En un contundente operativo contra el maltrato animal y la corrupción de alimentos, la Policía Nacional capturó a cinco personas y decomisó más de dos toneladas de carne en un matadero clandestino que funcionaba en la vereda Ojo de Agua, zona rural de San Gil, Santander. Durante la intervención, las autoridades incautaron 1.800 kilogramos de carne, 230 kilogramos de vísceras, 8 kilogramos de material orgánico correspondiente a producto de gestación y 160 kilogramos de subproductos cárnicos, para un total de 2.198 kilogramos, avaluados en aproximadamente 32 millones de pesos.Según la investigación, la actividad se realizaba en un sitio no autorizado, sin cumplir con las condiciones técnicas de manipulación e inocuidad exigidas para el consumo humano. Además, se evidenció el sacrificio de semovientes sin protocolos técnicos ni humanitarios, vulnerando las normas de protección animal.El operativo también permitió establecer el manejo irregular de residuos orgánicos y la disposición inadecuada de despojos, lo que generaba riesgo de contaminación de fuentes hídricas en esta zona rural. El producto cárnico fue trasladado a la planta de beneficio del municipio de Villanueva para su destrucción, evitando su comercialización. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de maltrato animal y corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico. El coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, comandante del Departamento de Policía Santander, señaló que este resultado “demuestra la determinación institucional de proteger la salud pública, salvaguardar el bienestar animal y combatir las economías ilegales que atentan contra la seguridad alimentaria”.Las autoridades anunciaron que continuarán los controles permanentes en todo el territorio para evitar este tipo de prácticas ilegales en municipios de Santander.
La Seccional de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía lograron la captura de tres hombres en la vereda Mochuelo Alto, ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar, por los delitos de corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico.Por medio de información oportuna a través de la línea 123, alertando un posible sacrificio ilegal de bovinos en la zona rural, uniformados desplegaron un operativo en el que hallaron 06 canales de bovinos (reses despostadas) las cuales no cumplen con las condiciones sanitarias exigidas por la ley.“En este procedimiento se logra la captura de tres personas por artículo 372 del Código Penal, corrupción de alimentos. Asimismo, la incautación de 1.800 kilos de carne, los cuales fueron puestos a disposición de la autoridad competente para su desnaturalización y destrucción del producto”. Expresó el Mayor, Carlos Alberto León Sánchez, Jefe Seccional de Carabineros MEGOB.Los tres hombres capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación en el que responderán por las conductas relacionadas con manipulación y distribución ilegal de productos cárnicos.Asimismo, las autoridades reiteraron su compromiso con la seguridad alimentaria e invitan a los ciudadanos a seguir denunciando cualquier irregularidad que afecte la salud pública.Cárcel para miembros de matadero clandestino en Bogotá; vendían la carne en calles de SubaLa Fiscalía capturó y judicializó a tres personas presuntamente responsables de sacrificar y vender la carne de los bovinos en el barrio Fontanar del Río de la Localidad de Suba y que almacenaban la carne en una bodega que no contaba con los estándares de salud que exige la ley como el cuarto frio de conservación. Considerado como un matadero clandestino, se puso en evidencia la distribución ilegal del producto en carpas improvisadas sobre una calle del sector.De acuerdo con las autoridades, a ese lugar eran llevados los bovinos, que además llegaban en mal estado de salud, y eran sacrificados con métodos antitécnicos y sin medidas de salubridad. Por su parte, la Fiscalía aseguró que los residuos de los animales y la carne en descomposición eran arrojados a un área cerca al Río Bogotá, por lo cual las autoridades también lo consideraron como una afectación grave del suelo.Dentro del operativo fue encontrado una animal que estaba a punto de ser sacrificado, así como cerda de una tonelada y media de carne de res, sebo y hueso. Así mismo, fueron capturados en flagrancias los tres presuntos responsables a los que la fiscalía les imputó delitos de corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico; contaminación ambiental, maltrato animal y falsedad marcaría.
En las últimas horas, la Fiscalía capturó y judicializó a tres personas presuntamente responsables de sacrificar y vender la carne de los bovinos en el Barrio Fontanar del Río de la Localidad de Suba y que almacenaban la carne en una bodega que no contaba con los estándares de salud que exige la ley como el cuarto frio de conservación. Considerado como un matadero clandestino, se puso en evidencia la distribución ilegal del producto en carpas improvisadas sobre una calle del sector.De acuerdo con las autoridades, a ese lugar eran llevados los bovinos, que además llegaban en mal estado de salud, y eran sacrificados con métodos antitécnicos y sin medidas de salubridad. Por su parte, la Fiscalía aseguró que los residuos de los animales y la carne en descomposición eran arrojados a un área cerca al Río Bogotá, por lo cual las autoridades también lo consideraron como una afectación grave del suelo.Dentro del operativo fue encontrado una animal que estaba a punto de ser sacrificado, así como cerda de una tonelada y media de carne de res, sebo y hueso. Así mismo, fueron capturados en flagrancias los tres presuntos responsables a los que la fiscalía les imputó delitos de corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico; contaminación ambiental, maltrato animal y falsedad marcaría.Entre tanto, los sujetos señalados e identificados como; Luis Felipe Ariza Nisperuza, presunto responsable del matadero clandestino; Edgar Cubillos Castillo y José Neyder Lozano Bique, señalados de coordinar el transporte y comercialización de la carne, continúan ligados a la investigación, mientras que Ariza Nisperuza deberá cumplir medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.
Las denuncias de la comisión de presuntos delitos ambientales por el vertimiento de sustancias tóxicas en el río Cauca, llevó a las autoridades en el municipio de Yumbo a llegar hasta un predio ubicado en el sector de Pueblito Valluno, donde se encontraron con un panorama aún más macabro de lo que se esperaba.Tras hacer patrullajes acuáticos y aéreos, llegaron al predio, donde fueron atendidos por una pareja de adultos mayores, y al ingresar se encontraron con lo que serían las evidencias de la operación de un centro de criminalidad."Nos encontramos un presunto clúster de criminalidad, pudimos encontrar un almacenamiento indebido e ilegal de gas propano, almacenamiento de químicos y de sustancias muy peligrosas de manera ilegal", dijo Alexander Ruiz, alcalde de Yumbo.Esta situación se vuelve aún más preocupante, pues en este mismo lugar fueron encontrados restos de cadáveres de caballos y un espacio con rastro de tortura a personas."Posiblemente, un sacrificadero de equinos, pero adicional se evidenciaron algunas escenas bastante macabras y preocupantes porque encontramos un sitio con orificio de balas, y es un sitio que perfectamente podría ser un sitio de tortura que será objeto de investigación", manifestó, Carlos Arango Murgueitio, secretario de gobierno de Yumbo.El material recaudado y las pruebas fueron enviados a la fiscalía general de la nación y a otros entes investigativos para determinar quiénes serían las personas detrás de la comisión de estos atroces crímenes.
En medio de la decisión que ha tomado de reabrir los mataderos municipales en el país, tarea en la que ha avanzado con cambios administrativos en el Ministerio de Salud o el Invima, los sindicatos del Invima (Sintraen SP, Sintrainvima y Sintraentipuc) advirtieron al Gobierno que si quiere persistir en esa tarea, es necesaria la ampliación del personal que trabaja en la entidad."Si se presta el servicio de inspección como lo indica el decreto 1500 y las normas reglamentarias para cada una de las especies animales de consumo, realmente el tema del personal va a ser todavía más crítico", dijo la presidente de Sintrainvima, Amira Anaya, a Blu Radio.Y es que la preocupación de los sindicatos radica en la capacidad que se tenga a nivel departamental y municipal de inspeccionar estas plantas de tratamiento animal."Es de aclarar que las plantas en su momento no fueron cerradas únicamente por sus condiciones sanitarias, sino también por decisiones propias de alcaldías y gobernaciones a nivel nacional. Siempre le echaron el 'agua sucia' al Invima de que había cerrado las plantas de beneficio de manera arbitraria", comentó Anaya.Le puede interesar:
En un intento por abordar los desafíos logísticos y económicos que enfrentan los municipios alejados, el Gobierno emitió un decreto que busca revivir mataderos municipales. Sin embargo, las implicaciones de esta medida han generado preguntas sobre su impacto en el precio y la calidad de la carne, así como en la salud pública.Sobre este hecho, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, explicó en Mañanas Blu, con Néstor Morales, los detalles detrás de este decreto. El ministro destacó las razones detrás de la decisión.El ministro argumentó que la medida no busca afectar a las grandes ciudades que ya cuentan con mataderos y frigoríficos que cumplen con los estándares sanitarios y de calidad. Más bien, se enfoca en resolver problemas específicos en municipios alejados, donde el traslado de ganado hasta los centros urbanos resulta costoso y logísticamente complicado.“Lo que está pasando en este momento es que la gente en los municipios ve que sus vacas o sus novillos salen en camiones hacia la capital y para poderla consumir tienen que pagar después una cifra muy alta porque se pasan por todo ese trámite de los frigoríficos. Mientras que si se sacrifican el matadero, el costo, obviamente, toda la carne, inclusive la de los mataderos, la de los pequeños pueblos, deben tener unas condiciones sanitarias”, dijo.El ministro destacó la situación de municipios como Murillo, donde la distancia hasta un matadero en una ciudad cercana puede superar los 200 kilómetros. Este proceso, según explicó el funcionario, no solo genera estrés en los animales, sino que también provoca pérdida de peso y calidad de la carne, lo que afecta negativamente a los consumidores locales.El ministro subrayó que la medida no tiene como objetivo rebajar los estándares de calidad, sino más bien regularizar el sacrificio de animales en lugares que carecen de infraestructura adecuada. Se espera que esta regulación evite sacrificios clandestinos e insalubres, proporcionando un mejor control sanitario en estos municipios.Impacto en el precio de la carneUna pregunta clave que ha surgido es si esta medida conducirá a una disminución significativa en el precio de la carne. El ministro Jaramillo indicó que la principal intención es beneficiar a los municipios alejados, reduciendo los costos logísticos y mejorar la accesibilidad a la carne fresca y local.Sin embargo, señaló que, en los centros urbanos, donde ya existen mataderos y frigoríficos que cumplen con estándares elevados, es poco probable que la medida tenga un impacto notable en los precios. Esto sugiere que la diferencia en los costos de producción y transporte no se traducirá en una reducción significativa para los consumidores en áreas urbanas.“Si se lee bien el proyecto, una ciudad como Bogotá tiene, tiene su frigorífico, por ejemplo. Ahí se abastece Bogotá. Ese frigorífico tiene un frigorífico que llena todos los requisitos”, indicó.
En una decisión que ha generado controversia y preocupación en el sector cárnico colombiano, el presidente Gustavo Petro firmó un decreto para revivir los mataderos municipales en el país. La medida permitirá la instalación de mataderos municipales en localidades de quinta y sexta categoría, es decir, aquellas con poblaciones entre 10,000 y 20,000 habitantes.En una entrevista con Álvaro Urrea, presidente de la Asociación de Frigoríficos de Colombia, en Mañanas Blu, con Néstor Morales, se abordaron los posibles riesgos y beneficios de esta decisión. Urrea destacó que la nueva normativa busca permitir la creación de "Plantas de Beneficio Animal Categoría de Autoconsumo", popularmente conocidas como mataderos, con el objetivo declarado de reducir el precio de la carne en el país.Según Urrea, la medida abre la puerta para que municipios de menor tamaño vuelvan a contar con mataderos, pero plantea inquietudes sobre la capacidad de control y regulación, especialmente en áreas como transporte y condiciones sanitarias. El presidente de la Asociación de Frigoríficos adviertió sobre el riesgo de retroceder en los avances logrados en los últimos 15 años, donde se ha trabajado en la modernización y regulación de las plantas de beneficio animal.El decreto también ha generado preocupación sobre la posible reducción de estándares sanitarios y ambientales, dado que, según Urrea, la redacción del documento presenta ambigüedades y deja espacio para diversas interpretaciones. Además, se destaca la falta de claridad en cuanto a la destrucción de decomisos en los propios mataderos, lo que podría generar problemas de salud pública y ambientales.“Es que llevamos 15 años precisamente depurando las plantas de beneficio para convertirlas en frigoríficos, plantas modernas que cumplan con todas las especificaciones que requiere el manejo de un producto como la carne y resulta que ahora, después de que ya tenemos prácticamente a puertas todas las plantas, los frigoríficos certificados con sus habilitaciones o sus autorizaciones sanitarias, lista, y resulta que vamos a decirle a estos mataderos que estaban cerrados, señores, ustedes pueden volver a abrir. Eso realmente, me disculpan, no tiene presentación”, dijo.El presidente de la Asociación de Frigoríficos argumentó que la medida no garantiza la disminución del precio de la carne, como pretende el presidente Petro y señaló que el aumento en los costos de transporte de animales no vivos a las plantas nacionales tiene un impacto mínimo en el precio final de la carne, lo que hace cuestionable la necesidad de reabrir mataderos.
El 16 de noviembre de 2022, el presidente Gustavo Petro abrió el debate sobre el precio de la carne y planteó la propuesta para revivir los mataderos municipales.“El Invima acabó con la figura del matadero municipal y hay que darle vuelta atrás, hoy se ha elevado el precio interno de la carne no porque cueste más, sino porque la han equiparado al precio internacional de la carne que le pagan al exportador de ganado en pie; el producto de eso es hambre en Colombia”, señaló en ese momento Petro.En agosto de este año reiteró la promesa, asegurando que su objetivo "al recuperar la figura del matadero municipal, al que hay que tecnificar, es bajar el precio de la carne”.En ese sentido, firmó el decreto junto con varios de sus ministros, en el cual se establecen las condiciones para el funcionamiento de las llamadas Plantas de Beneficio Animal, categoría de autoconsumo.“La planta de beneficio animal de categoría de autoconsumo es aquella autorizada por el Invima para abastecer de carne y productos cárnicos comestibles al respectivo municipio en el cual se encuentra ubicada, de conformidad con los lineamientos que para el efecto expida esa entidad”, señala la norma.Además, informa que “una vez obtenida la autorización, los propietarios o tenedores de las plantas de beneficio categoría de autoconsumo son los responsables de mantener las condiciones sanitarias del establecimiento determinadas para el funcionamiento de la planta de beneficio categoría autoconsumo”.Los municipios de categoría cuatro que demuestran dificultades en el abastecimiento regular de carne y productos cárnicos comestibles por parte de una planta categoría nacional autorizada, y de acuerdo con las condiciones sanitarias verificadas por parte deI Invima, podrán solicitar ante esta autoridad, la inclusión en la categoría de autoconsumo. Esto teniendo en cuenta que es una medida para los municipios de categoría 5 y 6, inicialmente.“EI Invima podrá autorizar plantas de beneficio de autoconsumo para distribución exclusivamente local, previa solicitud del alcalde municipal con el aval del Comité Departamental de Carne y Productos Cárnicos Comestibles”, señala la norma.EI Invima, en el ejercicio de las acciones de inspección, vigilancia y control sanitario, podrá reclasificar las plantas de beneficio animal categoría nacional a la categoría de autoconsumo, ante dificultades de abastecimiento de carne y productos cárnicos comestibles en los municipios categoría 1, 2 y 3 de acuerdo con el procedimiento que ese instituto establezca.Le puede interesar:
Por cuenta del creciente costo de la carne en el país, el Gobierno ha anunciado un decreto que permitirá la creación de mataderos municipales. Esta medida, según el Ministerio de Salud, podría no solo reducir los precios, sino también fomentar la colaboración entre municipios, lo que podría dar lugar a la formación de asociaciones de ganaderos.El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, dijo que: "Actualmente, estamos en la fase de revisión por parte de las autoridades pertinentes. Esto nos permite considerar posibles modificaciones para garantizar que los proyectos no sean obstaculizados por decisiones de alcaldes o gobernadores".El objetivo de esta legislación es que los ganaderos y las personas involucradas en la producción de carne, puedan solicitar permisos y avanzar con proyectos.Además, se plantea la posibilidad de asociar municipios para reducir costos y aumentar la eficiencia en la producción de carne. Esta colaboración podría resultar en una mayor cantidad de reses sacrificadas, lo que finalmente se traduciría en precios más bajos para los consumidores.El Ministerio de Salud dio a conocer que no requerirá un registro del Invima para la producción local destinada al consumo en la misma región. Sin embargo, si se busca comercializar a nivel nacional, se deberá realizar el registro en las entidades departamentales y municipales correspondientes. El Invima verificará la veracidad de los datos proporcionados por los productores locales.Este enfoque busca fomentar la producción local sin imponer barreras innecesarias y garantizar que los productos cumplan con los estándares de seguridad alimentaria necesarios para el comercio a nivel nacional.Vea también
Luego de que el ministerio de Salud anunciara que en el país podrán ser reabiertos múltiples mataderos municipales para lograr bajar el precio de la carne, en el Atlántico crece la expectativa, dado que son cerca de 14 pequeños establecimientos los que podrían abrir nuevamente puertas al público. Actualmente, el departamento solo cuenta con seis mataderos que se encuentran en funcionamiento y están ubicados en los municipios de Soledad (1), Malambo (2), Sabanalarga (1), Suan (1) y Galapa (1), a los que se sumarían los 14 que podrían estar reabriendo sus puertas por disposición del decreto que emitirá, en los próximos días, el ministerio de Salud.La expectativa se centra, sobre todo, en la Asociación de Ganaderos de la Costa Norte Colombiana, Asoganorte, pues ven con buenos ojos la iniciativa del Gobierno Nacional ya que los ayudará a reducir gastos de transporte, comercialización y hacerle frente al flagelo del abigeato."Lo que sí digo es que se estabilizarían un poco más los precios de la carne a nivel nacional, pues en el tema de los municipios ya los ganaderos/campesinos podrán llevar sus reses a esos mataderos para efectos de sacrificios, y no a otros establecimientos que estén más retirados, que es lo que afecta el precio final de la carne por costos de transporte y logística", explicó Jorge Rodríguez, director ejecutivo de Asoganorte.Rodríguez, además, precisó que teniendo en cuenta los lineamientos del decreto que serían “bastante estrictos”, hay que analizar la capacidad de los municipios con bajo presupuesto para efectos de cumplir los lineamientos que traería el mismo.Por otro lado, desde la Gobernación del Atlántico ven con preocupación que todavía hay muy poca información relacionada con la apropiación de funciones como la revisión de requisitos y y con el seguimiento a los espacios para cumplimento de normas en salubridad que garanticen el correcto funcionamiento para el consumo humano.Le puede interesar:
La crisis financiera que enfrenta la red hospitalaria del Valle del Cauca continúa agravándose. El Hospital San Rafael de El Cerrito se convirtió en uno de los primeros centros asistenciales del departamento en suspender varios de sus servicios debido a las millonarias deudas que mantienen las EPS, una situación que, según las autoridades, podría repetirse en otros hospitales si no se adoptan medidas urgentes.De acuerdo con la gerente del Hospital San Rafael, Carolina Castro, la cartera que adeudan las EPS supera los 6.500 millones de pesos, lo que ha limitado la operación de la institución y ha puesto en riesgo la continuidad de la atención.“Se están agotando los insumos. Los reactivos de laboratorio, que son demasiado costosos, ya están llegando a su límite. La situación financiera para el hospital está muy delicada. Estamos atravesando una situación muy difícil", agregó la gerente del Hospital San Rafael.La secretaria de Salud del Valle del Cauca, María Cristina Lesmes, advirtió que esta problemática no es exclusiva del Hospital San Rafael, sino que afecta a toda la red hospitalaria del departamento, tanto pública como privada. Según explicó, la falta de recursos está reduciendo la capacidad de compra de insumos, provocando la salida de talento humano y comprometiendo la prestación de servicios especializados.“Todos estamos afectados porque tenemos disminución de la capacidad de compra, pérdida de recurso humano y tanto hospitales públicos como privados enfrentan esta situación. Estamos perdiendo especialistas porque los médicos ya no aguantan más la falta de pagos y también hemos perdido capacidad de respuesta por la falta de insumos.” Dijo Lesmes.La funcionaria hizo un llamado al Gobierno nacional para que evalúe la situación y agilice el pago de los recursos adeudados por las EPS. Advirtió que, de no tomarse medidas de manera inmediata, más hospitales del Valle del Cauca podrían verse obligados a cerrar servicios, afectando la atención de miles de pacientes y poniendo en riesgo la vida de quienes dependen del sistema de salud.
Una nueva controversia política escaló a los estrados judiciales luego de que el presidente del Concejo de Medellín, Alejandro de Bedout, radicara una denuncia ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes contra el presidente Gustavo Petro, a quien señala de haber desconocido presuntamente los resultados de las elecciones presidenciales celebradas el pasado 21 de junio.Según el cabildante, las actuaciones y declaraciones recientes del jefe de Estado podrían configurar conductas que ameritan una investigación formal por los presuntos delitos de abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto e instigación a delinquir.La denuncia se fundamenta en las manifestaciones públicas realizadas por Petro a través de sus redes sociales y en acciones posteriores relacionadas con el proceso electoral que dio como ganador a Abelardo de la Espriella.De acuerdo con De Bedout, el mandatario habría puesto en entredicho la legitimidad de los resultados al afirmar en su cuenta de X que disponía de información sobre un supuesto fraude electoral derivado de una presunta manipulación algorítmica del escrutinio.El corporado explicó que esos señalamientos fueron divulgados sin que, hasta el momento, se haya presentado públicamente evidencia que respalde esas acusaciones y que tienen la capacidad de generar desconfianza en las instituciones electorales y en los resultados."A Petro solo le sirve la institucionalidad cuando gana, pero cuando pierde, se comporta como un golpista. Esto que estamos viendo no es un desacuerdo político, es un patrón de conducta", aseguró.La denuncia también hace referencia a la convocatoria realizada por Petro para una movilización nacional el próximo 20 de julio, una fecha especialmente simbólica para el país por coincidir con la conmemoración de la Independencia y con la instalación de un nuevo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la República. Según De Bedout, este llamado debe ser analizado en el contexto de las declaraciones sobre el proceso electoral y sus eventuales efectos sobre el orden institucional.Dentro de la solicitud presentada, el corporado pidió a la Comisión decretar y practicar todas las pruebas que considere pertinentes para esclarecer los hechos. Entre ellas, solicitó obtener las certificaciones oficiales de las publicaciones realizadas por el presidente en su cuenta de X, así como cualquier otro elemento probatorio que permita establecer el alcance y contenido de los mensajes difundidos.
La Policía Nacional capturó en Necoclí, Antioquia, a un adulto mayor de 62 años señalado por el feminicidio de su expareja e integrante del cartel de los más buscados por el delito de homicidio en el departamento.El capturado fue identificado como Abraham Díaz Sosa, de 62 años, señalado por el delito de feminicidio y requerido mediante orden judicial. El hombre, originario de San Antero, Córdoba, hacía parte del cartel de los más buscados por homicidio de la Gobernación de Antioquia, donde se ofrecía una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permitiera su ubicación.Los hechos por los que se le investiga ocurrieron el pasado 28 de octubre de 2025 en el municipio de Caucasia. Según el reporte oficial, Luisa Fernanda Madrigal, de 38 años, fue asesinada en su propia vivienda en el sector de invasión Santa Elena, presuntamente a manos de Díaz Sosa, quien en ese momento era su compañero sentimental y con quien habría sostenido una fuerte discusión.Según la investigación judicial, la víctima mostraba una severa lesión provocada por un arma punzante en el cuello, y fue descubierta sin vida por su hija al entrar en la casa pocos minutos después del ataque.Tras su detención en Necoclí, el capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía para avanzar en su proceso de judicialización. Con este resultado, ya son 13 los capturados de la lista de los 25 criminales más buscados por homicidio y feminicidio en el departamento.
La disminución de los caudales en las principales fuentes hídricas del Valle del Cauca mantiene en alerta y bajo monitoreo permanente a las autoridades ambientales. La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) informó que tanto el río Cauca, a su paso por el departamento, como el río Cali registran niveles inferiores al promedio para esta época del año, como consecuencia de la temporada seca y de los efectos iniciales del fenómeno de El Niño.“El fenómeno de El Niño afecta al territorio nacional, pero al Valle del Cauca en particular con un descenso en las precipitaciones. Los caudales han disminuido porque este año hemos tenido muy baja precipitación.” Mencionó Saúl Ramírez, técnico en Meteorología de la CVC.Pese a esta reducción, la CVC aclaró que, por el momento, las condiciones hidrológicas no representan un riesgo para el abastecimiento de agua potable ni para el mantenimiento del caudal ecológico de los principales afluentes del departamento.“Desde Acuavalle nos estamos anticipando a la llegada del fenómeno de El Niño. Con las directrices impartidas a todos los operarios y con el respaldo del embalse de Sara Brut, tenemos un parte de tranquilidad para todos los usuarios. En estos momentos no habrá desabastecimiento del líquido vital", aseguró, por su parte, el gerente de Acuavalle, Jorge Enrique Sánchez.Aunque el suministro de agua está garantizado, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para hacer un uso responsable del recurso. Recomendaron reutilizar el agua cuando sea posible, reparar fugas y evitar su uso innecesario, con el propósito de preservar las reservas hídricas mientras persistan las altas temperaturas y las bajas precipitaciones.
Los informes técnicos que sustentan la investigación de la Fiscalía por una presunta red dedicada a la deforestación de 52 mil hectáreas y al acaparamiento ilegal de tierras en Mapiripán, Meta describen una serie de hallazgos recopilados durante varios años que, según el ente acusador, evidenciarían un patrón de transformación ambiental en una zona de especial importancia ecológica.Entre los señalados aparece el ciudadano italiano Carlos Vigna Taglianti, presidente de Poligrow, empresa que desarrolla un proyecto de palma de aceite en ese municipio desde 2008, por lo que fue recientemente imputado y solicitado una medida de aseguramiento pendiente por decisión el 22 de julio.La Fiscalía sostiene que las labores investigativas permitieron identificar una organización con permanencia en el tiempo y un supuesto acuerdo para desarrollar actividades ilícitas que afectaron los recursos naturales en aproximadamente 52 mil hectáreas y que vincula a más de 10 personas.Uno de los principales soportes del expediente corresponde a un sobrevuelo realizado el 14 de febrero de 2025, en un área de análisis de 918.200 ha, en donde se identificaron varios aspectos que reflejan las dinámicas de los motores de transformación territorial en el sector suroriental del municipio de Mapiripán, Meta, destacándose daños graves en los predios Santa Ana y predios Macondo, vinculados a la red investigada por la Fiscalía.En esos informes, los investigadores concluyen que “como se puede visualizar en las fotografías anteriormente dispuestas, existe una relación entre la pérdida de bosque y la expansión de infraestructura vial en los años en los que se presentó un incremento a la infraestructura vial, se registraron aumentos en el área deforestada”, señalando una coincidencia entre la apertura de vías y el crecimiento de las zonas intervenidas.Los documentos también describen la presencia de economías ilegales en el área analizada. Según uno de los informes, “en el sobrevuelo realizado el pasado 14 de febrero del año 2025 se pudieron evidenciar zonas con presencia de cultivos de uso ilícito”.Los investigadores agregan que “se pudieron evidenciar varios lotes dentro y fuera de los predios de interés con cultivos de coca y campamentos relacionados a la actividad ilegal y que en algunas zonas se alternan con otras actividades como lo son la ganadería y cultivos agroindustriales como la palma”.La investigación igualmente documenta el crecimiento de los cultivos de palma de aceite en la zona de estudio. En ese sentido, precisa que “entre el periodo 2021 y 2023 los cultivos de Palma de Aceite han pasado de 8.140 ha a 9.345 ha sembradas, lo que significa un incremento del 15% de los lotes sembrados”, indicando además que una parte importante de esas plantaciones se ubica sobre áreas de sabanas naturales.Otro de los indicadores incorporados al expediente corresponde a la expansión de la actividad ganadera. Con base en cifras del ICA, los investigadores señalan que “entre 2016 y 2023, los datos del censo bovino del ICA a nivel municipal en Mapiripán muestran un crecimiento sostenido y significativo, pasando de 65.262 a 162.237 animales, lo que representa un incremento del 148,59%”, comportamiento que la Fiscalía incluye dentro del análisis sobre la transformación del uso del suelo en esa región.Finalmente, los informes técnicos describen evidencia obtenida durante los sobrevuelos sobre trabajos recientes en terrenos intervenidos.En uno de los apartes se indica que “se pudo evidenciar la presencia de una maquinaria amarilla haciendo adecuación y limpieza de la vía en lotes recientemente deforestados al margen del tramo vial”, elemento que hace parte del material probatorio recopilado por los investigadores dentro del proceso que continúa en curso.