La Procuraduría General de la Nación rechazó los actos de vandalismo de este martes durante la audiencia pública ambiental para el desarrollo de Kalé: El primer piloto de Fracking en Colombia.En las imágenes se puede ver cómo algunos manifestantes entran pateando sillas y arrojando otros elementos lo que obligó a suspender la audiencia presencial y hacerla virtual.En una carta enviada al presidente del Concejo Municipal de Puerto Wilches, Niger Perea Fonseca, quien solicitó el aplazamiento de la audiencia pública, el ente de control aseguró que “los servidores públicos tienen el deber de garantizar que se materialice adecuada y eficazmente el ejercicio fundamental a la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones que los afectan en materia ambiental”."Rechazo sin ambigüedades la manera violenta en que dos manifestantes ingresaron al lugar de la audiencia pateando sillas y desdibujando el propósito de la movilización. Fue la misma comunidad la que recogió las sillas, confrontó a esas personas y se retiró del lugar minutos después de manera tranquila y sin alteraciones" dijo por su parte Alianza Colombia Libre de Fracking en un comunicado.Sin embargo, el grupo de ambientalistas lamentó que Ecopetrol y la ANLA (Autoridad Nacional de Licencias Ambientales) hayan impuesto la realización de la audiencia a pesar de múltiples peticiones de aplazamiento de varias organizaciones sociales y líderes políticos. También resaltó la falta de garantías en un entorno en el varios líderes del movimiento han recibido amenazas.Felipe Bayón, presidente de Ecopetrol, insistió en que no hay afán por sacar adelante los pilotos de fracking y que la compañía está esperando pacientemente el trámite de la licencia ambiental y hará las reuniones que sean necesarias."Si hay gente que se opone al proyecto, que es perfectamente natural y lo entendemos, que lo haga desde el respeto. Si algo necesitamos en este país es respeto", dijo Bayón.Ecopetrol aún no tiene claro si obtendrá la licencia ambiental antes de las elecciones. Sin embargo, sigue considerando que el fracking es fundamental en el futuro de la compañía y está haciendo acercamientos con los candidatos en la contienda electoral para explicar su visión de este tema y de sus planes en la transición energética.
Durante una audiencia en los juzgados especializados de Bogotá un juez absolvió a Mateo Gutiérrez, estudiante de Sociología de la Universidad Nacional quien fue capturado y puesto preso durante 19 meses por, supuestamente, haber participado en atentados a entidades bancarias y de salud en la capital del país, entre 2015 y 2017, señalamiento que no fue probado por la Fiscalía.El ente acusador señalaba a Gutiérrez de pertenecer al llamado Movimiento Revolucionario del pueblo (MRP), grupo terrorista que en su momento se atribuyó los ataques e, incluso, ha sido denominado por el Ejército Nacional como una célula urbana de la guerrilla del ELN, pero el juez aseguró que el joven es inocente porque la Fiscalía no logró probar la participación de Mateo en el atentado que le atribuyen: el de un explosivo que se instaló en un apartamento ubicado en el centro de la capital al que, según dijo la Fiscalía, Gutiérrez había entrado a la fuerza amordazado a los habitantes y justificando que el artefacto era por una cuestión "política".La defensa de Mateo logró demostrar que el día de los hechos el joven, que lleva un año y ocho meses detenido, estuvo en otro lugar.Incluso, la Procuraduría respaldó la tesis de que la Fiscalía no había logrado demostrar que Mateo habría detonado el artefacto explosivo ni que fuera miembro de un grupo ilegal.“El MRP existe y los hechos de terrorismo existen, pero lo que no se comprobó es que Gutiérrez esté involucrado en el grupo", recalcó.Por eso, el juez absolvió de toda culpabilidad a Mateo, que fue acusado por los delitos de hurto agravado, concierto para delinquir, tráfico ilegal de armas y terrorismo.En diciembre se leerá el fallo absolutorio, que traerá completos los argumentos del juzgado.
El general Luis Mauricio Ospina, comandante de la décima tercera brigada del Ejército, dijo que por inteligencia de la institución, hay evidencias que confirmarían la presencia de esa guerrilla en la ciudad, “no por hombres armados, sino por las llamadas células que estarían relacionadas con el Movimiento Revolucionario del Pueblo”. “El MRP es una franquicia del ELN que viene haciendo actividades que buscan generar terror. ELN tenemos en muchas partes, en Bogotá no hay presencia armada, sino células”, dijo el general. El Ejército y la Policía en Bogotá trabajan para evitar cualquier atentado del Movimiento Revolucionario del Pueblo, MRP, que recordemos a través de un vídeo publicado en los últimos días, mostró sus intenciones de generar temor.
La Policía Metropolitana de Bogotá recibió la orden de aumentar las medidas de seguridad en zonas concurridas de la ciudad por posibles amenazas terroristas del MRP, el movimiento responsable del ataque al centro comercial Andino, que dejó tres muertos.Blu Radio conoció el poligrama que pide a las unidades de la Policía redoblar las medidas de seguridad para evitar alteraciones de orden público por posibles actos terroristas del MRP.Le puede interesar: Integrantes del MRP mantendrían vínculos con ELN y exfuncionario cubano. Según inteligencia de la Policía, este grupo estaría inconforme con la negociación del salario mínimo, la licitación por el sistema de recolección de basuras y las decisiones de la Alcaldía de Enrique Peñalosa sobre el relleno Doña Juana.El director de la Policía Nacional, general Jorge Nieto, aseguró que se trata de una medida preventiva y que la alerta se genera por un video en el que ese grupo amenaza con adelantar acciones terroristas en la capital del país.En su mayoría, los operativos de la Policía se reforzarán en centros comerciales, plazas, parques y establecimientos nocturnos para evitar ataques en Bogotá.
El abogado Daniel Prado, quien hace parte del equipo de defensa de Mateo Gutiérrez, presunto miembro del movimiento revolucionario del pueblo y responsable - según las autoridades- de actos terroristas en la capital, aseguró que las cartas reveladas por la Revista Semana en las que supuestamente se demostraría la relación de su cliente con el ELN, no tienen validez. “Grave lo que está pasando con Mateo porque no entendemos cómo (unas) pruebas que debería conocer la defensa, no las conoce. No se pueden filtrar sin que lleguen a juicio. No se puede hablar de su validez”, aseguró. Le puede interesar: Fiscalía vincula a capturados del Centro Andino con universitario Mateo Gutiérrez. Además, el legista dijo que los diplomáticos cubanos han ayudado al proceso de paz en Colombia y para eso deben tener contacto con los actores del conflicto, por lo que, si llegase a ser verdad que su cliente ha hablado con diplomáticos de ese país, no se podría presumir una cercanía con el ELN.
Desde la cárcel, los presuntos integrantes del Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP), señalados de ser los responsables del atentado en el Centro Comercial Andino, mantendrían vínculos con el ELN. En medio de la investigación que adelanta la Fiscalía por el atentado del Centro Comercial Andino y otros atentados en Bogotá atribuidos al grupo criminal denominado MRP, se conoció la existencia de varias cartas que algunos de los detenidos cruzan, al parecer, con el ELN desde la cárcel. En una de las misivas, Mateo, presunto miembro del MRP, se mantiene en contacto con una persona llamada Toni, quien según inteligencia es un importante exfuncionario del gobierno de Cuba y cercano a miembros del comando central del ELN. Le podría interesar: Gobierno insiste que ELN violó cese al fuego con asesinato de gobernador indígena La información, publicada por la Revista Semana, también indica que en varios documentos encontrados en memorias de Boris, otro detenido, se hallaron semejanzas a documentos confiscados en el momento de la captura de José Antonio Núñez, quien llevaba más de 15 años de pertenencia al ELN. Vea más sobre esta noticia en Semana.
El juez 48 de conocimiento de Bogotá decretó mantener la medida de aseguramiento contra los siete presuntos implicados en el atentado contra el centro comercial Andino del pasado 17 de junio, acción que dejó tres personas muertas y nueve heridas. Los procesados serían parte del denominado Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP), y son señalados como responsables de otras acciones panfletarias en Bogotá, Cúcuta, Palmira, Medellín y Pereira.La medida recae sobre Boris Ernesto Rojas Quijano, César Mauricio Barrero Tellez, Andrés Mauricio Bohórquez Florez, Juan Camilo Pulido Rivero, Lizeth Johanna Rodríguez Zarate, Lina Vanesa Jiménez Numpaque y Natalia Trujillo Nova. Los sindicados continuarán recluidos en la cárcel La Modelo y el Buen Pastor, donde deberán esperan el juicio. Ante la decisión del juez no procede ningún recurso. Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.
Este lunes el representante a la Cámara por Bogotá Edward Rodríguez (Centro Democrático) denunció que, conforme a información que le fue revelada por las autoridades, el Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP) estuvo haciéndole seguimientos, en medio de un posible plan para atentar en su contra. “El MRP, que tiene vínculos con el ELN y autores de los atentados terroristas en Bogotá como el del Centro Comercial Andino, venía haciéndome seguimientos para muy seguramente atentar contra mi vida. Rechazamos estas acciones y no claudicaremos en continuar en nuestra lucha contra el terrorismo”, expresó el parlamentario. Según Rodríguez, la razón de estos seguimientos tendría que ver con “las ideas del Centro Democrático”, lo cual calificó como una expresión del fascismo y del terrorismo”. Le podría interesar: Interpol emite circular azul contra supuesta cabecilla del MRP por caso Andino En diálogo con BLU Radio, el congresista sostuvo que se están tomando las medidas pertinentes para garantizar su seguridad, por lo cual se reforzará su esquema de protección. Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.
Noticias Caracol revelo que dentro de la USB que trató de tragarse Iván Ramírez, alias ‘Talibán’, el joven señalado de pertenecer al MRP, se hallaron instructivos para no dejarse intimidar por las autoridades. En el dispositivo confiscado también fueron halladas cuatro carpetas con cerca de 1200 archivos, entre estos un manual de operaciones de ese grupo terrorista para hacer inteligencia y contrainteligencia, documentos que explican cómo camuflarse y evadir a las autoridades. Entre los múltiples archivos, los investigadores descubrieron los que sería un mensaje cifrado que, de acuerdo a las hipótesis, estaría relacionado con el atentado en el centro comercial Andino el pasado 16 de junio. Le puede interesar: Interpol emite circular azul contra supuesta cabecilla del MRP por caso Andino. “Muchachas las quiero mucho, sé que les va a ir bien hoy, estén concentradas y muy tranquilas. Las voy a pensar todo el día. Un abrazo”, señala el mensaje cifrado. Dentro de la USB también se guardaba instructivos para moverse entre caños y vehículos a utilizar, además de fotografías del portal de TransMilenio de Usme, del cual se presume que iba a ser el siguiente blanco en Bogotá. Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.
Un mes después del atentado en el centro Comercial Andino, que cobró la vida de tres mujeres, expertos de la Fiscalía y Policía analizan información que relaciona a los 10 capturados de Movimiento Revolucionario Popular, MRP, con un presunto plan que estaría dirigido al fiscal General y al presidente de la República. “Eso es información de inteligencia que le corresponde a la Fiscalía y la Policía manejar y determinar si es o no verídica”, señaló el Secretario de Seguridad de Bogotá, Daniel Mejía. Son 10 los capturados señalados de pertenecer al MRP y presuntamente de haber planeado el atentado en Centro Andino y otros actos terroristas en Bogotá. Las autoridades también buscan a Violeta Arango Ramírez, una socióloga egresada de la Universidad Nacional de Colombia, señalada de ser ideóloga de ese grupo. Este fin de semana se conoció una carta de esta joven, quien desde la clandestinidad negó ser una terrorista. Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y nuestros contenidos destacados, DESCARGUE ya la APP de Blu Radio: Haga clic aquí si su dispositivo es iOS. Haga clic aquí si su dispositivo es Android.
Un juez de control de garantías envió a la cárcel al alcalde de Villa de Leyva, Boyacá, Víctor Alfonso Gamboa Chaparro, señalado por la Fiscalía de presuntos actos de corrupción relacionados con trámites urbanísticos de un proyecto inmobiliario en ese municipio.La decisión judicial se produjo luego de que un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción le imputara los delitos de concusión y prevaricato por acción, cargos que no fueron aceptados por el mandatario.De acuerdo con la investigación, la Fiscalía recopiló elementos materiales probatorios que vincularían al alcalde con supuestas exigencias económicas y otros beneficios para facilitar permisos y requerimientos administrativos relacionados con una licencia de urbanismo y construcción.Según el ente acusador, el 8 de junio de 2025 Gamboa Chaparro habría solicitado a la representante legal de la empresa Inversiones San Jacinto Nelvic S.A.S. contratar a una persona específica para prestar asesorías orientadas a gestionar trámites ante la administración municipal.La investigación señala además que posteriormente el mandatario habría pedido aumentar el salario de esa persona recomendada, quien permaneció vinculado durante 11 meses y recibió pagos cercanos a los 48 millones de pesos.La Fiscalía sostuvo que el 4 de marzo de 2026 el alcalde presuntamente solicitó a la empresaria 112 millones de pesos, equivalentes al 20 % del valor fijado para la ampliación de una licencia de construcción. Esa petición, según el expediente, habría sido realizada mediante mensajes de voz. Posteriormente, en una llamada telefónica, habría retirado la exigencia económica.Dos días después, el 6 de marzo, Gamboa Chaparro expidió una resolución que, según la Fiscalía, habría representado una retaliación luego de que la empresaria no accediera a las presuntas exigencias. El ente acusador indicó que el mandatario se encontraba en un posible conflicto de intereses y que la actuación habría constituido una desviación de poder.Como consecuencia de esa decisión, la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial de Villa de Leyva rechazó la solicitud de ampliación de la licencia de construcción del proyecto inmobiliario.Adicionalmente, el inspector Segundo de Convivencia y Paz del municipio impuso a los representantes del proyecto una multa cercana a los 232 millones de pesos.Durante las audiencias, la defensa del alcalde aseguró que los audios y demás pruebas aportadas dentro del proceso estarían presuntamente alterados, afirmación que, según indicó, estaría sustentada en un supuesto peritaje técnico.Sin embargo, la juez de garantías consideró procedente imponer medida de aseguramiento privativa de la libertad contra el mandatario mientras avanza el proceso judicial.
Un preocupante panorama de violencia contra los líderes, lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos sitúa a Antioquia con nueve de ellos asesinados este año, estando solamente debajo del departamento del Cauca, que acumula 13 casos. A ello se suma que el departamento también acumula seis masacres durante 2026, según cifras de la Defensoría del Pueblo, lo que enciende las alarmas de la crisis humanitaria que se vive en varias de las subregiones.Como ya lo había alertado un informe de varias organizaciones no gubernamentales el mes pasado, en el departamento la mitad de los fallecidos de manera violenta se desempeñaban como líderes comunales en sus localidades.De acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, aunque se registra casi la misma cifra que el año pasado a esta misma fecha, esa leve reducción muestra la necesidad de reforzar la seguridad y las garantías para quienes ejercen el liderazgo en sus territorios. Camilo González Posso, presidente de Indepaz."El cuatrénio anterior tuvimos un promedio anual de 220 líderes asesinados en todo el país, y en este período del gobierno de Gustavo Petro la cifra ha sido de 180. Es un poco menos, pero no podemos hablar de un cambio estructural. Siguen los mismos patrones y la estigmatización como 1 de ellos, en los discursos del odio, el fanatismo, todo un constreñimiento a los procesos de reclamo de derechos humanos en diferentes regiones del país", indicó. Katrim de La Hoz, subdirectora de Caribe Afirmativo, se refirió a la importancia de proteger a quienes ejercen liderazgo por las sexualidades diversas, en especial los trans, ante la estigmatización y la violencia de la que son objeto."Puedo poner el ejemplo de las personas LGBTIQ más que son constantemente amenazadas, que son víctimas de violencia letal, especialmente las personas con experiencia de vida trans. Que los discursos estigmatizantes o de odio han permeado todas las esferas del poder y también como de las sociedades", aseguró. Recientemente desde la Fundación Forjando Futuros también indicaron, desde el informe anterior, que el Gobierno nacional debe plantear una reestructuración en el apoyo y cuidado a los líderes sociales que trabajan por los recursos naturales, y en especial, por los que trabajan en contra de la corrupción en el país.De acuerdo con datos de Indepaz, en Antioquia durante 2025 fueron asesinados 30 líderes sociales, y en la última década la cifra asciende a 270, lo que se suma a un panorama todavía más desalentador a nivel país: en los últimos 10 años han matado 1.935 líderes sociales.
La vía Panamericana, que conecta a Cali con Popayán y el sur del país, continúa generando preocupación entre los usuarios debido a los recientes hechos de inseguridad. La situación se agravó tras el caso del senador Alexander López Maya, quien habría sido víctima de un presunto intento de secuestro y de un ataque armado mientras se movilizaba por este corredor vial.A este panorama se suman los constantes bloqueos que se presentan en esta importante carretera del occidente colombiano, afectando la movilidad y la tranquilidad de quienes transitan por la zona. Julián Torres, integrante del Comité Integral del Cauca, manifestó su preocupación por las condiciones de seguridad en esta vía, señalando que conductores y transportadores de carga enfrentan diariamente múltiples riesgos.“Queremos expresar nuestra profunda preocupación por estos hechos de inseguridad que afectan al suroccidente del país. Se han registrado múltiples casos, como el hurto de vehículos, entre ellos uno de carga, así como el ataque armado a una empresa. La verdad, es una situación complicada la que viene viviendo el departamento del Cauca”, afirmó Torres.Además, se han denunciado retenes ilegales instalados por grupos armados, lo que impacta directamente el transporte de mercancías. Frente a esto, Hernán Garcés hizo un llamado a las autoridades para reforzar la seguridad en el corredor vial, insistiendo en que las medidas deben ser permanentes y no temporales.“Las personas que vivimos en esta zona tenemos una zozobra constante para desplazarnos a otras regiones del país. Confiamos en que tanto el Ejército como la Policía logren brindar la tranquilidad que necesitamos”, expresó Garcés.Esta problemática también tiene repercusiones en el comercio internacional, ya que la vía Panamericana es clave para el tránsito de productos que ingresan desde Ecuador hacia el suroccidente del país, lo que podría generar retrasos y afectaciones en la cadena de abastecimiento.
El chance Caribeña Día continúa posicionándose como uno de los juegos de azar más tradicionales y consultados en Colombia, gracias a sus sorteos diarios y a la facilidad con la que los jugadores pueden revisar rápidamente los resultados oficiales.Resultado de Caribeña Día hoy, miércoles 20 de mayo de 2026El número ganador del chance Caribeña Día de este miércoles 20 de mayo de 2026 es el en minutos. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.Número ganador: Dos últimas cifras: Tres últimas cifras: La quinta: ¿A qué hora juega el Caribeña Día?El sorteo del Caribeña Día se realiza todos los días y los resultados oficiales pueden consultarse poco después de las 2:30 p. m.. Minutos más tarde, los números ganadores se publican a través de canales autorizados y puntos de venta, permitiendo a los apostadores validar sus jugadas de manera rápida y segura.Cómo jugar el chance Caribeña DíaEste juego ofrece diferentes modalidades de apuesta que se ajustan a distintas estrategias y niveles de riesgo. El premio depende de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que coincidan con el resultado oficial.Entre las modalidades más utilizadas se encuentran:4 cifras directo o superpleno: acertar el número completo en el orden exacto4 cifras combinado: acertar las cifras en cualquier orden3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto3 cifras combinado: acertar las cifras sin importar el orden2 cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto1 cifra o uña: acertar únicamente la última cifraEstas opciones permiten elegir entre apuestas con premios más altos o jugadas más simples que aumentan las probabilidades de acierto.Cuánto cuesta apostar en Caribeña DíaUno de los factores que mantiene la popularidad de este sorteo es su accesibilidad económica. Los jugadores pueden participar con diferentes montos:Apuesta mínima: $500 pesos colombianosApuesta máxima: $10.000 pesos colombianosDe esta manera, cada persona puede ajustar su inversión según su presupuesto.Requisitos para reclamar premios del Caribeña DíaEl proceso de cobro depende del valor del premio, aunque siempre es necesario presentar algunos documentos básicos:Tiquete original en buen estado, sin tachones ni enmendadurasDocumento de identidad originalFotocopia legible del documento de identidadAdemás, según el monto ganado, pueden solicitarse requisitos adicionales:Premios menores a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicosPremios entre 48 y 181 UVT: se debe diligenciar el formulario SIPLAFT en el punto de ventaPremios mayores a 182 UVT: es obligatorio presentar una certificación bancaria vigente, expedida con máximo 30 días de anterioridad. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar aproximadamente ocho días hábilesCon sorteos diarios, múltiples modalidades de apuesta y reglas claras para reclamar premios, el Caribeña Día continúa siendo una de las alternativas preferidas por los apostadores en Colombia.
Las autoridades de salud en Santander encendieron las alarmas por el funcionamiento de centros estéticos y spas que estarían realizando procedimientos invasivos sin cumplir con los requisitos legales y sanitarios exigidos para la prestación de servicios de salud.El secretario de Salud de Santander, Edwin Prada, informó que en lo corrido de 2026 se han impuesto siete medidas sanitarias de sellamiento a establecimientos que presuntamente operaban de manera irregular. De esos casos, cuatro corresponden a centros estéticos o spas ubicados en Bucaramanga.Según explicó el funcionario, algunos de estos lugares realizaban procedimientos que no estaban autorizados, otros contaban con personal que no tenía la formación médica requerida y varios incumplían las condiciones mínimas de asepsia y seguridad necesarias para atender pacientes.“Estamos haciendo inspecciones, vigilancia y control a instituciones que posiblemente no están habilitadas para prestar servicios de salud. Algunos de estos centros estéticos se camuflan bajo la figura de spa y hacen procedimientos de intervención sin cumplir con la normatividad”, aseguró Prada.El secretario hizo un llamado a la ciudadanía para verificar antes de cualquier procedimiento si el establecimiento aparece inscrito en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud del Ministerio de Salud y si el personal cuenta con los permisos y certificaciones exigidas.“Cuando una persona vaya a hacerse algún procedimiento invasivo debe revisar si la institución está habilitada y qué servicios tiene autorizados. También es importante verificar si el profesional está inscrito en el ReTHUS y cuenta con las especializaciones requeridas”, indicó.Prada además pidió a las secretarías de salud municipales realizar barridos e identificar posibles establecimientos clandestinos o “de garaje” para adelantar las respectivas investigaciones.Denuncia por presunto mal procedimientoEn medio de las acciones de control conocidas por la Secretaría de Salud, salió a la luz el caso de María Fernanda Alfonso, una mujer de 27 años, que denuncia haber sufrido complicaciones de salud tras someterse a un procedimiento estético en un establecimiento que funciona en un apartamento del barrio San Francisco de Bucaramanga.La afectada aseguró que acudió al lugar el pasado 6 de mayo para realizarse una rinomodelación y aumento de labios, luego de conocer promociones difundidas en redes sociales.“Hace poco me enteré de que ella no es doctora, sino auxiliar de enfermería. Uno entra a la página y jamás cree que pueda ser una estafa”, relató.Según su denuncia, antes del procedimiento pidió verificar el producto que le sería aplicado y consultar el registro Invima, pero le respondieron que se trataba de una marca propia.“Al tercer día mi cuerpo empezó a reaccionar. La nariz olía mal, tenía los conductos nasales inflamados y los labios morados con vejigas. Me decían que era normal y que debía esperar ocho días”, contó.La mujer aseguró que el procedimiento fue realizado en un apartamento acondicionado como supuesto centro estético y que, tras empeorar su estado de salud, acudió a especialistas particulares y a urgencias.De acuerdo con la denuncia, médicos que la valoraron le indicaron que la sustancia aplicada sería desconocida y actualmente se encuentra en análisis de laboratorio.“Me dijeron que no era ácido hialurónico y que mi cuerpo reaccionó a una sustancia extraña”, afirmó María Fernanda Alfonso, quien además señaló que la persona responsable dejó de responderle y la bloqueó de sus canales de contacto.Las autoridades reiteraron el llamado a denunciar este tipo de casos y a verificar siempre la legalidad y habilitación de los establecimientos antes de realizarse procedimientos médicos o estéticos invasivos.