La Audiencia Nacional de España archivó una denuncia contra el presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, en la que era acusado de haber integrado el grupo "narcoparamilitar M-19", al que se le atribuyen una serie de crímenes, entre ellos el secuestro del periodista Fernando Gonzales Pacheco.En un auto conocido este miércoles, el tribunal español muestra su sorpresa por la admisión en su momento de esta denuncia, interpuesta "por quien no es víctima de hecho alguno, respecto de hechos que habrían ocurrido en Colombia y que se atribuyen a personas que no son españolas".Si bien, prosigue la Audiencia, una de las víctimas pudiera ser de nacionalidad española, "no consta dato alguno sobre dónde fue secuestrado y cuando fue liberado, ni indicio alguno para atribuir la autoría al denunciado o siquiera al grupo M-19".Resuelve así el recurso de la Fiscalía en contra de la admisión de dicha denuncia por parte del juez de instrucción Joaquín Gadea, que ofreció a los herederos de la víctima del secuestro, Fernando González Pacheco, la posibilidad de ejercer acciones penales como querellantes, ante la renuncia a ello por parte del Ministerio Público.Según recuerdan los magistrados, tras la reforma de la Ley española de Justicia Universal, la activación de un procedimiento de estas características "no es admisible mediante querella de un actor popular", ni "resulta posible la incoación de oficio de diligencias por un juzgado de instrucción español", y solo corresponde al fiscal o al agraviado "la persecución de tales delitos".En este caso, la apertura de una investigación no es posible porque en la denuncia "no se aporta información suficiente sobre la nacionalidad de Fernando González Pacheco ni circunstancias concretas del hecho ocurrido, al parecer el 23 de julio de 1981".Por ello critica que el juez, "atribuyéndose el ejercicio de la acción que corresponde al Ministerio Fiscal o al ofendido, pretenda indagar sobre la existencia de herederos de la victima que quieran formular querella por unos hechos de 1981".Según la denuncia interpuesta en la Audiencia Nacional el pasado 18 de marzo, Petro habría incurrido en delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio como integrante del grupo armado "narcoparamilitar M-19".Gustavo Petro, que ganó las elecciones presidenciales de Colombia en segunda vuelta, tomará posesión como jefe del Estado el 7 de agosto próximo.A los 17 años se unió al movimiento guerrillero M-19. Estuvo encarcelado dos años y se integró de lleno en la vida política tras la desmovilización de ese grupo gracias al acuerdo de paz firmado en 1990 con el Gobierno del presidente Virgilio Barco.
El candidato presidencial del Pacto Histórico, Gustavo Petro, llegó de sorpresa, según indican desde su campaña, al municipio de Anserma, en el departamento de Caldas, para hablar con sus pobladores, toda vez que la estrategia del candidato ha cambiado de los discursos en plaza pública a pasar día con trabajadores y ciudadanos de diferentes regiones.Gustavo Petro transmitió por Facebook su visita desde el momento en que llegó a Anserma. En un recorrido que tuvo en la camioneta de uno de los pobladores sostuvo una conversación con el conductor y habló del M-19, que también fue transmitida por la red social, desde otro vehículo, gracias a un micrófono inalámbrico. “Doc, yo hablo con mucha gente y yo les digo: muchachos, donde el M-19 existiera como movimiento cuando nació, todos los que estamos aquí seríamos del M-19”, dice el conductor del vehículo.A la afirmación, Petro respondió: “Sí claro. Yo no sé si revivirlo porque eso es como los Beattles: queda el espíritu ahí, pero también reiniciarlo se vuelve problemático porque ya no es lo mismo, es otra historia, otra vida”.Este es el video:Esta es la transmisión completa de la visita de Petro a Anserma, Caldas:El candidato presidencial visitó una finca del municipio de Anserma, donde habló del panorama del café y del sector productivo. Reiteró su propuesta de una pensión para los agricultores y de impulsar el campo colombiano.
El general retirado Jesús Armando Arias Cabrales tiene una sentencia de la Corte Suprema de Justicia a 35 años de prisión por la retoma del Palacio de Justicia. Ante esto, presentó nuevas pruebas a la JEP para que revisara esta condena, según él, ya que no habían sido tenidas en cuenta para su sentencia.Arias Cabrales fue condenado por la conducta de desaparición forzada durante la retoma, ocurrida en el mes de noviembre del año 1985, tras la toma por parte de la guerrilla del M-19.Asimismo, explica que estas nuevas pruebas ayudan a que las víctimas conozcan la verdad de lo sucedido, pero la sección de revisión de la JEP consideró que la defensa no solo debe argumentar que no está de acuerdo con la condena, sino que además se deben aportar pruebas relevantes, algo que en este caso no quedó muy claro."Además de advertir algunas confusiones, falta de rigor en la argumentación presentada y un palmario desconocimiento de la naturaleza de la subsanación, la apoderada judicial del solicitante no logró corregir las falencias advertidas por este cuerpo colegiado que conlleven a un cambio de postura frente a la admisibilidad. Por ello, se insiste en que la profesional de derecho referida no está ofreciendo elementos de juicio adicionales", explica la sección de revisión.Es por esto por lo que considera que las pruebas aportadas como nueva son una reiteración, entonces no pueden considerarlo como un hecho jurídico nuevo. En el mismo sentido, señalan que el acuerdo de paz no significa que todas las condenas proferidas con anticipación por la justicia ordinaria tendrían que ser revisadas, por lo que rechazaron revisar la condena."Considerando que la demanda de revisión promovida a nombre del señor Arias Cabrales será rechazada, la SR, a la ejecutoria de la decisión, procederá a remitir copia de la presente decisión a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) de la JEP, con el propósito de que la referida Sala de Justicia, en el marco de sus competencias, pueda continuar con las actuaciones orientadas a verificar el cumplimiento del régimen de condicionalidad del señor Jesús Armando Arias Cabrales", añade la JEP.
Joaquín Gadea, juez de la Audiencia Nacional española, admitió en las últimas horas la denuncia presentada contra el candidato a la Presidencia de Colombia por el Pacto Histórico, Gustavo Petro, por haber integrado el M-19, al que se le atribuyen una serie de asesinatos y secuestros, entre ellos la del reconocido periodista de nacionalidad española Fernando González Pacheco.Según la denuncia interpuesta en la Audiencia Nacional el pasado 18 de marzo y, que recoge el auto, Petro habría incurrido en delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio como integrante del grupo armado "narcoparamilitar M-19".De acuerdo con lo que reveló Europa Press, la denuncia se refiere a lo que habría sido la privación de la libertad de Pacheco, quien murió en 2014 producto de una complicación cardíaca. Petro fue acusado por haber pertenecido a la extinta organización guerrillera M-19.Según el recurso jurídico interpuesto por François Roger Cavard contra Petro, pidió que se investigue la comisión de delitos calificados inicialmente como crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio.En el auto de esta decisión, publicado el pasado 19 de mayo, se explicó que la admisión de esta denuncia se produce "a los solos efectos" de ofrecer a los familiares del veterano periodista la posibilidad de querellarse, tras el rechazo de la Fiscalía.La denunciaPara Cavard, Petro, como integrante del M-19, hizo parte de un grupo armado ilegal que "empleó de manera sistemática e indiscriminada el secuestro de personas, así como la tortura y el asesinato intencional, con el objetivo de destruir a quienes consideraba su enemigo".En el caso de González Pacheco, una de las personalidades más queridas en la historia de la televisión colombiana, se dice en la denuncia que habría sido secuestrado por el M-19 en una fecha indeterminada, comprendida entre 1977 y 1990, y liberado posteriormente por este grupo.El querellante hizo énfasis en que las "violaciones de los derechos humanos cometidas por Petro en Colombia durante las décadas de los 70 y 80 que arrojaron un trágico y vergonzoso saldo de miles de personas ejecutadas, otros miles torturados, y miles de víctimas desaparecidas, están aún en la impunidad".Establecer la jurisdicción españolaAunque González Pacheco nació en España, la Audiencia Nacional pidió revisar si el recordado presentador de televisión "ostentaba la nacionalidad española al tiempo de producirse los hechos denunciados".Lo anterior, para el magistrado, es clave para establecer "la competencia de la jurisdicción española, y en concreto, del Juzgado para comprobar si procesalmente resulta posible su investigación"."Tan solo el caso del secuestro del periodista resultaría (en este momento) con una aparente vinculación con la jurisdicción española", se añadió en el auto de admisión de la denuncia.Del mismo modo, Gadea pidió establecer si Petro goza de estatuto de amnistiado o indultado, tras el proceso de paz que llevó a cabo esta organización en 1990 con el Gobierno Nacional, y si ha sido investigado, absuelto o condenado por los hechos que se investigan.La decisión del alto tribunal se reveló un día después de que Petro ganó la primera vuelta de las elecciones presidenciales, con el 40,32% de los votos: 8.527.768, frente a los 5.953.209 sufragios que obtuvo Rodolfo Hernández (28,15%), con el que irá el próximo 19 de junio a segunda vuelta.
Ante el Tribunal Federal de Distrito del Sur de Florida fue interpuesta la demanda por la familia del magistrado Urán Rojas, asesinado en noviembre de 1985 durante la retoma del Palacio de Justicia.La demanda se interpuso a través de una organización internacional de derechos humanos, con sede en San Francisco, teniendo en cuenta que Plazas Vega reside en Weston, Florida.En tal sentido, la familia de Urán Rojas considera que luego de 37 años de ocurridos los hechos, la justicia colombiana no ha proferido condena pese a las pruebas que demuestran que el magistrado salió con vida del edificio.Las demandantes buscan que la justicia norteamericana establezca la presunta responsabilidad del coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega, entonces teniente coronel y comandante de la Escuela de Caballería de la Brigada XIII del Ejército, por haber participado de manera activa en un procedimiento ilegal “para identificar, interrogar, torturar y matar o desaparecer por la fuerza a los rehenes rescatados sospechosos por los militares de tener alguna afiliación con la guerrilla”.Las hijas de Urán Rojas ven en esta demanda una oportunidad para buscar justicia pues consideran que las autoridades colombianas han obstaculizado la búsqueda de la verdad.Hay que recordar que, en diciembre de 2015, la Corte Suprema de Justicia absolvió al coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega por su responsabilidad en las desapariciones del administrador de la cafetería Carlos Rodríguez y de la guerrillera Irma Franco durante la retoma al Palacio de Justicia en noviembre de 1985.Le puede interesar. Escuche el podcast El mundo hoy:
La JEP aceptó el sometimiento del general (r) Ivan Ramírez por su proceso relacionado con las desapariciones durante la retoma del Palacio de Justicia, entre el 6 y 7 de noviembre de 1985. Debido a que el general se desempeñaba como comandante del Comando Operativo de Inteligencia y Contrainteligencia del Ejército (Coci) y ha sido señalado de presuntamente estar involucrado en torturas durante esos días.En la decisión de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, conocida por BLU Radio, la JEP advierte que hubo "un ataque generalizado o sistemático contra militantes del M-19 puestos fuera de combate y en contra la población civil con conocimiento de dicho ataque por parte de las autoridades".Le puede interesarUn ejemplo es la historia de Cristina del Pilar Guarín Cortés, cajera de la cafetería del Palacio en el mes de diciembre, de ese año, se iba para Madrid en España, a estudiar un posgrado en Ciencias de la Educación. Sin embargo, fue reportada como desaparecida durante los hechos relacionados a la toma y retoma del Palacio de Justicia. Para su hermano René Guarín esto es una prueba de lo que han venido denunciado desde ese día, "los cuerpos de seguridad del Estado en ese momento operaron de tal manera que no estuvieron digamos en función de proteger a los civiles que estaban allí en el Palacio de Justicia y ejecutaron de manera extrajudicial y por fuera de combate a varios de los guerrilleros que estuvieron en la toma del palacio, así como a la población civil".En su decisión la JEP exige al general retirado Iván Ramírez Quintero y tres militares más, que en 15 días entreguen un plan de verdad sobre los hechos de los cuales se va hablar en la jurisdicción, asegurando que deberán pronunciarse sobre la línea de mando de la unidad militar a la que pertenecían, especificar grado y nombres de las personas que impartían las órdenes e instrucciones para recuperar el orden en el Palacio de Justicia.Escuche: ¿Por qué las dietas no funcionan? con Patricia López
Álvaro Leyva Durán, exministro y exnegociador de paz, se refirió a las críticas que hizo el expresidente Álvaro Uribe Vélez al Acuerdo de Paz, en una carta que fue revelada justo cuando se cumplen los cinco años de la firma del acuerdo.En la misiva de 26 puntos el expresidente asegura que Acuerdo de Paz no ha habido. "Simplemente se fracturó la legislación nacional y se desafió la internacional al dar impunidad total y elegibilidad política a personas responsables de delitos atroces, por ejemplo, de secuestro y violación de menores".Durante un evento en la JEP sobre el aniversario de la firma del acuerdo, Álvaro Leyva respondió a las críticas de Uribe asegurando que él le dio amnistía al grupo M-19.Este es de Álvaro Leyva sobre la carta de Uribe:“Él le dio amnistía al M-19 que incurrió en delitos de lesa humanidad, que no se las venga a dar de artista a la última hora cuando la humanidad entera ha estado aplaudiendo el proceso y él dejando mostrar un cobre que ni siquiera lo porta”.Leyva Duran también se refirió a la posibilidad de que el Gobierno de Estados Unidos retire a las Farc de la lista de grupos terroristas, y aseguró que se esperaba esta decisión ya que este proceso había tenido el apoyo del gobierno del expresidente Barack Obama y del presidente Joe Biden.Conozca más noticias de Colombia y el mundo:
En una fosa común del cementerio del Sur, investigadores del CTI de la Fiscalía hallaron en 1998 el cuerpo de una de las personas desaparecidas durante la toma y retoma del Palacio de Justicia en Bogotá, el 6 y 7 de noviembre de 1985.Desde entonces empezaron las labores de identificación del cuerpo y, después de pruebas genéticas, entrevistas técnicas y datos sobre el hallazgo, se logró determinar que pertenecía a Edisson Zapata Vásquez, un guerrillero del M-19 de 20 años, que había sido soldado enfermero durante la guerra de Corea.El trabajo se llevó a cabo junto a los familiares de Zapata, entre esos su sobrina Alexandra Londoño, que trabajó junto a la Fiscalía para contrastar la información y facilitar las labores de identificación. El 2 de julio de 2020 se confirmó que el cuerpo pertenecía a Zapata.“Nos comunicaron que iban a hacer una reunión virtual y yo me conecté y conecté a los abuelos en Estados Unidos y nos dijeron que ya habían identificado el cuerpo y que iban a proceder con el tema de la entrega”, aseguró Alexandra.Ella tenía un año cuando murió su tío y desde el año 2008, cuando se graduó de abogada, empezó a realizar investigaciones para conocer dónde podría estar el cuerpo de él.BLU Radio conoció un documento, según el cual, durante el 2021 se han identificado los restos de cuatro guerrilleros del M-19 y tres funcionarios judiciales que perdieron la vida durante la toma y retoma del Palacio, y que hasta el momento sus familiares no habían podido identificar.Siga y escuche la Intérprete en Spotify:
Andrés Mario Espinosa Garcés, analista de inteligencia del Departamento de Estado de Estados Unidos y el FBI, asistió a la diligencia en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en el proceso de ampliación de información acerca de cómo los grupos paramilitares en el Magdalena Medio, a mediados de los años ochenta, pudieron tener injerencia en crímenes cometidos contra miembros de la Unión Patriótica.Durante la audiencia, el magistrado Gustavo Salazar explicó que Espinoza Garcés fue citado luego que en 2018, el representante de Miguel Maza Márquez le aportara a la JEP un documento denominado Informe de Análisis y Contexto, elaborado por Espinosa con base en su formación como analista de inteligencia y el que contenía información que ayudaba en la investigación del caso 06, que estudia la victimización de miembros de la Unión Patriótica.Durante la audiencia, el magistrado Salazar mostró un documento denominado 'Memorando No. 1980', firmado por Espinosa cuando era jefe de la división de inteligencia del DAS, impartiendo la orden de realizar labores de inteligencia contra la Conferencia Nacional del Partido Comunista Colombiano.“Sigo sin entender por qué un Estado democrático le hace seguimiento a personas de un partido legal que, entre otras, está orientado a proteger, ¿qué sentido tiene recoger esta información?”, dijo el magistrado Salazar al escuchar el testimonio de Espinosa y sus respuestas.En marzo de 2019, la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de los Hechos y Conductas (SRVR) de la JEP, abrió el caso No. 006, denominado ‘Victimización de miembros de la Unión Patriótica por parte de agentes del Estado’, a partir del informe No. 3 presentado por la Fiscalía General de la Nación.“Cuando usted estuvo en el DAS como jefe de la división de inteligencia, ¿era una tarea normal recaudar información de los miembros de partidos de oposición?”, le preguntó el magistrado Salazar a Andrés Mario Espinosa, quien afirmó en la audiencia de este jueves. "Sí, era normal".La Unión Patriótica (UP) es un partido político que nació en 1985, en medio de los diálogos de paz de Uribe (Meta), entre las antiguas Farc-EP y el gobierno de Belisario Betancur.“¿Cuáles eran los otros grupos paramilitares y quiénes eran sus jefes? Haga memoria”, le pidió el magistrado a Espinosa, contra preguntándole por los integrantes del Cartel de Medellín y otras personas de Meta, quienes estuvieron involucrados con estas organizaciones.Uno de los momentos más intensos de la audiencia fue cuando el magistrado preguntó sobre la injerencia del líder de las Autodefensa Unidas de Colombia, Carlos Castaño Gil.“¿Sabe quién es ‘Alekos’?, ¿usted se reunió en algún momento con ‘Alekos’?, ¿quién era el señor Carlos Castaño? Es decir, ¿usted sabe que el señor Carlos Castaño era informante asiduo del DAS?”, le replicó a Espinosa.16 miembros de la fuerza pública se han acogido a la JEP por hechos relacionados con la Unión Patriótica y otros cuatro miembros han solicitado su acogimiento por las mismas razones. Además, 13 exagentes del DAS han solicitado su acogimiento por hechos que podrían estar vinculados con este caso.La Fiscalía reconoció en su informe que las investigaciones en la justicia ordinaria han sido insuficientes para establecer la responsabilidad de los autores de estos hechos. En las 246 sentencias emitidas en este caso, se ha condenado a dos agentes del DAS, 18 miembros del Ejército y 10 agentes de la Policía.Escuche la información completa en el audio adjunto:Le puede interesar: escuche y siga La Intérprete, en Spotify
¿Cuándo me llegará el turno para vacunarme contra el COVID-19? A esa pregunta intenta responder una calculadora creada para la actual situación en Colombia.De acuerdo con sus creadores, el físico español Álvaro Diez y el ingeniero peruano Arturo Barrantes, la calculadora toma en consideración su edad, ocupación y enfermedades preexistentes, entre otros factores, identificados en el Plan Nacional de Vacunación para hacer el cálculoComo resultado, la herramienta muestra cuántas personas hay delante de usted en la fila de vacunación, y cuándo sería vacunado, según dos variantes: el plan y el ritmo actual de vacunación.“Considero que mi herramienta es un complemento muy útil al aplicativo MiVacuna, ya que te muestra una fecha personal para tu vacunación”, escribió en un mensaje a BLU Radio Arturo Barrantes, uno de sus creadores.Para hacer uso de la herramienta solo hay que ingresar la edad, no pide otros datos personales, y responder a las preguntas relacionadas con la distinción de prioridad."Una vez completados tus datos, obtendrás una estimación del número máximo y mínimo de personas que se encuentran por delante de ti en el turno de vacunación. Cabe recordar que la estimación de tu posición en la lista de vacunación está basada en El Plan Nacional de Vacunación del Gobierno de Colombia, la tasa de vacunación actual que se está reportando, así como la aceptación pública a vacunarse", explican los creadores.Al final, la herramienta aclara que a medida que se pone en marcha el plan nacional de vacunación, es de esperar que la tasa de vacunación cambie. "Los resultados se basan en la estimación del Gobierno de administrar en torno a 1.566.670 dosis cada semana en Colombia. La tasa de vacunación actual se encuentra en torno a las 100.983 dosis por semana en Colombia", concluye.Ingrese aquí para probar la calculadora.
Tras recientes anuncios del presidente de Panamá, José Raúl Mulino, sobre la tentativa de cerrar la frontera con Colombia, muchos sectores han manifestado su preocupación.Por ejemplo, los lancheros del Urabá antioqueño afirman que se quedarían sin trabajo, recordemos que diariamente transitan un promedio de 1.500 personas entre Urabá y Panamá. Precisamente sobre esta problemática se refirió el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón."Pasan más de 500.000 migrantes por Urabá anualmente, que lo hagan en las peores condiciones, dejándole eso a las economías ilícitas, es algo en lo que se debe trabajar al más alto nivel entre el gobierno de Colombia, el gobierno de Estados Unidos y el de Panamá", indicó el mandatario.Pero no solo son los lancheros sino la población en general de esta subregión del departamento los que se verían afectados por el represamiento de personas que no podrían migrar. Carlos Camargo, defensor del pueblo, mostró su preocupación e hizo énfasis en que migrar es un derecho humano."Donde ese punto de control migratorio ha sido levantado por el gobierno nacional, nos preocupa mucho que haya un represamiento de población migrante de distintas nacionalidades. Nos preocupa sobre todo en lo que tiene que ver con la garantía de los derechos ahí, comenzando por el derecho a la vida", aseguró Camargo.Finalmente, señala que es una problemática muy grande que no solo debe atender el gobierno de Colombia y el de Panamá, sino que es un asunto de carácter internacional donde muchos países involucrados deberían intervenir.Defensoría del Pueblo desestimó cierre de frontera con Panamá como solución a la crisis migratoriaAnte la preocupación de lancheros y alcaldes del Urabá antioqueño sobre el anuncio del posible cierre de la frontera con Panamá, que generaría un represamiento de migrantes en municipios de esa zona, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, manifestó que esta no puede ser la solución a esta problemática y que no puede ser abordada por un solo país, pues su entidad ha solicitado que haya un abordaje transnacional donde cada país tome un rol activo.Y es que tras la elección de José Raúl Mulino como presidente de Panamá, hay preocupación, ya que el hombre de derecha prometió en reiteradas ocasiones cerrar el Darién para frenar la crisis migratoria en este paso fronterizo con Colombia.El defensor dijo que la entidad vigilará, ante la aplicación de estas medidas, que se lleve a cabo una migración segura, teniendo en cuenta además que hay varias rutas para llegar a Centroamérica y posteriormente a los Estados Unidos."La problemática no puede ser abordada o la solución no está sobre la base de que hay que cerrar las fronteras, sino porque eso genera, que generaría de que las condiciones de dignidad humana se deterioren", dijo Camargo durante una visita a la Cárcel El Pedregal de Medellín.
En 2023, Colombia registró 510.357 nacimientos, de los cuales el 52% (268.659) correspondieron a mujeres de 20 a 29 años, y el 15% (77.917) fueron embarazos adolescentes en mujeres de 15 a 19 años, según el Departamento Nacional de Estadística (Dane). En el primer mes de 2024, se registraron 37.740 embarazos.Durante la gestación, las mujeres enfrentan varios gastos adicionales, como ropa y calzado nuevos, alimentación especial, suplementos alimenticios y productos de higiene. Estos gastos representan una carga económica adicional, especialmente en Colombia, que según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), está entre los países con más embarazos adolescentes, quienes suelen tener menos soporte financiero.¿Cuál es el beneficio y quiénes pueden acceder? La Caja de Compensación Familiar Compensar lanzó a mediados de 2023 un nuevo beneficio económico para madres gestantes, ofreciendo $600.000 distribuidos en seis pagos mensuales. Este beneficio está dirigido a mujeres que, como mínimo, estén en la semana 10 de gestación y sean trabajadoras afiliadas en las categorías A y B, o cónyuges de trabajadores en las mismas categorías.Requisitos y lo que debe presentarEstar afiliada en categoría A o B Estar mínimo en la semana 10 de gestaciónLa solicitud la deberá realizar la madre gestante afiliada (trabajadora cotizante o cónyuge de trabajador)Los ingresos del grupo familiar no deben superar los seis (6) smmlvPresentar certificación o documento expedido y firmado por el médico tratante de la EPS (vigencia de expedición inferior a un mes), donde indique las semanas o mes de gestación (mínimo 10 semanas).No son válidas ecografías, ni historias clínicas.Copia del documento de identidad.Renta Ciudadana 2024: link oficial para consultar con cédulaDónde realizar la postulación y lo qué debe hacer antes de hacerlaDebe tener sus datos de contacto actualizados (correo electrónico y número de celular), si estos no corresponden a los registrados en la Caja de Compensación Compensar, será una causal de devolución de su solicitud.Si la solicitud es para su cóyuge del trabajador, debe estar afiliada a la caja de compensación. La asignación de este beneficio aplica únicamente para compras de productos de la canasta básica familiar, aseo personal y medicamentos propios de la madre gestante; no se podrá retirar en efectivo.Este beneficio estará disponible a través de la Tarjeta Compensar, en el bolsillo víveres, y deberá ser utilizado máximo en seis (6) meses a partir de la última cuota dispuesta.Podrá usarlo en almacenes aliados como Olímpica, Éxito, Jumbo, Metro, Surtimax y Zapatoca. La postulación se realiza en la página https://corporativo.compensar.com/subsidio/.
A esta hora, miembros del Cuerpo de Bomberos de Sitionuevo, Magdalena, de Parques Naturales y fuerzas militares trabajan para atender los nuevos focos de incendios que están en el Vía Parque Isla Salamanca. De acuerdo al más reciente reporte, los brigadistas encontraron dos focos en el sector de Séverac y uno más en El Caimán, este está retirado del área protegida.Adonis Mejía, Jefe de Operación del Cuerpo de Bomberos de Sitionuevo, Magdalena, aseguró a Blu Radio, que estos nuevos focos, aproximadamente, han consumido cerca de 200 hectáreas de fauna y flora del Vía Parque Isla Salamanca, son materia de investigación, sin embargo, se cree que detrás de esto habría manos criminales."Estos nuevos focos de incendio pueden que sean por las altas temperaturas, como también por manos criminales. No sabemos con exactitud que pueden ser estas quemas, pero para mí, y para algunos de nuestras unidades, nosotros evidenciamos que son situaciones antrópicas, es decir, causadas por el ser humano", explicó el jefe de operación del Cuerpo de Bomberos de Sitionuevo, Magdalena.Mejía aseguró que esta nueva emergencia puede guardar relación, al parecer, con el incendió que consumió 42 hectáreas de flora y fauna, pues aunque fue liquidado en su totalidad, el incendio se mantuvo de manera subterránea, por lo que su propagación es más rápida y es necesario usar mayor cantidad de agua, líquido que no es de fácil acceso en este sector."El incendio forestal presentado, necesita de mucha agua para poderlo liquidarlo en su totalidad, porque él pasó de copa a superficial, y de superficial a subterráneo, es decir, nos enfrentamos a un incendio mixto", aseguró Mejía.Durante los próximos 20 días, continuarán los trabajos de mitigación de estos tres focos subterráneos, por lo que los brigadistas llaman a la comunidad a dejar de causar incendios en esta zona, pues advierten que el daño a la flora y fauna sigue en aumento. A su paso la emergencia ha dejado a miles de animales calcinados.
Las labores de investigación de la Policía Nacional, tras el asesinato de un patrullero en el suroccidente de Barranquilla continúan sin dar resultados precisos, por lo que la institución ha decidido aumentar la recompensa ofrecida para quien entregue información que permita dar con el paradero del autor material e intelectual del crimen del policía Jaider Gregorio Amador Quessep.El general William Salamanca, comandante de la Policía Nacional, desde Cartagena envió un mensaje de solidaridad a la familia del patrullero Amador Quessep, y reveló que las investigaciones preliminares dieron como resultado algunos indicios de quién podría estar detrás de este hecho sicarial, perpetrado en el barrio San Luis, en la tarde de este viernes."Con el comandante de la Policía de Barranquilla, general Herbert Benavidez, dialogamos con el comandante Regional de la Policía y hay unos importantes indicios que nos llevan a obtener pistas de quien sería el autor material e intelectual de este crimen" aseguró el general Salamanca.En videos de cámara de seguridad, que son materia de investigación, se puede ver como el patrullero corre para salvar su vida, cuando es alcanzado por su asesino, quien disparó en múltiples ocasiones al uniformado, dejándolo mal herido. Y pese a que fue llevado a un centro asistencial cercano, los galenos confirmaron que sufrió una muerte cerebral.Tras conocerse el fallecimiento del uniformado, las autoridades en Barranquilla ofrecieron una recompensa de 30 millones de pesos, a quien brindara información relevante sobre el autor del suceso. Sin embargo, tras la reunión sostenida en Cartagena con el general William Salamanca, la Policía anunció que la cifra aumentó, por lo que espera dar en las próximas horas con el paradero del responsable del asesinato del patrullero."Sí hemos ofrecido una recompensa, junto con el General Benavidez acordamos un monto de hasta 50 millones de pesos, para quien nos de información certera que nos contribuya a esclarecer el crimen", puntualizó el comandante de la Policía Nacional.
Tras los recientes hechos violentos de las cárceles de Colombia, Esperanza Bustamante, representante de la Fundación Corazón Humano, expuso en Noticias de la Mañana, las preocupantes condiciones en las que se encuentran las personas privadas de la libertad en Colombia.La Fundación, que trabaja para garantizar la dignidad y los derechos de los presos, ha enviado una carta al presidente Gustavo Petro y al ministro de Justicia, Néstor Osuna, solicitando mejoras urgentes para enfrentar la crisis carcelaria que afecta al país. La Fundación Corazón Humano busca poner fin a esta realidad y reivindicar la importancia de la vida de los privados de la libertad. No todos los presos son responsables de los actos de violencia que ocurren en las cárceles, por lo que es fundamental que se respete su dignidad y se les brinde la oportunidad de reintegrarse a la sociedad una vez cumplan su condena. "Están cometiendo en este momento errores y, fuera de eso, están esperando. Es una oportunidad ante la sociedad. No hay que olvidar que estas personas, a pesar de estar privadas de la libertad, van a volver en algún momento dado a reintegrarse a ella”, dijo. ¿Cuál es la situación de las cárceles en Colombia?La crisis carcelaria en Colombia lleva más de veinte años sin resolverse y la Fundación Corazón Humano espera ver mejoras significativas en las condiciones de los privados de la libertad en este nuevo Gobierno. Bustamante se refirió a la situación de los centros penitenciarios en el país."La emergencia carcelaria lleva más de 20 años decretada, es resultado de una política criminal fallida, totalmente fallida. Nosotros esperábamos que mejoraran las condiciones de los privados de la libertad en este nuevo Gobierno, pero todo sigue exactamente igual. No podemos continuar abriendo más cárceles cuando ni siquiera podemos sostener las que tenemos", resaltó.Sin embargo, hasta ahora, las cosas siguen iguales y se siguen abriendo más cárceles sin tener la capacidad de sostener las que ya existen. Los presos sufren de falta de alimentación adecuada y problemas de salud, sin recibir la atención médica necesaria para tratar enfermedades graves.La corrupción también juega un papel importante en la crisis carcelaria en Colombia. La Fundación ha denunciado la corrupción en la contratación de estructuras y alimentos en las cárceles, pero hasta el momento no se ha tomado ninguna acción. La petición al Gobierno PetroLa Fundación Corazón Humano pidió una mesa de diálogo con el presidente y el ministro de justicia para discutir estas problemáticas y buscar soluciones. Además, solicitan la presencia de los representantes de ejecución de penas en esta mesa, ya que es fundamental que se cumpla con la ley y se respeten los derechos de los privados de la libertad. La Fundación busca una reforma que realmente respete la dignidad humana de los presos y que se trabaje en una verdadera justicia restaurativa."Es una corrupción total en esas contrataciones. Nunca llegan los dineros que son entregados directamente a las cárceles. Hay personas que reciben el desayuno a las 6 de la tarde. En muchas ciudades, los niños que están guardados dentro de estas prisiones con sus madres ni siquiera tienen un ventilador. Esto se está saliendo de control, nosotros lo advertimos, inclusive", mencionó enfáticamente.Finalmente, indicó que, la situación en los penales del país es grave y se evidencia una crisis humanitaria que no puede ser ignorada. Es necesario que el Ministerio de Justicia preste atención a estas denuncias y tome medidas urgentes para mejorar las condiciones de vida de los privados de la libertad en Colombia.Escuche la entrevista completa acá: