El Partido Liga de Gobernantes Anticorrupción ha desmentido categóricamente los rumores que circulan en redes sociales, donde se asegura que la organización política otorgará su aval a la precandidata presidencial Vicky Dávila.Camilo Larios, director de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, explicó que la información sobre el respaldo a Dávila carece de fundamento. "Es un rumor que ha circulado, pero no es cierto. Nosotros no hemos avanzado en temas de avales con la doctora Vicky Dávila. Ella misma ha manifestado públicamente que, si decide participar en las próximas elecciones presidenciales, lo hará bajo la modalidad de recolección de firmas, es decir, pagando pólizas y recogiendo firmas en todo el país", indicó. El Partido Liga de Gobernantes Anticorrupción también aclaró que están trabajando en la conformación de una coalición a nivel nacional con otros movimientos y partidos, denominada Alianza por la Libertad, la Moral y la Acción. En esta alianza participan diversos grupos políticos, entre ellos, Colombia Justas Libres, ASI, el Partido Demócrata, Colombia Renaciente, el ADA, Veteranos por Colombia, y otros, quienes están comprometidos en la construcción de una propuesta unitaria para las próximas elecciones.Finalmente, Larios subrayó que cualquier decisión relacionada con el apoyo a campañas o candidaturas será comunicada oportunamente al público cuando el partido lo considere adecuado.Lo cierto es que tales afirmaciones no son ciertas y cómo partido aún no han tomado ninguna decisión definitiva al respecto de apoyo de candidatos para las elecciones del 2026.El partido Liga de Gobernantes Anticorrupción fue creado por el excandidato presidencial, Rodolfo Hernández, quien falleció en 2024. Familiares y simpatizantes del exalcalde de Bucaramanga han tenido acercamientos con la precandidata presidencial Vicky Dávila. "Pero el partido Liga no", señalaron.
La Liga de Gobernantes Anticorrupción, partido político del excandidato presidencial Rodolfo Hernández, anunció que no cambiará de candidato para la Gobernación de Santander, pese a que el Consejo Nacional Electoral (CNE) revocó su candidatura el pasado jueves.Camilo Larios, director nacional del partido, dijo en entrevista con Mañanas Blu que la decisión del CNE es una “vulneración de los derechos políticos” de Hernández y que su partido acudirá a todas las instancias legales para defenderlo.“Cambiar el candidato sería aceptar la vulneración de los derechos políticos. No vamos a cambiar el candidato, nuestro candidato es Rodolfo Hernández, con el derecho que tiene a ser candidato a la Gobernación, que hoy le están quitando”, afirmó Larios.Larios señaló que una de las tres sanciones que pesan contra el exalcalde de Bucaramanga no es por corrupción, sino por “decirle corrupto a un funcionario”.“Son sanciones que a la procuradora le parecieron, y no le garantizó su derecho de defensa, le parecieron que debía atacar”, dijo Larios.La decisión del CNE ha sido criticada por varios sectores políticos, entre ellos el presidente Gustavo Petro, quien calificó la decisión como “politiquera”.¿Qué sigue para la candidatura de Hernández?El equipo jurídico de Hernández presentará un recurso de reposición ante el CNE, que es la primera instancia de la decisión. Si el recurso es negado, el partido acudirá a la Corte Suprema de Justicia, que es la última instancia.Hernández también presentó una acción de tutela ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que aún no ha emitido una decisión.Si el CNE ratifica su decisión, Hernández quedaría fuera de la contienda electoral para la Gobernación de Santander.
Con siete votos a favor y tres en contra, la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) determinó el fin del futuro político del excandidato presidencial Rodolfo Hernández, quien aspiraba a la Gobernación de Santander por su partido Liga de Gobernantes Anticorrupción.Los ocho magistrados y dos conjueces revocaron la inscripción de Hernández por estar inhabilitado al haber acumulado tres sanciones disciplinarias de la Procuraduría entre los años 2019 y 2023: una, por golpear a un concejal; otra más, por presunta persecución laboral a Wilson Motta, un funcionario de la Alcaldía, y la tercera por agredir verbalmente a un veedor ciudadano, todas cuando fue alcalde de Bucaramanga.Frente a esta decisión, Hernández podrá interponer recurso de reposición, el cuál deberá ser resuelto de dos a tres días. Aunque Hernández ya no podrá participar en las elecciones, su partido político sí lo podrá hacer, toda vez que la Registraduría Nacional del Estado Civil ya aceptó y validó una aspiración por tener personería jurídica, por lo que la agrupación podría posponer un nuevo candidato que participe en la jornada electoral del 29 de octubre.Cabe recordar que en octubre de 2022, Hernández había renunciado a su curul de senador, concedida por el estatuto de la oposición para poder inscribirse. “Es como si pusieran a Messi de portero. Yo no tengo talante para eso, a mí me gusta planear, estructurar, proyectar, ejecutar, ver las obras, pero allá no se ve nada, pura cháchara”, dijo el ingeniero Hernández cuando abandonó su curul en el Legislativo.
En el marco de los preparativos para las elecciones regionales del mes de octubre, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, lideró un encuentro con los dirigentes de los partidos de oposición para analizar sus preocupaciones sobre el estado de orden público en el país.El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, dijo: “Nuestro deber es darle garantías a todos los ciudadanos que están en el ejercicio democrático ahora que se acercan unas elecciones regionales. Con la fuerza pública, con la Policía, con la Unidad Nacional de Protección, todos los agentes del Estado, tenemos que brindarle seguridad en general a todos los colombianos, pero en particular a quien hace oposición”.Por su parte, desde la oposición, el llamado al Gobierno no solo es garantizar la seguridad y el orden, sino enviar un mensaje de respeto a las instituciones. “Le insistimos que necesitamos seguridad jurídica y seguridad física. Se aproximan las elecciones y en el partido Centro Democrático hoy tenemos 55 novedades de riesgo de seguridad tanto de la bancada de congresistas como de líderes políticos de nuestra colectividad que van a ser candidatos a las alcaldías, gobernaciones, concejos y asambleas. Necesitamos garantías para ejercer nuestra labor democrática, pero también le solicitamos al Gobierno nacional que respete a la oposición, a los partidos políticos y a los medios de comunicación”, señaló el representante del Centro Democrático Juan Espinal.En el encuentro participaron líderes del Movimiento Salvación Nacional, el partido Cambio Radical, el partido Centro Democrático y la Liga de Gobernantes Anticorrupción. Además, asistieron el director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez; el viceministro para las Políticas de Defensa y Seguridad, Rafael Alberto Lara; las Fuerzas Militares y de Policía, y directivas de la Misión de Observación Electoral (MOE).
La Convención Nacional del partido político de Rodolfo Hernández se realizó en Bucaramanga en total hermetismo el pasado 24 de marzo.El partido Liga de Gobernantes Anticorrupción público en redes sociales un comunicado donde da a conocer detalles de la reunión que se desarrolló en una oficina de la empresa constructora del excandidato presidencial.En el evento se contó con un delegado del Consejo Nacional Electoral que verificó que se cumpliera con lo estipulado por la ley en la convención convocada por Rodolfo Hernández.“Se realizaron las modificaciones estatutarias requeridas, se eligió como director nacional a Camilo Andrés Larios Álvarez, se ratificaron otros cargos y se establecieron reglas para la expedición de avales en las elecciones locales, de congreso y presidenciales”, dice el comunicado publicado en su cuenta de Twitter el excandidato presidencial Rodolfo Hernández.En redes sociales circula un video donde se observa a Rodolfo Hernández acompañado de una mujer que participó en la convención del partido Liga.El excandidato presidencial hizo el siguiente llamado a los jóvenes del país en el video:“Quiero saludarlos a que nos acompañe estamos vivos y coleando”.A la convención del partido de Rodolfo Hernández no asistieron los congresistas de la Liga Marelen Castillo, Erika Sánchez y Juan Manuel Cortés.La reunión fue convocada acatando el fallo del Consejo Nacional Electoral, CNE, como requisito indispensable para mantener la personería jurídica de la Liga.
Con la Resolución 006 de 2023 el partido Liga de Gobernantes Anticorrupción, en cabeza del exaspirante a la presidencia de Colombia Rodolfo Hernández, dio a conocer que realizará la primera convención nacional de partido el día 24 de marzo, de 2023, a partir de las 8:30 de la mañana Bucaramanga, en el Centro Comercial Cuarta Etapa con el propósito de discutir y tomar decisiones con respecto a la agenda del partido.El hecho generó la reacción de algunas personas, como el representante a la Cámara Juan Manuel Cortés, quien se eligió por La Liga, pero posteriormente ha tenido varios enfrentamientos con Hernández, y quien además hace poco dio a conocer públicamente que Rodolfo le había pedido que donara los recursos económicos de la reposición de votos para adecuaciones de la sede del partido.“La indelicadeza de no llamarnos a nosotros los congresistas a esa convención, pues deja mucho que decir. No sé cuál es el miedo que él tiene al invitarnos a nosotros. De igual manera quiero decir que no tenía ni idea de esa convocatoria. Entonces, pues cuando las cosas no se hacen bien, todo termina mal. Habían hecho una convención general a escondidas y ahorita supuestamente están invitando a todo el mundo, pero a mí no me han enviado ninguna invitación, no sé de nada de eso”, manifestó el representante Cortés.Por su parte, Marelen Castillo, formula vicepresidencial de Rodolfo Hernández, y actual Representante a la Cámara ha manifestado en varios escenarios públicos que no va a asistir a la convención del partido a pesar de que fue invitada a través de correo certificado.“Yo me pregunto cómo va a ser la entrega de los avales, por lo menos de Santander, eso va a ser un desorden terrible y, como él algún día lo dijo, le va a entregar los avales solo a los empresarios, a los que tengan con qué hacer campaña y entonces dónde están las personas humildes que estuvieron trabajando para la campaña de él, o sea no va a haber oportunidades, va a ser otra vez un partido a servicio a su familia”, agregó Cortés.Le puede interesar: 'Titulares Deportivos'
Admiten tutela interpuesta por la representante Marelen Castillo contra el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el partido Liga de Gobernantes Anticorrupción en la que, si el tribunal falla a su favor, el movimiento de Rodolfo Hernández perdería la representación legal del partido definitivamente al estar suspendido el acto que se la otorgaba.El Consejo Nacional Electoral lleva dos procesos contra el partido Liga de Gobernantes Anticorrupción: uno, que es presentado por el excandidato presidencial Rodolfo Hernández, en la que pide que se le reconozca la personaría jurídica y el otro es de la representante Marelen Castillo, en la que se solicita la invalidación de la asamblea fundacional del movimiento de Hernández alegando que la congresista no estuvo presente en dicha asamblea.“Con esta tutela, se busca es que el Consejo Nacional Electoral, por separado, tenga que tramitar las dos solicitudes. Mucho más si la solicitud de registro de la personaría jurídica del doctor Rodolfo se encuentra en instancias de reposición donde el Consejo Nacional Electoral por esa vía no puede pronunciarse sobre las solicitudes de Marelen”, explicó el abogado de Marelen Hernández, Pedro Felipe Gutiérrez.“Lo que busca es que se caiga la asamblea fundacional del partido de Rodolfo a fin de que se tenga que adelantar una nueva asamblea fundacional en la que ella pueda participar y obviamente se tenga que caer el reconocimiento de la personería que actualmente hay por parte del Consejo Nacional Electoral respecto a ese partido”, agregó el abogado electoral.La tutela fue aceptada por Tribunal Superior Distrito Judicial de Bogotá, por la magistrada Nubia Angela Burgos, luego de que el abogado de la congresista radicara la acción por la supuesta violación de los derechos fundamentales al debido proceso, petición que fue radicada el 17 de febrero de este año.En los próximos días, el CNE tendrá que pronunciarse frente a la tutela y resolver los requerimientos de Rodolfo Hernández y Marelen Castillo por separado.
El representante a la Cámara por Santander Juan Manuel Cortes Dueñas, y quien hiciera parte del grupo significativo de ciudadanos Liga de Gobernantes Anticorrupción del cual es líder Rodolfo Hernández, dio a conocer que a pesar de que los dineros de reposición de votos ya fueron entregados a los partidos, este no ha hecho la distribución de esos dineros.“El ingeniero me pidió que por favor le donara los recursos que me pertenecen a mí por ley, que se lo donara al partido, entonces yo digo, cuál partido, primero que todo no hay partido porque la personería jurídica está congelada. Segundo, un partido al cual no fui yo convocado, sabiendo que yo soy uno de los más antiguos de la Liga y nunca me tuvieron en cuenta para esa operación ni nada”, dijo Cortes Dueñas.Teniendo en cuenta lo anterior, el representante a la Cámara por Santander explicó que tuvo que interponer un derecho de petición a la Liga de Gobernantes Anticorrupción para saber con claridad qué ha pasado con los dineros que recibieron por reposición de votos, los cuales suman más de 1.100 millones de pesos.“El ingeniero es muy descarado escribirme, aparte de eso hace rato no hablaba con él y me escribe solo para pedirme plata, plata que me dice que, para remodelar la estructura, la oficina, que un poco de cosas, entonces yo digo será que la gente no conoce la oficina del ingeniero, una oficina que no necesita remodelación”, agregó Cortes.Así las cosas, Cortes le está preguntando en el derecho de petición a Rodolfo Hernández y a Socorro Oliveros, su esposa, la fecha exacta en la cual se realizará el pago de la reposición de gastos del porcentaje del cual es titular como representante a la Cámara electo por ese grupo significado de ciudadanos.Le puede interesar: 'El Camerino'
El Consejo Nacional Electoral (CNE) decidió mantener la suspensión a la Liga de Gobernantes Anticorrupción, el partido de Rodolfo Hernández, medida que se tomó tras la expulsión de varios de sus militantes como la actual representante a la Cámara y exfórmula presidencial, Marelen Castillo.La presidenta del organismo, Fabiola Márquez, decidió, además, en sala plena pedir el traslado de la ponencia para revisar a fondo la política de género dentro de la colectividad, específicamente por el caso de Marelen Castillo.Cabe recordar que el expediente, que ahora queda en manos de la presidenta del CNE, fue radicado por un grupo de abogados de la representante Castillo en el que se señaló que durante la asamblea fundacional del partido se tomaron decisiones de manera clandestina, en la que para ese entonces fórmula vicepresidencial de Hernández no fue convocada.Dicha denuncia se conoció después del escándalo desatado el pasado mes de octubre, cuando se conoció un audio en el que Castillo y Rodolfo Hernández discuten sobre un dinero que, al parecer, la representante habría recibido como sueldo durante la última campaña a la presidencia.Le puede interesar:
El Consejo Nacional Electoral (CNE) decidió en la tarde de este miércoles, 23 de noviembre, abrir investigación administrativa y formular pliego de cargos en contra del Grupo Significativo de Ciudadanos Liga de Gobernantes Anticorrupción, así como Rodolfo José Hernández Oliveros, Oscar Jahir Hernández Rugeles y Luisa Fernanda Olejua Pico, personas que avalaron de la candidatura presidencial del ingeniero Rodolfo Hernández.Según la resolución de la autoridad electoral, “por la presunta trasgresión al régimen de propaganda electoral contenido en el artículo 37 de la Ley 1475 de 2011, en el marco de las elecciones a la Presidencia de la República celebradas los días 29 de mayo y 19 de junio de 2022”.Es decir, el movimiento de Hernández habría presuntamente superado el número de vallas, cuñas radiales y espacios televisivos autorizados por el Consejo Nacional Electoral para el proceso electoral en el que el ingeniero Hernández resultó en segundo lugar con 10.580.399 votos.Rodolfo Hernández deberá pagar millonaria multa a bombero: ¿por qué?Se conoció otro fallo judicial en contra del excandidato presidencial Rodolfo Hernández, quien deberá pagar $45 millones de multa a favor del bombero Crystian Yohanny Pinzón y a su hija Carla Yaneth Pinzón, por los daños psicológicos y emocionales provocados tras haber afirmado que "los bomberos de Bucaramanga eran gordos y barrigones".El fallo del Juzgado Quinto Oral de Bucaramanga advierte que será la Alcaldía de Bucaramanga la que le debe pagar la fuerte suma de dinero a la familia del bombero Pinzón y luego cobrarle al exalcalde.Rodolfo Hernández, el 11 de marzo de 2019, cuando era alcalde de Bucaramanga, aseguró en una transmisión por Facebook Live que los bomberos de la ciudad "son gordos, barrigones, duermen todo el día, que no son capaces de subirse a un taburete y con sus ronquidos despiertan a los muertos del cementerio central".Escuche y siga el podcast Diagnóstico Criminal
La Corte Constitucional le puso límites a la forma en que el Gobierno podrá calcular los recursos de la salud para 2027. Mediante el Auto 1302 del 22 de septiembre de 2026, la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008, integrada por los magistrados Vladimir Fernández Andrade, Miguel Polo Rosero y presidida por Carlos Camargo Assis, fijó parámetros preventivos y obligatorios para determinar la Unidad de Pago por Capitación (UPC).Por un lado, el Ministerio de Salud deberá corregir las deficiencias de información que han sido utilizadas para calcular la UPC y demostrar técnicamente que el valor de la prima es suficiente para cubrir las necesidades del sistema. La Corte también reiteró que la UPC integral del régimen subsidiado deberá ser, como mínimo, equivalente al 95% de la UPC integral del régimen contributivo, mientras no exista evidencia técnica suficiente que justifique una diferencia mayor.Además, al definir la UPC correspondiente a 2027, el Ministerio de Salud tendrá que aplicar los parámetros establecidos por la Corte y comunicar oportunamente a Hacienda cuáles son las necesidades de financiación que técnicamente determine. La decisión busca que el cálculo de la prima parta de las necesidades reales que deben ser financiadas y que estas sean conocidas con anticipación por la cartera encargada de la programación presupuestal.La Corte también fijó una fecha concreta para que el Ministerio de Salud explique cómo realizó todo el proceso. A más tardar el 15 de enero de 2027, deberá entregar a la Sala de Seguimiento un informe consolidado con las medidas adoptadas y los resultados obtenidos en la definición de la UPC de ese año.Ese informe deberá ser detallado. La cartera de Salud tendrá que explicar la calidad de la información utilizada, anexar la metodología aplicada, justificar técnicamente por qué el valor establecido para la UPC es suficiente y presentar información sobre el proceso de participación adelantado. De esta manera, la Corte no solo exige conocer el resultado final, sino también las razones técnicas que llevaron al Gobierno a establecerlo.La responsabilidad también recae sobre el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. La Corte reiteró la orden impartida en el Auto 007 de 2025 y posteriormente en el Auto 2049 de 2025 para garantizar los recursos necesarios destinados al cumplimiento de las órdenes vigésima primera y vigésima segunda de la Sentencia T-760 de 2008.Hacienda deberá, además, adoptar dentro de sus competencias las medidas presupuestales y financieras necesarias para garantizar la disponibilidad y el giro oportuno de los recursos requeridos para financiar la UPC de 2027. Para hacerlo, deberá tomar como fundamento las necesidades de financiación que sean determinadas técnicamente por el Ministerio de Salud.La Corte justificó su intervención por el deterioro en el acceso oportuno y continuo a los servicios de salud. La Sala registró un 18% de aumento en las tutelas de salud entre 2024 y 2025, de 265.000 a cerca de 312.500, con una concesión aproximada del 74,3% de los amparos.El proceso de definición de la UPC de 2027 queda así sometido a una ruta precisa de información, sustentación técnica, financiación y rendición de cuentas ante la Sala.
La retractación de David Murcia Guzmán ante la Fiscalía, en la que aseguró que sus señalamientos contra el presidente Abelardo De La Espriella estuvieron precedidos por expectativas relacionadas con una eventual designación como gestor de paz y la posibilidad de recuperar su libertad, abrió un nuevo capítulo sobre el uso de esta figura durante el anterior Gobierno.El tema fue analizado este jueves en Mañanas Blu, donde el periodista Felipe Zuleta aseguró que el caso de Murcia no sería, según su versión, un hecho aislado. Zuleta afirmó que durante el Gobierno de Gustavo Petro también se habría producido una gestión ante integrantes de grupos paramilitares con un propósito político.Felipe Zuleta habla de una supuesta gestión ante paramilitaresAl referirse a la carta enviada por Murcia a la Fiscalía, Zuleta dijo que no le sorprendía la retractación y recordó que el exdirector de DMG había manifestado que le ofrecieron la posibilidad de ser gestor de paz. A partir de ese episodio, el periodista aseguró que tenía conocimiento de otro caso que, según él, guardaría similitudes: “Sí señor, el presidente Petro también en su momento mandó a dos altos funcionarios del Gobierno a reunirse con los paramilitares”, afirmó Zuleta.Según su relato, esas reuniones se habrían producido en el contexto de lo que denominó el “cierre de Ralito” o cierre de las conversaciones con los paramilitares. Zuleta aseguró que la misión encomendada a esos funcionarios habría sido convencer a integrantes de esos grupos, a cambio de “prebendas”, para que hablaran del entonces candidato presidencial Abelardo De La Espriella y del expresidente Álvaro Uribe.El periodista agregó que tiene documentación relacionada con lo que estaba contando, aunque decidió reservar los nombres de las personas que, según su versión, habrían participado en esas gestiones.La relación con la figura de gestor de pazMurcia, quien permanece recluido en la cárcel de Palogordo, en Girón, Santander, envió una carta de cuatro páginas a la Fiscalía 63 Local de la Unidad de Conciliación Preprocesal. En ella se retractó de los señalamientos que había formulado en febrero contra De La Espriella, quien en ese momento era candidato presidencial. En el documento, Murcia explicó que sus declaraciones estuvieron precedidas por expectativas que, según afirmó, le fueron planteadas desde sectores cercanos al Gobierno nacional anterior y que estaban relacionadas con una eventual vinculación como gestor de paz y con la posibilidad de recuperar su libertad.En Mañanas Blu se planteó precisamente la pregunta sobre quién habría ofrecido esa posibilidad a Murcia y bajo qué condiciones. El periodista Felipe Zuleta sostuvo que el episodio debía analizarse dentro de un contexto más amplio y volvió a referirse a las supuestas reuniones con paramilitares.También mencionó a Angie Rodríguez, quien, según se recordó durante el programa, había hablado anteriormente sobre reuniones y gestiones relacionadas con este asunto. Zuleta afirmó que Rodríguez no se habría prestado para realizar la gestión que, según su versión, se buscaba adelantar.Zuleta también mencionó a Salvatore MancusoDurante la conversación, Zuleta y los periodistas de Mañanas Blu también hicieron referencia a Salvatore Mancuso. En particular, se mencionó una retractación relacionada con señalamientos contra Álvaro Uribe y con hechos como las masacres de El Aro y La Granja. El argumento planteado durante el programa fue que estos episodios tendrían elementos en común con la discusión sobre las declaraciones de Murcia y las gestiones que supuestamente se habrían realizado para obtener determinados testimonios.Zuleta afirmó que, según su versión, una de las razones por las que el Gobierno habría cuestionado a Angie Rodríguez estaría relacionada con que los paramilitares no terminaron hablando en contra de quienes se buscaba señalar. En ese punto, además de De La Espriella y Uribe, mencionó al exvicepresidente Germán Vargas Lleras como otro de los nombres que, según su relato, habría estado dentro de ese contexto.La carta de David Murcia está ahora en manos de la FiscalíaLa revelación de Zuleta se produce después de que Murcia presentara formalmente su retractación ante la Fiscalía. En el documento, el condenado por el caso DMG negó varias de las afirmaciones que había realizado en febrero contra De La Espriella. Entre ellas, aseguró que los honorarios pagados al entonces abogado correspondían a los servicios jurídicos prestados y negó que este se hubiera apropiado indebidamente de dinero.También negó haber recibido de De La Espriella propuestas para entregar dinero a congresistas o funcionarios públicos con el propósito de influir en un trámite legislativo. Murcia igualmente se retractó de la afirmación relacionada con unos supuestos 5.000 millones de pesos y negó que el padre de De La Espriella hubiera recibido beneficios o un nombramiento como notario a cambio de que el abogado abandonara su defensa.El caso se originó después de que De La Espriella presentara una querella por las declaraciones de Murcia en una entrevista del 12 de febrero de 2026. Ahora, la Fiscalía deberá establecer qué ocurrió y determinar el alcance de las afirmaciones contenidas en la nueva versión de Murcia.Detalles en el siguiente video:
El Juzgado 25 con Función de Conocimiento absolvió a Nelsy Tirado Chacón y Hernando Barón Ayala, quienes habían sido señalados por la Fiscalía de presuntamente colaborar en las exigencias económicas realizadas a integrantes de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de la excongresista Tatiana Cabello Flórez Martínez.La investigación estaba relacionada con el proceso por el que la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó a Cabello a 144 meses y un día de prisión, equivalentes a 12 años, por el delito de concusión en modalidad continuada y en concurso homogéneo.De acuerdo con esa investigación, la entonces congresista habría solicitado mensualmente a integrantes de su UTL la devolución de un porcentaje de sus salarios. Las personas identificadas como víctimas fueron Luisa Fernanda Puerto Vela, Lina Marcela García Pinto, Daniela Salazar Puerto y Sonia Astrid Blanco Reyes.Sin embargo, al analizar la situación particular de Tirado Chacón y Barón Ayala, el Juzgado 25 de Conocimiento concluyó que las pruebas practicadas no permitían establecer que hubieran realizado actos de constreñimiento, inducción o solicitud de dinero.La juez explicó que las funciones desempeñadas por ambos eran de carácter “secundario, secretariales, conducción y mensajería” y que no se acreditó que hubieran utilizado esas labores para generar una relación de superioridad o doblegar la voluntad de alguna de las víctimas.El despacho también analizó las transferencias de dinero que aparecen en el expediente. Sobre los 670.000 pesos enviados a la cuenta de Nelsy Tirado y los giros realizados a Hernando Barón, la juez señaló que “la mera recepción de dinero no configura el delito de concusión”.Según la decisión, las pruebas mostraron que la instrucción relacionada con la devolución de dinero provenía de un tercero, identificado en el proceso como la jefa, y no de una solicitud directa realizada por los dos procesados. Por esa razón, el juzgado consideró que la recepción material de los recursos no era suficiente para configurar el delito.En el caso de Tirado Chacón, la juez señaló que nunca realizó una exigencia económica verbal o escrita. De acuerdo con el análisis del testimonio, la iniciativa de enviar el dinero habría surgido de Lina García a través de WhatsApp y Tirado se habría limitado a suministrar los datos de su cuenta bancaria como canal receptor.Además, la juez indicó que la testigo había reconocido que la instrucción inicial de entregar un porcentaje de su salario le fue comunicada por Luisa Fernanda Puerto y no por los procesados. Frente a Barón Ayala, sostuvo que la testigo manifestó que este nunca le realizó constreñimiento, inducción o solicitud económica.El despacho también cuestionó aspectos del testimonio de Puerto. La juez habló de “inconsistencias y contradicciones esenciales” y señaló que la defensa la confrontó con un documento físico firmado por ella el 17 de agosto de 2017, en el que manifestó haber recibido siempre un trato respetuoso y negó que se le hubiera solicitado dinero.La decisión también indicó que durante el juicio se evidenciaron variaciones en sus declaraciones sobre el grado de conocimiento que Hernando Barón habría tenido respecto del origen de los dineros.Tras conocer la absolución, la defensa de Barón Ayala, encabezada por el abogado Juan Manuel Castellanos, destacó el resultado del proceso y afirmó “es una decisión acertada en derecho porque la Fiscalía General de la Nación no probó, y no tenía cómo probar alguna responsabilidad en contra del señor Barón Ayala.Es decir, no existían elementos materiales probatorios contundentes en su momento. Yo creo que, aprovechando la coyuntura del país, sí es necesario apoyar en este momento al ministro de justicia, pues, en punto de la eliminación de una audiencia de imputación, y precisamente este es el caso, porque una imputación que se realizó sin un solo elemento material probatorio, pero que sí daña la vida, no solamente del procesado, sino de la familia”Por otro lado, rechazó el principio de oportunidad de Luisa Fernanda Puerto “Yo creo que la Fiscalía se equivocó al otorgar un principio de oportunidad a la señora Luisa Fernanda Puerto. Gracias a ese principio de oportunidad, y creo que así lo determina la juez en un primer momento, es que ella tenía que involucrar a inocentes. Como abogado, sí tengo que rechazar esas presiones indebidas que se hacen para buscar principios de oportunidad e involucrar a terceras personas o personas cercanas para obtener beneficios e irse impunes”.
¡Mucho cuidado! Autoridades en Medellín alertan a comerciantes por suplantación de funcionarios y cobros indebidos. Aseguran que ninguna persona puede cobrar dinero por agilizar procesos o realizar visitas.Sobre la alertaLa Alcaldía de Medellín lanzó una alerta dirigida a comerciantes, propietarios y administradores de establecimientos abiertos al público ante posibles casos de suplantación de servidores públicos y falsos inspectores sanitarios que estarían realizando cobros indebidos.Es por esta razón que la Administración Distrital recordó que ningún funcionario está autorizado para solicitar dinero o beneficios económicos a cambio de realizar visitas, entregar conceptos favorables o agilizar trámites.La subsecretaria Administrativa y Financiera de la Secretaría de Salud, María Rivera, indicó que la advertencia se relaciona con las labores de inspección, vigilancia y control sanitario que adelantan las autoridades en diferentes zonas de la ciudad.“En Medellín, hacemos un llamado a los comerciantes y propietarios de establecimientos abiertos al público, recuerden que ningún funcionario está autorizado para solicitar dinero, dádivas o beneficios económicos a cambio de visitas sanitarias, conceptos, trámites o para evitar medidas sanitarias”, dijo.Ante una visita, la recomendación de la Alcaldía de Medellín es que los comerciantes soliciten la identificación del funcionario y verifiquen su nombre, cargo y entidad. Además, pidió desconfiar de personas que prometan evitar sanciones o gestionar visitas a cambio de dinero.Las autoridades en la capital de Antioquia hizo un llamado a los comerciantes para mantenerse atentos frente a posibles intentos de engaño y verificar siempre la identidad de quienes se presenten como funcionarios encargados de realizar controles sanitarios.
Ya son 32 los cuerpos recuperados en el Cementerio Universal de Medellín, en un proceso humanitario realizado a nivel regional que, además, ha permitido hallar a más de 100 personas con vida y entregar más de 200 cuerpos recuperados a sus familias.Tras culminar su quinta fase de intervención en el Jardín Cementerio Universal de Medellín, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas recuperó 14 cuerpos de personas reportadas como desaparecidas, sumando un total de 32 recuperaciones en este camposanto desde el año 2020.Las labores recientes permitieron intervenir igual número de bóvedas en las galerías Mausoleo Municipal, Coonaltef, Ferroviarios y Aspenjudas.Este sitio de interés forense ha sido históricamente el principal punto de inhumación de cuerpos no identificados y no reclamados en la ciudad, albergando a víctimas de desaparición procedentes, tanto de zonas urbanas del Valle de Aburrá como de áreas rurales de Antioquia, incluidas personas en situación de vulnerabilidad, habitantes de calle y víctimas del conflicto armado vinculadas a los ríos Medellín, Porce y Cauca.“Históricamente, este sitio o este camposanto ha sido un epicentro para la inhumación de cuerpos de no solo el Valle de Aburrá, sino de todo noroccidente. A la fecha, en el marco de nuestra investigación humanitaria, ha realizado un total de cinco fases de intervención desde el 2020 a la fecha y hemos recuperado un total de 32 cuerpos”, aseveró.A nivel regional, la Unidad de Búsqueda registra un universo de más de 33.000 personas dadas por desaparecidas en el noroccidente del país que comprende los departamentos de Antioquia, Caldas y Chocó, apoyadas por 19 Planes Regionales y un registro de 9.712 personas buscadoras. En esta demarcación, la labor humanitaria ha permitido hallar a 122 personas con vida y recuperar 1.628 cuerpos, de los cuales 224 han sido entregados dignamente a sus familias.“Tenemos aproximadamente un universo de más de 33,000 personas dadas por desaparecidas. A la fecha hemos recuperado más de 1,600 cuerpos. Tenemos un resultado de 122 personas encontradas con vida y hemos realizado 124 entregas dignas”, puntualizó.En el panorama nacional, la entidad ha logrado ubicar un total de 5.721 cuerpos y a 633 personas con vida, consolidando procesos de investigación extrajudiciales que buscan dar respuesta a las familias que continúan buscando a sus seres queridos en el país.