En la Asamblea Departamental de Antioquia, donde junto a la ONU, la Gobernación y los reincorporados de las FARC, se evalúa la situación de posconflicto en el departamento, Pastor Alape, en nombre de su partido, dijo que quienes participaron de la guerra y ahora están en el camino de la paz necesitan ser perdonados. "Desde esta duma que representa la lucha por la democracia paisa quiero reiterar a nombre de todos los antiguos exguerrilleros de las FARC nuestra solicitud de perdón ante el dolor causado al pueblo antioqueño en esta confrontación", dijo Alape, pidieron perdón a todo el departamento. A la familia Gaviria, por el asesinato del exgobernador Guillermo Gaviria y con ese mismo compromiso de paz y consideración expresar nuestra solicitud de perdón y reafirmar la necesidad de perdón a los familiares del doctor Gilberto Echeverri. Nuestro mayor deseo es que algún día podamos ser perdonados por el daño que causamos", añadió.Gilberto Echeverri y Guillermo Gaviria fueron secuestrados por la antigua guerrilla de las FARC en 2002 durante la marcha por la No Violencia y, posteriormente, asesinados en 2003.En mayo de 2018, Rodrigo Londoño, 'Timochenko', le había pedido perdón a la viuda de Gaviria, Yolanda Pinto, entonces directora de la Unidad de Víctimas, al terminar la reunión de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI). Yolanda Pinto aceptó la petición y perdonó a los asesinos.Pastor Alape dijo finalmente que esperan ser perdonados por los años de guerra en Antioquia para seguir caminando por el camino de la paz.
Posterior a una versión entregada por Pastor Alape en la JEP por el caso de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes, el exjefe de la antigua guerrilla de las Farc emitió un comunicado en el que aseguró estar comprometido en reconocer la responsabilidad frente al ingreso de menores de edad a esa organización, pues es la primera de las diligencias que han sido anunciadas por la Sala de Reconocimiento de la Verdad.Luego de unas declaraciones conocidas por BLU Radio, en las que Alape asegura que desconoce de una serie de casos mientras se encontraba en las filas y al frente del Bloque Magdalena Medio, dijo en la comunicación entregada recientemente que ellos hoy saben y asumen que en algunos lugares del país “y en contravía de la política del movimiento, se presentaron comportamientos inadecuados violatorios” del marco normativo que les regía y que “se vincularon menores de 15 años en las filas guerrilleras, afectando su derecho a crecer como niños, niñas y adolescentes alejados de la guerra”.Le puede interesar: Sala de Justicia y Paz pide cooperación internacional para extradición de MancusoA su vez, habla sobre actos de violencia sexual y los condena y califica como graves, además de tipificarlos como delito dentro de la entonces organización alzada en armas (tal cual como lo dijo ante el tribunal).Aseguró que si bien, en su experiencia personal, no tuvo que juzgar a nadie por esa conducta, “son hechos que sí pudieron ocurrir al interior de las filas guerrilleras”.“Reconocemos que los derechos sexuales y reproductivos de las víctimas de estas conductas, seguramente se vieron restringidos al sufrir afectaciones físicas y psicológicas que aún hoy causan dolor e indignación”, añadió.Tal cual como lo reveló BLU Radio, Alape insiste en el comunicado que sí conoció casos particulares, a su vez de aquellos que dijo desconocer y entre algunas de las conclusiones, indicó que se niega, tanto él como sus compañeros comparecientes, a “repetir la historia de Justicia y Paz”.Aseguró que en su comparecencia, respondió a los requerimientos de la JEP, especificando 10 ítems generales sobre la política de las Farc y que hará lo mismo cuando sea convocado nuevamente para hablar sobre hechos que se le atribuyen.“La etapa procesal en la que está nuestro proceso, requiere de nuestra narrativa y nuestra voz para conocer estas generalidades, lo que no significa que hayamos negado o vayamos a negar nuestra responsabilidad. Lo anterior, por supuesto, acudiendo a la construcción dialógica como principio del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, lo que implica la necesaria precisión de los contextos en que fueron enmarcados los hechos de quienes intervinimos en el conflicto político, social y armado que durante décadas existió en el país”, agregó.
El exjefe del Bloque Magdalena Medio de las Farc, Pastor Alape, relató ante la JEP que poco supo de reclutamiento de menores en el marco del conflicto armado, dijo, en declaraciones conocidas por BLU Radio, que en ningún momento tuvo conocimiento de entrenamiento de menores de 15 años.A pesar de que hay versiones de víctimas que han sustentado por años, prácticas fuera de la ley por parte de la insurgencia, Alape manifestó que en la antigua guerrilla no se realizaban abortos ni torturas, que los hijos menores de edad no eran sacados a la fuerza de sus hogares y que lo que conoce sobre alias ‘El Médico’, señalado de practicar abortos forzosos, es que era el responsable de la salud y que no hubo directrices distintas a la recomendación de medicamentos para los botiquines.Negó que al estar en el cuarto frente de las Farc, se hubiesen atado a niñas y niños con cadenas en las noches cuando eran menores de edad. Alape Lascarro fue el tercer compareciente de la antigua guerrilla en entregar su versión en el caso de reclutamiento de niños y niñas en el marco del conflicto, ante la Jurisdicción Especial para la Paz.Aquí algunos extractos de sus declaraciones:“Nunca separamos madres e hijos en las Farc”"Sí había una escuela que tenía la responsabilidad de formación básica de combatientes"“'El médico' (alias) era el encargado de la salud en la organización”
Al reportar una inquietud de un oyente, la periodista Camila Zuluaga le preguntó a Pastor Alape, exguerrillero de las Farc, por qué sigue usando el alias con el que se identificó cuando militó en el grupo subversivo.Vea aquí: Hallan mutación del COVID-19 potencialmente más infecciosaA esto, Alape, cuyo nombre de pila es Félix Antonio Muñoz Lascarro, respondió que no considera que se trate de un alias, sí de un seudónimo.“A nosotros no nos gustaba el alias, era un seudónimo. Los seudónimos los utilizaron mucho: Pablo Neruda y muchos más. Ya fui a una notaría y me puse Pastor Alape, ese es mi nombre ahora”, expresó.Escuche el audio en Mañanas BLU:
Excombatientes de las Farc y los indígenas de la comunidad embera protagonizaron, en Antioquia, un acto de perdón que se llevó a cabo en el municipio de Dabeiba el pasado fin de semana.Allí, el miembro de la dirección nacional del Oartido Farc y delegado al Consejo Nacional de Reincorporación, Pastor Alape, dijo que le pedirá a la Comisión de la Verdad crear una comisión especial para la comunidad Embera.Vea aquí: Estamos dispuestos a perdonar para que no se repita violencia: indígenas a Farc en Dabeiba No obstante, centró su discurso en criticar la seguridad que le bringa el Estado colombiano a los excombatientes. “Grave, supremamente grave lo que está pasando con los excombatientes y su seguridad. Es una política chambona del Gobierno que justifica prácticamente el exterminio al que estamos siendo sometidos”, dijo Pastor Alape.Entérese de: Mientras haya coca y marihuana habrá desplazamiento: campesino de ItuangoEn 2020, en Colombia, van 14 excombatientes de la antigua guerrilla de las Farc asesinados en varias regiones del país, la mayoría en Ituango, Antioquia, donde desde la firma del acuerdo de paz han sido asesinados 12 reincorporados.
En un operativo, la Fiscalía ingresó al Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación Mariana Páez, en la vereda Buena Vista de Mesetas, departamento del Meta.Según fuentes de la zona, fue allanada la casa de un exguerrillero conocido como ‘Martín’, así como otras dos viviendas más. El partido político de la Farc asegura que desconoce los móviles de la diligencia.En diálogo con BLU Radio, Pastor Alape, delegado del partido Farc al Consejo Nacional de Reincorporación, aseguró que recibió información de la zona sobre “un allanamiento que hubo en el ECTR de Mariana Páez”.“No sabemos por qué, pero que se produjo ese allanamiento. Estamos buscando información con nuestros compañeros porque toda esta situación nos genera preocupación y zozobra en el territorio”, precisó.Por su parte, las autoridades confirmaron el procedimiento y entregarán detalles en las próximas horas. Al parecer, el proceso tendría relación con el asesinato del exguerrillero Alexander Parra en octubre del año pasado.Fuentes militares confirmaron que en el allanamiento estuvo la Sijin, buscando información contra un hombre conocido con el alias de ‘Boyaco’, que estaría vinculado con la muerte de un excombatiente.En diciembre del año pasado, BLU Radio reveló en primicia que, según la Fiscalía, Parra había denunciado irregularidades que estaban ocurriendo en el ETCR bajo órdenes de alias ‘Eider’, coordinador de seguridad de esa antigua zona veredal, que fue capturado y es señalado de ordenar el crimen.Parra, quien era el esposo de la candidata al Concejo de Mesetas Luz Marina Giraldo había dado información a las autoridades sobre actividades ilícitas que estaban realizando en las camionetas adscritas a la Unidad Nacional de Protección que salían del ETCR de Mesetas hacia Arauca y que se estarían realizando bajo órdenes de alias ‘Eider’.
Pastor Alape, exjefe de las Farc, habló en El Radar sobre el asesinato de dos personas en proceso de reincorporación en el municipio de Ituango y cómo estas acciones estarían afectando a la comunidad. Según Alape, esto se estaría presentando porque el Estado colombiano no "ha realizado las acciones correspondientes para cubrir los territorios que habían sido despejados en la construcción de paz. Ante esto, se generó la presencia de otros actores armados en esa zona del país. "Hay presencia de actores armados que están en una confrontación, eso ha levantado unas situaciones de crisis humanitaria en el municipio", explicó el exjefe de las Farc."No fue posible lograr esa presencia efectiva integral de parte de las instituciones y ese es el resultado, un proceso de desplazamiento porque no hay condiciones de seguridad", enfatizó Pastor Alape.Lea también: Alertan de plan para matar desmovilizados de Farc en Ituango, entre ellos estaría Pastor Alape Para el exjefe de las Farc, la solución a esta problemática está en la implementación de los puntos que se establecieron durante los acuerdos para "desmontar la barbarie". "Eso implica que el Gobierno se comprometa a llevar programas efectivos con un enfoque en los Derechos Humanos y líderes y así establecer un espacio de convivencia y poder cerrar el espacio a los actores armados", dijo Alape.Lea también: Periodista de Ituango salió del municipio tras amenazas contra su vidaSobre las amenazas de muerte en su contra, Pastor Alape dijo desconocer quien estaría detrás de las mismas y si estas son del todo ciertas. Sin embargo, mencionó varios actores que se encuentran en la zona. "Hay varios actores. Por un lado, están los llamados Gaitanistas, Los Caparros, disidencias y entre todos se disputan el control territorial", explicó Alape.Escuche aquí la entrevista completa:
En diálogo con BLU Radio, el dirigente del Partido Farc Pastor Alape detalló la situación de los excombatientes que decidieron salir de Ituango por amenazas y tras el asesinato de 12 reincorporados del ETCR Santa Lucía.En primer lugar, aclaró que aún no se han desplazado de ese espacio territorial, pero que la mayoría acordó en asamblea trasladarse a un lugar que les brinde garantías para continuar con sus proyectos productivos. “No se trata de un desplazamiento desordenado y por eso tenemos reunión el lunes con Emilio Archila para establecer una ruta de acciones para establecer el traslado en el área más adecuada sea en Urabá u oriente antioqueño, en coordinación con la Gobernación de Antioquia, hoy hay consejo de seguridad en Ituango y aspiramos que también se clarifiquen aspectos de la ruta que se va a tomar. Vamos a reunirnos con la sociedad de activos especiales para ver qué predios tiene la SAE en esas zonas”, aseguró.Alape recalcó que el difícil panorama para los excombatientes en esa zona tiene que ver con la presencia de actores armados que se disputan el territorio y a incumplimientos del Gobierno.Lea también: Alertan de plan para matar desmovilizados de Farc en Ituango, entre ellos, Pastor Alape “El Estado no asumió medidas pertinentes cuando el área se desalojó por la otrora guerrilla de las Farc y los espacios fueron copados por estructuras armadas que están en una confrontación de quién queda dominando el territorio. Hay disidencias que actúan en el territorio en confrontación con otras estructuras que hay ahí, lo que hace que la situación sea más compleja”, afirmó.Escuche la entrevista completa con Pastor Alape en Mañanas BLU:
Dos días después del asesinato del desmovilizado de las Farc, Darío Herrera, cerca del ETCR de Santa Lucía en el municipio de Ituango en Antioquia, el Ejército reveló un plan que tendrían las disidencias del frente 18 de las disidencias de las Farc para asesinar a más excombatientes.“Se recibió una información de la red de participación cívica y de la población civil de que, al parecer, se querían hacer atentados contra exmiembros de Farc que estaban en el antiguo espacio de Santa Lucía. Esta alerta coincidió con que para estos días se encontrara ‘Pastor Alape’ y, por eso, la fuerza pública le recomendó extremar sus medidas de seguridad y que nos informara todos los movimientos que hará en el punto”, reveló el general Juan Carlos Ramírez, comandante de la Séptima División del Ejército.El oficial explicó que el plan buscaba matar a exmiembros de relevancia que estuvieran en ese espacio territorial.“No podemos precisar si es para él (Pastor Alape), pero como fuerza pública debíamos alertar a los vocero y líderes de los miembros de Farc que están ahí”, dijo.El representante a la Cámara del partido Farc Omar Restrepo confirmó esa versión de amenazas para los líderes de la antigua guerrilla en Ituango.“La alerta viene por parte de las autoridades que están en el espacio territorial. Allá había unos compañeros líderes de los ETCR que están en una asamblea con los que viven en Santa Lucía. La asamblea es para evaluar las condiciones de seguridad y de los proyectos productos. A eso iba Pastor Alape y le recomendaron que no se desplazara al lugar hasta que la Fuerza Pública no hicieran un barrido por la vía, porque según las autoridades, había un plan para atender contra su vida”, dijo.Con medidas extremas de seguridad. ‘Pastor Alape’ se mantiene en Ituango, el municipio donde las disidencias del frente 18 de las Farc es el que más ha asesinado excombatientes en Colombia desde la firma del acuerdo, con 12 casos en total.
Tras conocerse la noticia del decreto que le pone un ultimátum al hoy partido político Farc para que entreguen los bienes que en su momento habían sido informados en el proceso de paz firmado en el gobierno de Juan Manuel Santos, Pastor Alape, uno de los jefes de la colectividad, señaló, nuevamente, que se trata de una estrategia para acabar con la implementación.“Ese decreto fue decidido de manera unilateral por parte del Gobierno, violando el acuerdo de que es en la CSIVI donde se establecen las iniciativas normativas como iniciativas porque no es un mecanismo que tenga capacidad de decisión, pero sí como iniciativa para recoger las opiniones por parte nuestra. En ese sentido, nos toca hacer nuestras observaciones y reaccionar”, dijo.Vea además: Gobierno da 7 meses a Farc para entregar bienes informados en acuerdo de paz “El decreto lo consideramos parte del instrumento que viene construyendo el Gobierno para la ejecución de la estrategia de generar opinión contra Farc y la implementación del acuerdo, con el argumento de que estamos incumpliendo lo que firmamos. Es parte de esa campaña para desmontarse la presión por los incumplimientos que ha ejecutado el Estado en materia de implementación”, señaló Alape a BLU Radio.Agregó que consideran que el decreto es un ataque contra el acuerdo de paz, con un contenido que calificó como “agresivo e incoherente”, pues manifestó que será complicado que de aquí al 31 de julio, el Gobierno se ajuste y cumpla con los términos de ejecución de operaciones para la recepción de los bienes.“La mayoría están en la que se consideraba la retaguardia de las Farc cuando estaba en armas, que eran en baldíos o zonas de reserva forestal y eso implica hacer las respectivas operaciones de sustracción legales que tiene que desarrollar el Estado para resolver parte de lo que quedó en la reforma rural integral. Es decir, que la implementación no se puede fraccionar punto por punto cuando el acuerdo hace parte de un todo”, explicó.Uno de los argumentos que advierte el Gobierno es que a la fecha no se ha concluido la entrega de todos los bienes inventariados y no es significativo el avance en la entrega por la dificultad para designar delegados y en el suministro de información para identificar y ubicar dichos bienes.Así las cosas, Alape lanzó dardos en contra del exfiscal Néstor Humberto Martínez, quien en su momento cuestionó fuertemente lo que se registró por parte de la antigua guerrilla, diciendo que los vacíos eran más de lo que se reportó.“Hace parte de esa estrategia que dejó establecida el anterior fiscal, Néstor Humberto Martínez. En esencia, esto es parte de esa mentalidad de guerra que tienen sectores del poder en Colombia y no es la visión de la construcción de paz en el marco de una realidad en la que la lucha o la visión contra insurgente tiene que desmontarse. Esas son las realidades que subyacen en ese tipo de estrategias. Porque en definitiva lo que quieren demostrar es que nosotros éramos no una organización política alzada en armas, sino una organización de mafiosos. Por eso tienen la nariz chata de tanto estrellarse frente a una realidad concreta porque lo que constituyó la economía de guerra de Farc no era una visión capitalista de los recursos. Los recursos tenían el objetivo exclusivo de sostener el alzamiento armado. Por lo tanto, las inversiones se hacían para las comunidades”, dijo el hoy líder del partido Farc.“La institucionalidad no puede monetizar, por ejemplo, los bienes sociales como carreteras, centros de salud, acueductos, todas las campañas que se hicieron para llevar medicamentos, brigadas de salud. Eso tendríamos que ponerlo en parte de ese inventario porque eran los gastos que implicaba la guerra y fue donde se consumieron esos recursos. Pero el fiscal en su concepción mafiosa pensaba que era como los funcionarios que se van robando la plata del Estado y la van acumulando en los bancos extranjeros”, concluyó Alape.
En la primera de sus visitas a la central durante el presente cuatrienio, mandatarios locales coincidieron, en su mayoría, en resaltar los beneficios que el proyecto de generación ha llevado a sus diferentes territorios. Uno de esos mandatarios que elogió la gestión de EPM en Hidroituango fue Yomer Fabián Álvarez, alcalde de Tarazá"Esta es una hidroeléctrica que hoy genera seguridad para todos los habitantes del territorio y también trae unas bondades en materia de trabajo social, donde hacen acompañamiento no solamente agua hasta arriba, sino agua hasta abajo", indicó el mandatario.Por su parte, el gerente general de EPM, John Maya, entregó un balance de lo que fue la visita de estos mandatarios al proyecto que ya presenta, según Empresas Públicas de Medellín, un avance del 93 % en su construcción."Se fueron con la información de los beneficios que ha presentado este proyecto para sus localidades, para sus municipios, derivadas en infraestructura, en escuelas, en centros de salud, los impuestos que se generan a través de las regalías que son para el beneficio del municipio", explicó el gerente.Los alcaldes de Ituango, Yarumal, Briceño, Toledo, Valdivia, San Andrés de Cuerquia, Buriticá, Olaya, Peque, Santa Fe de Antioquia, Cáceres y Caucasia también hicieron parte del recorrido, pasando por la presa, el vertedero, la casa de máquinas y el centro de monitoreo técnico (CMT).
Agilizar los trámites de la licencia ambiental del macroproyecto del Canal del Dique es el llamado vehemente que al unísono hicieron el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, y los alcaldes de Luruaco, Campo de la Cruz, Candelaria, Manatí, Repelón, Sabanalarga, Santa Lucía y Suan.El gobernador recordó que “la ANI LA solicitó que el proyecto debe contar con licencia ambiental, pero Cormagdalena, el dueño del instrumento ambiental, impugnó dicha resolución”. Criticó que “hasta el momento la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) no se ha pronunciado sobre esta impugnación, lo que sigue retrasando y perdiendo tiempo valioso para el inicio del proyecto”."Estamos requiriendo una acción urgente por parte del Ministerio de Ambiente, para que expidan de una vez los términos de referencias para poder iniciar los trámites de la licencia ambiental del megaproyecto 'Restauración de los Ecosistemas Degradados del Canal del Dique'", agregó el gobernador del Atlántico.El pronunciamiento de Verano se dio durante una audiencia pública en Barranquilla sobre la socialización del proyecto 'Restauración de los Ecosistemas Degradados del Canal del Dique', el cual tiene como objetivo evidenciar las acciones y planes de contingencia frente a la llegada del Fenómeno de La Niña a esta zona del país.Allí, la Agencia Nacional de Infraestructura también expresó que está a la espera de que la ANLA se pronuncie frente al tema del licenciamiento ambiental para poder proceder. Además. se dio el pronunciamiento de Carolina Barbanti, vicepresidenta de Gestión Contractual de la ANI."Igualmente, desde el Ministerio del Ambiente hemos contado con la disposición de la señora ministra, para poder trabajar de manera expedita en las situaciones que se presenten y lo más importante es evitar que se presenten emergencias como inundaciones, y el tema de licenciamiento, la semana entrante una vez definido podemos proceder.". dijo.El megaproyecto, que le fue adjudicado a la empresa Sacyr el 7 de diciembre de 2022, está contemplado para ser ejecutado por etapas, en un período estimado de 15 años y con una inversión 3,1 billones de pesos, recursos distribuidos entre obras, operación y mantenimiento.
Desde la Defensoría del Pueblo se hizo un llamado al Ministerio del Interior para que se convoque una sesión de la Comisión Intersectorial para que se dé Respuestas Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat) ya emitidas para el departamento del Cauca, tras la muerte de dos personas entre ellas un menor de edad en el más reciente atentado con explosivos ocurrido en Miranda, Cauca. Municipios como Santander de Quilichao, Padilla, Corinto, Suárez, y aquellos ubicados en el norte del cauca también merecen una intervención por parte del Gobierno nacional por la fuerte presencia de actores criminales en esa zona del departamento.“Al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, ya le hicimos la solicitud y se la reiteramos, debe convocar con prontitud una sesión extraordinaria de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas, dados los reiterados hechos de violencia en el Cauca, especialmente en el norte del departamento. Es fundamental que las instituciones se reúnan para que implementen acciones urgentes”, dijo Carlos Camargo Assis, defensor del pueblo.Así mismo, se hizo un llamado contundente a los grupos armados que operan en la zona, para que no cometan este tipo de actos donde se vean involucrada la población civil, el cuerpo del menor de edad muerto por la explosión de un artefacto fue trasladado hasta el municipio de Palmira, Valle de donde es oriunda su familia.“Quiero reiterar mi llamado a los actores ilegales a abstenerse de involucrar a la población civil en sus acciones violentas. Además, toda la institucionalidad del Estado debe comprometerse con acciones concretas para que la niñez y la infancia queden por fuera del conflicto armado, y en tal sentido se pueda garantizar su protección constitucional reforzada”, señaló Camargo. El Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría ya había emitió en el 2023 cuatro alertas tempranas para el Cauca, una de ellas para Miranda, donde fueron advertidos enfrentamientos que afectan directamente a la población civil, desplazamiento forzado, reclutamiento de menores, la instalación de minas antipersona, entre otras situaciones que ponen en un alto nivel de riesgo a las comunidades.
En coordinación con el Gobierno de Estados Unidos, Migración Colombia logró identificar a un hombre de nacionalidad estadounidense que pretendía arribar a Medellín, pero que al llegar al aeropuerto José María Córdova los sistemas arrojaron que el hombre sería un posible agresor sexual.Este aviso se dio por la alerta Angel Watch, un sistema norteamericano que tiene como objetivo mostrar los movimientos que hacen las personas involucradas en delitos sexuales. Por ello y luego de la revisión documental por parte de las autoridades colombianas, el estadounidense se le informó que no podía entrar a Colombia.El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, reaccionó a través de su cuenta de X, en donde reiteró que a la ciudad son bienvenidos los turistas responsables pero, "no quienes vienen a explotar sexualmente a niños, niñas, adolescentes y mujeres".Recordemos que esta misma semana se dio la expulsión del país del australiano Charlie Hardy en Santa Marta. El hombre era señalado por la presunta violación de normas relacionadas con la explotación sexual en Medellín.Según el reporte entregado por Migración Colombia, el sistema Angel Watch ha permitido que desde el 2023 se hayan identificado a 19 extranjeros con perfil delictivo de agresor sexual o pedófilo.En Medellín las autoridades han capturado este año 92 extranjeros por diferentes delitos, entre ellos, los relacionados con la explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes.Las cifras fueron presentadas como parte de los resultados operativos de la intervención en el Parque Lleras, tras cuatro meses en los que según la Policía Metropolitana, ha habido también actividades de prevención y disuasión a la ciudadanía para que denuncie este tipo de conductas contra los menores de edad.
De milagro y gracias a su perro, se salvó un líder comunitario y universitario de Barrancabermeja en un ataque sicarial perpetrado en la Comuna 7, donde un hombre armado lo persiguió para matarlo.Cuando leía un libro en la calle el presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio María Eugenía de Barrancabermeja fue atacado por dos hombres que llegaron en una moto y desenfundaron un arma de fuego, sin embargo, en ese instante, el perro del líder empezó a ladrar y alertó al joven abogado identificado como Yesid Vera, quien salió corriendo y, aunque fue perseguido por más de una cuadra por un sicario armado, finalmente logró salvar su vida.“En Barrancabermeja, ya no se puede ni leer en tranquilidad. Dos cosas para resaltar de este suceso: Primero: mi única pertenencia era un libro y las gafas, ni siquiera tenía celular ¿qué me iban a robar? Segundo: el tipo me persiguió casi 1 cuadra, cuando se cansó gritó “sigamos a ese hpta, malparido” ¿que querían que me siguieron tanto? nota: El héroe de la noche, Horus, mi perro”, escribió en sus redes sociales el líder atacado.Vera fue designado recientemente por el Presidente Gustavo Petro como delegado para el Consejo Directivo del Instituto Universitario De La Paz.“Mis propósitos, que estoy seguro son los mismos del Presidente, son: fortalecer la democracia universitaria, como pilar fundamental de la autonomía universitaria. proyectar la Unipaz como la Universidad Región, que debe liderar los procesos de cambio y construcción de paz para el Magdalena Medio y construir una sede urbana, pero también ampliar la presencia de la universidad a las regiones del Magdalena Medio”, explicó Yesid Vera.De igual forma, en otro hecho violento dos hombres en moto dispararon en tres ocasiones contra un hombre identificado como Eder Badillo, en el barrio Pablo Acuña de Barrancabermeja, causándole la muerte. Con este ya son 56 personas asesinadas con arma de fuego este año en el puerto petrolero.