La crítica situación por la que atraviesa el municipio de Segovia en el Nordeste antioqueño debido a un operativo contra la minería ilegal que terminó en desmanes y bloqueos, generó que autoridades locales tomaran varias medidas restrictivas para tratar controlar a la población civil.Según los reportes oficiales, las manifestaciones dejaron un saldo de una persona muerta, dos heridas y seis vehículos incinerados, razón por la que se hizo un Consejo Extraordinario de Seguridad en donde se llegó a un compromiso con la Fuerza Pública de reforzar el accionar en el casco urbano.Además, la Alcaldía de Segovia decretó el toque de queda y la restricción de venta de licor al público entre las 8:00 p. m. y las 5:00 a. m., medida que comenzará a regir desde este momento hasta el próximo miércoles 15 de julio.Asimismo, la Administración Municipal decidió prohibir durante tres días consecutivos el parrillero en motocicleta, esto con el fin de poder controlar la movilidad en el territorio y así evitar acciones violentas contra la fuerza pública, como ya ocurrió en las últimas horas.Por su parte y buscando solucionar la situación de manera rápida, se hará diariamente un Consejo de Seguridad Municipal en el que se evaluará la situación de orden público y así poder coordinar las acciones correspondientes para mantener la tranquilidad en el municipio de Segovia.Dentro de las medidas acordadas con autoridades departamentales, también se acordó tener un corredor humanitario para que los servicios de salud primarios no se vean interrumpidos, así como la atención de cualquier emergencia que pueda ocurrir en el Nordeste antioqueño.Finalmente, se espera tener un espacio de diálogo con los mineros informales, que según la Gobernación de Antioquia están siendo instrumentalizados por el Clan del Golfo, para tratar de disminuir las tensiones y buscar una solución definitiva al conflicto.
Mientras las autoridades en el departamento de Antioquia tratan de dar con el paradero de los responsables de asesinar a los subintendentes Hugo Castaño y Melquiades Arismendy, la Alcaldía de Anorí tomó decisiones de restricción a la movilidad hasta el próximo 13 de febrero para evitar nuevos hechos violentos.La decisión de la Administración Municipal es que entre 9:00 de la noche y 4:30 de la madrugada haya toque de queda en todo el área urbano de Anorí y, además, se decretó el cierre indefinido de la Calle Larga, una de las zonas más concurridas del municipio y en donde no podrán circular ni parquear vehículos.El secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Martínez, aseguró que la información que han podido recolectar indica que el crimen fue coordinado por las disidencias de alias 'Calarcá' y que, incluso, los dos uniformados después de recibir varios disparos fueron acribillados en el suelo."Podemos decir sin dilación que detrás de eso hay un alias ya reconocido perteneciente al Frente 36, alias 'Pimpón'. Uno no entiende cómo las disidencias de este criminal, alias Calarcá, estén negociando con el Gobierno", insistió el funcionario.A la par de que se busca a este delincuente, también hay que mencionar que se prohibió en el municipio la circulación de motocicletas con parrillero entre las 6:00 de la tarde y las 6:00 de la mañana, y se prohibió el parqueo de cualquier tipo de vehículo en el perímetro del parque principal.Finalmente, las autoridades locales tomaron la decisión de prohibir temporalmente la música en establecimientos con venta de licor hasta las 10:00 de la mañana y, posterior a ello, solo podrán funcionar hasta las 9:00 de la noche, cuando deberán cerrar de manera obligatoria.
Mientras avanzan las investigaciones para esclarecer el hecho violento que cobró la vida de dos personas en plena zona rosa del municipio de Urrao, las autoridades de gobierno y seguridad anunciaron nuevas medidas para garantizar el orden público en esta localidad del Suroeste de Antioquia.Tras un consejo extraordinario de seguridad, el alcalde Nilson Barrera informó como una de las principales disposiciones la prohibición del parrillero hombre entre las 6:00 de la tarde y las 5:00 de la mañana de cada día hasta el próximo domingo 15 de febrero.De igual manera, habrá toque de queda para menores de edad después de las 10:00 de la noche. Diferentes instituciones encargadas de velar por los derechos de esta población verificarán el cumplimiento de la medida."De la mano de los diferentes entidades, Bienestar Familiar, Comisaría de Familia, Personería, hacer labores nuevamente de vigilancia sobre la presencia de menores de edad después de las 10:00 de la noche en nuestro municipio", añadió el mandatario.Las disposiciones se adoptaron teniendo especialmente en cuenta las circunstancias en las que ocurrió el reciente ataque armado donde sicarios que se movilizaban en una motocicleta asesinaron a un joven de 20 años de edad y en su huida protagonizaron un tiroteo con una patrulla policial que estaba cerca.Como consecuencia del enfrentamiento uno de los presuntos delincuentes falleció y otro alcanzó a ser remitido a la ciudad de Medellín, donde es atendido bajo custodia policial. Otras ocho personas resultaron levemente lesionadas durante el hecho.
Ante el incremento de los casos de homicidio en Cali durante las últimas semanas, desde el Concejo Distrital se ha planteado una medida para contener los índices de violencia en la ciudad, que permita mitigar estos crímenes especialmente en los sectores mas afectados.Se trata de un toque de queda, que no se determinaría por la edad de los ciudadanos sino por los territorios que según el Observatorio de Seguridad de la ciudad, son los que registran mayor número de casos de muertes violentas, como las comunas 13, 15, 18, 20 y 21. "Es necesario hacer un toque de queda, no sólo para menores de edad sino sectorizado, porque los muertos los está poniendo la ladera de Cali, los muertos lo pone el distrito de Aguablanca", aseguró el concejal del Partido Conservador, Marlon Cubillos.El concejal aseguró que es necesario conocer de primera mano las acciones que se están implementando en la ciudad, teniendo en cuenta que durante los últimos fines de semana se han registrado más de 15 homicidios en la ciudad."Aquí lo que nos interesa es la institucionalidad y garantizar que los caleños puedan vivir en paz. Porque hoy la ciudadanía está viviendo con miedo, de salir y se les quite la vida", añadió Cubillos.Ante la solicitud de los concejales, el secretario de seguridad de Cali, Jairo García, fue citado a la plenaria de este martes, para conocer las acciones que se implementarán en la ciudad para contener las cifras de homicidio, pues ya se superan los 770 casos en lo corrido del 2025.
A partir del primero de septiembre, en Neiva empezará a regir el toque de queda para menores de edad, como una medida de choque para prevenir las agresiones entre niños y adolescentes, especialmente en las comunas 6, 8, 9 y 10. La restricción irá acompañada del fortalecimiento de una estrategia integral de prevención social del delito.Antes de su implementación, se realizarán mesas técnicas con entidades del sector de infancia y adolescencia para definir roles, responsabilidades y garantizar una aplicación efectiva de la medida.“Se adoptó una estrategia integral para contener la ocurrencia de estos fenómenos que han venido afectando la vida y la integridad física de nuestros niños y jóvenes. Como parte de esta estrategia, se implementará un toque de queda en la ciudad, el cual será oficializado mediante un acto administrativo y empezará a regir a partir del 1 de septiembre de este año”, confirmó José Ferney Ducuara, secretario de Gobierno de Neiva.Las autoridades definieron que el toque de queda regirá entre las 9:00 de la noche y las 5:00 de la mañana del día siguiente: “La medida, que tendrá una duración inicial de seis meses, será objeto de evaluación y seguimiento mensual para medir su impacto y efectividad”, señaló el secretario de Gobierno de Neiva.Igualmente, se intensificarán los operativos en las comunas priorizadas con el apoyo de la Policía y el Ejército, que incluirán el despliegue de especialidades policiales, la activación del Batallón de Fuerzas Urbanas y el fortalecimiento del escuadrón motorizado.“No solo se tomarán medidas restrictivas, sino que también se contará con el acompañamiento del Ejército Nacional, con quien ya se han articulado acciones. Se desarrollarán acompañamientos diferenciales junto con nuestro grupo motorizado y de reacción, especialmente en los sectores donde se han presentado diversas situaciones”, indicó el coronel Héctor Jairo Betancourt Rojas, comandante de la Policía Metropolitana de Neiva.Esto, teniendo en cuenta que ya son 12 los menores de edad asesinados y 124 han sido aprehendidos, principalmente por delitos como hurto y tráfico de estupefacientes.
En casa y sin ingesta de alcohol deberán quedarse este fin de semana los casi 8.000 habitantes del municipio de Suan, Atlántico, tras el toque de queda y ley seca que fue decretado por su Alcaldía en las últimas horas, debido a la violencia despertada recientemente por el enfrentamiento de dos familias, cuyo origen data desde hace al menos tres años.De esa manera se lo confirmó a Blu Radio el comandante del Departamento de Policía del Atlántico, coronel Jhon Harvey Peña, quien apuntó que la contienda nació cerca del 2022 a causa de una riña, pero se agravó hace unos días por un accidente de tránsito en el que murió Alfredo José Escorcía Rivera, siendo sus familiares los que insisten en que el caso sea investigado como un homicidio.“Esto se refiere a unos antecedentes que ocurrieron en el municipio en 2022, un caso de un homicidio debido al enfrentamiento entre dos familias y, pues, llegaron al fin de semana, con el consumo de licor afloraron sentimiento y se formó una situación que casi desestabiliza el tema de seguridad en el municipio”, apuntó de manera inicial.“Precisamente el pasado 29 de junio, en el perímetro urbano del municipio, fue reportada una persona tendida en la vía, al parecer producto de un accidente de tránsito. Esa misma falleció infortunadamente en el hospital de Sabanalarga”, agregó.La alcaldesa Karolay Calvo dijo a Blu Radio que por los hechos se realizó un consejo de seguridad pues “es el momento de frenar estas situaciones”, a lo que confirmó más medidas como el aumento de vigilancia policial, las restricción para el tránsito de motocicletas y los cierres preventivos a dos establecimientos que han sido sede de riñas.“Es mejor que esos focos de violencia se aplaquen desde este momento y no sigan creciendo en el territorio. Suan se ha caracterizado por ser un municipio muy tranquilo y queremos seguir en esa misma senda. Es el momento de frenar todas estas situaciones que están generando alteraciones en el orden público”, anunció.Calvo aclaró en el tema de Escorcia Rivera que están a la espera de un reporte de Medicina Legal para verificar el trasegar de las investigaciones y que todos los que incumplan con el decreto serán sancionados. Desde la Policía, por su parte, indicaron que el caso quedó en manos del CTI de la Fiscalía.Es importante decir que tanto el toque de queda como la ley seca se extenderán este fin de semana desde las 10:00 de la noche hasta las 5:00 de la mañana.
Con el objetivo de garantizar la seguridad ciudadana, la Alcaldía de Florida, Valle del Cauca, a través de un decreto, decidió establecer medidas especiales que regirán entre el 27 de abril y el 27 de mayo de 2025, por temas asociados a la criminalidad que ha ido en aumento durante los últimos días.Entre las disposiciones se encuentra la prohibición del parrillero hombre mayor de 14 años durante las 24 horas del día, así como el toque de queda para menores de edad, restringiendo su circulación desde las 10:00 p.m. hasta las 5:00 a. m. del día siguiente."Estas medias se toman después de un consejo de seguridad donde decidimos tomar esas medidas a través de estadísticas que se vienen presentando en el municipio especialmente en los homicidios, tentativa de homicidios, hurto a motocicletas, hurto a personas que se comenten con parrillero hombre en motos y el propósito es garantizar seguridad", señaló Jhon Herrera, secretario de Gobierno de Florida.Adicionalmente, se prohíbe el parqueo de vehículos y motocicletas a pocos metros de edificios públicos y de la Policía, así como en colegios y cualquier entidad del estado. Estos lugares además contarán con vigilancia permanente de las autoridades."Todas las medidas tendrán la vigencia de un mes, decisión que se tomaron después de un consejo de seguridad precedido por el alcalde de este municipio, y porque además queremos evitar cualquier atentado a la fuerza pública por el plan pistola, no queremos atentados terroristas en nuestro municipio", explicó el funcionarioPor último, piden a la comunidad avisar de manera oportuna a las autoridades competentes cualquier acto sospechoso de personas en la calle, con el fin de prevenir hechos de alteración de orden público, y piden cumplir con las medidas que tiene como único propósito recuperar el control del municipio vallecaucano.
La Alcaldía de Cimitarra decretó un toque de queda indefinido en todo el municipio, luego del asesinato de un menor de 16 años en el corregimiento de Puerto Olaya, un hecho que ha conmocionado a la comunidad y ha encendido las alarmas de las autoridades.Le puede interesar: El crimen ocurrió el pasado 26 de marzo, cuando un grupo de hombres armados llegó en una canoa hasta una cancha de fútbol donde el adolescente se encontraba junto con otros habitantes. Los agresores dispararon indiscriminadamente, hiriendo de gravedad al menor, quien fue trasladado de urgencia a un centro asistencial en Puerto Berrío, Antioquia, pero falleció, debido a la gravedad de las heridas.Ante la creciente preocupación por la seguridad en la zona, la administración municipal convocó un comité extraordinario de seguridad y orden público en el que se adoptaron medidas drásticas para evitar nuevos hechos violentos. Entre ellas, se encuentra la restricción total de movilidad en el municipio de manera indefinida, con presencia permanente de la Policía Nacional y el Ejército Nacional en el territorio durante las 24 horas del día.Además, la alcaldía, junto con las fuerzas de seguridad, anunciaron la oferta de una recompensa económica para quienes proporcionen información que conduzca a la captura de los responsables del crimen. Paralelamente, se ha desplegado un operativo de búsqueda intensiva en la región con el fin de dar con el paradero de los atacantes.Las autoridades han indicado que la investigación sigue en curso y se manejan diversas hipótesis sobre el ataque, entre ellas, una posible disputa entre grupos armados dedicados a actividades ilícitas en la zona.Por su parte, la Gobernación de Santander ha manifestado su preocupación por la violencia en las zonas rurales del departamento y ha expresado sus condolencias a la familia de la víctima.La comunidad de Puerto Olaya, consternada por la pérdida de un joven, ha exigido mayor presencia del Estado y acciones concretas para frenar la violencia que sigue cobrando vidas en la región. Entretanto, se espera que las autoridades esclarezcan los hechos y capturen a los responsables lo más pronto posible.
Tras los constantes enfrentamientos que se han registrado entre menores de edad especialmente en el oriente de Cali, el secretario de seguridad y justicia, Jairo García, confirmó que ya esta el borrador del decreto en la pagina de la alcaldía para que la comunidad pueda realizar los respectivos comentarios.Esta medida busca la restricción en el espacio publico de los menores de edad desde las 10:00 de la noche hasta las 5:00 de la mañana del siguiente día."Agradecemos que el Concejo de Cali esté planteando una medida que consideramos de protección a los niños, niñas y adolescentes, que no deben estar en unas horas y unos espacios públicos que pueden poner en riesgo su integridad física, pero también su desarrollo, el decreto será presentado en las próximas semanas y en el mismo se tendrán en consideración las propuestas del Concejo" dijo García.El funcionario afirmó que será una medida que permita a las autoridades como la policía , las comisarías de familia y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar la protección efectiva de los derechos de los niños. El borrador del decreto estará durante cinco días en la pagina de la alcaldía, de ahí pasará a la firma del alcalde para que entre en firme esta medida.
Desde el concejo de Cali se evalúa la posibilidad de implementar una medida de choque que eviten las agresiones entre menores de edad, especialmente el oriente de Cali, donde se registran los "guireos" , razón por la cual plantearon el Gobierno distrital que adopte el toque de queda para estos jóvenes .Carlos Andrés Arias, concejal de Cali, afirmó que niños de Pizamos se agreden con armas blancas, mientras que otros, convocan enfrentamientos en el sector de República de Israel, en los que participan niños que no superan los 14 años.“Hoy el tema es de salud mental y demanda atención urgente, por eso insisto en un toque de queda para menores en el oriente de Cali, nuestros niños no se pueden seguir matando, le hago el llamado a la Administración Distrital y a la Policía Metropolitana, para que acoja esta medida que busca es proteger la vida”, precisó el concejal. En Cali, cifras relacionadas entre el año 2022 y 2024, indican que el 44 % de homicidios que se cometieron en esta ciudad cobraron la vida de jóvenes entre los 13 y 28 años; la deserción escolar aumentó en un 4 %, mientras que el desempleo juvenil sobrepasa el 18 %“Este tipo de acciones lo que demuestra es la degradación de la sociedad y en especial los niños, niñas y adolescentes, que se convocan para agredirse, muchas veces hasta perder la vida. Los niños tienen derechos fundamentales que están en la Constitución, por eso la invitación es a la institucionalidad, para que atienda este tipo de eventos y evitar la confrontación”, dijo Arias .Otros concejales propusieron conformar una comisión accidental permanente para que desde el concejo se haga seguimiento a las inversiones, programas y políticas públicas enfocadas a atender a la primera infancia, la infancia y la adolescencia, que permita garantizar a esta población su pleno desarrollo sin riesgos.
En diálogo con Mañanas Blu, la viuda del asesinado precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, María Claudia Tarazona, señaló que existen nuevas evidencias que apuntarían a que, si bien las disidencias de la Segunda Marquetalia fueron los autores materiales del magnicidio de Uribe Turbay, hay nexos políticos entre los determinadores. Tarazona sostuvo que una persona, a la que no identifica públicamente, habría entregado información días antes del magnicidio, en la que señalaba que Miguel Uribe Turbay, así como otros precandidatos del Centro Democrático, corrían el riesgo de sufrir un atentado; que la orden habría salido desde el Congreso de la República y que el dinero para organizar el atentado habría salido desde Venezuela.En ese sentido, durante la entrevista, leyó los chats que existen entorno a las advertencias que se hicieron antes sobre el atentado que le perpetuarían a Miguel Uribe, en la misma lectura de los chat nombra directamente a Marcos Calarcá. En desarrollo...
La Procuraduría General de la Nación formuló cargos contra el alcalde de Barichara, Santander, Milton Edilson Chaparro Jiménez, por presuntas irregularidades en el suministro de agua para consumo humano durante 2024, cuando el municipio afrontaba problemas de desabastecimiento.Según informó el Ministerio Público, la investigación busca establecer si el mandatario permitió captar y utilizar agua de la fuente denominada La Chorrera, ubicada en el predio Lote 4 de la vereda Santa Helena, de propiedad de un particular, después de que se declarara la calamidad pública por la falta de agua potable en el municipio.La Procuraduría también indaga si, para ese momento, sobre la fuente hídrica existía una medida preventiva ambiental impuesta por la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS), que habría sido desconocida al permitir el uso del recurso.Otro de los aspectos que busca esclarecer el organismo de control es si la extracción de agua se autorizó sin contar con la concesión, el permiso o la autorización ambiental exigida por la autoridad competente.Por estos hechos, la Procuraduría calificó provisionalmente la presunta falta del alcalde como grave, a título de culpa grave.La formulación de cargos hace parte del proceso disciplinario con el que se busca determinar si el mandatario incurrió en alguna irregularidad en el manejo del recurso hídrico.
Ramiro Herrera Buitrago, exintegrante del Cartel de Cali y hermano del fallecido narcotraficante Hélmer Francisco Herrera Buitrago, conocido como ‘Pacho Herrera’, envió una carta al presidente Abelardo de la Espriella para formalizar su disposición de colaborar con el Estado en la identificación y recuperación de bienes que estarían relacionados con estructuras patrimoniales irregulares del extinto grupo criminal.En el documento, Herrera explicó que su intención es aportar información sobre activos, sociedades y estructuras económicas que han sido objeto de investigaciones durante décadas. La primera etapa de la colaboración, según lo expuesto en la comunicación, comprende información sobre más de 1.000 bienes ubicados en Colombia y otros países.“La finalidad de esta autorización es permitir que la Presidencia de la República tenga conocimiento institucional de esta decisión y pueda, dentro del marco de sus competencias constitucionales y legales, acompañar las iniciativas estatales que correspondan respecto de la recuperación, destinación social y eventual utilización de los bienes que lleguen legítimamente a favor del Estado”, señaló Herrera en la carta.El exintegrante del Cartel de Cali manifestó que su decisión busca contribuir a los esfuerzos institucionales relacionados con la recuperación de activos y la superación de las consecuencias asociadas a la violencia. En ese sentido, afirmó: “Esta determinación corresponde a mi voluntad de contribuir, en este momento histórico del país, a un proceso de reconstrucción, reconciliación y fortalecimiento institucional”.En otro apartado, Herrera sostuvo que pretende que los bienes relacionados con esas estructuras patrimoniales queden bajo conocimiento y control de las autoridades competentes. “El propósito es que bienes cuya historia se ha prolongado durante décadas y que han sido objeto de controversias, violencia y procesos patrimoniales puedan ser puestos definitivamente bajo conocimiento y control de las instituciones competentes del Estado”, expresó.La carta también expone su intención de contribuir al esclarecimiento de la historia de los activos vinculados al denominado ‘Clan Herrera’. “Una de las razones principales por las cuales adopto esta determinación es mi voluntad de contribuir a que cese definitivamente la violencia asociada históricamente a los bienes vinculados al denominado ‘Clan Herrera’”, afirmó.La comunicación dirigida al presidente se suma a la declaración que Ramiro Herrera presentó ante la Fiscalía General de la Nación, en la que formalizó su voluntad de entregar información para avanzar en los procesos de extinción de dominio. En ese documento, aseguró que comparecía para adelantar una “colaboración eficaz, directa, voluntaria y verificable con el Estado colombiano”.Herrera precisó que la información comprende bienes en Colombia y en el exterior, documentación histórica y original, sociedades, inversiones y personas naturales y jurídicas. También señaló que su intención es que los datos puedan ser contrastados con los expedientes y registros disponibles.“Mi voluntad es aportar los elementos que se encuentren en mi conocimiento para que toda la información pueda ser verificada independientemente por la Fiscalía General de la Nación, confrontándola con los expedientes, registros públicos y privados, documentos originales y demás elementos materiales probatorios legalmente disponibles”, indicó.La colaboración anunciada se conoce después de que la Fiscalía impusiera medidas cautelares sobre 42 bienes, avaluados preliminarmente en más de 44.900 millones de pesos, que estarían vinculados a uno de los presuntos grupos de testaferros al servicio de ‘Pacho Herrera’. Las medidas incluyen embargo, secuestro, suspensión del poder dispositivo y toma de posesión.De acuerdo con la investigación, durante años se habrían utilizado personas y empresas de diferentes sectores económicos para ocultar y administrar activos, darles apariencia de legalidad y sustraerlos del control de las autoridades.La carta de Ramiro Herrera plantea una colaboración que abarca información sobre bienes en Colombia, Estados Unidos, Panamá, Venezuela y Ecuador. Sin embargo, el propio exintegrante del Cartel de Cali dejó claro que la decisión sobre cada activo corresponde a las autoridades: “Será exclusivamente la autoridad competente la que determine la procedencia jurídica de cada activo y si existe fundamento para adelantar o culminar procesos de extinción de dominio”.
Estos fueron los temas tratados en Bla Bla Blu este martes, 14 de octubre de 2026:La Profe Mónica, profesora y creadora de contenido educativo con más de 2 millones de seguidores.En Tutoriales Radiales pasó el periodista, escritor y conferencista Germán Díaz Sossa.Escuche el programa completo acá:
El número de vehículos sin SOAT vigente en Colombia se duplicó en los últimos diez años. Entre 2016 y septiembre de 2026, el país pasó de tener 5,3 millones de vehículos sin este seguro obligatorio a 10,7 millones, mientras el parque automotor creció de 13 millones a 22,6 millones de unidades, de acuerdo con un análisis de la empresa de inteligencia de negocios Intempo.El estudio, elaborado a partir de los registros históricos del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), encontró que la tasa de evasión del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) aumentó del 40,6 % en 2016 al 47,3 % en 2026. Además, el indicador se ha mantenido entre el 47 % y el 49 % durante los últimos seis años, según el informe.Uno de los datos más relevantes es la participación de las motocicletas en esta problemática. Aunque representan el 64 % del parque automotor colombiano, concentran el 78 % de los vehículos sin SOAT vigente, equivalentes a 8,3 millones de unidades. Intempo también señala que una motocicleta tiene el doble de probabilidad de estar en mora con este seguro que un automóvil particular.Millones de vehículos no tienen SOAT ni técnico-mecánicaLa falta del seguro obligatorio coincide, en numerosos casos, con el incumplimiento de otro requisito: la revisión técnico-mecánica (RTM). De los 18,8 millones de vehículos que, según el estudio, ya están obligados a contar con ambos documentos, 9,8 millones, equivalentes al 52,4 %, no tienen ninguno de los dos al día.En el otro extremo, 8 millones de vehículos, el 42,6 %, mantienen vigentes tanto el SOAT como la revisión técnico-mecánica. Otros 936.000, cerca del 5 %, cuentan solamente con uno de los dos requisitos.El análisis también identificó 1,4 millones de vehículos registrados que nunca han tenido SOAT ni han realizado la revisión técnico-mecánica. Esta cifra corresponde a unidades que figuran en los registros, pero que no han acreditado el cumplimiento de ninguna de las dos obligaciones.Para Santiago Caballero, gerente general de Intempo, estos datos muestran que la pérdida de continuidad en el seguro puede estar relacionada con el abandono de otros trámites obligatorios.“Los datos demuestran que cuando un propietario deja vencer el seguro, al poco tiempo abandona también la revisión”, explicó Caballero. El directivo agregó que las campañas centradas en recordar un trámite a la vez no alcanzan a responder a la dimensión del problema.La primera revisión técnico-mecánica, un momento claveEl estudio identifica la llegada de la primera revisión técnico-mecánica como un punto crítico para la continuidad del SOAT. Durante los primeros años de vida de un vehículo, el 89 % de los propietarios renueva el seguro de manera consistente. Sin embargo, cuando llega la edad legal para realizar la primera RTM, la cobertura cae al 46 %.De los 4,3 millones de vehículos que nunca han acudido a un Centro de Diagnóstico Automotor (CDA), 2,7 millones, equivalentes al 63 %, sí tuvieron SOAT alguna vez mientras eran nuevos.La tendencia también plantea un desafío para los próximos años. Según Intempo, hay 3,9 millones de vehículos jóvenes próximos a cumplir la edad para su primera revisión técnico-mecánica. Este grupo supera en un millón de unidades al registrado en 2024 y representa un segmento que el sector deberá observar para evitar un mayor incumplimiento.Conductores tardan 52 días en renovar el SOATEl informe encontró otro comportamiento entre quienes sí vuelven a comprar el seguro obligatorio: en promedio, pasan 52 días entre el vencimiento de la póliza y su renovación.Este dato refleja que tener SOAT en distintos momentos del año no significa necesariamente mantener una cobertura continua. El periodo señalado corresponde al promedio calculado por el estudio y no constituye un plazo de gracia para circular sin seguro vigente.La diferencia entre tipos de servicio también resulta significativa. En el transporte público, la evasión del SOAT se ubica en el 23,6 %, frente al 47,8 % del servicio particular. Intempo relaciona esta brecha con la existencia de controles empresariales, tarjetas de operación y mecanismos de supervisión de las flotas.
