Tras el anuncio del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, sobre el retiro del servicio activo de 12 militares, entre ellos un general, por violaciones a la ley de inteligencia y vulneración a los derechos de periodistas, funcionarios y defensores derechos humanos, el director de la Revista Semana, Alejandro Santos, pidió más explicaciones sobre el comportamiento de esos uniformados. En diálogo con BLU Radio, Santos Rubino dijo que el comunicado del Gobierno se queda corto y resulta insuficiente ante la necesidad de aclarar qué era exactamente lo que hacían esos militares de alto rango en un contexto tan complejo como el de la perfilación de blancos no legítimos de la inteligencia estatal. El anuncio del ministro Carlos Holmes Trujillo coincide con la publicación de la revista ‘Las carpetas secretas’, que detalla la forma como, de manera irregular, se abrieron archivos completos de quienes estaban en la mira por ser considerados casi que enemigos de las Fuerzas Militares. Información precisa sobre contactos, personas allegadas, rutina y hasta la forma de pensar de personas como el corresponsal del New York Times Nicholas Casey, quien en su momento destapó los documentos que podrían abrirle la puerta a nuevos falsos positivos, hacen parte del monitoreo que, por órdenes superiores y con fines todavía no claros, se hicieron desde el Ejército Nacional. Al respecto, el director de la Revista Semana considera que es necesario que la Fiscalía y la Procuraduría, que según el Ministerio de Defensa fueron notificadas el 13 de enero de este año sobre lo que estaba pasando, avancen en las investigaciones y lleguen al fondo del asunto, pues todavía faltan indagaciones para desterrar todas las manzanas podridas. Alejandro Santos manifestó que, aunque la decisión del Gobierno de retirar a esos 12 oficiales, incluido el general que pidió su salida del servicio activo, es un paso adelante y no todos los integrantes del Ejército están comprometidos, es necesario llegar a los responsables y establecer, por ejemplo, cuál fue la participación del excomandante del Ejército Nicacio Martínez, durante cuya gestión ocurrieron todas estas irregularidades.Vea aquí: Semana revela presuntos seguimientos ilegales del Ejército a periodistas, líderes sociales y políticos“Cuando uno es comandante, tiene que responder”, precisó Santos Rubino.Por último, el director de la Revista Semana dijo que la importancia de llegar al fondo del asunto está en el buen uso de los aparatos de inteligencia, pues en un país como Colombia, con tantas amenazas de la criminalidad, lo que se necesita es una inteligencia sofisticada que neutralice esas intimidaciones y no que persiga a protagonistas esenciales de la democracia y la sociedad.
En el nuevo escándalo de chuzadas que enloda al Ejército Nacional, se han juntado tres episodios que van por separado, lo cual, ha logrado confundir a la opinión pública a tal punto de cuestionar si realmente existieron o no.Vea aquí: Nicacio Martínez exige a revista Semana rectificar acusaciones en su contraBLU Radio le explica las tres líneas de investigación que tiene la Fiscalía de este nuevo proceso sobre interceptaciones ilegales.La primera, tiene que ver con el allanamiento que hizo el pasado 18 de diciembre la Corte Suprema de Justicia, con acompañamiento de la Procuraduría, a la unidad militar de Facatativá.La orden se dio por una información que llegó al alto tribunal sobre una supuesta relación entre el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez y las actividades ilegales del hacker Andrés Fernando Sepúlveda, especialmente, las chuzadas de Andrómeda. En esa oportunidad, los investigadores se llevaron memorias y otros elementos en donde encontraron lo que sería el segundo episodio ya que no tenía nada que ver con la investigación que adelanta la Corte. Esta segunda línea de investigación deberá ser trasladada a la Fiscalía que es la entidad competente para investigarla.El segundo episodio es, precisamente, lo que encuentran en esos elementos incautados al Ejército y es lo que revela la revista SEMANA: fotos y conversaciones de WhatsApp que demostraban seguimientos a periodistas, líderes políticos y a la propia magistrada que ordenó el allanamiento, entre otros.El tercer punto es el de los equipos tácticos de interceptación que, al parecer, el general Nicacio Martínez, que fungía como comandante del Ejército, ordenó entregarlos a dos coroneles, uno activo y otro retirado, y que habrían servido para las interceptaciones ilegales.En este tercer punto, entra algo diferente que es la herramienta 'hombre invisible', que permitía a los uniformados acceder a cualquier computador, acceder a llamadas y conversaciones de WhatsApp y Telegram Web.
El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, aseguró en Mañanas BLU que no sabe si hubo o no chuzadas en el Ejército y que esto solo puede determinarse una vez se conozcan los resultados de las investigaciones que se adelantan.Vea aquí: Nicacio Martínez exige a revista Semana rectificar acusaciones en su contra“Yo no sé si hubo o no chuzadas, esa verdad institucionalmente no está establecida”, declaró el funcionario. Según el funcionario, conoció sobre el tema tras una conversación con el periodista Alejandro Santos, director de Semana, a finales de 2019.“Yo conversé con Alejandro Santos a finales del año pasado y en esa conversación telefónica, sin detalles, me señaló que en efecto se estaba adelantando una investigación periodística sobre presuntas interceptaciones ilegales”, declaró.“Cuando me preguntan en qué momento se tuvo conocimiento de los hechos, dije que en concreto habíamos tenido conocimiento de los hechos con la publicación que hizo la revista”, agregó.El funcionario reiteró que la salida del general Nicacio Martínez de la jefatura del Ejército Nacional obedeció a un tema personal y no al escándalo revelado por la revista Semana.“Lo que puedo decirle con absoluta certeza es que las razones del retiro del general Nicacio Martínez son razones de índole personal que él le expuso al señor presidente de la República”, indicó el ministro.Escuche al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, en Mañanas BLU:
A través de su abogado Jaime Granados, el general Nicacio Martínez, excomandante del Ejército, le exigió a la revista Semana rectificar las acusaciones en su contra por las presuntas chuzadas ilegales.“Primero, rechazo absoluto a la persecución de un medio de comunicación que está (haciendo) afirmaciones alejadas de la realidad sobre la salida del general de la institución. Él dijo que salió de la fuerza por temas personales y, como su abogado, me consta. Así lo ratificó el ministro de Defensa y el presidente”, señaló.“En segundo lugar, se ha tratado de unir ese retiro con unos supuestos hechos ilegales sobre los cuales no existe una sola prueba y en eso no tiene que ver el general. Él no conduce operaciones de inteligencia (...) Por eso él solicita a la revista rectificación”, explicó Jaime Granados.Vea además: Chuzadas son atentado a la independencia judicial: Corte Suprema"Le vamos a exigir a la revista Semana que aporte si tiene pruebas, que corrija lo que no es cierto y ante las autoridades se demostrará la inocencia del general (...) Son versiones anónimas y cobardes. Por eso, se va a poner en prueba la carrera militar de 38 años", dijo Granados.“El primer aspecto de la ratificación es por la afirmación del medio sobre el motivo de su retiro. Es absolutamente mentiroso que se haya retirado por las supuestas chuzadas que no sabemos si existen (...) Un medio tan serio como Semana no puede decir mentiras porque está en juego las instituciones y las personas”, manifestó.El abogado además dijo que “hay que dejar la cacería de brujas”. Sostuvo que “en ningún Ejército del mundo es responsable el comandante por las actuaciones de todos los militares”.“No existe responsabilidad del mando por supuestas omisiones, si es que sí hubo tal chuzadas. Suponiendo que sí, hay 5 niveles por encima, antes del comandante del Ejército”, agregó el abogado Granados.Finalmente, el abogado aseguró que el escándalo de las presuntas chuzadas ilegales es una persecución contra el militar en retiro y el Centro Democrático.
El general Nicacio Martínez, excomandante del Ejército, a través de un comunicado, reitera que su retiro del cargo se debió a asuntos familiares y no a razones relacionadas con las supuestas interceptaciones ilegales, según reportó la revista Semana.Asegura que no tiene nada que ver con la publicación de la revista y añade que, durante el tiempo en el que ha estado en el Ejército, jamás ha dado una orden que fuera contra la Constitución y la ley.“Mi retiro del cargo de comandante del Ejército Nacional obedeció a una decisión personal y por razones netamente familiares, como lo ha informado el Sr presidente de la República reiteradamente y corroborado por el señor ministro de la Defensa Nacional”, dice.Añade que se siente consternado y adolorido por “el manejo oportunista y falto de sustento jurídico” de las acusaciones en su contra, las cuales, dice, violan sus derechos de igualdad y buen nombre.Le puede interesar: Chuzadas del Ejército habrían precipitado salida de Nicacio Martínez: revista Semana“Mi dignidad y buen nombre no pueden ser pisoteados de manera irresponsable, ni se puede continuar haciéndome daño y a mi familia; agotaré los recursos e instancias jurídicas que sean necesarias hasta que salga a luz pública la verdad sobre las injustas acusaciones a las que he sido sometido”, manifiesta.La Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de justicia asumió la investigación por el nuevo capítulo de chuzadas ilegales que salpica, de nuevo, al Ejército Nacional. Los fiscales deberán establecer si Martínez conocía de esas interceptaciones ilegales.Este es el texto del comunicado.En atención a la publicación de la Revista Semana titulada "Chuzadas sin cuartel" y en la que se afirma en forma tendenciosa que mi retiro voluntario del comando del Ejercito Nacional se debió a los hechos mencionados , me permito hacer las siguientes precisiones:1. Mi retiro del cargo de Comandante del Ejercito Nacional obedeció a una decisión personal y por razones netamente familiares, como lo ha informado el Sr Presidente de la Republica reiteradamente y corroborado por el señor Ministro de la Defensa Nacional.2. No tengo nada que ver con la publicación realizada por la revista semana y me encuentro totalmente ajeno a ese tipo de acciones ilegales e injuriosas.3. Durante el tiempo que he permanecido en la institución y en el desempeño del cargo como Comandante del Ejército Nacional en su bicentenario, JAMÁS he dado orden alguna contrarias a la constitución y la ley .4. Como soldado de Colombia me siento consternado y adolorido por la vulneración de mis derechos fundamentales , el manejo oportunista y falto de sustento jurídico con que se me ha involucrado en estos hechos y muchos otros, violando mis derechos a la dignidad y al buen nombre con información calumniosa y apartada de mi obrar verdadero como soldado de la patria .5. Mi dignidad y buen nombre no pueden ser pisoteados de manera irresponsable, ni se puede continuar haciéndome daño y a mi familia; agotare los recursos e instancias jurídicas que sean necesarias hasta que salga a luz pública la verdad sobre las injustas acusaciones a las que he sido sometido.6. He designado como apoderado para que me represente jurídicamente al Doctor Jaime Granados a quien se podrán dirigir y quién será mi único vocero a partir del momento.7. Insto a la comunidad y a la sociedad colombiana a analizar la desinformación a la que estámos siendo sometidos a diario los colombianos y no dar credibilidad a priori a lo que muchas veces tiene intereses diferentes a hacer honor a la verdad.Atte.General Nicacio de Jesus MARTINEZ EspinelEx comandante del Ejército Nacional
El presidente Duque defendió al general Nicacio Martínez, excomandante del Ejército Nacional, y dijo que no salió del cargo por un presunto escándalo de chuzadas a magistrados y periodistas desde las FFMM, revelado por la revista Semana.Vea aquí: Chuzadas del Ejército habrían precipitado salida de Nicacio Martínez: revista SemanaDesde Bojayá, en el departamento del Chocó, el presidente Iván Duque habló sobre el escándalo que enloda al Ejército por las presuntas interceptaciones ilegales a personas como la magistrada Cristina Lombana, el senador Roy Barreras y el exgobernador de Nariño Camilo Romero. Insistió en que el Gobierno tiene cero tolerancia con conductas en contra de la ley. Al ser preguntado por BLU Radio sobre si el general Nicacio Martínez había salido del Ejército por el escándalo de las chuzadas, Duque aseguró que el entonces comandante del Ejército le dijo que dejaba el cargo por temas personales. "El general Nicacio Martínez salió porque él me esgrimió a mí razones personales que entendí, así lo hice público”, dijo el presidente."El general Nicasio terminó su servicio después de servirle 38 años a Colombia. Él argumentó esas razones personales, las entendimos y nombramos al general Zapateiro”, agregó.El presidente, además, dijo sobre las investigaciones reveladas por la revista Semana que los medios de comunicación y los colombianos pueden tener la tranquilidad de que "si hay miembros de la fuerza pública que están teniendo conductas contrarias a la constitución y la ley” van a “sancionarlos”.“Nosotros mismos vamos a denunciarlos y ese debe ser el espíritu mío como comandante supremo de las Fuerzas Militares, pero debe ser también el compromiso de todos los que ejerzan comandancia", dijo el mandatario desde Chocó.El presidente Duque dijo, además, que ya habló con el general Navarro, comandante de las FFMM, y con el general Eduardo Zapateiro, comandante del Ejército Nacional, para pedirles llegar hasta el fondo en las investigaciones sobre malas conductas. "Pero acá tenemos unas Fuerzas Militares que se han destacado siempre por ser honorables y al servicio de los colombianos, donde haya manzanas podridas, llevarlos a que se les aplique sanciones ejemplares”, dijo el mandatario.Entérese con el equipo de BLU Radio sobre las noticias de Colombia y sus regiones, los acontecimientos más relevantes e información sobre los hechos que son noticia, llevados a ustedes por un grupo de periodistas, analistas y líderes de opinión.
De acuerdo con una investigación de la revista Semana titulada ‘Chuzadas sin cuartel’, las verdaderas razones de la salida del general Nicacio Martínez, excomandante del Ejército Nacional de Colombia, habrían sido el uso ilegal de sofisticados equipos para espiar a políticos, magistrados, generales y periodistas.La revista Semana reveló el que sería uno de los más graves escándalos de chuzadas por parte del Ejército a periodistas, magistrados y políticos colombianos. El hecho, revelado este sábado por el medio con pruebas como imágenes, chats y documentos de inteligencia, habría precipitado la salida el pasado 27 de diciembre del general Nicasio Martínez, entonces comandante del Ejército. De acuerdo con la información que publica Semana, en la lista de interceptados aparecen el senador Roy Barreras, el exgobernador de Nariño Camilo Romero y la magistrada de la Corte Suprema de Justicia Cristina Lombana, quien tuvo hasta mayo de 2009 el caso de manipulación de testigos contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez y quien lleva un proceso de corrupción que involucra a varios políticos. Semana habló con un suboficial del Ejército, quien aseguró: “en un caso a él le asignaron un número celular y le entregaron datos como el correo electrónico supuestamente de una oficial que estaba afectando los intereses del Ejército, pero resultó que el verdadero blanco era una magistrada Lombana”, publicó la revista Semana en su edición de este fin de semana. “Le preguntamos a los mandos si había un error, porque se trataba justamente de una magistrada, lo cual claramente no podemos perseguir. Nos dieron la orden de continuar el monitoreo, los seguimientos y, lo más grave de todo, es que nos ordenaron entregar esa información directamente a un reconocido político del Centro Democrático”, agrega el escrito sobre la información suministrada por el suboficial. Para probarlo, de acuerdo con el artículo de Semana, mostró correos y apartes de comunicaciones personales de WhatsApp de la magistrada.Además, otro militar le dijo a la Semana con documentos, cuadros de contacto, conversaciones, mensajes de WhatsApp y extractos de comunicaciones, “que le habían asignado como blancos políticos de todas las tendencias, en particular tres gobernadores, tres senadores y dos representantes”. Sobre los seguimientos al senador Roy Barreras, el militar encargado de esto último le dijo a Semana que, cuando el congresista de la U denunció públicamente que lo estaban siguiendo e interceptando, se activó una operación de contrainteligencia para cubrir su rastro y desviar la atención hacia otras agencias de inteligencia. “Los mandos decidieron que el sospechoso obvio estaría en otras agencias nacionales que cuentan con capacidades similares o en la misma cúpula de la DNI (Dirección Nacional de Inteligencia)”, dijo el suboficial a Semana, que revela este escándalo de interceptaciones al interior del Ejército.La información que publica la revista Semana va más allá y cuenta cómo conoció carpetas en discos duros y memorias USB que contienen presentaciones de informes, extractos de conversaciones y audios de entidades públicas, ONG y medios de comunicación. De acuerdo con el artículo titulado ‘Chuzadas sin cuartel’, parte de las interceptaciones se hacían desde el batallón de ciberinteligencia en Facatativá, que fue blanco de un allanamiento el pasado 18 de diciembre por parte de una comisión de la Corte Suprema de Justicia y cerca de 50 policías judiciales adscritos a la Dirección de Investigaciones Especiales de la Procuraduría, buscando evidencia de interceptaciones ilegales. Por otro lado, Semana reveló cómo desde el año pasado ha sido blanco de espionajes y amenazas. Según publicó, envíos de sufragios y lápidas, seguimientos al director y a periodistas, y equipos tácticos de interceptación al pie de las instalaciones de la revista hicieron parte del operativo de inteligencia ilegal.La revista Semana cuenta además que se había abstenido de revelar públicamente este episodio para proteger las fuentes, la propia investigación y los elementos de juicio y pruebas suficientes para hacer la denuncia.La revista, además, denuncia que “no solo militares activos participaron de esas acciones. Un coronel retirado por vínculos con narcos y paras decidió ayudar a la cúpula militar anterior, de la cual era muy cercano. Para ello acudió al servicio de matones de la oficina de sicarios de San Andresito, quienes se alternaban con los militares activos las labores de seguimientos y vigilancias contra los periodistas de Semana”.Finalmente, la revista Semana habló en su artículo de una persecución “implacable contra los militares que no se prestaron para las actividades ilegales y, por el contrario, denunciaron a los corruptos ante la propia institución y entidades de control”.Vea aquí: Caso de Nicacio Martínez es emblemático, pero dio resultados: general (r) Jaime Ruiz
A través de su cuenta en Twitter, José Miguel Vivanco, director para las américas de Human Rights Watch, cuestionó la salida del general Nicacio Martínez como cabeza del Ejército, pues considera que "debió haber sido removido hace mucho tiempo".Vea aquí: Caso de Nicacio Martínez es emblemático, pero dio resultados: general (r) Jaime Ruiz"Existen evidencias creíbles que lo podrían vincular con falsos positivos, como hemos demostrado. Para colmo, durante su comandancia reinstauraron algunas de las políticas que llevaron a estos aberrantes actos", dice Vivanco.El abogado defensor de Derechos Humanos chileno recordó los pagos que él mismo publicó en su Twitter, donde el general Martínez pagaba recompensas, pero, supuestamente, ese dinero terminaba en cuentas de soldados vinculados con muertes extrajudiciales.Adicionalmente, el polémico formulario que reveló el diario New York Times, en el cual se pedían estimados de resultados operacionales, fue interpretado como el regreso de los falsos positivos en Colombia.
Durante la presentación del informe de desplazamiento forzado a familiares de integrantes del Ejército en medio del conflicto, el general Nicacio Martínez se refirió a la operación dirigida contra alias ‘Gildardo El Cucho’ en San Vicente del Caguán, donde murieron al menos 8 menores de edad.No deje de leer: Renunció el ministro de Defensa tras escándalo de menores muertos en bombardeoEl comandante del Ejército aseguró que la fuerza pública tenía información de la estructura que tenía el cabecilla de las disidencias en Caquetá, más no la presencia de menores de edad y esa arista hubiera provocado una decisión diferente."Siempre nosotros hacemos la protección a aquellas personas que lo requieren, la decisión hubiera sido otra", dijo el comandante del Ejército.Convierta a BLU Radio en su fuente de información preferida en Google Noticias."En este caso que no se tenía el conocimiento (de menores de edad) se tomaron esas decisiones, seguramente no se hubiera tomado porque no podemos agredir menores de edad", señaló el oficial.Cabe recordar que el general Luis Fernando Navarro, en entrevista con Mañanas BLU, dijo sobre este operativo que en medio de una operación es difícil determinar si un niño en un grupo armado es víctima o guerrillero.Entérese con el equipo de BLU Radio sobre las noticias de Colombia y sus regiones, los acontecimientos más relevantes e información sobre los hechos que son noticia, llevados a ustedes por un grupo de periodistas, analistas y líderes de opinión.
Luego del asesinato del candidato a la Alcaldía de Tibú, Norte de Santander, Bernardo Betancourt, el general Nicacio Martínez, comandante del Ejército, señaló que, pese a que previamente se realizó un “Plan Padrino” entre las autoridades y los candidatos, aún hace falta mayor articulación y reconoció que algo tuvo que fallar para que se registrara el crimen en El Catatumbo.Lea también: Asesinan a Bernardo Betancurt Orozco, candidato conservador a la Alcaldía de Tibú.“Creemos que falta mayor coordinación entre candidatos y autoridades para poder garantizar la seguridad (...) este caso está siendo investigado. El pasado miércoles se hizo una reunión de coordinación y se instaló un Plan Padrino con los candidatos. Algo tuvo que haber fallado, las autoridades serán las que verifiquen qué pasó”, señaló Martínez.Agregó que como institución lamentan la situación y que harán seguimiento a las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo para evitar que se repitan hechos trágicos como el del candidato en Tibú y otras amenazas a aspirantes a cargos de elección popular en el territorio nacional.En elecciones 2019 se han registrado dos muertes más de candidatos que en 2015 Según el más reciente informe de la Misión de Observación Electoral, hasta la fecha han muerto siete candidatos aspirantes a cargos en las próximas elecciones de octubre: tres a alcaldías y cuatro a concejos.Hay un total de 40 amenazados, dos secuestrados y cinco han sido víctimas de atentados.Según los partidos políticos, realizar campaña por estos días en la regiones se ha vuelto algo difícil.“Hay bastantes solicitudes para un esquema de seguridad a nivel nacional, hay muchos candidatos que se sienten amenazados, que se sienten vulnerados en el ejercicio de su campaña política”, dijo el representante Juan Carlos Wills.Este fenómeno se viene presentando en todos los partidos políticos, según informó la MOE.“Hemos visto la tragedia que se vive. La verdad es que en el Valle, en municipios como Jamundí, Florida y Pradera hay una amenaza constante contra las candidaturas”, expresó el senador Alexander López.El senador Rodrigo Lara señaló que es difícil hacer campaña en las regiones por falta de recursos para los candidatos. “Lo que hemos observado en todo el país es algo gravísimo, las fuentes de financiación legal se están agotando”, expresó.En el 2015 perdieron la vida cinco candidatos durante el periodo electoral.Convierta a BLU Radio en su fuente de información preferida en Google Noticias.Entérese con el equipo de BLU Radio sobre las noticias de Colombia y sus regiones, los acontecimientos más relevantes e información sobre los hechos que son noticia, llevados a ustedes por un grupo de periodistas, analistas y líderes de opinión.
El patrón de la marca de ropa deportiva Adidas consideró que era "inexplicable" la suma que, según los medios, su gran rival Nike habría ofrecido para arrebatarle el histórico contrato de patrocinio de la selección alemana de fútbol.Bjørn Gulden también dijo, en una entrevista con la AFP, que la marca alemana haría una oferta a un "precio adecuado" para intentar recuperar el patrocinio de la selección de Francia, actualmente bajo contrato con Nike hasta 2026, pero advirtió que no irá más allá de un cierto límite durante el concurso que lanzará próximamente la Federación Francesa de Fútbol (FFF).Según el diario alemán Handelsblatt, el gigante estadounidense Nike se comprometió a pagar al menos 100 millones de euros (106 millones de dólares) a la Federación Alemana de Fútbol (DFB) a partir de 2027, el doble de lo que paga actualmente Adidas, que perderá así un patrocinio de más de 70 años de historia."La relación calidad-precio es algo que analizamos siempre y si las cifras que circulan son correctas, eso nos parece inexplicable", declaró Gulden.En un momento en el que varias federaciones nacionales abrirán concursos para buscar nueva marca de vestimenta, Adidas hará "ofertas donde tenga sentido con un precio que nos convenga y más allá de eso, no participaremos", aseguró.
La Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca en Bogotá canceló la ceremonia de grado programada para este viernes, 19 de abril, lo que dejó a más de 500 estudiantes y sus familias afectados, debido al día cívico.Esta cancelación se debió al decreto que fija ese día para este mismo viernes, anunciado por parte del presidente Gustavo Petro en la tarde del jueves, con el objetivo de ahorrar energía y agua, en medio de la crisis por los niveles de los embalses.Los estudiantes, que habían invertido tiempo y dinero en la preparación para su ceremonia de graduación, incluyendo la compra de vestidos, reservas en hoteles y restaurantes, se vieron sorprendidos por la decisión de último minuto. La universidad notificó la cancelación la noche anterior, generando confusión y frustración entre los afectados.Afirman que los familiares llegaron de otras ciudades, que estudiantes que no estaban en la capital del país pidieron permiso para recibir hoy el diploma muy temprano a las 10:00 de la mañana, pero debido a ese cese de actividades por el día cívico, definitivamente los dejaron plantados.“No me graduó porque pues el señor presidente pues sacó el decreto de que mañana era día cívico, la universidad pues por ser un ente público pues hizo el proceso y canceló. El problema fueron los tiempos, porque nos lo notificaron ahorita a las 9 y algo de la noche. Más o menos hace tres semanas nos confirmaron que los grados eran el 19 de abril. Tres, cuatro semanas, casi un mes", contó a Blu Radio un afectado.Muchos de los estudiantes y familiares habían viajado desde diferentes ciudades del país para asistir al evento. El cese de actividades obligó a cancelar reservas y reuniones familiares, lo que causó inconvenientes financieros y emocionales.Además de los estudiantes y sus familias, los comerciantes que alquilan y venden togas y birretes también se vieron afectados, ya que ahora deben esperar una nueva fecha para evitar conflictos con otros eventos ya programados."Hay personas que compran ropa, hay personas que todavía a esta hora todavía estaban en la peluquería terminándose de arreglar, padres, familiares que compraron tiquetes, compraron pasajes para llegar a la ciudad de Bogotá y poder pues asistir a este evento, sus hijos graduándose y pues nada, lamentablemente cancelado, gastando plata porque es plata que no se va a recuperar", agregaron.Todos están a la espera de que reprogramen nuevamente los grados y así comenzar a pedir los permisos en los lugares que están trabajando y además comenzar a conseguir el dinero para los pasajes y que los papás que están fuera de la ciudad puedan venir a la capital del país a ver a sus hijos graduarse.Escuche el reporte completo del Ojo de la noche en el audio adjunto:
La policía española desarticuló una organización criminal dedicada al tráfico de migrantes y detuvo a 12 acusados de explotar laboralmente a colombianos en locales de restauración de España.Según informa este viernes la policía, las víctimas llegaban a España con la promesa de obtener un contrato en prácticas en el sector de la hostelería por el que cobrarían un sueldo de 500 euros por 4 horas de trabajo, pero en muchos casos no llegaban a percibir más que 20 euros por 15 horas de trabajo al día.El número de víctimas de esta organización desarticulada asciende a 46 personas: durante la investigación fueron liberadas 18 personas y otras 28 durante la operación policial.A los 12 detenidos en las localidades de Torredembarra, Reus y Tarragona (nordeste de España) se les acusa de los delitos de pertenencia a organización criminal, trata de seres humanos con fines de explotación laboral, de favorecer la inmigración, detención ilegal y falsedad documental.Durante el dispositivo policial, se practicaron además diez entradas y registros donde los investigadores intervinieron dos armas detonadoras, más de 22.000 euros en efectivo, numerosa documentación de interés y material informático.La investigación comenzó el pasado mes de octubre, cuando los agentes recibieron información de la existencia de personas de origen colombiano que trabajaban en unas condiciones laborales pésimas, sin contrato ni documentación de estancia legal y con un horario abusivo.La organización controlaba con cámaras de vigilancia las viviendas donde eran alojadas las víctimas, las cuales vivían hacinadas en habitaciones.Las víctimas viajaban desde Colombia tras ser captadas por la organización, después de que se les hubiera ofrecido un sueldo y un contrato de prácticas que, ya en España, no se ajustaba a lo acordado.Una vez que les facilitaban la documentación necesaria para realizar el viaje a España, tales como visados, seguros médicos, tasas de abogados, trámites con consulado y administraciones de Colombia, las víctimas contraían con la organización una deuda, quedando así a merced de los jefes de la organización.Ya en España, las condiciones laborales no se ajustaban a lo establecido por los captadores en Colombia, ya que se les había prometido un contrato en prácticas de estudiante de hostelería de cuatro horas diarias con dos días de descanso semanal, vacaciones por año de contrato y un sueldo inicial de 500 euros mensuales.Sin embargo, las jornadas llegaban a ser de entre 12 y 15 horas y de lunes a domingo, los descansos semanales se les concedían en contadas ocasiones y no disfrutaban de vacaciones.El salario que finalmente recibían tras las deducciones que realizaban los detenidos en algunos casos era de solo 20 euros.En la operación policial conjunta desarrollada este mes participaron más de 180 agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil.De las 12 personas detenidas, el juzgado de instrucción que dirige la causa decretó el ingreso en prisión para tres de ellas y la clausura de los cuatro locales de restauración en los que eran explotados los inmigrantes.
En una entrevista con Mirror, el magnate de la tecnología y fundador de Microsoft, Bill Gates, reveló que sus hijos no tenían permitido tener sus propios teléfonos móviles hasta una edad en específico. "Solíamos establecer una hora después de la cual no había tiempo de pantalla, lo que les ayudaba a irse a dormir a una hora razonable", explicó Gates.Aunque reconoció la utilidad de los teléfonos móviles para realizar tareas o estudiar, Gates enfatizó que no permitía que sus hijos interacturan con ellos mientras estaban en la mesa y que solo les dio un celular hasta los 14 años. Los tres hijos de Gates ya han superado la edad mínima para poseer un teléfono, sin embargo, aún les está prohibido tener cualquier producto de Apple en casa. Esta restricción se debe a la histórica rivalidad entre Gates y el fundador de Apple, Steve Jobs. Según un informe de la ONU de 2016 sobre "Niños y tecnología", la edad promedio en la que un niño adquiere su primer smartphone es de 10,3 años."Creo que esa edad tenderá a ser aún más temprana, porque los padres están cansados de dar sus smartphones a sus hijos", comentó Stacy DeBroff, directora ejecutiva de Influence Central, en declaraciones al New York Times, según informa el medio Good. ¿Qué dicen otros expertos?La Academia Americana de Pediatría (AAP) no recomienda dar un celular a un niño menor de 13 años. Sin embargo, reconocen que algunos padres pueden decidir darles un celular a sus hijos antes de esa edad, en cuyo caso recomiendan establecer límites claros sobre cómo y cuándo se puede usar el dispositivo.Aquí hay algunos factores a considerar al decidir si darle un celular a su hijo:Madurez: ¿Su hijo es lo suficientemente maduro como para usar un celular de manera responsable? ¿Puede seguir reglas y cumplir con las expectativas?Responsabilidad: ¿Su hijo es responsable de sus pertenencias? ¿Cuida bien las cosas que le da?Necesidades: ¿Su hijo necesita un celular para mantenerse en contacto con usted o con otros familiares y amigos? ¿El celular le ayudaría a su hijo en la escuela o en actividades extracurriculares?Si decide darle un celular a su hijo, es importante establecer reglas claras sobre cómo y cuándo se puede usar el dispositivo. Algunas cosas que puede considerar incluir en sus reglas son:Límites de tiempo: ¿Cuánto tiempo al día puede pasar su hijo usando el celular?Zonas libres de celulares: ¿Hay alguna área de la casa donde no se permita usar el celular, como la mesa del comedor o el dormitorio?Restricciones de contenido: ¿Qué tipo de contenido puede ver su hijo en su celular?Hora de acostarse: ¿A qué hora debe apagarse el celular por la noche?Privacidad: ¿Cómo protegerá la privacidad de su hijo en línea?También es importante hablar con su hijo sobre los riesgos de usar un celular, como el ciberacoso, el sexting y la adicción.
Los abogados de la familia de Edwin Arrieta en Tailandia presentaron una solicitud de indemnización de 30 millones de bats (unos 760.000 euros) ante el tribunal de Samui, donde tiene lugar el juicio contra el español Daniel Sancho por el supuesto asesinato del cirujano colombiano.Los abogados de la coacusación tailandeses, Mettapon Suwancarern y Lak Wanin, explicaron que se trata de una cantidad calculada en relación al perjuicio económico que la muerte de Arrieta ha supuesto a sus padres, que dependían de él.La solicitud, que ya se hizo en la primera sesión del juicio el pasado 9 de abril, se volvió a presentar hoy con la documentación traducida solicitada por el juez antes de que se cierre el plazo de las acusaciones el próximo martes.La cantidad estimada como indemnización por parte de los letrados tailandeses supone casi el doble del cálculo hecho por el despacho Ospina Abogados, que representa a los Arrieta en España y que la cifró en 410.000 euros (unos 16 millones de bats).Los abogados tailandeses reconocieron que se había incrementado la cantidad ante la posibilidad de que ésta fuera contestada por la defensa y reducida por el juez.En este sentido, Juan Gonzalo Ospina indicó que la familia mantiene la reclamación de la cantidad inicial revelada en marzo, que ha sido calculada teniendo en cuenta las pérdidas y gastos que la muerte del cirujano, de 44 años, había supuesto a su entorno.Ospina consideró también que el cálculo de los abogados en Tailandia, que actúan como coacusación junto a la Fiscalía, es "hipotético" ya que Sancho es insolvente y no tiene intención de indemnizar.En este sentido, el letrado español dijo que lo que la familia quiere es que se haga "justicia".El abogado de oficio de Sancho, Apirchat Srinual, indicó, por su parte, que la defensa tiene todavía que estudiar la solicitud y decidir si la rebate.Los padres de Arrieta, Ana Marcela Arteaga y Leovaldo José Arrieta, de 76 años y quienes no testificarán ya que el juez denegó su petición de que lo hiciesen por videoconferencia, recibían unos 900 euros al mes para sus gastos por parte de su hijo, y "desde su fallecimiento han quedado en situación de pobreza”, según la reclamación de la familia, a la que tuvo acceso.Sancho está siendo juzgado por el supuesto asesinato premeditado y descuartizamiento de Arrieta el pasado agosto en la isla de Phangan, vecina a Samui.El español, de 29 años, confesó inicialmente el crimen en la comisaría, si bien después se declaró no culpable y mantiene que la muerte de Arrieta se debió a un accidente durante una pelea.Sancho y Arrieta, que se conocieron a través de Instagram un año antes, habían quedado el 2 de agosto en la isla tailandesa, día en que tuvo lugar el supuesto crimen en una habitación de hotel.