El Gobierno nacional señaló que activó el máximo nivel de seguimiento al plan retorno de Semana Santa y reforzó los controles en las principales vías del país, ante el inicio de los días con mayor movilidad y mayor riesgo.Desde un Puesto de Mando Unificado (PMU), la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, lideró la articulación con las entidades del sector y la Dirección de Tránsito y Transporte para intensificar las acciones de prevención y vigilancia.De acuerdo con el Gobierno, los operativos se concentrarán en los corredores con mayor flujo vehicular, especialmente en departamentos como Antioquia, Valle del Cauca y Cundinamarca, donde se espera la mayor movilización de viajeros durante el fin de semana.“El país entra en los días de mayor flujo de vehículos por el plan retorno. El llamado es claro: bajar la velocidad, respetar las normas, no conducir bajo los efectos del alcohol y evitar la fatiga. Vamos a reforzar los controles, pero lo más importante es la conciencia de cada conductor. Todo es para proteger su vida y la de su familia”, señaló la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas.Las autoridades también hicieron algunas recomendaciones a los conductores que se desplazan por carretera. Entre ellas, revisar el estado mecánico del vehículo antes de iniciar el viaje, evitar distracciones durante la conducción, no utilizar el celular mientras se maneja y detenerse ante cualquier falla mecánica.Asimismo, para quienes viajan en transporte público, el Gobierno reiteró la importancia de utilizar el cinturón de seguridad, verificar las condiciones del vehículo y reportar cualquier comportamiento riesgoso ante las autoridades.El Ministerio de Transporte enfatizó la importancia del estado físico y emocional del conductor, advirtiendo que la fatiga, el cansancio y el estrés aumentan el riesgo de accidentes. Por ello, recomendó realizar pausas durante los trayectos largos.Finalmente, insistió en que estas medidas buscan reducir la siniestralidad vial y garantizar un retorno seguro durante Semana Santa.“Este no es solo un operativo de movilidad. Es una alerta nacional por la vida. Detrás de cada viaje hay una familia esperando”, dice el comunicado.
El Ministerio de Transporte solicitó a la Aeronáutica Civil exigir a las aerolíneas que se autorregulen en los precios de los tiquetes durante la temporada de fin de año y adopten un techo tarifario, en medio del aumento en la demanda de vuelos nacionales e internacionales.Según proyecciones del Ministerio, entre el 19 de diciembre de 2025 y el 5 de enero de 2026 se movilizarán más de 3,2 millones de pasajeros por vía aérea. De ese total, cerca de dos millones corresponden a vuelos nacionales y más de 1,2 millones a trayectos internacionales.La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, advirtió que no se permitirán incrementos desproporcionados en los precios y cuestionó el comportamiento reciente de algunas tarifas.“No puede ser, como lo comprobamos esta mañana, que un tiquete a Cartagena cueste lo mismo que un tiquete a Miami”, afirmó, al recordar que las aerolíneas reciben incentivos, rutas y beneficios que deberían reflejarse en precios razonables para los usuarios.Por su parte, el presidente Gustavo Petro advirtió que, además de la autorregulación, es necesario aumentar la competencia en el sector aéreo para evitar que pocas empresas concentren los vuelos y puedan fijar precios elevados. “La solución es más competencia, es decir, más aerolíneas, incluida Satena, la verdadera empresa nacional de aviación civil, teniendo derecho a slots”, señaló.Al mismo tiempo, entre el 25 de diciembre y el 1 de enero, se estima que 2.307.130 pasajeros se desplacen desde las terminales terrestres del país en más de 215.000 vehículos. A esto se suma el flujo por carretera: solo entre el 1 y el 28 de diciembre, más de 25,4 millones de vehículos transitaron por los peajes nacionales, superando las cifras del mismo periodo del año anterior.Desde el Gobierno advirtieron que “las empresas que se autorregulen, cumplan la norma y garanticen transparencia al usuario contarán con el respaldo e incentivos del Gobierno Nacional”.
MinTransporte y la ANI entregaron detalles de los avances frente a la emergencia que se presentó el pasado 7 de septiembre en el kilómetro 18, en la zona de Chipaque. Las entidades aseguraron que, a la hora, se adelantan las labores de remoción de masa para comenzar con la fase de estabilización. En un mes y medio podría estar en funcionamiento un carril de la vía al Llano.“Estamos en terreno cada semana, verificando avances y acompañando a las comunidades. Nuestro objetivo es claro: habilitar la vía antes de dos meses y mantener conectada la región del Llano con el centro del país”, aseguró la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas.Para continuar con las labores, es importante drenar la parte alta del talud para que no se presenten ahora y en un futuro emergencias en el corredor vial, por lo que se están evaluando y generando los permisos que ponen en marcha el uso de los recursos que se encuentran dispuestos para la apertura de la vía al Llano. Además, se priorizaron los caminos comunitarios, que hacen referencia a las placas huellas que ya están programadas para su intervención.“Vamos a meterle acelerador a estos caminos con participación directa de las comunidades y de los veedores de la vía al Llano. Ellos son nuestros aliados para garantizar transparencia y que cada peso llegue donde más se necesita”, afirmó la ministra de Transporte.Para una exitosa ejecución de cada una de las estrategias tomadas, también se requiere hacer un análisis sustancioso del pronóstico del clima, puesto que para los meses de octubre y noviembre se esperan lluvias en el territorio nacional, por lo que se deben adelantar labores lo más pronto posible para mitigar consecuencias negativas debido a las condiciones climáticas y así poder garantizar la movilidad en el territorio, el acceso a diferentes servicios y el transporte de alimentos.“Es importante mencionar varias cosas sobre el análisis hecho en el kilómetro 18 por parte de los especialistas. Primero, todo nuestro sistema montañoso y, particularmente, esta zona, es un sistema montañoso joven, lo que quiere decir que vamos a estar expuestos a que este tenga movimientos”, señaló Roberto Gamaliel, vicepresidente ejecutivo de la ANI.Por el momento, se mantiene desde el 4 de octubre el horario 3 por 3 y los PMU cada 48 horas, teniendo en cuenta las opiniones de los transportadores. Las entidades se comprometieron a entregar avances semanales realizados gracias a los recorridos para monitorear y reforzar la articulación de todas las autoridades que trabajan para la solución definitiva de la vía al Llano.
La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, lanzó la alerta por la falta de recursos del Gobierno nacional para atender la crítica situación de la vía Bogotá-Villavicencio por cuenta del enorme derrumbe del pasado 7 de septiembre del que ya se han removido más de 10.000 metros cúbicos de material.Las autoridades habilitaron pasos alternos por una variante en ese sector que utiliza parte de la vía antigua al Llano. El fin de semana, grupos de conductores de carga bloquearon partes de la vía en protesta por las largas esperas para el paso y el Gobierno cambió el esquema de funcionamiento. Sin embargo, la variante es apenas una solución temporal mientras se puede habilitar el paso por la vía regular.“Estamos evaluando con el Gobierno, con el Ministerio de Hacienda, qué posibilidad de recursos. Un problema que no podemos tapar con el sol con un dedo es que no hay plata. No hay plata. Esos puntos críticos nunca se incluyeron para un trabajo estructural de fondo en ninguna concesión. Se hacen concesiones y no se meten los puntos esenciales, los que había que atender prioritariamente”, explicó Rojas.De momento no existe un presupuesto sobre el costo de las obras para poner en funcionamiento nuevamente el kilómetro 18. Sin embargo, ese punto se suma a la lista de 90 puntos críticos que ya tiene la vía al Llano.Según Rojas, el Gobierno va a usar ‘todos los cartuchos’ y está evaluando posibilidades, incluyendo la de declarar la emergencia sobre la vía.“Lo he consultado, hemos revisado ese tema, pero el tema es plata porque usted para qué declarara emergencia: para canalizar unos recursos, para poder canalizar una inversión y para poder hacer una ejecución mucho más rápida de lo normal. El tema es que, si no existen esos recursos nos quedamos con media emergencia. De todas maneras, tendré una reunión con el ministro de Hacienda para revisar que posibilidad de unos recursos que hoy no están en el Ministerio de Transporte, ni en la ANI, ni en Invias para poder hacer esa atención”, explicó la funcionaria.El Gobierno podría evaluar incluso la opción de buscar ‘mecanismos de recaudo’ para financiar la vía, además de diálogos con el concesionario Coviandes para buscar alternativas.No habrá modificación de vigencias futuras por derecha: minTransporteDe otra parte, el Gobierno insiste en la posibilidad de cambiar el calendario de pagos de las vigencias futuras. Sin embargo, la ministra de transporte, María Fernanda Rojas, asegura que se darán los cambios en negociación con los consorcios y no de forma unilateral.Para Rojas, lograr acuerdos de aplazamiento podría ser benéfico tanto para las finanzas del Gobierno (que no tiene plata) como para las concesiones. Sin embargo, descartó la posibilidad de que el gobierno tome decisiones de forma unilateral.
La ministra María Fernanda Rojas aceptó una invitación a participar en un encuentro para debatir sobre el futuro de la concesión de Autopistas del Café.El sábado 23 de agosto, en la facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional en Manizales, se adelantó un conversatorio denominado “El Futuro de Los Peajes de Autopistas del Café”, con participación de varios sectores sociales, académicos, políticos y de Gobierno.En la mesa estuvo la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, como invitada al evento en que también participaron el representante a la Cámara por el partido Alianza Verde, Santiago Osorio; y el diputado de Caldas, David Islem, de la misma colectividad.El asunto es que el congresista Santiago Osorio, de la misma ala política de la ministra, aspira a revalidar sus posiciones políticas en las elecciones del año entrante para Congreso. Su bandera es el desmonte de los peajes Las Pavas y San Bernardo de la Autopista del Café.Esa iniciativa, al parecer, la comparte el alto Gobierno pues la propia ministra Rojas afirmó al cierre del conversatorio que “el Presidente de la República (Gustavo Petro) ha sido enfático en decir que no se prorrogarán concesiones o que no se mantendrán los mismos modelos concesionales que hay en los corredores viales”.De hecho, el representante Osorio presentó durante el evento la constancia de haber recogido 43.214 firmas de habitantes de Manizales, Chinchiná y Palestina a través de una campaña digital. Osorio pide al Gobierno eliminar los peajes de Las Pavas y San Bernardo en la revisión futura de la concesión de Autopistas del Café, que vence en 2027.En la actualidad, el consorcio administra siete peajes en cuatro departamentos (Caldas, Risaralda, Quindío y Valle del Cauca), en donde “Caldas es el departamento más afectado, concentrando 5 de los 7 peajes, con Manizales rodeada por 4 de ellos”, según la campaña.No obstante, la ministra Rojas sostuvo que frente a IP Conexión Centro como se le conoce a la concesión vial suscrita bajo la modalidad de alianza pública-privada (APP), liderada por Odinsa Vías S.A.S., filial del Grupo Argos, se analizan alternativas para que no se extienda el contrato por 30 años más, lo que significaría ganancias cercanas a 10 billones de pesos en peajes para la concesionaria.“No es sano depender de una sola cosa, de una iniciativa de un privado, no es sano depender de una única opción de reversión, sino que busquemos analizar distintas alternativas y vamos a trabajar sobre una, que es la reversión de Autopistas del Café, con un modelo que podría incluir también actores privados, que debe incluir actores públicos y que permita un equilibrio, unas reglas de juego más equitativas para la gente y también para lo público”, señalò la ministra
En las últimas fueron liberados los dos contratistas colombianos que habían sido detenidos el pasado 12 de agosto en la isla Santa Rosa por parte de las autoridades peruanas.Se trata de un topógrafo identificado como Carlos Sánchez Ortegón y un ayudante identificado como Jhon Willington Amia. Estas personas se encontraban realizando labores de batimetría para la ampliación del muelle Victoria Regia.“Sabemos que ya hoy han sido liberados. Ellos están desde el 12 de agosto. Según las autoridades peruanas, estaban siendo intervenidos, para nosotros era una detención, y hoy han sido liberados aproximadamente a las 5:30 de la tarde", señaló la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas.La jefe de esta cartera también informó que los equipos que llevaban los trabajadores vinculados a el Invias no fueron entregados, por lo que la empresa deberá hacer un proceso para poder recuperarlos, ya que estarían en poder de la Guardia Civil de Perú."Los equipos que tenían de GPS y demás, porque ellos estaban haciendo una revisión de los estudios de batimetría que son estudios que se hacen en estos cuerpos de agua, esos equipos siguen retenidos y ya será un tema del contratista, la empresa contratista que pueda realizar las labores para su recuperación, pero lo importante es que el señor Carlos Sánchez y el señor John Willington Amias están ya libres”, añadió Rojas.Los colombianos llegarían al país hacia las 4:00 de la mañana del 21 de agosto. Esta situación había generado recientemente un pronunciamiento del presidente Gustavo Petro.“La detención de los contratistas colombianos en la isla de Santa Rosa es ilegal. Es un secuestro. Colombia considera que la isla de Santa Rosa no ha sido adjudicada de acuerdo al Protocolo de Río de Janeiro”, señaló Petro en su momento.
En diálogo con Mañanas Blu, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, se dirigió a habló sobre la controversia en torno al aplazamiento de las normativas para vehículos importados desde Estados Unidos. La ministra destacó que el aplazamiento responde a razones legales, como la incapacidad de la Superintendencia de Industria y Comercio para certificar las normativas técnicas requeridas, lo que plantea la necesidad de más tiempo y recursos para llevar a cabo estos procesos. Motivos de la decisión "La Superintendencia nos dice que no tenemos el personal ni las metodologías necesarias para certificar los procedimientos de acuerdo a las nuevas normativas. Necesitamos tiempo para asegurarnos de que todo esté en orden antes de implementar cambios", explicó Rojas. Esta medida no es nueva; ha sido un proceso que comenzó en administraciones anteriores y busca mejorar la seguridad vial en el país. "Los países que son más exigentes en la calidad de los vehículos tienen menores tasas de siniestralidad", afirmó la ministra. Impacto en las relaciones internacionales La ministra también refirió la presión ejercida por el Departamento de Comercio de Estados Unidos, que dejó claro que el avance en estas regulaciones no sería bien recibido. "Entendemos la seriedad del mensaje, pero también es importante que haya diálogo y entendimiento en este tema", agregó. Esto sugiere una posible estrategia de negociación para resolver el conflicto sin tensar las relaciones bilaterales. La industria local Se abordó el impacto sobre la industria local de autopartes, resaltando la necesidad de tener reconocimiento mutuo de certificaciones. Rojas mencionó que las empresas colombianas también pueden y están certificadas ante entidades externas, lo que les permite competir en igualdad de condiciones. Medidas de seguridad vial Frente a los altos índices de siniestralidad, sobre todo en el uso de motocicletas, la ministra enfatizó la importancia de implementar estas medidas reguladoras. "Las cifras nos indican que debemos actuar. Hay que considerar la vida de las personas ante todo", concluyó Rojas. Escuche aquí la entrevista:
En medio de la investigación que se adelanta por los presuntos casos de corrupción relacionados con contratos del Instituto Nacional de Vías (Invías), desde el Ministerio de Transporte aseguraron que brindarán las garantías que sean necesarias para investigar los hechos.A través de un comunicado, la ministra de esa cartera, María Fernanda Rojas, reiteró que los entes de control tendrán toda la información que necesiten para llevar a cabo el caso por supuestas irregularidades en la contratación de esa entidad.“Nuestras acciones están alineadas con las directrices del señor presidente de la República Gustavo Petro, en la lucha contra la corrupción y la búsqueda de la transparencia en el sector”, dijo Rojas en medio del documento.Esta medida se da también a la par de que la Fiscalía General de la Nación le solicitara a la Corte Suprema la investigación en contra de 28 congresistas que al parecer estarían involucrados en el caso. Según fuentes judiciales, este escándalo podría ser aún más grande que el de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).De hecho, este caso se conoció tras un interrogatorio rendido por la exasesora del Ministerio de Hacienda, María Alejandra Benavides, también salpicada por el caso de la UNGRD. Según afirmó la exfuncionaria, las irregularidades al interior del Invías estarían relacionadas con la gestión de cupos indicativos en la entidad, algo que hasta ahora no se le ha dado más detalles.Por ahora, la investigación preliminar determinará si existen pruebas suficientes para abrir un proceso contra los 28 congresistas y si hay más personas involucradas en medio de este polémico caso que ya involucra nuevamente al gobierno del presidente Gustavo Petro.
El futuro del tren La Dorada - Chiriguaná está próximo a definirse, según dijo la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas. En una entrevista con Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, dijo que el 7 de febrero será un día crucial para este proyecto ferroviario, ya que en esa fecha se cerrará la recepción de ofertas para la licitación de la Alianza Público-Privada (APP) que permitirá su ejecución.“Es clave que este mensaje llegue: se reciben todas las ofertas de empresas con capacidad financiera y técnica. El 7 van a tener la posibilidad de presentar sus iniciativas”, destacó la ministra.Este proyecto ferroviario abarca 526 kilómetros, atraviesa cinco departamentos y conecta 25 municipios, consolidándose como una pieza clave para la reactivación del sistema férreo colombiano. De acuerdo con Rojas, actualmente 14 empresas mueven carga en este corredor, lo que evidencia su potencial.Un corredor estratégico para la cargaEl tren de La Dorada - Chiriguaná está diseñado principalmente para el transporte de carga. Según las proyecciones del Ministerio de Transporte, en 2024 se moverán 225.000 toneladas de mercancía, mientras que para 2034 la cifra alcanzará los 55 millones de toneladas anuales.“Imaginen lo que se puede lograr con una empresa que modernice el material rodante y la estructura ferroviaria”, comentó Rojas. El proceso de adjudicación está previsto para abril de 2024. Luego vendrán 15 meses de preconstrucción y posteriormente 48 a 49 meses de construcción.Transparencia en el proceso de licitaciónUna de las inquietudes en torno al proyecto es la transparencia en la selección de las empresas que participarán en la licitación. Recientemente, la revista Cambio publicó una investigación sobre presuntas irregularidades en algunas de las compañías interesadas en el contrato.Sobre este tema, la ministra aseguró que el proceso de depuración ya está en marcha y que solo competirán firmas con respaldo financiero y experiencia comprobada.“El momento clave es el 7 de febrero, porque ahí sí ya solo llegan las empresas que, además de ser serias, tienen todo el respaldo crediticio, la experiencia y la capacidad técnica y económica”, explicó.El valor estimado del proyecto es de 34 billones de pesos, lo que hace que la competencia sea exclusiva para empresas con el músculo financiero suficiente. La ministra anticipó que es probable que varias firmas se asocien para cumplir con los requisitos.Otros proyectos de infraestructura en el paísAdemás del tren La Dorada - Chiriguaná, la ministra abordó otros temas clave en el sector de infraestructura. Uno de ellos es el aplazamiento de recursos para el metro de Bogotá, lo que ha generado críticas del alcalde Carlos Fernando Galán.Rojas aseguró que el Gobierno no ha eliminado los recursos, sino que se trata de un aplazamiento debido a la crisis fiscal del país.“No es un recorte, no quiere decir que la plata nunca va a llegar. Es una priorización del gasto en medio de una crisis fiscal”, aclaró.Asimismo, mencionó que hay proyectos estratégicos en aeropuertos como El Dorado, Cartagena y Cali, cuya planificación sigue en pie.Incertidumbre sobre los recursos para el Metro de la 80 en MedellínOtro de los temas abordados por la ministra María Fernanda Rojas fue el futuro del Metro de la 80 en Medellín, un sistema de transporte clave para la movilidad de la capital antioqueña. Según explicó, el proyecto enfrenta aplazamientos en la entrega de recursos por parte del Gobierno Nacional, lo que ha generado preocupación en la administración local.En 2024, el Gobierno no cumplió con el desembolso de 483.000 millones de pesos, y para 2025 el incumplimiento ascendería a 497.000 millones, sumando casi un billón de pesos en retrasos.“Esta es otra situación distinta, pero el Ministerio de Hacienda es el encargado de programar los giros y establecer prioridades. Hay voluntad para revisar estos aplazamientos”, indicó Rojas. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, ha manifestado su inconformidad y aseguró que no fue informado de esta decisión, una situación similar a la que se presentó con el metro de Bogotá. Sin embargo, la ministra explicó que el Gobierno está dispuesto a dialogar y explorar alternativas de financiamiento.
El presidente Gustavo Petro ha oficializado el nombramiento de María Fernanda Rojas como nueva ministra de Transporte, en reemplazo de María Constanza García. La decisión quedó plasmada en el Decreto 0059 de 2025, donde se detalla:María Constanza García se despidió de su cargo a través de X (antes Twitter) el pasado 20 de enero. En su mensaje agradeció al presidente Petro por confiar en ella y reitero que fue un honor servir al país en ese sector."Quiero compartir con ustedes que, tras un proceso de reflexión, he tomado la decisión de renunciar a mi cargo como Ministra de Transporte. Total gratitud al presidente Gustavo Petro por la confianza depositada en mí durante estos dos años y medio, primero como viceministra de Infraestructura y, desde el 8 de julio de 2024, como ministra de Transporte. Ha sido un honor servir a nuestro país, liderando un sector clave con el mayor presupuesto y enfrentando los desafíos propios de un gobierno comprometido con el cambio social. Los mejores deseos para el continuo desarrollo de Colombia”, publicó la exministra.Este movimiento se enmarca dentro del remezón ministerial que comenzó el lunes 20 de enero, con la salida de Mauricio Lizcano como ministro de las TIC y la inminente llegada de Laura Sarabia a la Cancillería en reemplazo de Luis Gilberto Murillo.
El Gobierno nacional anunció un aumento en el bloqueo de líneas telefónicas y dispositivos móviles utilizados para cometer extorsiones y otros delitos desde las cárceles del país. La ministra de las TIC, Alexandra Falla Zerrate, y el ministro de Justicia, Iván Cancino, aseguraron que, entre septiembre y octubre de 2026, se registraron incrementos de hasta el 97 % en el bloqueo de líneas telefónicas, como resultado del trabajo conjunto con los operadores de telecomunicaciones y las autoridades penitenciarias.De acuerdo con las cifras entregadas por los ministerios, Tigo aumentó en un 97,08 % el bloqueo de líneas, al pasar de 240 a 473; Claro registró un incremento del 34,65 %, pasando de 303 a 400 líneas bloqueadas; mientras que WOM pasó de 50 a 93, lo que representa un aumento del 86 %.En cuanto al bloqueo de equipos mediante su código de identificación IMEI, Tigo reportó un incremento del 18,96 %, Claro del 51,09 % y WOM del 43,88 %. Las autoridades señalaron que estos resultados buscan reducir la capacidad de las estructuras criminales para operar desde los establecimientos penitenciarios.La ministra Alexandra Falla explicó que, como parte de las nuevas medidas, se impartieron instrucciones a la Dirección de Vigilancia, Inspección y Control del Ministerio TIC para estructurar un protocolo que contará con la participación de la Agencia Nacional del Espectro, que es la entidad encargada de vigilar y controlar el espectro radioeléctrico en el país.El proyecto contempla la creación de un grupo de atención prioritaria para agilizar las verificaciones técnicas en las cárceles, reducir los tiempos de respuesta y acelerar los trámites administrativos frente a las denuncias por comunicaciones no autorizadas. También se solicitaron ajustes técnicos a los operadores para reducir la potencia de las señales al interior de los centros penitenciarios.Por su parte, el ministro de Justicia, Iván Cancino, aseguró que se fortalecerán los controles junto con el Inpec y las demás autoridades para impedir el ingreso y uso de celulares no autorizados en las cárceles.El Gobierno también anunció que continuará impulsando medidas legislativas para combatir este fenómeno y explorar nuevas tecnologías que permitan mejorar el bloqueo de señales.Los ministros insistieron en que el objetivo es recuperar el control de los establecimientos penitenciarios e impedir que las personas privadas de la libertad continúen coordinando extorsiones, secuestros y otras actividades criminales desde los centros de reclusión.
Jhan Carlos Rodríguez Masmela, conocido con los alias de ‘Chapolo’ o ‘Chapullo’, se presentó voluntariamente ante el Ejército Nacional en zona rural de Íquira, Huila, junto con otros cuatro integrantes de la organización armada ilegal. Las autoridades habían ofrecido una recompensa de hasta 300 millones de pesos por información que permitiera su captura. El ministro de Defensa (r), Jorge Mora, confirmó que el cabecilla habría tenido responsabilidad en el atentado que cobró la vida de dos policías en Ataco, en agosto pasado.Jhan Carlos Rodríguez era cabecilla de la estructura Ismael Ruiz, perteneciente al bloque central Isaías Pardo de las disidencias de las Farc. Llevaba aproximadamente 14 años dentro de esta organización armada ilegal y ejercía funciones de dirección y coordinación de actividades criminales en los departamentos del Tolima y Huila.Hay que decir que cinco personas se presentaron junto a él ante las unidades militares para acogerse a los procedimientos establecidos por las autoridades. Entre ellas, se encontraba el máximo responsable de la Estructura Ismael Ruiz, su compañera sentimental y tres presuntos integrantes de su anillo de seguridad.La noticia tiene especial relevancia para el Tolima, teniendo en cuenta que alias ‘Chapolo’ era señalado de orientar las acciones criminales de esta estructura en zonas rurales de Planadas, Ataco y Rioblanco, donde las comunidades han denunciado amenazas, extorsiones y presiones de los grupos armados ilegales.Un cabecilla por el que ofrecían 300 millones de pesosLa gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz Vargas, había advertido desde febrero sobre la peligrosidad de este hombre y la amenaza que representaba para la población civil. Por información que permitiera ubicarlo y capturarlo, el Gobierno departamental ofrecía una recompensa de hasta 300 millones de pesos.Tras conocerse su sometimiento, la mandataria celebró el resultado y destacó lo que representa para las comunidades afectadas por la violencia en el sur del departamento.“Hoy el Tolima recibe una gran noticia que devuelve esperanza a muchas comunidades del sur del departamento y del país entero. Gracias presidente Abelardo De La Espriella por su compromiso con la seguridad del Tolima y Colombia. La seguridad exige decisiones, determinación y acciones contundentes contra quienes amenazan la tranquilidad de los ciudadanos", escribió la mandataria.Por otro lado, el presidente confirmó el sometimiento y el ministro de Defensa reveló su presunta responsabilidad en ataque contra policías.La caída de alias 'Chapolo' se conoce después de los anuncios y advertencias que se habían realizado desde el Gobierno y las autoridades territoriales frente a las acciones violentas de esta estructura en el sur del país. Uno de los aspectos más delicados de este caso tiene que ver con los señalamientos sobre su presunta participación en hechos de sangre contra la Fuerza Pública.El ministro de Defensa (r), Jorge Mora, confirmó que alias ‘Chapolo’ habría sido uno de los responsables del atentado perpetrado en agosto pasado en el municipio de Ataco, Tolima, en el que fueron asesinados dos integrantes de la Policía Nacional.Este señalamiento aumenta la relevancia judicial de su sometimiento, teniendo en cuenta que se trata de un cabecilla al que las autoridades atribuyen no solamente acciones de intimidación y extorsión contra la población civil, sino también ataques terroristas contra la Fuerza Pública.Cabe recordar que, durante la jornada de empalme territorial realizada en julio, antes de la posesión presidencial, el mandatario Abelardo De La Espriella estuvo en el Tolima junto a la gobernadora Adriana Magali Matiz Vargas y la alcaldesa de Ibagué, Johana Ximena Aranda Rivera.En ese escenario se habían enviado advertencias directas a alias ‘Chapolo’ y a otros integrantes de las disidencias por los hechos violentos registrados en esta región.El arsenal y los elementos entregados por la estructura criminalEl relato de la Quinta División del Ejército Nacional da cuenta de la dimensión del sometimiento y de los elementos de guerra y material logístico que quedaron en poder de las autoridades.Durante la presentación voluntaria, los cinco integrantes entregaron un importante arsenal que estaba en poder de la organización armada ilegal.El material relacionado en el reporte militar comprende, tres fusiles AR-15 calibre 5,56 milímetros, un fusil Galil AR calibre 5,56 milímetros, tres pistolas Glock 17 calibre 9 milímetros, una pistola Pietro Beretta, una pistola Jericho, una pistola calibre 7,65 milímetros, una mira telescópica Bushnell y una mira de precisión ACOG, chalecos multipropósito, más de 1.000 municiones y cartuchos de diferentes calibres, proveedores para las armas, una granada, equipos de comunicación, y un dron.Pero entre los elementos entregados hay uno que reviste especial importancia para las investigaciones, 39 recibos de pagos extorsivos atribuidos a la Estructura Ismael Ruiz, que podrían aportar información sobre las actividades de financiación ilegal, los cobros y las personas o sectores económicos sometidos a las exigencias de esta organización.Extorsiones, reclutamiento, amenazas y control de la minería ilegalDe acuerdo con el comunicado de la Quinta División, alias ‘Chapolo’ era uno de los responsables de orientar y coordinar el accionar criminal de esta estructura, a la que se le atribuyen amenazas contra la gobernadora del Tolima, ataques terroristas contra unidades militares mediante drones acondicionados con artefactos explosivos improvisados, homicidios selectivos, extorsiones sistemáticas y retenciones ilegales.Las autoridades también le atribuyen el direccionamiento de actividades relacionadas con el reclutamiento de personas y el control de la explotación ilícita de yacimientos mineros en territorios del Tolima y Huila.Estas actividades, según el Ejército, habrían sido utilizadas como mecanismos de financiación criminal, intimidación y control territorial, afectando directamente la seguridad, la tranquilidad y los derechos fundamentales de las comunidades.El prontuario judicial del cabecilla también incluye órdenes de captura expedidas por la Fiscalía General de la Nación por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, fabricación, tráfico y porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas y extorsión.¿Qué sigue en el proceso?Una vez se produjo la presentación voluntaria, el caso fue puesto en conocimiento del Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado (GAHD), entidad encargada de brindar acompañamiento y atención dentro del procedimiento correspondiente.La salida de Jhan Carlos Rodríguez Masmela, alias ‘Chapolo’ de la estructura criminal representa un golpe de especial importancia para las disidencias que delinquen entre el Tolima y Huila. Sin embargo, el desafío para las autoridades ahora será establecer el alcance de las investigaciones, esclarecer los hechos violentos que se le atribuyen y garantizar que las comunidades de Planadas, Ataco y Rioblanco puedan recuperar la tranquilidad.
La Alcaldía de Bogotá proyecta ahorrar al menos 40.000 millones de pesos anuales mediante una reforma administrativa que contempla fusionar y suprimir varias entidades distritales, trasladar sus funciones a diferentes secretarías y reducir cargos directivos y asesores.Así lo explicó en entrevista con Blu Radio Miguel Silva Moyano, secretario general de la Alcaldía de Bogotá, quien aseguró que la iniciativa es resultado de una revisión de la estructura administrativa del Distrito que se ha adelantado durante varios meses por instrucción del alcalde Carlos Fernando Galán.Silva aclaró que el documento conocido recientemente es todavía un borrador de proyecto de acuerdo y que no representa decisiones definitivas. La administración espera radicar la propuesta ante el Concejo de Bogotá en febrero, para que sea discutida por los cabildantes.“Este es un documento de trabajo, es un borrador de proyecto de acuerdo que aún no es definitivo y que consolida gran parte de los hallazgos que hemos encontrado hasta la fecha en las posibilidades que tenemos de modernización del Distrito”, explicó Silva Moyano.Según el secretario general, la última gran reforma administrativa de la ciudad se realizó en 2006. Desde entonces se han creado nueve entidades y no se había adelantado una revisión integral de la estructura institucional para identificar funciones similares y oportunidades de optimización.“Existe una oportunidad de ahorrarle al menos 40.000 millones de pesos al Distrito cada año en funcionamiento a través de la fusión de algunas entidades”, señaló.La propuesta contempla que varias entidades dejen de funcionar de manera independiente y que sus responsabilidades sean asumidas por secretarías u otros organismos distritales.Entre los cambios planteados está trasladar las funciones del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (Idipron) a la Secretaría de Integración Social. “La misionalidad del Idipron se parece con lo que hace Integración Social en el tema de habitabilidad de calle, entonces podemos fortalecer a la Secretaría de Integración y hacer más con menos, hacer más programas sociales con menos gasto administrativo”, afirmó Silva.También se contempla integrar el Instituto para la Economía Social (IPES) a la Secretaría de Desarrollo Económico, mientras que la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (Fuga) sería fusionada con el Instituto Distrital de las Artes (Idartes).Otros cambios incluidos en el borrador son el traslado del Departamento Administrativo del Servicio Civil a la Secretaría General, del Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones (FONCEP) a la Secretaría de Hacienda y del Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico (IDEP) a la Secretaría de Educación.Reducción en cargos administrativos y liquidación de entidadesUno de los puntos que explicó el secretario Miguel Silva tiene que ver con los cambios en la planta de personal del Distrito, pues la propuesta contempla inicialmente la reducción de 53 cargos de libre nombramiento y remoción, correspondientes a empleos directivos y asesores.“Son 53 cargos, puede ser menos, puede ser más, depende de la conversación con el Concejo de la ciudad”, precisó. Sin embargo, aseguró que los trabajadores vinculados mediante carrera administrativa conservarán sus derechos y que se respetarán los acuerdos sindicales.“Todos los servidores de carrera administrativa se mantienen, eso no tiene discusión, garantizamos sus derechos y lo que estamos buscando es una estructura administrativa mucho más simplificada que le sirva a la ciudad”, sostuvo.El secretario general agregó que la administración también viene adelantando otras medidas de austeridad. Según sus cifras, actualmente hay 700.000 millones de pesos menos en contratos de prestación de servicios frente al mismo periodo del año anterior.La reforma también contempla revisar el futuro de dos organismos distritales: la Agencia Analítica de Datos (Ágata) y la Entidad de Gestión Administrativa y Técnica (EGAT).En el caso de Ágata, la Alcaldía estudia alternativas como su venta o liquidación. Según explicó Silva Moyano, la intención es fortalecer a la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB), que busca ampliar su papel en el sector tecnológico.El funcionario recordó que la empresa viene adelantando una transformación para ampliar su campo de acción más allá de las telecomunicaciones. "Lo que corresponde es fortalecer a ETB. (...) Esto lo estamos hablando con los socios, es una compañía que ha venido trabajando en materia de transición y de transformación digital", explicó.No obstante, aclaró que todavía no existe una decisión definitiva sobre el futuro de Ágata y que las alternativas continúan en evaluación.Frente a la EGAT, entidad que presta apoyo administrativo y técnico al sector salud, Silva Moyano explicó que su eventual liquidación responde a un proceso que ya venía adelantándose progresivamente.Otro de los componentes de la reforma es la creación del Fondo Mixto para la Promoción de la Cultura y las Artes de Bogotá, una figura que tendría participación pública y privada y estaría vinculada a la Secretaría de Cultura.De acuerdo con Silva, este mecanismo permitiría agilizar la contratación y ejecución de recursos destinados a programas como la red de bibliotecas públicas y los festivales al parque.“Este es un instrumento que se ha venido estudiando por parte de la Secretaría de Cultura, que permite sobre todo vehículos mucho más ágiles en materia de contratación para el programa de bibliotecas públicas, por ejemplo, darle sostenibilidad a diferentes iniciativas como los festivales al parque”, explicó.El funcionario agregó que el modelo permitiría movilizar recursos de manera más eficiente y facilitar la ejecución de proyectos culturales.La alcaldía espera presentar el proyecto de acuerdo ante el Concejo de Bogotá en febrero. A partir de ese momento, la iniciativa deberá surtir el debate correspondiente y podrá recibir modificaciones durante su discusión.Silva Moyano señaló que, si la propuesta avanza, la administración espera desarrollar el proceso de transición durante 2027, de manera que los cambios puedan reflejarse en el presupuesto de 2028, que corresponderá al primer año del siguiente gobierno distrital.
El papa León IXV pidió este martes a los jóvenes que no caigan "ante los nuevos ídolos que reclaman su adoración", ni al éxito a cualquier precio o la obsesión por la apariencia, en la vigilia que celebró ante el monumento de los Españoles en el barrio de Palermo, en Buenos Aires, ante cerca un millón de personas."Queridos amigos, también hoy se levantan ídolos que reclaman nuestra adoración: el éxito a cualquier precio, el dinero, la obsesión por la apariencia, la popularidad o la búsqueda desenfrenada del placer", les advirtió el papa en su discurso tras una ceremonia de música y oración.A los jóvenes que siguieron su discurso grabando con sus teléfonos móviles, les puso delante una realidad que les afecta cotidianamente como que "a veces, con tal de conseguir la aprobación de los demás podemos llegar a mentir, traicionar o humillar a alguien en las redes sociales"."La envidia puede impedir que nos alegremos por el bien ajeno, y el egoísmo puede llevarnos a tratar a las personas como objetos. Hay también quienes hacen negocio ofreciendo placeres que terminan por esclavizarnos, como la pornografía y diversas sustancias", lamentó el papa.Por eso, a la marea de jóvenes que durante horas aguardaron su llegada les dijo: "También ustedes están llamados a permanecer de pie ante los ídolos de nuestro tiempo. ¡No se arrodillen ante aquello que no puede darles vida! Y si alguna vez han caído, ¡levántense! No permitan que nada ni nadie les arrebate la libertad que Dios les ha dado".León XIV, como ha hecho varias veces en su etapa argentina, volvió a citar al papa Francisco y recordó la palabras que recorrieron el mundo durante la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa, cuando habló de una Iglesia de "Todos, todos, todos".El papa reivindicó una Iglesia de puertas abiertas, capaz de acoger tanto a quienes han crecido cerca de Jesús como a quienes comienzan ahora a buscarlo, a quienes llevan tiempo sin rezar y a quienes se han alejado de la institución o han sufrido heridas por parte de quienes debían acompañarlos."A cada uno quisiera decirle: ¡hay un lugar para ti en la Iglesia! Con tus preguntas, tus heridas y tu historia. Esta es también tu casa. No tienes que fingir que todo está bien ni esperar a tener la vida resuelta para acercarte", afirmó entre el entusiasmo de los chicos.Y añadió: "Y a ti, que crees que ya es demasiado tarde para comenzar de nuevo, quisiera decirte: ¡bienvenido! Sin importar quién seas o qué hayas hecho, Jesucristo te conoce, te ama y quiere que estés cerca de Él".El papa, que había escuchado los testimonios de algunos jóvenes y sus interrogantes sobre la fe y adicciones, también insistió en que "las comunidades cristianas mantengan siempre abiertas sus puertas, que sepan recibir a quienes llegan con preguntas, auxiliar a quienes sufren y acompañar con paciencia a quienes buscan a Dios".Animó además a los chicos y chicas "a abrir las puertas a quienes carecen de hogar, visitar a los enfermos y a quienes nadie quiere visitar, y prestar atención a los sufrimientos menos visibles: los de quienes necesitan consejo, consuelo o simplemente sentirse amados"."Vayan a sus ciudades y pueblos, a cada rincón y periferia. Que quienes se sienten lejos de Dios descubran, a través de ustedes, que Cristo los está buscando", exhortó.Con este acto el papa terminó una jornada que comenzó con una misa multitudinaria en Córdoba, a 700 kilómetros de Buenos Aires.
La Superintendencia de Salud impuso medidas cautelares a la EPS Sanitas ante los graves problemas en la entrega de medicamentos en Bogotá que han generado tiempos de espera por encima de las seis horas todo esto en medio de condiciones no aptas para este servicio.“La medida establece respuesta inmediata para los casos clasificados como riesgo vital y priorizados, así como para los usuarios con protección reforzada, entre ellos niños, niñas y adolescentes, mujeres gestantes, pacientes con cáncer, VIH y trasplantados, así como personas con enfermedades huérfanas”, detalló la superintendencia a través de un comunicado.Y es que en los últimos tres días se han conocido denuncias de los afiliados a la EPS sobre los altos tiempos de espera incluso para reclamar un turno y la no disponibilidad de los medicamentos o insumos, todo esto luego del cambio de Cruz Verde a Colsubsidio como dispensario farmacéutico.Por eso, es que la EPS también debe entregar a la entidad de control un informe con los detalles de cómo se dio ese plan y cuál ha sido la repuesta a las quejas.“La EPS Sanitas deberá presentar los avances del plan de acción para atender los reclamos por la falta de entrega de medicamentos y remitir a la Supersalud un informe detallado sobre la gestión realizada en cada caso. Este deberá incluir el estado del reclamo, la fecha de entrega efectiva, los soportes y las actuaciones adelantadas para verificar el cumplimiento de la medida cautelar”, detalló la Supersalud.Más temprano, la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá también había pedido respuestas urgentes a la EPS Sanitas y al gestor farmacéutico Colsubsidio para solucionar las demoras en la entrega de medicamentos a los usuarios.Durante las jornadas de inspección, vigilancia y control se identificaron dificultades operativas en dos establecimientos farmacéuticos de Colsubsidio que prestan servicios a los afiliados de Sanitas.Por ejemplo, en uno de los puntos, la situación fue calificada como crítica. Según los hallazgos, los usuarios deben esperar hasta seis horas para reclamar sus medicamentos: cuatro horas en las escaleras, antes de ingresar al establecimiento, y otras dos horas dentro de la sala de espera.
