Aunque este jueves se retomaron las actividades académicas y extracurriculares en la Universidad de Antioquia, tras haber sido evacuada en las últimas horas por la presencia de encapuchados y la explosión de un artefacto artesanal en uno de los baños del bloque de la facultad de Ciencias Exactas y Naturales, hecho que dejó a dos personas gravemente heridas, entre ellas un joven de 25 años que sufrió la amputación de sus manos, hay preocupación entre las directivas del alma materA través de un comunicado, desde la Universidad expresaron que “entender y defender el principio universitario que descarta la violencia como un medio válido, implica corresponsabilidad y una consciencia plena del autocuidado, de la defensa del debate y de la palabra como vehículos máximos para la expresión de convicciones y posturas políticas o ideológicas”.De igual forma, confirmaron que los dos jóvenes que permanecen bajo pronóstico reservado en la Clínica CES y la Clínica León XIII, no eran ni estudiantes, ni egresados y tampoco están aspirando a ninguno de los programas que ofrecen. "Todo es materia de investigación. No tenemos una información puntual que nos permita identificar si son o no integrantes de la Primera Línea", indicó Pablo Murillo, personero auxiliar de Medellín.Paralelo a las investigaciones que adelantan las autoridades, la Universidad de Antioquia también inició una investigación interna para determinar cómo ingresaron estos dos jóvenes a la universidad.Escuche el podcast Emprender, fallar y triunfar:
En entrevista con Mañanas Blu, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, se refirió a la propuesta del ministro de Justicia, Néstor Osuna, sobre las cárceles del país y, asimismo, habló sobre los procesos que se adelantan con las personas que fueron liberadas en los últimos meses, involucradas en las protestas.El fiscal señaló que, aunque la protesta es un derecho fundamental, los delitos que se cometen dentro de estas deben poderse investigar y actuar de acuerdo con la ley, un punto que se adelantó en la reunión que sostuvo con el presidente Gustavo Petro este lunes.“Me dicen a mí que la protesta pública asociada o delitos que se cometan asociados a la protesta pública no pueden ser investigados o penalizados, es la pregunta que uno hace, ¿la protesta pública es un delito? No, es un derecho fundamental”, comentó.Por eso, calificó de “absurdo” el no poder investigar, por ejemplo, de homicidio a personas que lo cometieron durante las jornadas de protesta que se desarrollaron en Colombia. Según dijo el fiscal Barbosa, esto “está limitando la acción penal”.En ese sentido, insistió en que la forma de proteger la protesta es judicializando a quienes la dañan, por ejemplo, vandalizando edificios públicos y estructuras.“¿Qué es lo que uno tendría que hacer? Usted protege la protesta pública judicializando a aquellos que dañan la protesta pública y creo que ahí hay un debate fundamental que hay que dar en el Congreso de la República”, señaló.El funcionario explicó que no habla de una judicialización masiva, pero sí para aquellos que, como mencionó, cometieron actos delictivos.Justamente, aseguró que “no se puede mezclar” las protestas legales, que son un derecho, con los hechos ilegales dentro de las mismas. En este punto aclaró “que no significa que se tenga que satanizar el proyecto del Gobierno”.Sobre la propuesta del ministro Osuna, quien planteó la idea de que los presos de las cárceles salieran de día para trabajar y en la noche volvieran, el fiscal dijo que cualquier solución debe ser “racional” y que no termine en querer “modificarlo todo para no resolver lo esencial”.Escuche los detalles en Mañanas Blu:
Después de cuatro horas de espera, el presidente de la República, Gustavo Petro, llegó al parque La Arboleda, ubicado en el oriente de la ciudad de Cali, en donde escuchó a varios jóvenes que participaron en el estallido social pero que ahora hacen parte de una iniciativa llamada “Compromiso Valle”, en el que les ofrecen empleos y oportunidades para salir adelante.En esta intervención el presidente Gustavo Petro hizo énfasis en qué hay más de 200 jóvenes que siguen presos por protestar.“La paz no se hace simplemente con gente que anda armada, ni con barrotes ni con cárceles, la paz se hace escuchando, dialogando, hay más de 200 jóvenes que están en las cárceles por el siempre hecho de protestar, eso se llama injusticia “expresó el presidente.El mandatario en su discurso les agradeció a los empresarios por su compromiso en esta estrategia y manifestó que, si una empresa se hace más grande, la sociedad se hace más rica.Cabe resaltar que, la Procuraduría General de la Nación radicó una queja disciplinaria contra los jueces que decretaron la libertad de los jóvenes que fueron designados como voceros de paz por el Gobierno, por lo que las palabras del presidente Petro en el oriente de Cali pudieron estar dirigidas a la procuradora, Margarita Cabello.El presidente Gustavo Petro también se pronunció sobre la vía panamericana en el kilómetro 75 donde ocurrió el derrumbe en Rosas, Cauca afirmó que se estaban haciendo vías alternas y que estaban comprando cosechas que se pueden podrir como la papa y la leche.Le puede interesar:Escuche el podcast ¿Cómo es vivir en Corea?
Este jueves, 26 de septiembre, la juez cuarta del Penal Municipal de Control de Garantías, de Neiva, les negó la libertad a 4 jóvenes, señalados integrantes de la Primera Línea, nombrados por la Oficina del Alto Comisionado como voceros de paz, el pasado 30 de diciembre.Se trata de Edwin Herrera Pimentel, Cristian Andrés Reyes Cuellar, Kevin David García Mosquera y Andrés Felipe Yara Varga, quienes hoy están con detención domiciliaria. La Fiscalía les imputo los delitos de concierto para delinquir, perturbación en servicio de transporte público colectivo u oficial y obstrucción a las vías públicasDe acuerdo con la investigación de la Fiscalía, los ahora “voceros de paz” habrían participado en varios hechos delictivos registrados durante el paro nacional, entre ellos, la incineración de varios vehículos incluso del servicio público, así mismo, del CAI del barrio Santa Inés y del secuestro de un médico el 3 de junio, de 2021, cuando se encontraba en la clínica Medilaser.” En mérito de lo expuesto, el juzgado cuarto penal municipal, con funciones de control de garantías del municipio de Neiva, resuelve negar por improcedente la solicitud de libertad de los ciudadanos Edwin Herrera Pimentel, Cristian Andrés Reyes Cuellar, Kevin David García Mosquera y Andrés Felipe Yara Varga. Segundo, negar por improcedente las peticiones de suspensión y sustitución de la medida de aseguramiento impuestas a los ciudadanos Edwin Herrera Pimentel, Cristian Andrés Reyes Cuellar, Kevin David García Mosquera y Andrés Felipe Yara Varga”, puntualizó la jueza.Según ella, en las resoluciones que nombra a los cuatro procesados como “voceros de paz”, no hay un marco jurídico que defina la suspensión de las medidas de aseguramiento y órdenes de captura.“Frente a la suspensión de órdenes de captura que tan solo está prevista para quienes tienen la condición de miembros representantes de las organizaciones armadas al margen de la ley y de las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto, además de voceros de los grupos armados, excluyendo a los voceros integrantes de organizaciones sociales, humanitarias designados por el presidente”, recalcó la jueza.Además, señalo que, ante la falla en la técnica legislativa, los jueces no pueden sustituir las funciones exclusivamente asignada al legislador.¿Quiénes son los nombrados voceros de paz de Neiva?Andrés Felipe Yara Vargas, según el Gobierno y organizaciones sociales de Neiva, ha sido líder comunitario y gestor cultural de la comuna 10 de la capital del Huila.Él, según registros de la Fiscalía, fungió como comunicador y entregaba información contraria a la realidad, utilizando para ello redes sociales, las cuales usaba como medio para incitar a la violencia de la ciudadanía contra entes del estado y fuerza pública, siendo vocero y coordinador.Por su parte, Kevin David García Mosquera, para las autoridades alias ’David' o 'Candonga', era quien, al parecer, coordinaba la realización de actividades de protesta, manifestaciones, puntos de bloqueo y lo señalan de pertenecer a la estructura delincuencial.Edwin Herrera Pimentel, conocido como alias 'Filósofo', era, según las autoridades, quien tenía el rol de vocero en la denominada Primera Línea.Le puede interesar: 'El Camerino'
La jueza 18 de control de garantías acaba de negar la libertad a Daniela Pérez Gantiva, alias ‘Polla’, quien hace parte de los jóvenes que fueron designados como voceros de paz por el Gobierno nacional y, actualmente, se encuentra en detención domiciliaria por estar involucrada en los desmanes ocurridos en el paro nacional del año 2021, en el sector del Portal 80 en Bogotá.Daniela Pérez enfrenta un proceso judicial y actualmente está en detención domiciliaria por presuntamente cometer los delitos de concierto para delinquir agravado; tenencia, fabricación y tráfico de sustancias y objetos peligrosos; empleo o lanzamiento de sustancias y objetos peligrosos; violencia contra servidor público; perturbación en servicio de transporte público, colectivo u oficial e instigación para delinquir con fines terroristas.Pérez es la cuarta joven vocera de paz a la que le niegan la libertad. Los otros tres jóvenes son: Daniel Fernando Ruiz, Luidiar Felipe Camacho y Steven Guevara Vega, quienes están detenidos en la cárcel La Modelo de Bogotá y enfrentan procesos por los delitos anteriormente mencionados.El argumento de la juez para negar la libertad de Daniela Pérez es que realizaron la solicitud de suspender la orden de captura para proceder con la libertad y no la de medida de aseguramiento, el mismo error que cometieron con los otros tres jovenes, a los que un juez también negó la libertad, pues no pueden suspender una orden de captura a una persona que ya está detenida, nuevamente, la juez manifiesta que no hay claridad en el marco jurídico y normativo para solicitar la liberación de los miembros de la Primera Línea.Le puede interesar:
Una juez de control de garantías negó la libertad a tres integrantes de la Primera Línea, designados por el Gobierno Nacional como voceros de paz. Se trata de Daniel Fernando Ruiz, Luidiar Felipe Camacho Chaves y Steven Guevara Vega.Recordemos que el pasado 12 de enero, la juez 28 de conocimiento rechazó la libertad de estos jóvenes, asegurando que no tiene competencia para concederle la libertad a ellos, pues, según argumenta en el comunicado: “la única autoridad judicial facultada para afectar su libertad personal u otros derechos fundamentales, durante el trámite del proceso penal, es el juez de control de garantías”.Pero, justamente hoy, la audiencia la ofició una juez de control de garantías y, también, les negó la libertad, argumentando que no hay claridad en el marco jurídico y normativo para solicitar la liberación de los miembros de la Primera Línea.“Pero en ninguna de esas resoluciones y en un acto de compromiso se habla de que se pueden suspender medidas de aseguramiento o figura jurídica similar” afirmó la juez durante la audiencia.La juez le llamó la atención al Gobierno Nacional, por falta de claridad en un marco normativo para suspender las medidas de aseguramiento a los “voceros de paz”.Este argumento del ‘vacío normativo y jurídico’ dentro de la paz total del presidente Gustavo Petro, se está volviendo una constante, no solo en el escenario de la Primera Línea, sino sobre la posición del fiscal general, Francisco Barbosa, quien aseguró en entrevista con Blu Radio, que él apoyará la suspensión de ordenes de captura contra jefes del Clan del Golfo y de otros tipos de grupos, pero solo cuando haya una ley de sometimiento tramitada ante el Congreso.Le puede interesar:
El pasado diciembre, la oficina del alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, radicó ante el despacho de la juez 28 penal del circuito con funciones de conocimiento una solicitud para otorgar la libertad de tres jóvenes detenidos por presuntamente participar en actos vandálicos en las protestas del paro nacional del 2021. Los jóvenes son Daniel Fernando Ruiz, Luidiar Felipe Camacho y Steven Guevara Vega, quienes fueron designados como voceros de paz por el Gobierno de Gustavo Petro.La juez 28 de conocimiento rechazó la libertad de estos jóvenes, asegurando que no tiene competencia para concederle la libertad a ellos, pues, según argumenta en el comunicado, “la única autoridad judicial facultada para afectar su libertad personal u otros derechos fundamentales, durante el trámite del proceso penal, es el juez de control de garantías”.En el comunicado, la juez reitera que en diciembre ya había notificado al comisionado de Paz, Danilo Rueda, que no tiene la competencia para otorgar estas libertades.“Es necesario recordar que el pasado 16 de diciembre de 2022 se resolvió similar solicitud incoada por el Dr. Danilo Rueda Rodríguez de la oficina del alto comisionado para la Paz, respecto de las resoluciones 293 y 298 del 15 de diciembre de 2022. En dicha providencia, se indicó que el juez con funciones de conocimiento no detenta el conocimiento objetivo para resolver asuntos propios del régimen de libertad”, sostuvo la togada.La juez que acaba de rechazar la decisión de otorgar la libertad a tres jóvenes designados como voceros de paz es Carmen Helena Ortiz Rassa, juez 28 de conocimiento de Bogotá, y la juez que sí concedió la libertad de Santiago Márquez Charris y Adriana Bermeo, los dos primeros jóvenes de Primera Línea que fueron liberados para emprender la vocería de paz, es la coordinadora de servicios judiciales de Paloquemao, Lilyan Johana Bastidas, a quien la Procuraduría General de la Nación denunció penalmente por prevaricato por acción y, además, instauró en su contra una queja disciplinaria por liberar a estos jóvenes que estaban en la cárcel.Le puede interesar:
La Fiscalía General de la Nación recibió de la Procuraduría una denuncia sobre presuntas irregularidades en el otorgamiento de la libertad de dos personas judicializadas por el proceso de la Primera Línea. Por esta razón, agentes del CTI llegaron a la sede del Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao para la recolección de pruebas, esta investigación se adelanta articuladamente con un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción.La Fiscalía ordenó la inspección del Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao, luego de que la Procuraduría denunciara penalmente y además remitió una queja disciplinaria contra la juez coordinadora Lilyan Johana Bastidas, porque para el Ministerio Público hubo irregularidades cometidas por la juez, al otorgar la libertad de dos jóvenes incluidos en el listado de voceros de paz del Gobierno nacional.Según la Procuraduría: “La juez coordinadora pasó por alto que las resoluciones remitidas por el alto comisionado para la Paz no dispusieron la suspensión de la detención preventiva, sino de las órdenes de captura que pesaban en contra de Santiago Márquez y Adriana Esperanza Bermeo, y, además, en su decisión no dejó constancia de la norma que la facultaba para decretar su libertad”.Por otro lado, la Coordinación del Centro de Servicios Judiciales le respondió en un comunicado a la Procuraduría, en el que aseguró que no existen irregularidades en la suspensión de las medidas de aseguramiento y, por ende, en las libertades otorgadas a los ciudadanos Adriana Esperanza Bermeo Súa y Santiago Márquez Charris, integrantes de la Primera Línea. Además, que sí tiene la competencia para conceder la libertad en este caso.Le puede interesar
Este miércoles en la tarde en audiencia quedaron en libertad dos jóvenes estudiantiles de Bucaramanga, quienes estaban detenidos por pertenecer a la denominada Primera Línea durante el Paro Nacional.Se trata de David Esteban López Barrera y Andrés Cabrales, dos jóvenes líderes estudiantiles, quienes participaron de las duras protestas del Paro Nacional que se realizaron en Bucaramanga y el área.Ellos son David López y Andrés Cabrales, los dos jóvenes de la Primera Línea de Bucaramanga en quedar en libertad para ser gestores de paz: Los dos jóvenes fueron capturados por su presunta participación en la fabricación y tenencia de sustancias químicas y explosivas utilizadas durante las manifestaciones sociales en marco del Paro Nacional.David Esteban López es estudiante de Antropología de la Universidad de Santander. Trabajó en temas de Derechos Humanos durante la protesta social. Es voluntario de la Cruz Roja desde 2020 y ha estado dentro del programa de servicio social estudiantil.López Barrera también ha participado en temas sociales con comunidades del norte de Bucaramanga entre 2019 y 2021, según indicó su abogado.Andrés Cabrales es estudiante del programa Técnico Laboral en Sistemas de la UIS. Desde 2019 viene trabajando en temas sociales con habitantes de las comunas 1, 2 y 14 de Bucaramanga.Los dos estudiantes desde junio de 2022 cumplen una medida de detención domiciliaria por concierto para delinquir y fabricación de sustancias peligrosas.Su liberación se da luego de que el presidente Gustavo Petro expidiera un decreto en el que le daba la posibilidad a una Comisión Intersectorial de recomendar la liberación de personas detenidas por hechos violentos en el paro para que pasen a ser voceras de la paz.Escuche el podcast Emprender, fallar y triunfar:
En Neiva, el pasado el 27 de abril fueron capturados ocho presuntos integrantes de la denominada Primera Línea Los Escuderos, quienes fueron sindicados de 10 hechos vandálicos y delincuenciales registrados entre mayo y junio del 2021, en el marco de las protestas sociales registrados en la capital del Huila.Aunque un juez de control de garantías decidió enviar a seis de ellos a la cárcel, tras la apelación de los abogados de la defensa, en el mes de septiembre se les revocó la medida y hoy se encuentran con detención domiciliaria.Pero este viernes se conoció que 4 de los 10 nuevos jóvenes detenidos en protestas que serán voceros de paz. Se trata de Andrés Felipe Yara Vargas, Edwin Herrera Pimentel, Cristian Andrés Reyes Cuellar y Kevin David García Mosquera.¿Quiénes son y de que se les acusa a los liberados de Primera Línea en Neiva?Andrés Felipe Yara Vargas, según el Gobierno y organizaciones sociales de Neiva, ha sido líder comunitario y se ha dedicado a la defensa de los animales y de los derechos humanos.Él, según registros de la Fiscalía, fungió como comunicador y entregaba información contraria a la realidad, utilizando para ello redes sociales, las cuales usaba como medio para incitar a la violencia de la ciudadanía contra entes del estado y fuerza pública, siendo vocero y coordinador.Por su parte, Kevin David García Mosquera, para las autoridades alias ’David' o 'Candonga', era quien, al parecer, coordinaba la realización de actividades de protesta, manifestaciones, puntos de bloqueo y lo señalan de pertenecer a la estructura delincuencial.Edwin Herrera Pimentel, conocido como alias 'Filósofo', era, según las autoridades, quien tenía el rol de vocero en la denominada Primera Línea.En cuanto a Cristian Andrés Reyes Cuellar, alias ’Cristian' o 'Mulero’ para las autoridades, su rol era el de ser vocero y representante del gremio de los camioneros, encargado de dar órdenes de obstrucción de vías.Los cuatro jóvenes, según el ente acusador hicieron, presuntamente, parte de la Primera Línea Los Escuderos, grupo del que cinco personas más están siendo procesadas por delitos cometidos durante el Paro Nacional en 2021, como la incineración de varios vehículos, entre ellos un colectivo de servicio público en inmediaciones del intercambiador de la Universidad Sur Colombiana, así mismo del comando de atención inmediata CAI del barrio Santa Inés y del secuestro de un médico el 3 de junio de 2021, cuando se encontraba en la clínica Mediláser.Aunque inicialmente la Fiscalía les imputó los delitos de secuestro, terrorismo, concierto para delinquir, perturbación en servicio de transporte público colectivo u oficial, obstrucción a las vías públicas, incendio, constreñimiento ilegal y por instigación a delinquir y su caso se encuentra en etapa de juicio, en el escrito de acusación para el juicio oral, el ente acusador varió los delitos de la imputación y les quitó terrorismo y secuestro.Escuche el podcast Emprender, fallar y triunfar:
El nuevo sistema de salud para atender a los maestros del país ha traído más problemas que soluciones, según las denuncias de aquellos que han tenido que hacer largas filas en las entidades y clínicas para recibir respuesta a sus peticiones desde hace semanas, cuando se puso en marcha este modelo. Sin embargo, la senadora Sandra Jaimes aseguró que todo estaba “dado, preparado, con cronograma y había recursos”.En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, Jaimes se fue contra la Fiduprevisora, a la que señaló de ser la responsable de las funciones para implementar el nuevo sistema para los maestros. Esto, cabe recordar, luego de que el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, culpara a la entidad por los problemas y quejas recientes: “Esto no fue lo que se prometió”, dijo el funcionario en medio de un debate de control político.La senadora Jaimes destacó que la Fiduprevisora ha sido la encargada de manejar el contrato de salud del magisterio durante muchos años, por lo que tenían experiencia en la contratación de salud para los maestros y no era algo improvisado. Además, resaltó que existía un proceso de implementación del nuevo modelo, respaldado por el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomac), que cuenta con un consejo directivo conformado por representantes del Ministerio de Educación, Ministerio del Trabajo, Ministerio de Hacienda y la Fiduprevisora.Polémicos audios revelados sobre nuevo modeloRecalcó que el “Ministerio de Salud no hizo parte de esa dirección” y que su participación fue parte solamente de un “acompañamiento responsable” hasta donde se le permitió, pues tampoco se dejó hacer una asesoría. En ese sentido, dijo que “no es cierto que la Fiduprevisora no conozca cómo se hace el procedimiento” de atención a profesores.Sin embargo, los polémicos audios revelados por Blu Radio, en los que Jaramillo reconoce caos en la implementación de este sistema, contradicen las afirmaciones de la senadora Jaimes. En dichas grabaciones se escucha al ministro mencionar que sabía que no funcionaría y que recibió órdenes del presidente Gustavo Petro.“No se entienden muy bien (los audios), pero yo sí quiero precisar algunas cosas, si me lo permite, sobre el proceso de implementación del nuevo modelo de salud del magisterio. Primero, en la controversia que hay sobre quién tiene la culpa, debe conocerse que la Fiduprevisora es la entidad que ha manejado el contrato de salud del magisterio por más de 30 años. Entonces, la Fiduprevisora no era algo nuevo, ellos tenían la experiencia de cómo se hacía la contratación de salud del magisterio. Segundo, quiero señalar que sí había un proceso de implementación del nuevo modelo serio y preparado y que hay un fondo, que es el Fomac”, detalló.
Revise el resultado del chance Antioqueñita Día, sorteo que juega de lunes a domingo a las 11:00 de la mañana.Resultado Antioqueñita DíaEl número ganador del último sorteo del Antioqueñita Día de este martes, 21 de mayo, es el (en minutos), según publicaron en sus redes sociales.Tres últimas cifras: Tres primeras cifras: Cuatro cifras: Conozca todos los resultados de los sorteos anteriores de Antioqueñita Día.Resultado de Antioqueñita Día de ayerSegún dieron el sorteo, el número ganador del chance Antioqueñita Día lunes, 20 de mayo, fue el 9868. Cabe recordar que este juego de azar se realiza de lunes a sábados a las 11:00 de la mañana.
Desde los elegantes modelos de los años 50 hasta los icónicos muscle cars de los 70, cada carro cuenta con detalles únicos y un legado propio. Si cree que tiene un buen conocimiento sobre estos maravillosos ejemplares de la ingeniería automotriz, ponga a prueba sus conocimientos con este quiz sobre carros antiguos.¿Está listo para demostrar cuánto sabe? Los automóviles antiguos tienen un encanto especial y una historia fascinante que ha cautivado a generaciones de amantes de los vehículos:
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La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a Stiven Andrés Jaramillo Guazaquillo, alias 'Chavo' o 'Bairon García', y a Jair Valencia Solís, alias 'Víctor', presuntos integrantes de la columna Jaime Martínez de las disidencias de las Farc, señalados de participar en un ataque armado que dejó cinco personas muertas y dos heridas en el corregimiento La Meseta, zona rural de Jamundí, Valle del Cauca, el 16 de enero de 2020.Las víctimas, según las investigaciones, habrían llegado a la zona buscando una supuesta caleta con dinero, lo que los llevó al área de influencia del grupo armado. Alias 'Chavo' presuntamente se reunió con otros hombres en un inmueble y coordinó la ejecución del crimen. Además, habría vigilado e identificado los movimientos de las víctimas, permaneciendo en el lugar de los hechos para evitar su escape. Alias 'Víctor', por su parte, habría sido parte del grupo armado que disparó indiscriminadamente contra las personas.Un fiscal del grupo de homicidios colectivos de la dirección de apoyo territorial imputó a los investigados los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego de uso privativo de las Fuerzas Armadas agravado. Pese a la contundencia de los cargos, estos no fueron aceptados por los procesados.Actualmente, alias 'Chavo' y alias 'Víctor' permanecen privados de la libertad en establecimiento carcelario por otros hechos delictivos, mientras continúan las investigaciones y el proceso judicial por su presunta participación en el homicidio de las cinco personas en Jamundí. Este caso subraya la importancia de la acción judicial para combatir la impunidad y llevar a los responsables ante la justicia.