La decisión de una cadena francesa de supermercados de ofrecer un descuento del 70 % en la crema de cacao y avellanas Nutella desató la locura en varias de sus tiendas, donde los clientes se pelearon por llevarse el mayor número posible de botes."La gente se lanzó encima, empujándose, rompiendo cosas. ¡Era como una orgía!", declaró un empleado de un supermercado Intermarché en Formach, en el noreste de Francia. "Estuvimos a punto de llamar a la policía", dijo.La empresa se disculpó ante sus clientes y se declaró "sorprendida" ante la "magnitud de estos eventos excepcionales".La cadena de supermercados suele vender la célebre crema de cacao y avellanas por 4,50 euros (5,60 dólares) pero, con el descuento del 70%, apenas costaba 1,41 euros.En las redes sociales se publicaron vídeos en los que se veía cómo los clientes se abalanzaban sobre pilas de botes de Nutella.Los internautas bromearon con el furor causado por el descuento."¿¿¡¡En serio!!?? ¡¿Todo esto por la Nutella?!", escribió el usuario Kenny Le Bon (@KennyLeBon) en Twitter junto con un vídeo de una multitud de clientes que corría hacia un estante."Iba a comprar alguno el domingo. Pero no quiero morir", tuiteó por su parte Ruthii Trudie (@ruthii_rawr).Ferrero, la empresa italiana que fabrica la Nutella, se desvinculó de la iniciativa de Intermarché y lamentó que esa promoción pueda crear "confusión y decepción" entre los consumidores.
El mecanismo internacional de expertos independientes de la Organización de Naciones Unidas para promover la justicia e igualdad raciales en la aplicación de la ley presentó los resultados preliminares de su visita a Colombia, en la que recorrió distintas ciudades para documentar denuncias relacionadas con racismo sistémico, perfilamiento racial y uso excesivo de la fuerza contra comunidades afrodescendientes.La misión, que analiza el impacto de las prácticas policiales y el acceso a la justicia, concluyó que en el país persiste un “racismo estructural, sistémico e histórico”, que continúa generando desigualdades, violencia y exclusión.Víctor Rodríguez, integrante de la comisión, aseguró que durante la visita pudieron constatar que el racismo en Colombia “está incrustado en la estructura social” y advirtió que las comunidades afrodescendientes siguen enfrentando discriminación en distintos ámbitos, especialmente en el sistema de justicia y en las actuaciones policiales.“En Colombia efectivamente hay racismo estructural, hay racismo sistémico. Es un racismo incrustado en la estructura social, muchas veces inconsciente, pero normalizado, naturalizado e invisibilizado”, señaló Rodríguez.Entre los hallazgos expuestos por la misión, se encuentran denuncias sobre perfilamiento racial en diferentes ciudades, donde jóvenes afrodescendientes aseguraron ser objeto frecuente de requisas, comparendos y detenciones injustificadas.La comisión también recibió testimonios de familias que denunciaron presuntos casos de uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de Policía, así como demoras e impunidad en las investigaciones judiciales.Uno de los puntos más delicados identificados por la comisión fue la situación en Chocó y particularmente en Quibdó, donde la misión aseguró haber encontrado vacíos institucionales y una presencia insuficiente del Estado y de la fuerza pública en varias zonas del territorio.“Esos vacíos han sido cubiertos por grupos armados ilegales al margen de la ley, donde la policía no interviene, donde la policía no está, y donde la población queda en un fuego cruzado. Este es un tema alarmante, es un tema que el estado tiene que atender como una prioridad, es un tema donde estas personas están en en un limbo total, y a veces ni se sabe cuáles son esos, digamos, grupos ilegales para poderlos identificar, porque proliferan cada vez más, y a veces ni se sabe quiénes son los que actúan, quiénes son los que controlan”, afirmó Rodríguez.En Cartagena, los integrantes de la comisión alertaron sobre procesos de segregación urbana y desplazamiento de comunidades afrodescendientes hacia zonas periféricas, además de prácticas discriminatorias en espacios turísticos y comerciales.La comisión también expresó preocupación por las condiciones encontradas en centros de detención transitoria visitados durante su recorrido. Los expertos señalaron que muchas personas permanecen en condiciones “infrahumanas”, pese a no haber sido condenadas.“Llama la atención que la Corte Constitucional se ha manifestado sobre el estado de inexequibilidad de esos centros transitorios, y que no haya habido un un cumplimiento integral de esas resoluciones. Discúlpenme, pero las personas privadas de la libertad no son responsables de sufrir esas condiciones carcelarias producto de lagunas procesales, normativas o institucionales, no resueltas todavía, lo que vendría en responsabilidad internacional”, agregó Rodríguez.Finalmente, entre las recomendaciones preliminares, la misión pidió fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas frente al perfilamiento racial y el uso excesivo de la fuerza, mejorar los sistemas de recopilación de datos sobre violencia racial, e insistieron en atender con urgencia la situación de las personas privadas de la libertad en centros de detención transitoria.Los expertos también insistieron en la necesidad de no reducir la capacidad ni el presupuesto de la Defensoría, al considerar que es una de las pocas instituciones con presencia y acceso a territorios apartados donde las comunidades siguen enfrentando graves riesgos de violencia y abandono estatal.
Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este jueves, 14 de mayo de 2026:Gran Debate de las fórmulas vicepresidenciales: Juan Daniel Oviedo, Edna Bonilla y Leonardo Huerta participaron en un encuentro clave para exponer sus propuestas y visión de país. Estuvieron ausentes José Manuel Restrepo y Aida Quilcué, pese a que fueron invitados.Escuche el programa completo aquí:
La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares con fines de extinción de dominio sobre cinco hoteles en Cartagena, dos inmuebles en Barú, tres vehículos y una sociedad comercial que, según las autoridades, estarían vinculados al patrimonio del príncipe belga Henry de Croÿ, investigado en Europa por presuntos delitos de fraude fiscal y lavado de activos.Entre los bienes afectados aparecen los hoteles Casa Córdoba Estrella, Román, Cabal y Casa Barú, ubicados en sectores turísticos de Cartagena y Barú. Las medidas fueron adoptadas dentro de una investigación que se desarrolla de manera coordinada con autoridades europeas.De acuerdo con la información conocida hasta ahora, Henry de Croÿ sería señalado por organismos judiciales europeos de presuntamente realizar maniobras fraudulentas para evitar el cumplimiento de obligaciones tributarias en Europa.Las investigaciones también apuntan a que el príncipe habría utilizado estructuras societarias para mover y administrar dineros que, según las autoridades, tendrían origen irregular.Precisamente, dentro de las medidas adoptadas por la Fiscalía colombiana figura la ocupación de la sociedad propietaria y operadora de los hoteles boutique, la cual estaría a nombre de quien sería la esposa del investigado en Colombia.El ente acusador explicó que las medidas de extinción de dominio fueron adoptadas con el propósito de afectar bienes que presuntamente habrían sido utilizados para administrar o integrar recursos objeto de investigación internacional.La actuación judicial incluye además la ocupación de tres vehículos y dos inmuebles ubicados en Barú, los cuales ahora quedarán bajo administración de las autoridades competentes mientras avanza el proceso de extinción de dominio.El caso hace parte de una investigación transnacional que se adelanta en coordinación con autoridades europeas, las cuales mantienen abiertas pesquisas contra el príncipe belga por presunto fraude fiscal y lavado de activos.
Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este jueves, 14 de mayo de 2026:Jesús David Contreras, alcalde de Tierraalta, Córdoba, habló de las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) con el Clan del Golfo.Gran Debate de las fórmulas vicepresidenciales: Juan Daniel Oviedo, Edna Bonilla y Leonardo Huerta participaron en un encuentro clave para exponer sus propuestas y visión de país. Estuvieron ausentes José Manuel Restrepo y Aida Quilcué, pese a que fueron invitados.Escuche el programa completo aquí:
Blu Radio conoció en primicia que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió investigación formal en contra de la Senadora del Pacto Histórico, Martha Peralta, por el escándalo de corrupción al interior de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD.La magistrada Cristina Lombana llevó la ponencia que fue debatida por los 6 magistrados de la Sala. Antes de eso, el magistrado Marco Antonio Rueda hace una semanas se había inhibido de abrir investigación contra la parlamentaria al no encontrar méritos para ello.Hace apenas un par de semanas las congresistas Martha Peralta y Berenice Bedoya tuvieron una cita con la Corte para rendir versión libre. Fue en marzo del año pasado cuando el nombre de la congresista Peralta sonó durante una de las audiencias por este escándalo de corrupción, y allí, la Fiscalía mencionó a la senadora del Pacto Histórico, quien, según las investigaciones, habría sostenido reuniones con directivos de la UNGRD con el propósito de gestionar contratos.“Usted, Olmedo López, se reunió con la senadora Martha Peralta y representantes de la empresa Inversiones IRL SAS, propietaria de maquinaria amarilla. En esta reunión se habría acordado tramitar un negocio jurídico con la Unidad para el mantenimiento de infraestructura, requiriendo el uso de dicha maquinaria”, señaló la Fiscalía en su momento.La Fiscalía General de la Nación señaló a la senadora Martha Peralta por su presunta intervención indebida en un contrato de $2.170 millones destinado a la compra de maquinaria para el departamento de La Guajira.Por estos hechos de corrupción hay varios exaltos funcionarios del gobierno del presidente Gustavo Petro y congresistas investigados por presunta corrupción. A la Senadora Martha Peralta se le investigará por la presunta comisión de los delitos de cohecho impropio y tráfico de influencias.
