del nuevo gobierno. Se espera que en el transcurso del día el presidente electo revele nuevos nombres de quienes asumirán las diferentes carteras ministeriales y tendrán la responsabilidad de ejecutar las principales políticas de su administración.¿Quién es Rodrigo Lara Restrepo?Con una trayectoria de más de dos décadas en el sector público y la academia, Rodrigo Lara es abogado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en el Instituto de Estudios Políticos de París y magíster de la Escuela Nacional de Administración de Francia (ENA). A lo largo de su carrera ha ocupado cargos estratégicos relacionados con la modernización del Estado, la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento institucional.En el ámbito gubernamental, se desempeñó como asesor externo del Ministerio del Interior en temas de ordenamiento territorial y como asesor del Alto Consejero Presidencial para la Acción Social. En 2006 fue designado director del Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, responsabilidad por la que fue reconocido como el "zar Anticorrupción" del Gobierno.Desde 2002 ha ejercido como docente e investigador de la Universidad Externado de Colombia, donde ha participado en estudios sobre reformas del Estado, fortalecimiento de los organismos de control y desarrollo de las entidades territoriales. Además, ha publicado diversos artículos especializados sobre control fiscal, regionalización, finanzas territoriales y los sistemas presidencial y parlamentario.En su carrera política, Lara asumió en abril de 2008 una curul en el Senado como vocero de Cambio Radical, en reemplazo de Germán Vargas Lleras. Posteriormente fue representante a la Cámara por Bogotá durante el periodo 2014-2018. En 2023, fue candidato a la Alcaldía de Bogotá.
La crisis financiera que enfrenta Canacol Energy comienza a generar preocupación en diferentes sectores económicos del país, luego de que una corte en Alberta (Canadá) autorizara, dentro del proceso de reestructuración de la compañía, la terminación anticipada de varios contratos de suministro de gas. La decisión, que aún deberá ser evaluada por la Superintendencia de Sociedades en Colombia, encendió las alarmas entre empresas e industrias que dependen del combustible para mantener sus operaciones.Una de las voces más preocupadas es la de Ricardo Gaviria, presidente de Cerro Matoso, quien advirtió en entrevista con Mañanas Blu que la continuidad de la operación de la mina de ferroníquel depende directamente del abastecimiento de gas natural y que una interrupción del suministro tendría consecuencias económicas y sociales de gran magnitud.Sin gas, Cerro Matoso tendría que detener su producciónDurante la entrevista, Gaviria fue enfático en señalar que el gas natural es un insumo indispensable para el funcionamiento de la planta industrial ubicada en Montelíbano, Córdoba."Nosotros sin gas simplemente no podemos operar y resulta que las líneas de producción se tendrían que parar. (...) La reparación de una línea sería alrededor de 450 mil millones de pesos y la otra costaría más o menos 770 mil millones de pesos", afirmó el directivo.Explicó que un eventual apagado de los hornos industriales provocaría daños irreversibles en los materiales refractarios, lo que obligaría a realizar millonarias reparaciones antes de reiniciar la producción.Además del impacto operativo, Gaviria advirtió que una suspensión de actividades pondría en riesgo el sustento de miles de familias."Somos más o menos 2.000 empleados entre directos e indirectos y alrededor de 50.000 personas dependen de la operación de Cerro Matoso en el territorio", sostuvo.La preocupación se extiende a toda la Costa CaribeEl presidente de Cerro Matoso señaló que la problemática trasciende el ámbito empresarial, pues una parte significativa del suministro de gas en la región Caribe depende de Canacol Energy.Según explicó, la eventual cancelación de contratos podría afectar tanto a grandes industrias como a usuarios residenciales, en un contexto en el que Colombia enfrenta una reducción en las reservas de gas y una creciente necesidad de importar este energético."No sería solo la demanda nuestra de Cerro Matoso, sino la demanda del 50% de las poblaciones de la Costa Caribe colombiana", indicó durante la entrevista.Esta situación se suma a las advertencias que han realizado empresas distribuidoras del servicio de gas natural sobre los riesgos que tendría una disminución en el abastecimiento nacional.Importar gas no sería una solución viableConsultado sobre posibles planes de contingencia, Gaviria reconoció que actualmente no existe una alternativa inmediata para reemplazar el suministro que entrega Canacol.Explicó que el país cuenta únicamente con una planta de regasificación en Cartagena y que depender completamente del gas importado elevaría considerablemente los costos de operación."Tendríamos que importarlo, pero además con unos costos altísimos que no harían la operación viable y sostenible desde el punto de vista financiero", aseguró.A esto se suma la limitada infraestructura disponible para atender un aumento significativo en la demanda de gas importado.Cerro Matoso apelará la decisión de la Corte canadienseEl directivo aclaró que la autorización otorgada por la Corte de Alberta no consiste en una suspensión temporal de los contratos, sino en la posibilidad de terminarlos anticipadamente, situación que considera mucho más delicada.Por ello anunció que la empresa ejercerá los recursos legales disponibles: "Tenemos 21 días para apelar este fallo y le vamos a solicitar a la Corte canadiense una segunda instancia con el fin de que se revoque esta decisión", explicó.Mientras se desarrolla ese proceso, Cerro Matoso espera que las autoridades colombianas intervengan dentro de sus competencias para proteger la estabilidad del sistema de suministro de gas.Llamado al Gobierno y a las autoridadesDurante la entrevista, Gaviria hizo un llamado a la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia de Servicios Públicos, la Agencia Nacional de Hidrocarburos y al Ministerio de Minas y Energía para buscar una solución que permita garantizar el abastecimiento.El directivo insistió en que una renegociación contractual es diferente a la cancelación unilateral de los acuerdos vigentes: "Tenemos que garantizar el ordenamiento jurídico y los derechos que se tienen ante estos contratos. Una cosa es renegociar un contrato y otra muy distinta es cancelarlo", manifestó.Asimismo, señaló que diferentes empresas consumidoras de gas han intentado dialogar con Canacol para encontrar mecanismos que ayuden a superar su crisis financiera sin afectar el cumplimiento de los contratos, aunque hasta ahora esas conversaciones no han prosperado.
Cambio Radical le hizo una solicitud tanto a la Procuraduría como a la Contraloría para que se conformen unos equipos de vigilancia y control en todas las entidades del Estado. La idea, según dicen desde esta colectividad, es hacer control a los recursos públicos durante la transición al nuevo gobierno."Con la llegada del nuevo Gobierno, cuyo mandato inicia el próximo 7 de agosto, resulta imperativo que los organismo de control del Estado ejerzan una y sin concesiones sobre los procesos contractuales que se adelanten o pretendan celebrarse en todas las entidades públicas del orden nacional y territorial", dice la carta del partido.Es importante recordar que el presidente electo Abelardo De La Espriella ya está conformando sus equipos de empalme. Desde Cambio Radical le piden a la Procuraduría y Contraloría que monitoreen en tiempo real los procesos de contratación e impidan la celebración de contratos que comprometan indebidamente el presupuesto público o afecten la capacidad de gestión del gobierno entrante."El Gobierno en curso ha demostrado, a lo largo de su periodo, que la contratación pública no ha sido respetada ni protegida; las adjudicaciones irregulares, la falta de transparencia en los procesos contractuales y el detrimento del patrimonio público ha sido una constante que compromete los recursos del Estado y lesiona gravemente los intereses de los colombianos", dice Cambio Radical.
La Corte Constitucional recibió para estudio una demanda presentada contra la Ley 2578 de 2026, norma que estableció el 9 de julio como día festivo nacional en homenaje a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Con este proceso, el alto tribunal deberá determinar si la creación del nuevo festivo es compatible con los principios establecidos en la Constitución Política.La acción fue presentada por el ciudadano Rodrigo Ospina Ortiz, quien sostiene que la ley desconoce el principio de neutralidad religiosa que debe regir al Estado colombiano. Según expuso en la demanda, declarar un día de descanso obligatorio para rendir homenaje exclusivamente a una figura central de la religión católica podría vulnerar el carácter laico de las instituciones públicas y el principio de igualdad frente a las distintas confesiones religiosas.Además de los reparos de carácter constitucional, el demandante planteó cuestionamientos relacionados con las consecuencias económicas de la medida. En su criterio, la creación de un nuevo día festivo implica efectos sobre la planeación institucional, la organización de los turnos laborales y el incremento de costos, tanto para las entidades públicas como para el sector privado.La Ley 2578 de 2026 convirtió oficialmente el 9 de julio en día festivo nacional en conmemoración de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, patrona de Colombia. En su contenido, la norma resalta la importancia histórica, cultural y religiosa de esta celebración, especialmente en el municipio de Chiquinquirá, en Boyacá, considerado uno de los principales centros de peregrinación del país.Con la demanda ya radicada, corresponderá ahora a la Corte Constitucional adelantar el estudio de fondo para establecer si la creación de este nuevo festivo se ajusta a los mandatos de la ley o, por el contrario, vulnera el principio de separación entre el Estado y las confesiones religiosas.Mientras se surte ese análisis constitucional y no exista una decisión definitiva del alto tribunal, la Ley 2578 de 2026 continúa vigente, por lo que el 9 de julio mantiene su condición de día festivo nacional en Colombia.