En días recientes se han registrado enfrentamientos entre el Clan del Golfo y el ELN en Isla de Cruz, zona rural del municipio del Medio San Juan, Chocó. La población ha quedado en medio de las confrontaciones y por eso toda una comunidad se ha visto obligada a desplazarse. En total son 180 personas entre las que se encuentran menores de edad y adultos mayores que llegaron en las últimas horas al corregimiento Dipurdu.“La institucionalidad nacional, departamental y local debe volcar esfuerzos para que le dé una atención inmediata e integral a la comunidad desplazada, que en este momento es susceptible de vulneración de derechos, especialmente porque hay menores de edad, mujeres y adultos mayores, algunos de ellos requieren atención en salud”, señaló el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.Estos dos grupos se disputan el control territorial, pues buscan robustecer el negocio de las economías ilícitas, especialmente el cobro de extorsiones a comerciantes y el tráfico de cocaína, en total son 67 familias las que se han tenido que desplazar para proteger su vida.“Dada la complejidad para ingresar a la zona, este 20 y 21 de octubre, una comisión de la Defensoría viajará hasta Dipurdu para verificar la situación humanitaria que afronta en este momento la comunidad desplazada”, puntualizó el defensor del pueblo.Le puede interesar "Caso Clan Gnecco: Algo huele mal en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia":
La Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (Ocha) presentó un informe sobre la situación de orden público en la subregión del San Juan, en el Chocó. Revelaron que al menos 28.000 personas han sido víctimas de desplazamientos masivos y confinamientos, debido a la disputa entre grupos armados que buscan expandirse desde el norte del departamento hacia la subregión, ubicada al sur.Cabe destacar que la violencia en el territorio también se ha traducido en acciones armadas como incursiones, enfrentamientos y combates, y en acciones de control social y ataques contra la población civil, incluyendo la toma de rehenes, amenazas individuales y colectivas, homicidios selectivos, restricciones a la movilidad, instalación de minas antipersonal (MAP), entre otros: “Las últimas emergencias reportadas en la subregión iniciaron el 4 de julio del 2023, tras las restricciones de movilidad establecidas por parte de un GANE a través de un paro armado, que generó el confinamiento de al menos 21.000 personas", señaló la Ocha.En esta zona del país hay presencia del Clan del Golfo y el ELN, grupo que durante este año ha decretado varios paros armados en estos municipios del departamento del Chocó. La restricción a la movilidad ha limitado el acceso de los pobladores a los servicios de salud y la alimentación, también se han suspendido las clases de los niños."Preocupa que la magnitud y recurrencia de las emergencias no solo ha reducido las capacidades de respuesta locales, departamentales y del Equipo Local de Coordinación (ELC) de Chocó, sino que también ha representado la revictimización de comunidades étnicas en medio de la recurrencia de confinamientos y desplazamientos individuales y masivos, al entrar en ciclos de retornos sin las condiciones establecidas por la Ley 1448 (seguridad, dignidad y voluntariedad) por la permanencia de los GANE en los territorios", señaló la Ocha.Le puede interesar
Las comunidades del medio San Juan, en Chocó, y el río Calima, en Valle del Cauca, denunciaron que en un audio del Frente de Guerra Occidental Ómar Gómez, del ELN, se anunció un paro indefinido desde este jueves 15 de diciembre.Ante esto, el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, aseguró que esta guerrilla debe actuar en coherencia con los diálogos de paz que se están desarrollando y aseguró que ya hay comunicaciones con ese grupo armado para buscar que se reverse esta decisión.“Esto afecta al ELN, no afecta la política del gobierno. Nosotros seguimos actuando en coherencia, todos los temas que se plantean en ese comunicado están siendo abordados en la coherencia de la política de seguridad humana de este Gobierno. El ELN debe obrar en coherencia si estamos en un escenario de paz y debería considerar y valorar que ese tipo de comunicaciones en nada benefician la credibilidad que ellos puedan ganar ante la opinión pública, en la voluntad de paz", explicó Rueda.Es importante recordar que esta semana se acabó el primer ciclo de diálogos entre el Gobierno Nacional y la guerrilla del ELN. Uno de los acuerdos a los que se llegó es que a partir de enero se van a empezar a implementar algunos alivios humanitarios en las zonas afectadas por el conflicto.En primera medida, estos alivios se aplicarían, justamente, en estas dos áreas afectadas por este grupo armado ilegal.México será la segunda sede de diálogos entre Gobierno Petro y ELN:Blu Radio conoció que el segundo ciclo de diálogo entre el Gobierno de Gustavo Petro y la guerrilla del ELN se va a desarrollar en el mes de enero de 2023 en México.Y es que este lunes concluyó la primera etapa de negociaciones en Caracas, Venezuela, y, entre otras cosas, durante estos 22 días, se determinó que México, Chile y Brasil iban a ser invitados a participar como países garantes en las negociaciones, mientras que Suiza, Alemania, Suecia y España, como países acompañantes.
Como de película: así fue el milagroso rescate de una joven indígena de 15 años, de la etnia Wounaan, que dio a luz en medio del río Atrato.La menor, perteneciente a la comunidad de Unión Balsalito, en el de Litoral San Juan en Chocó, se encontraba en delicado estado de salud, debido a su edad y la prematuridad del parto.Ante esta situación, tropas destacadas en el puesto avanzado de Infantería de Marina de Docordó, en Chocó, fueron avisadas por la comunidad sobre la situación de salud en la que se encontraban la joven, quien había dado a luz a una bebé de tan solo seis meses.“De forma inmediata se desplegó una Unidad Fluvial de Infantería de Marina que transportó a la menor, junto a su hija recién nacida y un acudiente, hasta las instalaciones de la Armada de Colombia en Docordó. En donde un helicóptero de la Institución, tripulado con personal médico y asistencial de la Sanidad Naval, los esperó para evacuarlos hasta Buenaventura”, explicó el teniente coronel de Infantería de Marina, Samuel Ernesto Aguilar.La Unidad Fluvial de Infantería transportó a la menor a la menor y la bebé hasta un hospital del Distrito, en donde recibieron la atención médica requerida y se recuperan satisfactoriamente.Escuche el podcast “Zorros y Erizos” y conozca por qué con la reforma tributaria del nuevo Gobierno ya no alcanzaría ni para un salchichón:
Sin pistas están las autoridades en el departamento de Chocó, donde continúa la búsqueda de cinco personas, la mayoría de una comunidad indígena, que completaron seis días desaparecidos en el corregimiento de Orpúa, del municipio de Bajo Baudó.Unidades de la Armada Nacional continúan con la búsqueda de cuatro miembros de la comunidad indígena Wounaan, del resguardo de Buenavista, y de un ciudadano afrodescendiente.El mayor de Infantería de Marina Edquin Abdul Peláez Rojas, comandante encargado del Batallón Fluvial de Infantería de Marina número 22, aseguró que desde el pasado 25 de junio se ha mantenido un amplio dispositivo de búsqueda articulado.“Búsqueda que se hace con las autoridades civiles y judiciales de la región, en el área rural de los municipios de Bajo Baudó, Litoral San Juan y las zonas cercanas, con el objetivo de dar con el paradero de las personas desaparecidas y de someter ante la justicia a los perpetradores de este delito que va en contra de los Derechos Humanos”, afirmó.De igual forma, se hizo la verificación del sector conocido como vereda El Venado, del municipio de Litoral San Juan, ubicado entre los corregimientos de Orpúa y Pichimá, donde integrantes de la comunidad y organizaciones civiles manifestaron que habían sido avistados los ciudadanos reportados como desaparecidos; sin embargo, luego de hacer la verificación correspondiente en el área indicada, junto a funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación - CTI, no se encontró rastro de estas personas.Durante la verificación fueron halladas prendas de vestir abandonadas que, de acuerdo con lo manifestado por los familiares de las personas desaparecidas, no corresponden a la ropa que usaban sus seres queridos al momento de la desaparición.La Armada de Colombia rechaza de forma categórica la desaparición forzada de estos cinco integrantes de las comunidades étnicas del litoral Pacífico y reafirma su compromiso con la lucha frontal en contra de los Grupos Armados Organizados que con su accionar delictivo causan miedo, zozobra y confinamiento en las poblaciones de la región.
El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, hará una visita humanitaria al departamento de Chocó para atender, de primera mano, el clamor de las comunidades víctimas de desplazamiento forzado por cuenta de la escalada de violencia de los grupos armados ilegales en la subregión del San Juan.Según el funcionario, se ha evidenciado un aumento de familias desplazadas y confinadas por los combates entre el Ejército de Liberación Nacional y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia.Sobre la hipótesis que tiene la Defensoría del Pueblo sobre lo que ocasionó esa situación señaló: “Ante la ruptura de un pacto operativo de control delincuencial, entre dichas organizaciones ilegales hoy, se registra un mayor riesgo para la población civil de esta región la cual hemos podido evidenciar con la aparición de grafitis alusivos a las AGC, amenazas a pobladores y combates cerca de las zonas donde hay familias confinadas”.Los más afectados han sido los pobladores del municipio de Medio San Juan, particularmente las comunidades de Dipurdú, el Guásimo y la Unión, de donde han salido desplazadas al menos 1.444 personas, de 995 familias. Asímismo, en la Unión, San Miguel e Isla de Cruz, permanecen en confinamiento unas 1.391 personas, de 446 familias.“Desde la Defensoría del Pueblo les reiteramos a las comunidades del Chocó, particularmente del medio San Juan, que no están solas y que seguiremos brindando el acompañamiento necesario para la garantía de sus derechos”, puntualizó Carlos Camargo.
La Defensoría del Pueblo confirmó que cerca de 1.150 familias se desplazaron desde el corregimiento de Dipurdú de Medio San Juan, Chocó,ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia en plena zona urbana.En videos hechos por los mismos habitantes se ve cómo la gente salía corriendo de sus casas e incluso se refugiaba en la iglesia para evitar los disparos.“Dios mío esos disparos”, fueron algunas voces que se escuchaban de los ciudadanos en medio del fuego.El defensor del pueblo nacional, Carlos Camargo, reiteró que desde hace dos años atrás se tenía certeza de la presencia de grupos ilegales como ELN que podrían generar afectaciones a la ciudadanía.“La Defensoría del Pueblo ya habíamos emitido una alerta temprana en 2019 para Istmina y medio San Juan, en las que señalábamos el riesgo para estas poblaciones por la presencia y fortalecimiento del ELN, por eso hacemos un llamado urgente a las autoridades para avanzar en la atención de las familias desplazadas por las confrontaciones”, manifestó el alto funcionario.Por ahora, estas familias están confinadas en las comunidades vecinas de San Miguel y La Unión donde no hay suficiente agua o alimentos para atenderlos y temen que, al salir hacia Medio San Juan o Istmina, puedan quedar de nuevo en medio de los enfrentamientos, pues ya desde el pasado 12 de agosto han encontrado grafitis y hombres armados en las vías.Por ello, la entidad del ministerio público enviará hoy una comisión especial para la zona con el fin de terminar el censo de desplazados.
El clima, las dificultades de acceso y los trámites estatales hacen de la llegada de las vacunas contra el COVID-19 a las regiones alejadas de Colombia todo un desafío, como ocurrió en la remota población selvática de Litoral de San Juan.La primera barrera para la llegada de los inmunizantes a esa localidad poblada por 16.000 personas, donde ha habido tres casos de coronavirus pero ninguno permanece activo, la marcó la geografía.Ese aislado municipio hace parte del departamento del Chocó pero la población más cercana que tiene es Buenaventura, principal puerto de Colombia en el Pacífico y que hace parte del vecino Valle del Cauca.Las autoridades de Litoral de San Juan tuvieron que desplazarse hasta Quibdó, capital del Chocó, para recoger las 79 vacunas de la farmacéutica china Sinovac que les asignaron y luego volver en un avión de la Armada a la Base Naval de Juanchaco, en Buenaventura, un proceso que se retrasó un par de días por las difíciles condiciones climáticas de la zona."Hoy es un día especial porque están llegando las primeras vacunas al Litoral San Juan. Sabemos que en el Litoral son más de 16.000 personas, son 13 veredas (aldeas), 17 corregimientos (pueblos)", afirma a Efe el comandante del Batallón Fluvial de Infantería de Marina número 24, coronel Samuel Aguilar.Desde Juanchaco salió el sábado una embarcación que, en una nevera azul, llevó las vacunas en un trayecto de más de dos horas por el Océano Pacífico y el río San Juan, el principal afluente de esa zona del suroeste de Colombia.UN DÍA ESPERADOLas primeras 79 dosis llegaron a Litoral de San Juan el sábado y los ciudadanos de esta población ribereña, en la que viven comunidades afrocolombianas e indígenas, recibieron con esperanza el lote."Yo no he sentido miedo sobre eso, si me la están aplicando es porque es buena y estoy contento con eso. Todavía a esta hora me siento bien", cuenta a Efe tras ser inyectado Sabino Pozo Ibargüen, de 83 años y el primer litoralense que fue vacunado.El anciano, que toda su vida ha residido en esa remota localidad selvática y se ha dedicado a la agricultura y a la carpintería, afirma que nunca ha dudado en recibir el inmunizante porque cree que se debe "correr mala suerte para que una vacuna le vaya a caer mal a uno".Quien le aplicó la inyección fue Enriqueta Rentería, que agradeció que las vacunas hayan llegado a este municipio "donde es difícil el acceso".Sin embargo, advierte a Efe que durante semanas las autoridades locales se han puesto a la tarea de convencer a aquellas personas que "están reacias a aplicarse la vacuna"."Aunque la población indígena aún se resiste, sabemos que es un trabajo diferente que se debe hacer para sensibilizarlos. Confiamos en Dios que ellos quieran acceder al servicio", afirma la esperanzada mujer.UNA PETICIÓN PARA FACILITARLO TODOEl coordinador de Salud de Litoral de San Juan, Jair González, fue el encargado de recoger las vacunas en Quibdó y en sus manos estuvo superar todos los desafíos que supuso llevarlas hasta su municipio.Es por ello que propuso al Gobierno Nacional, encargado de gestionar el envío de las dosis a las autoridades regionales, que las próximas vacunas para su pueblo sean entregadas en el puerto de Buenaventura, la ciudad más cercana y aquella que con la que tiene el lazo más fuerte la población litoralense."Nosotros esperamos que el Ministerio acceda a la petición y sea más fácil transportar las vacunas", expresa el funcionario, que confía en que sigan llegando más dosis para esa localidad que, pese a las dificultades, ve con esperanza un proceso que ya se puso en marcha.
“Desde el 7 de abril, en zona rural del Litoral de San Juan (Chocó), hubo desplazamientos que afectaron de más de mil personas de siete comunidades afrocolombianas e indígenas”, sostiene el organismo internacional. Precisa que en particular 395 familias en la zona rural se desplazaron a otras comunidades; otras 94 familias (466 indígenas) se desplazaron de la comunidad de Pichimá Quebrada a Docordó, cabecera urbana de Litoral de San Juan. Y 17 familias de la comunidad Las Delicias se albergan en Buenaventura (Valle del Cauca). La ONU explica que las 466 personas de Pichimá Quebrada son en su mayoría indígenas wounaan y se alojan actualmente en una casa comunitaria de Docordó en críticas condiciones de albergue, salud y alimentación. (Lea también: Mueren tres guerrilleros del ELN en combates). “Se sabe que un grupo de habitantes permanece en la comunidad para cuidar las pertenencias y se desconoce su situación humanitaria actual”, precisa el comunicado. El organismo humanitario internacional advierte que las comunidades siguen en riesgo por los continuos operativos y posibilidad de nuevos enfrentamientos entre la Fuerza Pública y los grupos armados no estatales que hacen presencia en la zona.
Colombia se prepara para su segunda temporada de lluvias del año, pero esta vez bajo un escenario particular: por la influencia del fenómeno de El Niño se espera que entre octubre y diciembre llueva menos de lo habitual, principalmente en las regiones Andina, Caribe y Pacífica.Pero que llueva menos no quiere decir que desaparezca el riesgo de emergencias; así lo advirtió el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo David Alejandro Tamayo, quien señaló que pueden presentarse lluvias intensas de corta duración, que, “en zonas afectadas por incendios forestales, con pérdida de cobertura vegetal y alteraciones en su capacidad de filtración del suelo, favorecen eventos como crecientes súbitas, inundaciones, avenidas torrenciales, erosión y movimientos en masa”.Y es que ante esto, la UNGRD expidió una circular con 38 acciones de preparación. Entre las medidas están revisar cuáles son actualmente las zonas más expuestas, mantener vigilancia sobre ríos, quebradas y cuencas con antecedentes de emergencias e identificar puntos críticos antes de que se presenten las lluvias más fuertes.Además, pidió a gobernadores, alcaldes, autoridades ambientales y coordinadores departamentales y municipales de la entidad para que fortalezcan de sus planes de prevención, preparación y respuesta.El llamado se produce después de varios meses con pocas lluvias. Según el reporte del IDEAM, durante julio y agosto hubo un déficit marcado de precipitaciones en varios sectores del país, situación que continuó durante las primeras semanas de septiembre. Al mismo tiempo, se registraron temperaturas máximas históricas en zonas de Antioquia, Cesar, La Guajira, Norte de Santander, Tolima y Risaralda.
A medida que se acerca la radicación del escrito de acusación contra el ciudadano británico Foster Martinson, señalado por la Fiscalía del feminicidio de Natalia Villalba, de 36 años, ocurrido el pasado 18 de junio en un apartamento del barrio Chicó, en el norte de Bogotá, se conocen nuevos elementos incorporados al expediente.De acuerdo con la investigación, Villalba habría autorizado previamente el ingreso de Martinson al inmueble, donde ella permanecía de manera temporal. El extranjero, presuntamente, se habría registrado en el libro de visitantes con un nombre distinto, con el propósito de dificultar su posterior identificación.La hipótesis de la Fiscalía indica que, una vez verificó que la mujer se encontraba sola, Martinson le habría propinado múltiples golpes con un objeto contundente hasta causarle la muerte. Posteriormente, habría introducido el cuerpo en una maleta y lo habría trasladado hasta la ducha del baño, donde abrió la llave.La investigación también señala que el hombre habría realizado maniobras para eliminar rastros de sangre, cambiado la ropa con la que ingresó al inmueble y depositado las prendas en una bolsa que posteriormente habría arrojado al ducto de basuras del edificio. Estos movimientos, de acuerdo con el expediente, quedaron registrados en las cámaras de seguridad.Precisamente, uno de los elementos conocido por Blu Radio, corresponde al testimonio de un reciclador que trabajaba en la zona norte de Bogotá y que habría revisado las canecas de basura del edificio el 19 de junio, un día después del crimen. El hombre aseguró haber encontrado una bolsa negra que contenía un pantalón de jean de color claro, doblado y con manchas rojizas y abundante líquido.En su declaración, incorporada al expediente, manifestó “El día 19 de junio, como a la una y media de la tarde, cuando me encontraba realizando mi labor de reciclaje en el edificio, en las canecas destinadas para la basura, en una de ellas. Voy a observar las bolsas de basura más o menos como en la mitad. Observo una bolsa de color negro, la cual procedo a abrirla para observar el contenido, y allí veo que dentro de la misma hay un pantalón de jean color claro, el cual estaba doblado y estaba con manchas de color rojas, como de sangre, llenas como de agua, con bastante líquido y como sangre”.Otro de los testimonios corresponde a la mujer encargada del aseo del apartamento que habría sido utilizado mediante Airbnb. La trabajadora relató que encontró un casco y una carpeta azul y que intentó obtener respuesta desde el baño, donde posteriormente fue encontrada la maleta con el cuerpo de Villalba.La mujer señaló que inicialmente observó el lugar con normalidad, con ropa femenina, tacones y un abrigo. Sin embargo, posteriormente habría advertido manchas en la habitación. “Seguido detallé la habitación y me percaté que el cubre lecho estaba manchado de sangre, también al lado derecho de la cama. En ese momento me asusté detallando el piso, estaba mal limpiado, se notaba un color opaco, se notaba que era sangre mal limpiada”, relató.A estos elementos se suma otra investigación que la Fiscalía adelanta contra Martinson a partir de una denuncia presentada por un ciudadano extranjero identificado como Cameron Gregory. El caso está relacionado con hechos que, de acuerdo con el relato presentado por el denunciante, habrían ocurrido entre mayo y junio de 2026, cuando ambos compartían alojamiento.En una audiencia de control posterior, el fiscal expuso que Gregory manifestó haber tenido inconvenientes con Martinson por el pago del hospedaje y que, durante ese periodo, habría experimentado episodios que atribuyó a un posible suministro de sustancias. Según la denuncia citada por la Fiscalía, el ciudadano afirmó que en varias ocasiones se despertaba después de dormir durante más de 15 horas, se sentía mareado y presentaba dolores en zona genital.El denunciante también expresó sospechas sobre un posible acceso de Martinson a su cuenta de WhatsApp y señaló que este habría abandonado el lugar después de que la propietaria le advirtiera sobre la importancia de acudir a la Policía. Estas afirmaciones hacen parte de la denuncia y son materia de investigación.Martinson fue capturado el 27 de junio en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito, Ecuador, en cumplimiento de una notificación roja de Interpol. Durante el procedimiento fueron incautados un teléfono celular y un computador, elementos que, de acuerdo con la Fiscalía, resultan relevantes para el avance del expediente por el feminicidio de Natalia Villalba.
Santander registra 1.265 intentos de suicidio en lo corrido de 2026, una cifra que representa un incremento del 1,4 % frente a los 1.248 casos reportados durante el mismo periodo de 2025, según datos del SIVIGILA divulgados por la Secretaría de Salud de Santander.El reporte se conoce durante septiembre, mes dedicado a la prevención del suicidio, y pone nuevamente la atención sobre la importancia de identificar señales de alerta y facilitar el acceso oportuno a los servicios de salud mental.Los municipios que concentran el mayor número de notificaciones son Bucaramanga, Barrancabermeja, Floridablanca, Girón y Piedecuesta. En el departamento, la tasa de incidencia alcanza 52,5 casos por cada 100.000 habitantes.Entre los principales factores desencadenantes identificados aparecen los problemas familiares, relacionados con 570 casos, equivalentes al 45,1 %, mientras que los problemas de pareja están asociados a 341 casos, correspondientes al 27 %.En cuanto a los mecanismos reportados, la intoxicación representa el 54,9 % de los casos y las lesiones con elementos cortopunzantes, el 29,7 %. La Secretaría de Salud precisó que en algunos episodios se notificó el uso de más de un mecanismo.El secretario de Salud de Santander, Edwin Antonio Prada Ramírez, hizo un llamado a familiares y comunidades a prestar atención a las señales de alerta y acompañar a quienes atraviesan situaciones de crisis.La recomendación de las autoridades es buscar ayuda profesional de manera oportuna, especialmente ante síntomas de depresión, pensamientos de hacerse daño o cambios importantes en el comportamiento. También reiteran que escuchar sin juzgar y acercar a la persona a las rutas de atención en salud mental puede contribuir a prevenir nuevos casos.
Con 24 votos a favor y 20 en contra, la el Concejo de Bogotá acaba de aprobar el cobro del alumbrado público y su modernización vía una sobretasa al impuesto predial, que será cobrado a estratos 4, 5 y 6 y viviendas con avalúo comercial superior a los 1000 millones de pesos, a partir de enero del próximo año.En desarrollo...
La defensa del congresista Wadith Manzur desmintió que esté negociando un acuerdo o preacuerdo con la justicia por el escándalo de la UNGRD. Su abogado, Luis Carlos Torregrosa, aseguró que el proceso continuará en la etapa de juicio.El jurista afirmó que Manzur acudirá ante la Sala Especial de Primera Instancia, escenario en el que la defensa buscará controvertir las pruebas y acreditar su presunción de inocencia, en ejercicio de sus derechos de defensa y contradicción.La defensa fue enfática en señalar que el congresista “no ha suscrito, ni se encuentra tramitando, ningún tipo de preacuerdo o negociación”. Según el abogado, la estrategia procesal definida es afrontar el juicio y presentar allí las pruebas necesarias para demostrar su inocencia.El abogado recordó que Manzur tiene derecho a la presunción de inocencia, consagrada en el artículo 29 de la Constitución Política, y pidió respeto por su dignidad y la de su núcleo familiar. Aseguró que confían en que el debido proceso permitirá esclarecer los hechos y demostrar la inocencia de su representado.Finalmente, también hizo un llamado a evitar juicios anticipados o afirmaciones que, según dijo, no correspondan a la realidad procesal. Insistió en que cualquier señalamiento debe estar sustentado en hechos verificables y no en especulaciones.