En libertad quedaron los hermanos Jónatan Stiven y Jhon Alexánder Mejía Hurtado, señalados por la Fiscalía General de la Nación de haber ordenado el homicidio del líder social y estudiantil Lucas Villa Vásquez, durante las protestas sociales de mayo de 2021, en hechos ocurridos en el viaducto César Gaviria Trujillo, en Pereira.La jueza del caso explicó que no encontró pruebas suficientes para sustentar una sentencia condenatoria contra los procesados, razón por la cual emitió un fallo absolutorio.Contra los hermanos Mejía Hurtado avanzaba un proceso penal por los delitos de concierto para delinquir, porte ilegal de armas de fuego, intento de homicidio y homicidio, todos agravados.De acuerdo con la Fiscalía, los acusados —junto a un hermano menor— habrían tenido interés en usar la violencia para eliminar los bloqueos instalados durante las protestas en el viaducto que comunica a Pereira con Dosquebradas, ya que estas obstrucciones afectaban el transporte de estupefacientes de la llamada banda Cordillera entre ambos municipios.Durante la lectura del sentido del fallo, la jueza señaló que, pese a los esfuerzos de la Fiscalía, no se logró un conocimiento más allá de toda duda razonable sobre la autoría y participación de los acusados en los hechos por los cuales fueron vinculados al crimen.La togada también advirtió que las contradicciones en las versiones de un testigo clave impidieron estructurar una condena. “Es bastante difícil para este despacho, por no decir imposible, edificar una sentencia condenatoria cuando existe un testigo que incurre en tantas contradicciones”, sostuvo.Con esta decisión, los hermanos Mejía Hurtado, conocidos con los alias de ‘Truán’ y ‘Care Vieja’, quedaron en libertad por los hechos relacionados con la muerte de Lucas Villa. No obstante, el fallo admite recursos, por lo que la Fiscalía y los representantes de las víctimas podrán acudir a una segunda instancia en busca de revertir la absolución dictada por la jueza penal del circuito.
Los elementos de prueba dan cuenta de que alias 'Care Vieja' o ‘Alex’, señalado cabecilla de una estructura del grupo delincuencial ‘La Cordillera’, que tiene injerencia en el barrio San Judas Tadeo de Dosquebradas en Risaralda, habría participado en las reuniones en las que se planeó el asesinato de Lucas Villa. Además, estaría involucrado en los seguimientos que la organización ilegal hizo a la víctima para tener claridad sobre sus movimientos y el rol que ejercía durante las jornadas de protesta.Con esta información, la noche del 5 de mayo de 2021, sicarios de ‘La Cordillera’ se trasladaron en motos al viaducto que une a Pereira con Dosquebradas y dispararon indiscriminadamente en contra de Lucas Villa, quien fue trasladado a un hospital donde murió cinco días después producto del acto violento. Asimismo, otros dos ciudadanos resultaron heridos, entre ellos un menor de edad.Por estos hechos, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos imputó a alias ‘Alex’ los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado, concierto para delinquir y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.El investigado no aceptó los cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en una cárcel.¿Lucas Villa fue asesinado?La razón por la cual la Fiscalía considera que Lucas Villa fue asesinado es porque los máximos cabecillas de ‘La Cordillera’ pensaban que la labor social de Villa Vásquez durante las jornadas de protesta afectaba los intereses del grupo ilegal, pues lo veían como una amenaza porque las movilizaciones que promovía sobre el viaducto impedían el paso de la droga, situación que afectó las actividades de narcomenudeo y redujo las rentas ilícitas de esa organización delincuencial en Pereira y Dosquebradas.Las autoridades dieron con el paradero de alias ‘Alex’ porque funcionarios del CTI de la Fiscalía se dirigieron a una clínica de Pereira, Risaralda, a donde había ingresado de urgencias un hombre que fue víctima de un ataque armado en el centro de la ciudad.Luego de revisar la información que reposaba en el centro médico y dialogar con el paciente, los investigadores reafirmaron que se trataba de Jhon Alexander Mejía Hurtado, alias 'Alex’ o ‘Care Vieja’, uno de los presuntos articuladores del homicidio del líder estudiantil Lucas Villa.En ese sentido, materializaron la orden de captura que pesaba en su contra. Recordemos que, por este crimen, hace tres meses fue judicializado Jonatan Stiven Mejía Hurtado, alias ‘Truan’, hermano de alias Alex.Le puede interesar:
Tras un enfrentamiento con armas de fuego por la avenida 30 de agosto con calle 48 en Pereira, dos hombres fueron asesinados, y otros dos resultaron lesionados. Uno de los fallecidos fue alias 'Berni' de 48 años, presunto fundador del grupo ‘La Cordillera’.Según investigaciones de la Fiscalía, la banda criminal ‘La Cordillera’, quienes forman parte de los carteles de tráfico de droga de Risaralda, fueron los responsables del asesinato del estudiante Lucas Villa, puesto que la labor de Villa durante las jornadas de protesta habría afectado los intereses de esa estructura criminal, ya que las movilizaciones que promovía sobre el viaducto que une a Pereira con Dosquebradas impedían el paso de drogas a ambas ciudades, lo que ocasionó un impacto en el microtráfico y una reducción en las ventas de esa actividad ilícita.En el ataque armado falleció Bernando Ángel Ocampo presunto fundador de esa banda y quien tenía antecedentes por concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito, falsedad en documento público y testaferrato. En el lugar, también falleció una persona que le prestaba los servicios de escolta.En el hecho las autoridades incautaron tres armas de fuego, cerca de los hechos una camioneta con varios impactos de bala y otros elementos encontrados en la inspección judicial que parte del material probatorio, para esclarecer este hecho.Le puede interesar:
Por petición de la Fiscalía General de la Nación, un juez envió a la cárcel a Jonatan Stiven Mejía Hurtado, alias ‘Truan’, uno de los señalados articuladores del crimen del líder estudiantil Lucas Villa. La decisión se basó en que los elementos de prueba obtenidos dentro de la investigación dan cuenta de la peligrosidad y la gravedad de la conducta de alias ‘Truan’.Los elementos de prueba indican que los máximos cabecillas de La Cordillera consideraban que la labor que ejercía Lucas Villa durante las jornadas de protesta afectaba los intereses del grupo ilegal, pues lo veían como una amenaza porque las movilizaciones que promovía sobre el viaducto que une a Pereira con Dosquebradas impedían el paso de los estupefacientes a las dos ciudades, así que fueron interrumpidas las actividades de narcomenudeo y se redujeron las rentas ilícitas.Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp aquí:👉🏻 bit.ly/42ZQznFSegún la investigación de la Fiscalía, Jonatan Stiven Mejía Hurtado y otros posibles integrantes de su grupo recibieron la instrucción de asesinar al líder estudiantil, y alias ‘Truan’ habría participado en la planeación de la acción criminal, y seleccionado a los sicarios que vigilarían a la víctima y posteriormente perpetrarían el ataque.El 5 de mayo de 2021, tres hombres armados, en dos motos, se trasladaron al viaducto y dispararon indiscriminadamente en contra de Lucas Villa, posteriormente fue trasladado a un hospital donde murió cinco días después. Producto del acto violento otras dos personas resultaron heridas, entre ellas un menor de edad.Por estos hechos, la Fiscalía le imputó los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado, concierto para delinquir; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones a alias ‘Truan’, y un juez lo envío a la cárcel.Le puede interesar:
Cerca de dos años han pasado desde que fue asesinado el líder estudiantil Lucas Villa durante el paro nacional en el barrio San Judas, en Dosquebradas (Risaralda), y la Fiscalía está anunciando que ha sido capturado uno de los presuntos responsables de este hecho, que habría sido perpetrado por los máximos cabecillas de la banda delincuencial 'La Cordillera'.Según el ente investigador, la labor de Villa durante las jornadas de protesta habría afectado los intereses de esa estructura criminal, ya que las movilizaciones que promovía sobre el viaducto que une a Pereira con Dosquebradas impedían el paso de drogas a ambas ciudades, lo que ocasionó un impacto en el microtráfico y una reducción en las ventas de esa actividad ilícita.Esta información fue confirmada por el fiscal general Francisco Barbosa con la captura de Stiven Mejía, alias 'Truan': "Este hombre, en su condición de jefe de un componente armado de la organización delincuencial 'La Cordillera', habría participado en la planeación de la acción criminal y seleccionado a los sicarios que vigilarían a la víctima y posteriormente perpetrarían el ataque".Es así como la noche del 5 de mayo de 2021, tres hombres armados, a bordo de dos motocicletas, se trasladaron al viaducto y dispararon indiscriminadamente contra Lucas Villa, quien fue trasladado a un hospital donde murió cinco días después. Como resultado de este acto violento, otras dos personas resultaron heridas, incluido un menor de edad, según la Fiscalía.Alias 'Truan' fue presentado ante un juez de control de garantías para imputarle los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir, y fabricación o porte de armas de fuego.Le puede interesar:
La Fiscalía General de la Nación imputó cargos al coronel en retiro Hesnard Eduardo Ramírez Rojas, como presunto responsable de emitir mensajes amenazantes en contra del líder estudiantil Lucas Villa Vásquez y los integrantes de los movimientos universitarios de Pereira (Risaralda) que participaban en las movilizaciones sociales de 2021.El teniente coronel en retiro era el comandante de un batallón en Risaralda y, al parecer, amenazó a Lucas Villa en una publicación en WhatsApp y redes sociales, en la que habría descalificado la labor que ejercía el líder estudiantil y, además, habría justificado el ataque armado del que fue víctima el 5 de mayo de 2021, en el viaducto César Gaviria Trujillo.Según la investigación de la Fiscalía, este coronel retirado anticipaba posibles acciones violentas en contra de la comunidad universitaria que organizaba marchas y concentraciones.Lo que más dolor y repudio ha generado de esta situación, según lo que reveló la Fiscalía, es que el teniente coronel divulgó estos mensajes el 6 de mayo de 2021, es decir, mientras Lucas Villa permanecía en un hospital en estado de salud crítico.Este mensaje se difundió desde el teléfono celular que el entonces teniente coronel tenía asignado por ser el comandante de un batallón en Pereira.Para la Fiscalía, esta acción generó zozobra y miedo, y representó riesgo para la integridad y la vida de los universitarios que un día antes habían sido testigos de la agresión armada en contra de Lucas Villa.Por estos hechos, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos imputó al teniente coronel (r) Hesnard Eduardo Ramírez Rojas los delitos de amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos, y amenazas; cargos que no fueron aceptados por el coronel.
El presidente Gustavo Petro asistió este viernes al encuentro ‘Gobierno escucha’, una iniciativa para atender las inquietudes de las comunidades, en el coliseo Juan Guillermo Ángel Mejía en Quinchía, Risaralda. Allí el mandatario informó que cinco miembros de la Primera Línea fueron liberados.La libertad de estos jóvenes fue otorgada por un juez de control de garantías de Popayán. El mandatario también dijo que estas personas no deben ser señaladas como terroristas, pues son “líderes que estuvieron en medio de la protesta social”.El anuncio del presidente Petro coincidió con la presencia de la hermana de Lucas Villa, Sidssy Uribe, quien recordó a su hermano fallecido en medio de las protestas del paro nacional del 2021 en Colombia y quien cumpliría 39 años.De hecho, la familia de Villa reiteró que sigue esperando justicia por parte de las autoridades competentes, recordando que todavía no hay personas capturadas por este líder estudiantil en la ciudad de Pereira.“La riqueza es el trabajo”: PetroEl presidente Petro también se refirió sobre uno de los factores, según él, se debe tener en cuenta a nivel nacional para la producción de trabajo y así disminuir el desempleo.“Solo a partir de la producción se genera la riqueza, no hay otra forma. La riqueza es el trabajo, es la producción. Mucho del modelo económico de Colombia ha tenido que ver con acabar el trabajo, la producción, cerrándonos en círculos de pobreza y violencia al mismo tiempo”, dijo.Ante esto, recordó que el Sena étnico está creado para que las comunidades indígenas se eduquen y puedan aplicar esos conocimientos en beneficio de la población.“No es lo mismo educarse en un medio blanco, mestizo, occidental, que en medio de un pueblo ancestral donde la misma cultura determina buena parte de las prácticas”, agregó el mandatario.Puede ver:
BLU Radio conoció detalles de la investigación que llevan las autoridades por el homicidio del estudiante de la Universidad Tecnológica de Pereira Lucas Villa, quien recibió 8 disparos mientras se manifestaba de forma pacífica en el viaducto que une Pereira con Dosquebradas, el pasado 5 de mayo.A pesar de que hace unas semanas una fuente se acercó a la Fiscalía a dar detalles sobre el homicidio, específicamente, a decir que uniformados estarían involucrados con el crimen, según fuentes del proceso, esa teoría habría sido descartada por los investigadores.Al parecer, los investigadores ya tienen indicios suficientemente fuertes que confirmarían que dos integrantes de la banda criminal La Cordillera serían los presuntos responsables del crimen y ahora trabajan en la individualización de los hombres para, posteriormente, ordenar sus capturas.La hipótesis se relaciona con que Villa, al liderar las manifestaciones en la ciudad, se convirtió en un obstáculo para el negocio del microtráfico en esa municipalidad que es liderado por esa banda criminal por lo que, al parecer, habrían ordenado su muerte.Otra línea de investigación que salió con la indagación del crimen tiene que ver con las amenazas que habrían recibido otros estudiantes que se manifestaban pacíficamente, amenazas que también provendrían de la misma banda criminal.Lucas Villa murió luego de permanecer por varios días en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario San Jorge de Pereira.
La Policía negó que el vehículo en el que huyeron los hombres que atacaron a Lucas Villa y otros dos jóvenes más en el viaducto César Gaviria de Pereira, esté vinculado a la Sijín como lo denunciaron integrantes de la Mesa de Víctimas en la capital de Risaralda.“Queremos explicar que no se ha encontrado ningún vínculo de funcionarios de la Sijín de la Policía en este hecho. La información que han especificado de las placas de un automotor, tampoco corresponde a un vehículo oficial”, aseguró el general Fernando Murillo, de la Dirección de Investigación Criminal.El alto oficial salió a desmentir los señalamientos y denuncias que realizó el abogado Eisenhower Zapata, integrante de la Mesa de Víctimas de Pereira.El jurista había señalado que el vehículo que abordaron los hombres que accionaron las armas de fuego contra manifestantes en el viaducto el pasado 5 de mayo, estaría adscrito a la Sijín. Situación que fue negada por el general Fernando Murillo, director de la Dijin.“Nos preocupa la denuncia que hace un ciudadano sindicando directamente a la Policía Nacional y a la Sijín de Pereira”, expresó.El director de investigación criminal de la Policía en diálogo con BLU Radio, indicó que hay un equipo conjunto con la Fiscalía para esclarecer estos hechos.“Establecemos a partir de las investigaciones, una posible relación que puede existir especialmente de una banda criminal, que es conocida como La Cordillera, en la situación qué se produjo, no sólo en la muerte del joven Lucas Villa, sino también en las lesiones a dos personas más”, aseveró.Hasta ahora, por el crimen de Lucas Villa y las graves lesiones contra dos personas más que manifestaban pacíficamente en Pereira, no hay capturados.
En medio de las investigaciones que adelanta la Procuraduría General de la Nación sobre 154 acciones disciplinarias por hechos relacionados con las jornadas de protestas, se investigará el caso relacionado con el gerente de la ESE Hospital San Joaquín de Nariño, Felipe Cadavid, por comentar una noticia sobre la muerte del universitario Lucas Villas, a quién llamó “gamín bien muerto” por llevar 17 años estudiando en Pereira.Ese comentario, a través de las redes sociales, generó una gran polémica, en la que la mayoría eran voces de rechazo por el mensaje y, aunque el gerente Cadavid ofreció disculpas y señaló que como humano se equivocó, se le abre esta investigación disciplinaria.El funcionario confirmó que ya fue notificado del proceso disciplinario y ofreció disculpas a la familia de Lucas Villa, porque es algo que "nos es acorde ni como persona ni mucho menos como gerente de un hospital"."Precisamente van a investigar si como funcionario público cometí alguna falta disciplinaria", explicó el gerente.Cadavid aseguró, de todos modos, que no cometió una falta disciplinaria. Sin embargo, cuestionó que a veces haya libre expresión y otras veces no."Estoy tranquilo porque como funcionario público no cometí ninguna falta disciplinaria. Acá exigen el respeto a la libertad de expresión pero solamente aplica para unas personas y no para todo mundo", afirmó.Según el comunicado, la Procuraduría dispuso de todo su recurso técnico y humano, en especial, de procuradores delegados, regionales, provinciales y distritales, con el fin de adelantar todas las acciones preventivas, disciplinarias y de intervención judicial que se requieran frente a cualquier acto que desdibuje la legitimidad de las movilizaciones.
La subteniente del Ejército Nacional María Camila Pantoja Hernández, secuestrada por el ELN en el municipio de Saravena, Arauca, apareció en un video de más de dos minutos en el que hizo un llamado al Gobierno nacional para que se priorice una salida humanitaria que permita su liberación. }En la grabación, la oficial también envió un mensaje a sus familiares y manifestó su preocupación por la posibilidad de que se adelante una operación militar para rescatarla.Pantoja fue secuestrada cuando se movilizaba por el casco urbano de Saravena y fue interceptada por hombres armados que se desplazaban en una motocicleta. La uniformada hace parte del Grupo de Caballería Mediano N.° 18 y, de acuerdo con la información preliminar, su secuestro habría sido perpetrado por integrantes del frente Domingo Laín Sáenz del Ejército de Liberación Nacional (ELN).En el video, que fue difundido por el grupo armado como prueba de supervivencia, la subteniente se dirige al Gobierno nacional y solicita que su situación sea atendida mediante una intervención humanitaria. En particular, hace un llamado al presidente Abelardo de la Espriella y al ministro de Defensa, Jorge Mora, para que tengan en cuenta su petición en caso de que las autoridades contemplen una operación para conseguir su liberación.“Sé que es difícil, pero tienes que cuidarlas a todas. Y aparte de eso, tienes que ayudar que todo sea por ayuda humanitaria, si no, no los vuelvo a volver a ver. Es por el bien de todos, por favor”, expresó la oficial en uno de los apartes de la grabación.
La terrible historia del envenenamiento de cuatro adolescentes con frambuesas achocolatadas impregnadas con talio, presuntamente ejecutado por Zulma Guzmán, tiene una nueva arista, luego de la petición a la Fiscalía por parte de la familia de Alicia Graham, mamá de una de las niñas envenenadas, fallecida en 2021, para que investigue si ella también fue víctima de la misma modalidad de envenenamiento.La solicitud revelada por María Elvira Arango, directora de Los Infomantes, fue hecha por los hermanos de Alicia Graham por medio de su abogado David Espinoza, y consiste específicamente en pedirle a la justicia que determine si detrás de su presunto envenenamiento pudo estar su esposo Juan De Bedout, quien según se ha conocido, sostuvo una relación extramatrimonial con Guzmán, hoy detenida en una cárcel de Londres.La petición formal tiene como sustento una serie de audios de Alicia Graham que ella les envió a dos allegados el 29 de julio de 2021, un mes antes de su fallecimiento, en los que asegura que “otra vez la estaban envenenando”.Juan De Bedout, a través de su abogado Fabio Humar, afirmó que su cliente está atento a los llamados de la justicia y le ofreció a la Fiscalía toda la información que se requiera.La familia de Alicia Graham también pidió la reasignación del caso, lo cual ahora tendrá que definir la Fiscalía, sobre si unifica la investigación contra Juan De Bedout con la que se adelanta contra Zulma Guzmán, quien no se presentó a las diligencias de imputación de cargos que estaba programada para esta semana y que quedó aplazada para marzo del año entrante.Guzmán permanece detenida desde hace 11 meses en Inglaterra, tras haberse lanzado al río Támesis, intentado evadir la justicia, que la buscaba por homicidio de dos adolescentes y las graves lesiones sufridas por otros dos.
Rodrigo Antonio López Estrada, agente del CTI liberado por el ELN tras cerca de 18 meses de secuestro en Arauca, habló con Mañanas Blu, con Néstor Morales, desde la Clínica Santa Fe, en Bogotá, donde permanece bajo valoración médica. Pese a la incertidumbre y la presión psicológica que vivió en cautiverio, el funcionario de la Fiscalía afirmó que no guarda resentimiento contra sus captores: “Salgo sin rencores, salgo con un corazón limpio, una mente libre de rencores”.López y su compañero Jesús Antonio Pacheco Oviedo, agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, fueron liberados el jueves 12 de noviembre después de cerca de 18 meses en poder del Frente de Guerra Oriental del ELN. En la entrega participó una comisión humanitaria integrada por la Iglesia católica de Arauca, la Defensoría del Pueblo y la ONU, como lo informó Blu Radio en la liberación de los dos funcionarios de la Fiscalía. Rodrigo López: “Éramos objetivo militar” por ser funcionarios públicosLos dos servidores fueron secuestrados el 8 de mayo de 2025 en Fortul, Arauca. Según López, desde el inicio los guerrilleros les explicaron que su condición de servidores del Estado fue el motivo del secuestro: “Nos decían que el problema no era con nosotros (...) el hecho de ser funcionarios públicos para nosotros de la Fiscalía General de la Nación éramos objetivo militar. Entonces por eso fue la retención, por ser funcionarios públicos, (...) haciendo un trabajo propio de mi función en el municipio de Fortul”.Sobre el trato que recibieron durante el cautiverio, el agente del CTI sostuvo que no hubo agresiones físicas y que las condiciones de alimentación y descanso dependían de la situación de seguridad en cada momento. “El trato del ELN hacia nosotros fue un trato digno (...). Tengo que decir la verdad, así ha sido el trato”, afirmó.López también aseguró que no puede precisar si en algún momento estuvieron en territorio venezolano: “Nos trasladaban con los ojos tapados, algunas ocasiones pues con los oídos también tapados (...). Es muy difícil saber en qué sitio estoy”.El “juicio revolucionario” del ELN y sus secuelas psicológicasUno de los episodios más difíciles del secuestro fue el llamado “juicio revolucionario” al que el ELN sometió a los funcionarios. En su momento, ONU Derechos Humanos urgió al grupo armado a respetar la vida y los derechos fundamentales de Rodrigo López, Jesús Pacheco, Frankie Hoyos y Yordin Pérez, integrantes del CTI de la Fiscalía y de la Policía, como se registró en la reacción de la ONU frente al juicio del ELN.“Creo que somos los primeros funcionarios públicos en Colombia que fuimos enjuiciados por el ELN. Pues para mí fue algo extraño, sí, fue algo muy difícil (...). Nos intimaban muchas cosas que en su momento yo no era capaz de asimilar, (...) de la parte de presión, de la parte psicológica que se estaba manejando allí”, relató.El funcionario reconoció que, aunque no sufrió golpes, el proceso afectó su salud mental. “Ahí se golpea psicológicamente, y yo creo que esas son secuelas más difíciles que las físicas”, dijo.Por qué el ELN liberó a los agentes antes de cumplir la “condena”Según López, la “condena” impuesta por el grupo armado en su caso superaba los cuatro años. Sin embargo, la guerrilla les comunicó que había hecho una promesa a sus familias de entregarlos, sin fijar fecha. A ese compromiso se sumó el estado de salud de su compañero de cautiverio.“Yo lo tomo también como un acto humanitario hacia nosotros, porque en ese momento (...) mi compañero Pacheco tuvo una dificultad médica que tocó que lo vieran personas especialistas en la salud, porque la vida de él estaba en riesgo”, explicó. Y agregó: “Eso también ayudó a que la liberación se diera más pronto”.El agente destacó el papel de organizaciones como la ONU y la Defensoría del Pueblo, entre otras, que permitieron que las familias tuvieran contacto con el ELN. Además, fue enfático en que no hubo pago de rescate: “No hubo ningún interés monetario para el rescate de nosotros. Solamente fue neto humanitario (...), por voluntad de ellos”.López también señaló que las operaciones militares nunca estuvieron cerca de lograr su rescate y que, por el contrario, endurecían las condiciones del cautiverio: “Eso hace que (...) el esquema de seguridad sea más rígido, sea más fuerte. Entonces nos afecta a nosotros”.Los agentes de la Dijín, liberados primeroDurante parte del secuestro, López compartió cautiverio con dos uniformados de la Dijín, que fueron sometidos al mismo juicio. Ellos fueron los primeros en recuperar la libertad, como se informó en la liberación de los dos agentes de la Dijín secuestrados por el ELN. Sobre las razones por las que no fueron liberados al mismo tiempo, el funcionario dijo: “Eso yo muchas veces hice las preguntas y jamás tuve respuesta sobre eso”.Su futuro en la FiscalíaEl agente del CTI tiene previsto reunirse con la fiscal general y otros funcionarios de la entidad para definir su situación laboral. “Se van a tocar esos temas para ver qué va a pasar a futuro”, indicó, aunque precisó que la fecha se fijará una vez reciba el alta médica.López agradeció a su esposa, Yariel, a su hijo y a sus familias por el trabajo que hicieron para lograr su libertad. Sobre el estado de salud de Jesús Antonio Pacheco, aseguró que “está bien estable”. Las imágenes del reencuentro pueden verse en así fue la llegada de los agentes del CTI liberados a la Fiscalía en Arauca.Al cerrar su relato, el funcionario insistió en su mensaje de reconciliación: “No tengo ningún reclamo (...) porque no podemos seguir recargando odio a nuestro territorio colombiano, que es tan hermoso. Y salgo con mucho perdón”.Durante el secuestro, el ELN difundió una prueba de supervivencia de los dos agentes del CTI, y la Comisión Judicial pidió su liberación con apoyo de organismos nacionales e internacionales.
Frente a la discusión pública sobre la gestión de la entidad encargada de la reconstrucción en Chocó, la gobernadora Nubia Carolina Córdoba, respaldó el trabajo realizado hasta el momento en el departamento. “Yo debo decirle que tengo una comunicación permanente con el gerente del Fondo Milagro. Yo debo decirle que tengo una comunicación permanente con el equipo de trabajo... Yo ya he presentado formalmente los proyectos”, afirmó la gobernadora. Córdoba explicó que la magnitud de los daños exige una intervención sin precedentes. Según las evaluaciones técnicas, en el departamento se requiere la demolición de aproximadamente 4.000 edificaciones y viviendas, la reparación de unas 30.000 viviendas con afectaciones parciales y la reconstrucción total de cerca de 8.000 inmuebles. Sobre la escala de la tarea, la gobernadora enfatizó: “Debemos reparar 30,000 viviendas y debemos reconstruir casi 8,000 y eso es un reto muy grande que obviamente no logramos solos”. Apuesta por la infraestructura vial y alianzas público-privadasUno de los anuncios centrales de la jornada fue la formalización de una donación por parte de la familia Sarmiento (Grupo Aval) destinada específicamente al Plan Vial del Chocó. Estos recursos privados se integrarán a las inversiones públicas para consolidar la tercera vía nacional del departamento, la cual conecta el río Atrato desde el municipio de Ríosucio con el departamento de Antioquia hacia los puertos de Turbo y Pisisí. A esta iniciativa se suman otras alianzas con el sector privado y organizaciones de cooperación: "Fundación Pies Descalzos (Shakira): Avanza en la ejecución de siete instituciones educativas en municipios como Unión Panamericana, Quibdó, Baudó, Medio Baudó y Bahía Solano". Grupo Argos: Dio inicio a la construcción de las primeras 500 viviendas de reconstrucción total en el corregimiento El Dos, en Unión Panamericana. Grupo Nutresa: Se adelantan gestiones para la instalación de una planta procesadora de chips de plátano en el Darién (Belén de Bajirá), con miras a potenciar la vocación agroindustrial de la región. Emergencia habitacional, subsidios y cuellos de botella en la reconstrucciónEn materia de atención inmediata a los damnificados, la gobernadora confirmó que la primera fase de ayuda humanitaria de emergencia logró cubrir el 100% del territorio gracias a la solidaridad nacional. . Asimismo, se han girado recursos por el orden de 12.000 millones de pesos en subsidios de arrendamiento para beneficiar a cerca de 9.000 familias inscritas en el Registro Único de Damnificados. No obstante, la mandataria expuso la complejidad estructural que retrasa la entrega de soluciones definitivas, citando la falta de Planes de Ordenamiento Territorial (POT) actualizados, la inexistencia de redes de acueducto y alcantarillado en zonas rurales de expansión y los trámites de titulación predialA pesar de que existen familias alojadas en albergues temporales, la gobernadora resaltó la red de apoyo comunitario de los chocoanos: “En el Chocó somos una comunidad y el sentimiento de comunidad no permite que así seamos 20 en la casa, no durmamos en la casa entre todos”. Transformación de la narrativa y desarrollo económicoPara Nubia Carolina Córdoba, la recuperación del Chocó no se limita a superar la coyuntura del sismo, sino que requiere una transformación profunda en cómo el país concibe al departamento. “Aunque no parezca, lo primero que debe cambiar es la narrativa. Si seguimos insistiendo como país en que el Chocó no es más nada que un lugar de pobreza, abandono, de olvido... ¿quién va a invertir allí?”, aseveró. Entre los logros de reactivación, la gobernadora resaltó el retorno al 100% de las actividades escolares. “Nosotros logramos una presencialidad plena, afortunadamente vamos a terminar, además, gracias a Dios, este periodo escolar con presencialidad plena”, señaló. Escuche aquí la entrevista:
Las autoridades avanzaron en la identificación y judicialización del hombre señalado de agredir a un agente de movilidad en el sector de El Hueco, en el centro de Medellín, un episodio que generó rechazo por la violencia ejercida contra el funcionario mientras cumplía sus labores de control en vía pública.El alcalde Federico Gutiérrez informó que el presunto responsable fue identificado como Damián Barrientos y que, después de las diligencias adelantadas por la fuerza pública para ubicarlo y requerirlo, terminó presentándose voluntariamente en un CAI del centro de la ciudad.De acuerdo con el mandatario, al señalado se le impuso un comparendo por lo ocurrido. Sin embargo, el caso también tuvo consecuencias en el ámbito penal, luego de que el guarda de tránsito presentara la respectiva denuncia.Barrientos quedó a disposición de las autoridades judiciales para responder por los presuntos delitos de violencia contra servidor público e intento de homicidio, debido a que, según la información entregada por la Alcaldía, habría intentado atacar al funcionario con un arma blanca."Allá se le puso no sólo el comparendo, sino que además fue conducido de manera inmediata por la policía y por la SIJÍN y fue puesto a disposición de la Fiscalía General de que responda por estos delitos, que haya justicia. Y lo dejo muy claro, no aceptamos ni las amenazas, ni aceptamos en ningún momento la agresión a nuestros integrantes como servidores públicos", expresó el mandatario.En lo corrido de 2026 se han reportado más de 20 agresiones contra agentes de movilidad en la capital antioqueña, una situación que mantiene las alertas sobre los riesgos que enfrentan estos servidores en el desempeño de sus labores.Frente a este panorama, la Administración Distrital reiteró el llamado a la ciudadanía para actuar con tolerancia y respetar la labor de los agentes, incluso cuando existan desacuerdos frente a los procedimientos.
