En un contundente operativo contra el maltrato animal y la corrupción de alimentos, la Policía Nacional capturó a cinco personas y decomisó más de dos toneladas de carne en un matadero clandestino que funcionaba en la vereda Ojo de Agua, zona rural de San Gil, Santander. Durante la intervención, las autoridades incautaron 1.800 kilogramos de carne, 230 kilogramos de vísceras, 8 kilogramos de material orgánico correspondiente a producto de gestación y 160 kilogramos de subproductos cárnicos, para un total de 2.198 kilogramos, avaluados en aproximadamente 32 millones de pesos.Según la investigación, la actividad se realizaba en un sitio no autorizado, sin cumplir con las condiciones técnicas de manipulación e inocuidad exigidas para el consumo humano. Además, se evidenció el sacrificio de semovientes sin protocolos técnicos ni humanitarios, vulnerando las normas de protección animal.El operativo también permitió establecer el manejo irregular de residuos orgánicos y la disposición inadecuada de despojos, lo que generaba riesgo de contaminación de fuentes hídricas en esta zona rural. El producto cárnico fue trasladado a la planta de beneficio del municipio de Villanueva para su destrucción, evitando su comercialización. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de maltrato animal y corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico. El coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, comandante del Departamento de Policía Santander, señaló que este resultado “demuestra la determinación institucional de proteger la salud pública, salvaguardar el bienestar animal y combatir las economías ilegales que atentan contra la seguridad alimentaria”.Las autoridades anunciaron que continuarán los controles permanentes en todo el territorio para evitar este tipo de prácticas ilegales en municipios de Santander.
La Seccional de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía lograron la captura de tres hombres en la vereda Mochuelo Alto, ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar, por los delitos de corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico.Por medio de información oportuna a través de la línea 123, alertando un posible sacrificio ilegal de bovinos en la zona rural, uniformados desplegaron un operativo en el que hallaron 06 canales de bovinos (reses despostadas) las cuales no cumplen con las condiciones sanitarias exigidas por la ley.“En este procedimiento se logra la captura de tres personas por artículo 372 del Código Penal, corrupción de alimentos. Asimismo, la incautación de 1.800 kilos de carne, los cuales fueron puestos a disposición de la autoridad competente para su desnaturalización y destrucción del producto”. Expresó el Mayor, Carlos Alberto León Sánchez, Jefe Seccional de Carabineros MEGOB.Los tres hombres capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación en el que responderán por las conductas relacionadas con manipulación y distribución ilegal de productos cárnicos.Asimismo, las autoridades reiteraron su compromiso con la seguridad alimentaria e invitan a los ciudadanos a seguir denunciando cualquier irregularidad que afecte la salud pública.Cárcel para miembros de matadero clandestino en Bogotá; vendían la carne en calles de SubaLa Fiscalía capturó y judicializó a tres personas presuntamente responsables de sacrificar y vender la carne de los bovinos en el barrio Fontanar del Río de la Localidad de Suba y que almacenaban la carne en una bodega que no contaba con los estándares de salud que exige la ley como el cuarto frio de conservación. Considerado como un matadero clandestino, se puso en evidencia la distribución ilegal del producto en carpas improvisadas sobre una calle del sector.De acuerdo con las autoridades, a ese lugar eran llevados los bovinos, que además llegaban en mal estado de salud, y eran sacrificados con métodos antitécnicos y sin medidas de salubridad. Por su parte, la Fiscalía aseguró que los residuos de los animales y la carne en descomposición eran arrojados a un área cerca al Río Bogotá, por lo cual las autoridades también lo consideraron como una afectación grave del suelo.Dentro del operativo fue encontrado una animal que estaba a punto de ser sacrificado, así como cerda de una tonelada y media de carne de res, sebo y hueso. Así mismo, fueron capturados en flagrancias los tres presuntos responsables a los que la fiscalía les imputó delitos de corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico; contaminación ambiental, maltrato animal y falsedad marcaría.
En las últimas horas, la Fiscalía capturó y judicializó a tres personas presuntamente responsables de sacrificar y vender la carne de los bovinos en el Barrio Fontanar del Río de la Localidad de Suba y que almacenaban la carne en una bodega que no contaba con los estándares de salud que exige la ley como el cuarto frio de conservación. Considerado como un matadero clandestino, se puso en evidencia la distribución ilegal del producto en carpas improvisadas sobre una calle del sector.De acuerdo con las autoridades, a ese lugar eran llevados los bovinos, que además llegaban en mal estado de salud, y eran sacrificados con métodos antitécnicos y sin medidas de salubridad. Por su parte, la Fiscalía aseguró que los residuos de los animales y la carne en descomposición eran arrojados a un área cerca al Río Bogotá, por lo cual las autoridades también lo consideraron como una afectación grave del suelo.Dentro del operativo fue encontrado una animal que estaba a punto de ser sacrificado, así como cerda de una tonelada y media de carne de res, sebo y hueso. Así mismo, fueron capturados en flagrancias los tres presuntos responsables a los que la fiscalía les imputó delitos de corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico; contaminación ambiental, maltrato animal y falsedad marcaría.Entre tanto, los sujetos señalados e identificados como; Luis Felipe Ariza Nisperuza, presunto responsable del matadero clandestino; Edgar Cubillos Castillo y José Neyder Lozano Bique, señalados de coordinar el transporte y comercialización de la carne, continúan ligados a la investigación, mientras que Ariza Nisperuza deberá cumplir medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.
Las denuncias de la comisión de presuntos delitos ambientales por el vertimiento de sustancias tóxicas en el río Cauca, llevó a las autoridades en el municipio de Yumbo a llegar hasta un predio ubicado en el sector de Pueblito Valluno, donde se encontraron con un panorama aún más macabro de lo que se esperaba.Tras hacer patrullajes acuáticos y aéreos, llegaron al predio, donde fueron atendidos por una pareja de adultos mayores, y al ingresar se encontraron con lo que serían las evidencias de la operación de un centro de criminalidad."Nos encontramos un presunto clúster de criminalidad, pudimos encontrar un almacenamiento indebido e ilegal de gas propano, almacenamiento de químicos y de sustancias muy peligrosas de manera ilegal", dijo Alexander Ruiz, alcalde de Yumbo.Esta situación se vuelve aún más preocupante, pues en este mismo lugar fueron encontrados restos de cadáveres de caballos y un espacio con rastro de tortura a personas."Posiblemente, un sacrificadero de equinos, pero adicional se evidenciaron algunas escenas bastante macabras y preocupantes porque encontramos un sitio con orificio de balas, y es un sitio que perfectamente podría ser un sitio de tortura que será objeto de investigación", manifestó, Carlos Arango Murgueitio, secretario de gobierno de Yumbo.El material recaudado y las pruebas fueron enviados a la fiscalía general de la nación y a otros entes investigativos para determinar quiénes serían las personas detrás de la comisión de estos atroces crímenes.
En medio de la decisión que ha tomado de reabrir los mataderos municipales en el país, tarea en la que ha avanzado con cambios administrativos en el Ministerio de Salud o el Invima, los sindicatos del Invima (Sintraen SP, Sintrainvima y Sintraentipuc) advirtieron al Gobierno que si quiere persistir en esa tarea, es necesaria la ampliación del personal que trabaja en la entidad."Si se presta el servicio de inspección como lo indica el decreto 1500 y las normas reglamentarias para cada una de las especies animales de consumo, realmente el tema del personal va a ser todavía más crítico", dijo la presidente de Sintrainvima, Amira Anaya, a Blu Radio.Y es que la preocupación de los sindicatos radica en la capacidad que se tenga a nivel departamental y municipal de inspeccionar estas plantas de tratamiento animal."Es de aclarar que las plantas en su momento no fueron cerradas únicamente por sus condiciones sanitarias, sino también por decisiones propias de alcaldías y gobernaciones a nivel nacional. Siempre le echaron el 'agua sucia' al Invima de que había cerrado las plantas de beneficio de manera arbitraria", comentó Anaya.Le puede interesar:
En un intento por abordar los desafíos logísticos y económicos que enfrentan los municipios alejados, el Gobierno emitió un decreto que busca revivir mataderos municipales. Sin embargo, las implicaciones de esta medida han generado preguntas sobre su impacto en el precio y la calidad de la carne, así como en la salud pública.Sobre este hecho, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, explicó en Mañanas Blu, con Néstor Morales, los detalles detrás de este decreto. El ministro destacó las razones detrás de la decisión.El ministro argumentó que la medida no busca afectar a las grandes ciudades que ya cuentan con mataderos y frigoríficos que cumplen con los estándares sanitarios y de calidad. Más bien, se enfoca en resolver problemas específicos en municipios alejados, donde el traslado de ganado hasta los centros urbanos resulta costoso y logísticamente complicado.“Lo que está pasando en este momento es que la gente en los municipios ve que sus vacas o sus novillos salen en camiones hacia la capital y para poderla consumir tienen que pagar después una cifra muy alta porque se pasan por todo ese trámite de los frigoríficos. Mientras que si se sacrifican el matadero, el costo, obviamente, toda la carne, inclusive la de los mataderos, la de los pequeños pueblos, deben tener unas condiciones sanitarias”, dijo.El ministro destacó la situación de municipios como Murillo, donde la distancia hasta un matadero en una ciudad cercana puede superar los 200 kilómetros. Este proceso, según explicó el funcionario, no solo genera estrés en los animales, sino que también provoca pérdida de peso y calidad de la carne, lo que afecta negativamente a los consumidores locales.El ministro subrayó que la medida no tiene como objetivo rebajar los estándares de calidad, sino más bien regularizar el sacrificio de animales en lugares que carecen de infraestructura adecuada. Se espera que esta regulación evite sacrificios clandestinos e insalubres, proporcionando un mejor control sanitario en estos municipios.Impacto en el precio de la carneUna pregunta clave que ha surgido es si esta medida conducirá a una disminución significativa en el precio de la carne. El ministro Jaramillo indicó que la principal intención es beneficiar a los municipios alejados, reduciendo los costos logísticos y mejorar la accesibilidad a la carne fresca y local.Sin embargo, señaló que, en los centros urbanos, donde ya existen mataderos y frigoríficos que cumplen con estándares elevados, es poco probable que la medida tenga un impacto notable en los precios. Esto sugiere que la diferencia en los costos de producción y transporte no se traducirá en una reducción significativa para los consumidores en áreas urbanas.“Si se lee bien el proyecto, una ciudad como Bogotá tiene, tiene su frigorífico, por ejemplo. Ahí se abastece Bogotá. Ese frigorífico tiene un frigorífico que llena todos los requisitos”, indicó.
En una decisión que ha generado controversia y preocupación en el sector cárnico colombiano, el presidente Gustavo Petro firmó un decreto para revivir los mataderos municipales en el país. La medida permitirá la instalación de mataderos municipales en localidades de quinta y sexta categoría, es decir, aquellas con poblaciones entre 10,000 y 20,000 habitantes.En una entrevista con Álvaro Urrea, presidente de la Asociación de Frigoríficos de Colombia, en Mañanas Blu, con Néstor Morales, se abordaron los posibles riesgos y beneficios de esta decisión. Urrea destacó que la nueva normativa busca permitir la creación de "Plantas de Beneficio Animal Categoría de Autoconsumo", popularmente conocidas como mataderos, con el objetivo declarado de reducir el precio de la carne en el país.Según Urrea, la medida abre la puerta para que municipios de menor tamaño vuelvan a contar con mataderos, pero plantea inquietudes sobre la capacidad de control y regulación, especialmente en áreas como transporte y condiciones sanitarias. El presidente de la Asociación de Frigoríficos adviertió sobre el riesgo de retroceder en los avances logrados en los últimos 15 años, donde se ha trabajado en la modernización y regulación de las plantas de beneficio animal.El decreto también ha generado preocupación sobre la posible reducción de estándares sanitarios y ambientales, dado que, según Urrea, la redacción del documento presenta ambigüedades y deja espacio para diversas interpretaciones. Además, se destaca la falta de claridad en cuanto a la destrucción de decomisos en los propios mataderos, lo que podría generar problemas de salud pública y ambientales.“Es que llevamos 15 años precisamente depurando las plantas de beneficio para convertirlas en frigoríficos, plantas modernas que cumplan con todas las especificaciones que requiere el manejo de un producto como la carne y resulta que ahora, después de que ya tenemos prácticamente a puertas todas las plantas, los frigoríficos certificados con sus habilitaciones o sus autorizaciones sanitarias, lista, y resulta que vamos a decirle a estos mataderos que estaban cerrados, señores, ustedes pueden volver a abrir. Eso realmente, me disculpan, no tiene presentación”, dijo.El presidente de la Asociación de Frigoríficos argumentó que la medida no garantiza la disminución del precio de la carne, como pretende el presidente Petro y señaló que el aumento en los costos de transporte de animales no vivos a las plantas nacionales tiene un impacto mínimo en el precio final de la carne, lo que hace cuestionable la necesidad de reabrir mataderos.
El 16 de noviembre de 2022, el presidente Gustavo Petro abrió el debate sobre el precio de la carne y planteó la propuesta para revivir los mataderos municipales.“El Invima acabó con la figura del matadero municipal y hay que darle vuelta atrás, hoy se ha elevado el precio interno de la carne no porque cueste más, sino porque la han equiparado al precio internacional de la carne que le pagan al exportador de ganado en pie; el producto de eso es hambre en Colombia”, señaló en ese momento Petro.En agosto de este año reiteró la promesa, asegurando que su objetivo "al recuperar la figura del matadero municipal, al que hay que tecnificar, es bajar el precio de la carne”.En ese sentido, firmó el decreto junto con varios de sus ministros, en el cual se establecen las condiciones para el funcionamiento de las llamadas Plantas de Beneficio Animal, categoría de autoconsumo.“La planta de beneficio animal de categoría de autoconsumo es aquella autorizada por el Invima para abastecer de carne y productos cárnicos comestibles al respectivo municipio en el cual se encuentra ubicada, de conformidad con los lineamientos que para el efecto expida esa entidad”, señala la norma.Además, informa que “una vez obtenida la autorización, los propietarios o tenedores de las plantas de beneficio categoría de autoconsumo son los responsables de mantener las condiciones sanitarias del establecimiento determinadas para el funcionamiento de la planta de beneficio categoría autoconsumo”.Los municipios de categoría cuatro que demuestran dificultades en el abastecimiento regular de carne y productos cárnicos comestibles por parte de una planta categoría nacional autorizada, y de acuerdo con las condiciones sanitarias verificadas por parte deI Invima, podrán solicitar ante esta autoridad, la inclusión en la categoría de autoconsumo. Esto teniendo en cuenta que es una medida para los municipios de categoría 5 y 6, inicialmente.“EI Invima podrá autorizar plantas de beneficio de autoconsumo para distribución exclusivamente local, previa solicitud del alcalde municipal con el aval del Comité Departamental de Carne y Productos Cárnicos Comestibles”, señala la norma.EI Invima, en el ejercicio de las acciones de inspección, vigilancia y control sanitario, podrá reclasificar las plantas de beneficio animal categoría nacional a la categoría de autoconsumo, ante dificultades de abastecimiento de carne y productos cárnicos comestibles en los municipios categoría 1, 2 y 3 de acuerdo con el procedimiento que ese instituto establezca.Le puede interesar:
Por cuenta del creciente costo de la carne en el país, el Gobierno ha anunciado un decreto que permitirá la creación de mataderos municipales. Esta medida, según el Ministerio de Salud, podría no solo reducir los precios, sino también fomentar la colaboración entre municipios, lo que podría dar lugar a la formación de asociaciones de ganaderos.El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, dijo que: "Actualmente, estamos en la fase de revisión por parte de las autoridades pertinentes. Esto nos permite considerar posibles modificaciones para garantizar que los proyectos no sean obstaculizados por decisiones de alcaldes o gobernadores".El objetivo de esta legislación es que los ganaderos y las personas involucradas en la producción de carne, puedan solicitar permisos y avanzar con proyectos.Además, se plantea la posibilidad de asociar municipios para reducir costos y aumentar la eficiencia en la producción de carne. Esta colaboración podría resultar en una mayor cantidad de reses sacrificadas, lo que finalmente se traduciría en precios más bajos para los consumidores.El Ministerio de Salud dio a conocer que no requerirá un registro del Invima para la producción local destinada al consumo en la misma región. Sin embargo, si se busca comercializar a nivel nacional, se deberá realizar el registro en las entidades departamentales y municipales correspondientes. El Invima verificará la veracidad de los datos proporcionados por los productores locales.Este enfoque busca fomentar la producción local sin imponer barreras innecesarias y garantizar que los productos cumplan con los estándares de seguridad alimentaria necesarios para el comercio a nivel nacional.Vea también
Luego de que el ministerio de Salud anunciara que en el país podrán ser reabiertos múltiples mataderos municipales para lograr bajar el precio de la carne, en el Atlántico crece la expectativa, dado que son cerca de 14 pequeños establecimientos los que podrían abrir nuevamente puertas al público. Actualmente, el departamento solo cuenta con seis mataderos que se encuentran en funcionamiento y están ubicados en los municipios de Soledad (1), Malambo (2), Sabanalarga (1), Suan (1) y Galapa (1), a los que se sumarían los 14 que podrían estar reabriendo sus puertas por disposición del decreto que emitirá, en los próximos días, el ministerio de Salud.La expectativa se centra, sobre todo, en la Asociación de Ganaderos de la Costa Norte Colombiana, Asoganorte, pues ven con buenos ojos la iniciativa del Gobierno Nacional ya que los ayudará a reducir gastos de transporte, comercialización y hacerle frente al flagelo del abigeato."Lo que sí digo es que se estabilizarían un poco más los precios de la carne a nivel nacional, pues en el tema de los municipios ya los ganaderos/campesinos podrán llevar sus reses a esos mataderos para efectos de sacrificios, y no a otros establecimientos que estén más retirados, que es lo que afecta el precio final de la carne por costos de transporte y logística", explicó Jorge Rodríguez, director ejecutivo de Asoganorte.Rodríguez, además, precisó que teniendo en cuenta los lineamientos del decreto que serían “bastante estrictos”, hay que analizar la capacidad de los municipios con bajo presupuesto para efectos de cumplir los lineamientos que traería el mismo.Por otro lado, desde la Gobernación del Atlántico ven con preocupación que todavía hay muy poca información relacionada con la apropiación de funciones como la revisión de requisitos y y con el seguimiento a los espacios para cumplimento de normas en salubridad que garanticen el correcto funcionamiento para el consumo humano.Le puede interesar:
Estos fueron los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este martes, 25 de agosto de 2026:Luis Miguel López, representante a la Cámara por el Partido Conservador, habló del proyecto de ley que busca prohibir y penalizar la maternidad subrogada o vientres de alquiler en Colombia. Explicó que la iniciativa busca castigar a quienes lucran con esta práctica, al considerar que puede convertirse en una forma de explotación reproductiva, pero no pretende sancionar a las mujeres ni a los niños nacidos bajo esta modalidad.Andrés Velasco, presidente de Asofondos, analizó el futuro del sistema pensional colombiano ante la decisión pendiente de la Corte Constitucional sobre la reforma pensional. Señaló que un sistema sostenible debe estar basado en el ahorro y explicó que la baja natalidad y el envejecimiento de la población dificultan el sostenimiento del modelo de reparto.Kenneth Frankel, presidente del Consejo Canadiense para las Américas, explicó la disputa comercial entre Canadá y Estados Unidos y los cuestionamientos del presidente Donald Trump sobre aspectos como el uso del francés en productos canadienses.Mauricio Cuellar, alcalde de Armero Guayabal, Tolima, entregó un balance de los incendios forestales que afectan al municipio. Explicó que hay cerca de 300 hectáreas afectadas y que algunos focos permanecen en zonas de difícil acceso, por lo que han solicitado apoyo helicoportado para realizar descargas de agua.Mábel Sánchez, administradora del Club Campestre Despertar de las Aves, Tolima, contó cómo este lugar se convirtió en centro de apoyo para atender la emergencia por incendios forestales en la región. Explicó que allí han recibido a organismos como Defensa Civil y cuerpos de bomberos de diferentes departamentos que trabajan en el control de las llamas.Escuche el programa completo acá:
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó a la Unidad Nacional de Protección (UNP) restablecer, de manera transitoria, las medidas de protección y el esquema de seguridad de Angie Lizeth Rodríguez Fajardo, exgerente del Fondo de Adaptación, mientras se realiza un nuevo estudio de seguridad que permita determinar las medidas que requiere actualmente.La decisión se produjo en el marco de una acción presentada por Rodríguez, luego de que la UNP modificará las medidas de protección que tenía asignadas. El Tribunal señaló que la situación de la exfuncionaria debe ser analizada teniendo en cuenta que actualmente ya no ocupa el cargo de gerente del Fondo de Adaptación y las amenazas que, según lo expuesto en el proceso, habría denunciado durante su permanencia en el Gobierno Petro.En el fallo, el Tribunal ordenó expresamente a la UNP realizar un nuevo estudio de seguridad a Rodríguez. “Se dispondrá que la UNP realice un nuevo estudio de seguridad a la señora Angie Lizeth Rodríguez Fajardo teniendo en consideración que actualmente no se desempeña en el cargo de Gerente del Fondo de Adaptación y establezca las medidas de protección que requiera conforme a ese nuevo estudio de seguridad”, señala la decisión.Sin embargo, mientras se adelanta ese procedimiento, el Tribunal determinó que las medidas que tenía anteriormente deben ser restablecidas. “Pero en el entretanto deberán ser restablecidas las medidas de que era objeto conforme a la resolución DGRP 003701 de 23 de abril de 2026 de la UNP a fin de asegurar sus derechos fundamentales invocados en la demanda de acción de tutela, frente a cualquier riesgo”, añade el fallo. Rodríguez fue desvinculada de la gerencia del Fondo de Adaptación el pasado 31 de julio, cuando el entonces presidente Gustavo Petro declaró su insubsistencia. Tras su salida, el mandatario la señaló de ser “manipuladora”, en medio de los cuestionamientos surgidos por las entrevistas que concedió y en las que denunció presuntas irregularidades dentro del Gobierno.
Los incendios forestales mantienen la alerta en el norte del Tolima, especialmente en el municipio de Armero Guayabal, donde las autoridades estiman que cerca de 300 hectáreas han sido consumidas por las llamas durante los últimos días. El alcalde Mauricio Cuéllar explicó en Mañanas Blu 10:30 AM, de Blu Radio, que la emergencia continúa activa en varios puntos de la zona rural.“Tenemos focos que en días aumenta y en días disminuye. La comunidad es la que más involucrada ha estado con este tema”, señaló el mandatario municipal. Cuéllar explicó que durante la noche se concentraron esfuerzos para contener el avance del fuego, aprovechando que las temperaturas disminuyen y permiten trabajar con mayores condiciones de seguridad.El alcalde de Armero Guayabal confirmó que el cálculo preliminar es de unas 300 hectáreas quemadas como consecuencia de los incendios forestales. La emergencia ha obligado a mantener equipos de atención y habitantes de la zona trabajando de manera permanente para evitar que las llamas sigan avanzando.Uno de los principales obstáculos está relacionado con la ubicación de los incendios forestales, pues varios focos se encuentran en la parte alta de las lomas. “Necesitamos ayuda helicoportada porque donde se encuentran los incendios es la parte alta de la loma, tardamos una hora y media o dos para poder subir a ese punto”, afirmó Cuéllar.El mandatario agregó que el municipio ha recibido apoyo de la gobernadora del Tolima, pero insistió en la necesidad de contar con recursos adicionales para enfrentar la emergencia. La dificultad para acceder por tierra a los puntos afectados complica las labores de control y aumenta el riesgo de propagación.Sobre el posible origen de las llamas, Cuéllar indicó que las autoridades manejan como una de las hipótesis una quema controlada que se habría salido de control. Según explicó, aparentemente algunas personas habrían intentado quemar madera que un finquero había cortado, aunque aclaró que todavía no existen elementos suficientes para responsabilizar a alguien.“Estamos en procesos de investigación. Temperaturas altas, viento caliente, ese material de hojarasca se convierte en combustible”, explicó el alcalde de Armero Guayabal al referirse a las condiciones que han favorecido la expansión de los incendios forestales en el Tolima.La situación también ha generado afectaciones en la vereda Chagualá, donde se instaló uno de los puntos de coordinación de las labores de emergencia. Mabel Sánchez, administradora del Club Campestre Despertar de las Aves, aseguró en Mañanas Blu que el lugar continúa funcionando como centro de operaciones.“Seguimos siendo centro y mando de esta operación para contrarrestar los incendios de la región”, manifestó Sánchez. La administradora explicó que en Chagualá adentro el panorama ha mejorado, aunque todavía persisten las consecuencias de varios días de emergencia.De acuerdo con Sánchez, el 90 % de los incendios en esta zona ya está controlado, pero la afectación ha sido considerable. “Hay bastante afectación durante los últimos tres días”, indicó, al destacar el trabajo adelantado por los organismos de socorro y las autoridades.La administradora también señaló que Defensa Civil ha acompañado las labores desde el inicio de la emergencia. Además, explicó que recientemente recibieron a una persona que realizaba un sondeo por parte de la Alcaldía para conocer de primera mano las condiciones de la zona afectada.Mientras continúan las labores de control, las autoridades mantienen el seguimiento a los diferentes focos de incendio en Armero Guayabal y otras zonas del Tolima. El llamado es a reforzar la prevención, especialmente ante las altas temperaturas, los vientos y la presencia de material vegetal seco que puede facilitar la rápida propagación de las llamas.
Las declaraciones entregadas por la exfiscal Lucy Laborde a la revista Semana abrieron nuevos cuestionamientos alrededor del proceso que involucra a los exinvestigadores Víctor Forero y Juan Camilo López, vinculados a una investigación por presuntas irregularidades en informes de policía judicial relacionados con alias ‘Pacho Malo’. Según Laborde, la captura de los investigadores afectó el desarrollo de las indagaciones que adelantaba contra Nicolás Petro, hijo del expresidente.La exfiscal sostuvo que se quedó sin investigadores luego de las capturas y aseguró que en dos reuniones previas se habló de la planeación y posterior ejecución de los procedimientos. Según su versión, en esos encuentros le solicitaron un documento ejecutivo sobre la cantidad de informes elaborados por los investigadores. Laborde manifestó que no participó en la decisión de capturarlos y consideró que esta actuación pudo tener como propósito afectar el proceso que estaba adelantando. En particular, la exfiscal señaló que, hasta ese momento, se encontraba identificando investigaciones y documentos elaborados por los funcionarios, por lo que consideraba relevante su permanencia en el despacho. También afirmó que, según su apreciación, la fiscal general Luz Adriana Camargo habría ordenado desarrollar las capturas con prontitud.Frente a estas declaraciones, el abogado Juan Felipe Criollo, defensor de Juan Camilo López, cuestionó la forma en que se habría desarrollado la actuación de la Fiscalía. “No es normal que se convoque a unos fiscales para una reunión sobre un caso de Nicolás Petro, cuando los hechos investigados en contra de los investigadores supuestamente eran unos relacionados con el año 2021 y con el señor alias ‘Pacho Malo’”, afirmó.El abogado agregó que existen reparos frente al comportamiento mencionado por Laborde, aunque señaló que su defensa mantiene el respeto por la presunción de inocencia y pidió que los hechos sean investigados. “Lo que sí vamos a exigir es que se investigue y se llegue hasta el fondo de esta situación”, manifestó.Las declaraciones también se conocen en medio de una solicitud de investigación presentada contra la fiscal general Luz Adriana Camargo ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. La Red de Veedurías Ciudadanas pidió que se indague a la funcionaria por los delitos de tráfico de influencias de servidor público y fraude procesal.Sobre esta actuación, la defensa de López indicó que analiza la posibilidad de intervenir dentro del proceso. “No vamos a generar desgastes presentando más denuncias, pero sí estamos evaluando a ser parte de esa denuncia como parte civil del proceso o como víctima en la legislación actual”, señaló Criollo.Mientras tanto, el proceso contra los exinvestigadores continúa. La defensa confirmó que esta semana está prevista una audiencia de continuación de acusación y aseguró que presentará sus argumentos para controvertir la tesis de la Fiscalía.Criollo sostuvo que la defensa considera que existen elementos para cuestionar la hipótesis de la acusación y afirmó “Estamos convencidos de que existe la prueba suficiente, motivos suficientes de demostrar que la tesis de la Fiscalía no tiene el grado de certeza de que no existió una conducta desvalorada ni reprochable por parte de estos investigadores”.El abogado también señaló que cuentan con elementos que, según su interpretación, permitirían discutir una posible manipulación de testigos. Aclaró que no atribuye esa actuación a la Fiscalía, sino a personas que tendrían interés en el proceso.Además, cuestionó que los investigadores hubieran sido llamados inicialmente a interrogatorio y que, según dijo, en esa diligencia se les habría manifestado que no existían mayores elementos distintos de algunas noticias periodísticas. “Pero no los vuelven a llamar, simplemente proceden a la captura”, afirmó.La defensa mantiene así su tesis de que la investigación contra los exfuncionarios podría estar relacionada con una retaliación por el trabajo que adelantaban, mientras el proceso judicial deberá establecer la responsabilidad de los procesados y la validez de los elementos de prueba presentados por las partes.
En medio de una creciente tensión diplomática y comercial entre Canadá y Estados Unidos, Kenneth Frankel, presidente del Consejo Canadiense para las Américas, calificó en Mañanas Blu, de ilegales y carentes de fundamento las medidas arancelarias impulsadas por la administración de Donald Trump. Un ataque sistemático a la soberanía económicaDe acuerdo con Frankel, la actual coyuntura no es un hecho aislado, sino la continuación de un hostigamiento que lleva dos años afectando la estabilidad y existencia de Canadá como nación soberana. El líder gremial enfatizó que las barreras comerciales impuestas desde Washington violan de forma flagrante los marcos regulatorios vigentes: "Hay que entender que todos los aranceles que han puesto Donald Trump para Canadá son ilegal. Todos son ilegales según el tratado de libre comercio que ha tenido y tiene Canadá con los Estados Unidos y México".A juicio de Frankel, estas medidas se han intentado justificar utilizando argumentos falsificados por la Casa Blanca que contradicen la información oficial de su propio país. El presidente del Consejo señaló que Trump ha recurrido a acusaciones infundadas, tales como señalar a Canadá de ser la fuente del ingreso de fentanilo a territorio estadounidense, un foco de migración ilegal o, más recientemente, de permitir abusos laborales en sus cadenas de suministro. "Trump empezó a imponer aranceles siempre con pretextos mentirosos, o sea, mentirosos, según las propias cifras del gobierno de los Estados Unidos", sentenció.El mito del "abuso" comercial y la balanza realAl abordar los señalamientos de Donald Trump respecto a que Canadá supuestamente "abusa" comercialmente de su vecino del sur, Frankel fue enfático en desmentir esta narrativa utilizando datos sobre la balanza comercial real. Explicó que la relación de intercambio no perjudica a los estadounidenses, especialmente si se analiza el sector energético."Si tú extraes la importación de energía que necesita de Canadá, que necesita los Estados Unidos, Canadá tiene un déficit comercial con los Estados Unidos, o sea, es pleno y simple". Bajo esta premisa, el líder del Consejo Canadiense para las Américas recalcó que las acusaciones de abuso carecen de sustancia y son "pura mentira" que se desploma al revisar los registros del propio gobierno estadounidense.La estrategia de división y la controversia del idiomaPara Frankel, eliminar esta disposición legal, consagrada por la identidad binacional canadiense, resulta impensable e inviable. "Para dejar que entren los productos de Estados Unidos sin la etiqueta en francés (...) eso es algo para hacer suicidio a la nación de Canadá. Eso es imposible".Detrás de este debate idiomático, Frankel percibe una clara intención de fragmentar la cohesión interna del país, azuzando diferencias entre provincias como Quebec y Alberta. "Trump siempre ha querido y siempre dice (...) que él quiere que sea Canadá el estado 50 de los Estados Unidos. Y lo que está intentando hacer con Quebec, con Alberta, es buscar maneras de dividir Canadá". No obstante, destacó que el efecto ha sido el opuesto, logrando que el país se muestre más unido que nunca.