En un dura y extensa carta, más de 200 militantes del partido Comunes, integrado por excombatientes de las Farc como fruto del acuerdo de paz de 2016, presentaron su renuncia a la colectividad por diferencias y desacuerdos con las decisiones de sus directivas, dicen no sentirse “representados ni recogidos en las decisiones e instancias de dicha colectividad”.La comunicación fue firmada por varios de los integrantes de la mesa de negociación de La Habana como Milton de Jesús Toncel (Joaquín Gómez), la exsenadora Victoria Sandino, el exsenador Israel Zúñiga y el exrepresentante a la Cámara por Atlántico, Benedicto de Jesús González, además de decenas de militantes de distintas regiones del país, muchos de ellos vinculados a los procesos de reincorporación.“No nos sentimos representados ni recogidos en las decisiones e instancias de dicha colectividad, debido a que las mismas en nada coinciden con nuestra historia de lucha y las banderas revolucionarias que dieron origen al proyecto bolivariano fundado por Manuel Marulanda y Jacobo Arenas, cuya esencia es la defensa de los derechos e intereses de los más humildes y excluidos y no el beneficio individual”, señala la comunicación.En entrevista con Mañanas Blu, la exsenadora Victoria Sandino, explicó las razones de la molestia y división en la colectividad. "Queremos una militancia política que nos respete nuestros derechos, que haga una apuesta decidida por los cambios, por las transformaciones en el territorio", indicó Sandino. De acuerdo con la dirigente política, quienes abandonan el partido Comunes buscarán consolidar una nueva colectividad en la que esperan seguir con sus luchas sociales y esperan que desde la institucionalidad se les brinden garantías de la participación electoral, entre otros aspectos que tienen los partidos políticos". De acuerdo con la carta de los desmovilizados, la dirección del partido ha usado los programas de reincorporación y de seguridad para convertirla en una “a bolsa de empleo de algunos dirigentes de este partido, violando las garantías de quienes hoy asumimos posturas críticas” y advierte que cuando han levantado su voz han sido objeto de “exclusión, el señalamiento calumnioso y la estigmatización de manera perversa, que han generado como consecuencia inmediata el incremento de la inseguridad física y jurídica, lo cual es de suma gravedad, si se tiene en cuenta que a la fecha han sido asesinados 337 firmantes del acuerdo de paz”.“Es por ello que hoy rechazamos el clientelismo campeante y el nepotismo al interior de la dirección del partido Comunes, surgido del acuerdo de paz firmado con el Estado colombiano y que se abrió paso ante la sociedad como el mecanismo para que todas y todos los excombatientes hiciéramos tránsito al debate de las ideas y aclimatar la construcción de la paz desde los territorios”, señalan los firmantes.A pesar de la decisión, los firmantes señalaron que continuarán respetando y construyendo el proceso de paz de la Habana, “al tiempo que seguiremos promoviendo un acuerdo de paz completa y garantista que incluya a todas las insurgencias y grupos alzados en armas en la actualidad”.
El Consejo de Estado confirmó este martes que el partido Comunes, integrado por exmiembros de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), mantendrá su nombre, logo y colores distintivos.La decisión se tomó luego que los senadores Israel Alberto Zúñiga Iriarte y Victoria Sandino Simanca Herrera, y los señores Milton de Jesús Toncel Redondo y Benedicto de Jesús González Montenegro, instauraron demanda contra el Consejo Nacional Electoral.Lo anterior al no estar de acuerdo con los cambios de logo, nombre, símbolos y demás características de lo que antes se denominaba: Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc).Sandino manifestó en varias oportunidades su deseo de retirarse del partido Comunes, porque no se sentía representada con estos cambios. Ante esto, el Consejo de Estado resolvió que no anulará las resoluciones del Consejo Nacional Electoral que registraron el nombre del partido Comunes.Además de otras resoluciones estatutarias adoptadas en la Asamblea Nacional de esa colectividad, celebrada en enero de 2021, relacionadas con el cambio de nombre, logo símbolo y colores distintivos, así como la renovación de los integrantes del Consejo Político Nacional.Para los demandantes, en su condición de miembros fundadores del partido, tenían derecho a asistir a un evento, donde también se definieron los criterios para conformar las listas de candidatos a las elecciones del Congreso de la República del 13 de marzo de 2022.El 9 de junio de 2022, la Sección Quinta del Consejo de Estado hizo un breve recuento sobre el surgimiento del partido con ocasión del Acuerdo de Paz de 2016 y el posterior reconocimiento de su personería jurídica.Asimismo, destacó su autonomía para definir en los estatutos los órganos directivos y las condiciones de aspiración de sus candidatos a cargos de elección popular.Con esta premisa, la Sala consideró que la entidad demandada actuó conforme a derecho en el marco de la actuación administrativa iniciada por los demandantes contra las decisiones preparatorias y definitivas de la Asamblea Nacional.En primer lugar, explicó que la revocatoria directa no es el medio idóneo para cuestionar las decisiones de los partidos políticos, pues se trata de una figura que permite a las autoridades públicas dejar sin efectos sus propios actos, al amparo de las causales consagradas en la Ley 1437 del 2011."Por lo tanto, hizo bien el CNE al tramitar la solicitud como una impugnación, sujeta al plazo y a las condiciones que señala el artículo 7º de la Ley 130 de 1994", mencionó la decisión.En segundo lugar, se constató que el registro de las reformas estatutarias estuvo precedido de un estudio de fondo sobre la conformidad con las normas constitucionales, legales y estatutarias pertinentes.En especial, las reglas de convocatoria a la Asamblea Nacional, los asistentes y delegados, el quórum decisorio y la competencia de este órgano frente a los asuntos de la agenda.Por último, se descartaron irregularidades en la notificación de los actos acusados y respecto de la vinculación de terceros interesados.Escuche el podcast “Zorros y Erizos” y conozca las reacciones del Pacto Histórico tras capturas de miembros de la Primera Línea:
La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) fijó para el próximo jueves, 16 de junio, la audiencia reservada en la que la senadora del Partido Comunes Victoria Sandino tendrá que rendir versión por el reclutamiento ilícito de menores por parte de la extinta guerrilla de las Farc.Esta diligencia había sido fijada para el pasado 5 de mayo, pero no se pudo llevar a cabo. En la audiencia se espera que Sandino amplíe su versión en la que admitió que en la extinta guerrilla sí se reclutaron menores de 15 años de edad. Sandino hizo esta afirmación durante su versión en el caso de secuestro, también en la JEP, que se llevó a cabo el pasado diciembre de 2021.Al ser cuestionada por el magistrado Farid Benavides sobre si tenía conocimiento de que se reclutaban menores de 15 años, incluso, en violación a las propias normas que no lo permitían, Sandino respondió que sí se habían presentado casos.“Entonces en esta medida usted está diciendo que las Farc en sus normas entendía que el reclutamiento de personas de 15 años para arriba no era violatorio, que por tanto lo hacían voluntariamente”, preguntó el magistrado.“Así es magistrado, eso era una norma y eso negarlo a estas alturas es algo irreal, pues así ocurría, si llegaron menores, sí se reclutaron menores”, respondió la senadora. El magistrado también le preguntó si “existía la práctica de reclutar menores de 15 años, en violación a sus propias normas”. A lo que la senadora reconoció: “Algunas veces llegaron menores de 15 años, así es”.Victoria Sandino es senadora desde el 2018, gracias al acuerdo para la paz, que estableció cinco curules en el Senado para excombatientes de la extinta guerrilla de las Farc.Recordemos que, en el pasado mes de agosto la JEP dio a conocer al país que, después de las investigaciones que habían adelantado, lograron determinar que al menos 18.667 menores fueron víctimas de reclutamiento.Escuche el podcast “Zorros y Erizos” y conozca las recientes peleas y disputas entre las campañas políticas:
BLU Radio conoció la declaración completa de la senadora del partido Comunes Victoria Sandino en el caso de secuestro ante la JEP. La diligencia se dio el pasado 12 de diciembre del año 2021 y fue interrogada por sus 23 años en las Farc.Al ser cuestionada por el magistrado Farid Benavides sobre si tenía conocimiento de que se reclutaban menores de 15 años, incluso en violación a las propias normas que no lo permitían, Sandino respondió que sí se habían presentado casos.“Entonces en esta medida usted está diciendo que las Farc en sus normas entendía que el reclutamiento de personas de 15 años para arriba no era violatorio, que por tanto lo hacían voluntariamente”, preguntó el magistrado.“Así es magistrado, eso era una norma y eso negarlo a estas alturas es algo irreal, pues así ocurría, si llegaron menores, sí se reclutaron menores”, respondió Sandino.El magistrado también le preguntó si “existía la práctica de reclutar menores de 15 años, en violación a sus propias normas”. A esto la senadora reconoció: “Algunas veces llegaron menores de 15 años, así es”.Asimismo, explicó que las mujeres en la guerrilla tenían una vida dura, incluso, más que los hombres, pues las Farc eran una organización machista, en parte, debido a las posiciones de los comandantes de la antigua guerrilla.La diligencia avanza y Victoria Sandino se refirió también a la intolerancia que, dijo, se presentó en algunas zonas del país, debido a la posición de algunos líderes en la guerrilla en contra de las personas con orientación sexual diversa.Victoria Sandino estuvo en la guerrilla de las Farc desde 1993 hasta el año 2016, cuando hizo parte del equipo negociador del acuerdo de La Habana. En estos 23 años recorrió diferentes zonas del país, por lo que aseguró que nunca conoció a ningún secuestrado y que se enteraba del trato que recibían por la información que circulaba en la prensa, pues ella cumplía una función de comunicaciones en la guerrilla.El comando central de la guerrilla estaba conformado por los máximos cabecillas de las Farc, como Alfonso Cano y Pablo Catatumbo, entre otros. Sin embargo, Sandino, que perteneció al comando, insiste en que nunca estuvieron involucrados en ninguna actividad relacionada al narcotráfico y que incluso en departamentos como el Tolima la guerrilla implementó programas de sustitución de cultivos.La senadora Victoria Sandino había sido llamada por la JEP para rendir versión el próximo 5 de mayo, es decir, este jueves, en el caso de reclutamiento. Sin embargo, la diligencia quedó aplazada. Se espera que cuando se realice la senadora amplíe su versión sobre el reclutamiento de menores en la guerrilla.
Algunos excomandantes de la guerrilla de las Farc como Joaquín Gómez, Victoria Sandino, Benkos Biohó y Benedicto González, entregaron ante la JEP un informe, tanto de supuestos crímenes de guerra y violaciones a los derechos humanos cometidos por fuerzas militares e instituciones del Estado tanto contra la población civil, como otros actos cometidos contra la guerrilla de las Farc que, para ellos, son considerados infracciones al Derecho Internacional Humanitario y deben ser investigados.“Estábamos enfrentados, pero eso no quita las violaciones de las que fuimos objeto o víctimas varios de nuestros compañeros integrantes de las antiguas Farc, entonces hoy estamos presentando es justamente esos casos en los cuales se victimizaron a integrantes”, manifestó la senadora Victoria Sandino.Vea también: Asimismo, manifiestan que el Estado está actuando como juez y parte en el conflicto y que así como ellos están compareciendo en los diferentes macro casos, lo deben hacer también los responsables que hacen parte Estado. Además, insisten en la apertura del macro caso denominado crímenes de Estado.“Lo que hemos reclamado es que en la JEP muchos como Andrés Pastrana, Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos han quedado excluidos de la responsabilidad que tienen como jefes de Estado en el marco del conflicto”, dijo Benedicto González.Por último, explican que aunque ellos hacían parte de una guerrilla no consideran que un Estado, que tiene la responsabilidad de proteger a la población, haya cometido crímenes de guerra por medio de las fuerzas armadas y las instituciones.Escuche el Podcast Cómo Como:
El expresidente Juan Manuel Santos habló con BLU Radio sobre los cinco años de la firma del Acuerdo de Paz en la Habana y se refirió a varios temas que preocupan a nivel nacional.Uno de ellos fue las acusaciones de la senadora Victoria Sandino, del partido Comunes, donde afirma que Alfonso Cano, excomandante de las extintas Farc, fue abatido por las fuerzas militares luego de ser capturado en la operación que se realizó en su contra el 4 de noviembre de 2011.Sandino insiste que es necesario que la Comisión de la Verdad esclarezca los hechos, pues, según ella, Cano se rindió y lo mataron.Ante esto, el también premio Nobel de Paz dijo que las afirmaciones de la congresista son completamente falsas.“Eso es mentira, no fue así. Inclusive, de pronto voy a la Comisión de la Verdad a contar los detalles de esa operación”, precisó Santos.“El operativo se hizo bajo todos los parámetros legales, establecidos en el derecho internacional humanitario, donde las instrucciones fueron precisas: si pueden capturarlo captúrenlo”, añadió el exmandatario.De acuerdo con Santos, el operativo fue de máxima complejidad y se tienen todos los testimonios de quienes participaron en él.“Ahí están los testimonios de todos los que participaron. Alfonso Cano era hábil en esconderse, él estaba escondido y cuando salió del escondite los militares le gritaron el santo y seña, el cual no respondió, y como suceden en estas circunstancias los soldados dispararon y ahí fue cuando le dieron de baja”, insistió Santos.“Es mentira que se haya asesinado luego de su captura. Ojalá hubiese estado preso porque ese habría sido un golpe más importante de lo que fue en ese momento”, concluyó.Escuche el aparte de esta entrevista aquí:Escuche toda la entrevista a Juan Manuel Santos aquí:Siga y escuche el podcast de La Intérprete:División del feminismo en el Pacto Histórico
El padre Francisco de Roux se refirió a la petición que hizo la senadora del Partido Comunes Victoria Sandino en la cual pide que se lleve a cabo un acto de reconocimiento de verdad por la muerte del exjefe guerrillero Alfonso Cano, pues según ella, el expresidente Juan Manuel Santos no debió ordenar la operación Odiseo ya que fue un operativo fuera de combate.Sobre la posibilidad de este acto de reconocimiento de verdad el padre De Roux aseguró que “recibimos la solicitud de Victoria y queremos escucharla más en profundidad y también quiero decirles que el expresidente Santos quiere hablar con la Comisión sobre eso”.Estas declaraciones se dieron durante el panel en un evento en la Universidad Externado por los cinco años de la firma del acuerdo.El padre De Roux participó en un panel sobre los avances y retos del sistema integral de verdad justicia, reparación y no repetición, donde aseguró que durante este Gobierno la paz se empequeñeció ya que desafortunadamente hoy en día el proceso de paz es políticamente incorrecto.“La paz fue recibida por el Estado durante este Gobierno en una forma que empequeñeció lo que realmente había acontecido. Lo que se pactó no fue la paz de las Farc para las Farc, sino la posibilidad de la paz para este país”, afirmó.Sobre la versión que entregaron los hermanos Miguel Rodríguez Orejuela y Gilberto Rodríguez Orejuela, los exjefes del Cartel de Cali, explicó que están a la espera de la autorización de la cárcel en la que se encuentra recluido Gilberto Rodríguez, en Estados Unidos, para que el padre pueda ir a hablar con ellos.Le puede interesar. Escuche las Noticias del día:
El partido político Comunes denunció, ante la Comisión de la Verdad, que la muerte del jefe guerrillero 'Alfonso Cano', ocurrida el 4 de noviembre de 2001, en el marco de la operación Odiseo, ocurrió en un operativo fuera de combate.La senadora Victoria Sandino, emitió la carta a la Comisión de la Verdad, y explicó en Mañanas BLU que el objetivo de esta acción es conocer lo qué realmente pasó y bajo qué circunstancias se llevó a cabo la muerte de 'Alfonso Cano', máximo comandante de las Farc en ese momento.La senadora expresó qué están recogiendo una serie de testimonios y declaraciones sobre lo que ocurrió dicho ataque para argumentar que se trató de una ejecución fuera de combate."Lo que hemos pedido a la Comisión de la Verdad, a través de su presidente, es justamente que se den, que se faciliten, que la comisión facilite o que busque las condiciones, que establezcamos una ruta para que podamos, nosotros quienes estamos en proceso de reincorporación y quienes estamos recogiendo estos testimonios y esta información, podamos aportar verdad al respecto, pero que también que las distintas partes puedan hacer lo propio", señaló la senadora Sandino.Uno de los objetivos de esta petición, es conocer por qué el presidente de la República en aquel momento, Juan Manuel Santos, dio la orden de asesinato, si es que se dio.“Aquí lo queremos es construir con la verdad. Queremos conocer esas causas, por ejemplo, tal como lo dijo el presidente Santos que él ordenó la ejecución de Alfonso Cano, justamente cuando estaban en diálogos exploratorios, directamente con Alfonso Cano. Entre otra de las cosas es por qué el presidente ordenó la muerte de él”.Ante las reacciones que ha tenido dicha petición, la senadora Sandino agregó que lo que quieren es contribuir con la verdad, más no buscan efectuar un juicio: "No estamos haciendo el juicio, no hemos dicho pues que este hecho o lo otro, lo que estamos diciendo es, necesitamos contribuir con la verdad".El operativo que dio con la muerte del líder guerrillero 'Alfonso Cano' fue legítimo, agregó la senadora. Sin embargo, quiere esclarecer por qué se dio la ejecución, cuando simplemente pudo haber sido simplemente capturado.Escuche la entrevista de la senadora Victoria Sandino en Mañanas BLU:Conozca más noticias de Colombia y el mundo:
Al cumplirse 10 años del operativo en el que se dio la muerte del exjefe guerrillero, Guillermo León Sáenz, conocido con el alias de ‘Alfonso Cano’, los senadores Victoria Sandino y Benkos Biohó solicitaron a la Comisión de la Verdad “establecer una ruta para el esclarecimiento de la verdad”, pues consideran que en ese caso hubo violaciones graves al Derecho Internacional Humanitario.En una carta entregada directamente al padre Francisco de Roux, los hoy congresistas del Partido Comunes señalan que ‘Cano’ se encontraba desarmado y en estado de indefensión y, por lo tanto, manifiestan que se habrían configurado delitos de lesa humanidad como: homicidios fuera de combate, medios y métodos ilícitos de guerra, privaciones arbitrarias de la libertad, violación del principio de distinción hacia familiares y civiles, tortura y violencia sexual contra mujeres combatientes.“Lo señalamos por los mismos hechos que hemos logrado recopilar en este tiempo, relacionados con declaraciones de sobrevivientes, pero también basado en declaraciones públicas del presidente de ese momento (Juan Manuel Santos), así como del CTI”, manifestó Sandino.Sin embargo, para los firmantes del Acuerdo de Paz esas violaciones al DIH no sólo se habrían configurado en el operativo contra ‘Alfonso Cano’, por lo cual buscarán que se investigue lo mismo en casos como el del ‘Mono Jojoy’ y ‘Martín Caballero’.“Tenemos la disposición de aportar esos hechos relacionados con Martín Caballero, hechos de violencia sexual contra mujeres guerrilleras capturadas vivas, uso exagerado de la fuerza como ocurrió con Jorge Briceño, o incluso hechos dolorosos como los ocurridos con Lucero Palmera y su hija”, agregó la congresista.Por su parte, José Zamora, exguerrillero de las Farc, indicó que en los operativos contra las Farc hubo un tratamiento “diferente y desproporcionado”, mientras que en casos como el de alias ‘Otoniel’ se logró su captura “respetándole la vida”.“Es diferente y desproporcionada la fuerza que se ejecuta contra los insurgentes en su momento. ‘Alfonso Cano’ fue capturado vivo y luego ejecutado. En el caso de ‘Otoniel’ fue capturado por tres personas en especial y sonrientes a todas las cámaras. Hay una diferencia abismal ahí y se nota en cómo se utiliza frente a la insurgencia y frente a sectores que han sido aliados del Estado”, concluyó.Tras hacer esta solicitud al padre Francisco de Roux, los excombatientes dijeron seguir comprometidos con aportar verdad y buscarán que el caso sea recibido por la Jurisdicción Especial de Paz para que haya una investigación sobre los mismos.Este es la carta:Le puede interesar. Escuche las Noticias del día en el audio adjunto:
En la entrega de dos municipios libre de sospecha de minas en Antioquia, el Alto Comisionado para la Paz, Juan Camilo Restrepo, criticó el homenaje que le realizó el Partido Comunes al 'Mono Jojoy'.En el evento, en el que entregaron los municipios de Yolombó y Santo Domingo libres de sospecha de minas antipersonal, el Comisionado señaló que Colombia hace homenajes es al desminado.El Comisionado aseguró que el homenaje al Mono Jojoy no es la forma de reconocer a las victimas."Nosotros garantizamos la implementación de los acuerdos de paz a partir del reconocimiento del derecho de las víctimas, pero con ese homenaje no se hace reconocimiento al derecho de las víctimas", puntualizó el Comisionado.El el evento también anunció que en los próximos días el Gobierno Nacional postulará la candidatura de Colombia para obtener la presidencia de la convención de Otawa en el mes de noviembre, una intensión que se consolida por el desminado humanitario.
Colombia se prepara para su segunda temporada de lluvias del año, pero esta vez bajo un escenario particular: por la influencia del fenómeno de El Niño se espera que entre octubre y diciembre llueva menos de lo habitual, principalmente en las regiones Andina, Caribe y Pacífica.Pero que llueva menos no quiere decir que desaparezca el riesgo de emergencias; así lo advirtió el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo David Alejandro Tamayo, quien señaló que pueden presentarse lluvias intensas de corta duración, que, “en zonas afectadas por incendios forestales, con pérdida de cobertura vegetal y alteraciones en su capacidad de filtración del suelo, favorecen eventos como crecientes súbitas, inundaciones, avenidas torrenciales, erosión y movimientos en masa”.Y es que ante esto, la UNGRD expidió una circular con 38 acciones de preparación. Entre las medidas están revisar cuáles son actualmente las zonas más expuestas, mantener vigilancia sobre ríos, quebradas y cuencas con antecedentes de emergencias e identificar puntos críticos antes de que se presenten las lluvias más fuertes.Además, pidió a gobernadores, alcaldes, autoridades ambientales y coordinadores departamentales y municipales de la entidad para que fortalezcan de sus planes de prevención, preparación y respuesta.El llamado se produce después de varios meses con pocas lluvias. Según el reporte del IDEAM, durante julio y agosto hubo un déficit marcado de precipitaciones en varios sectores del país, situación que continuó durante las primeras semanas de septiembre. Al mismo tiempo, se registraron temperaturas máximas históricas en zonas de Antioquia, Cesar, La Guajira, Norte de Santander, Tolima y Risaralda.
A medida que se acerca la radicación del escrito de acusación contra el ciudadano británico Foster Martinson, señalado por la Fiscalía del feminicidio de Natalia Villalba, de 36 años, ocurrido el pasado 18 de junio en un apartamento del barrio Chicó, en el norte de Bogotá, se conocen nuevos elementos incorporados al expediente.De acuerdo con la investigación, Villalba habría autorizado previamente el ingreso de Martinson al inmueble, donde ella permanecía de manera temporal. El extranjero, presuntamente, se habría registrado en el libro de visitantes con un nombre distinto, con el propósito de dificultar su posterior identificación.La hipótesis de la Fiscalía indica que, una vez verificó que la mujer se encontraba sola, Martinson le habría propinado múltiples golpes con un objeto contundente hasta causarle la muerte. Posteriormente, habría introducido el cuerpo en una maleta y lo habría trasladado hasta la ducha del baño, donde abrió la llave.La investigación también señala que el hombre habría realizado maniobras para eliminar rastros de sangre, cambiado la ropa con la que ingresó al inmueble y depositado las prendas en una bolsa que posteriormente habría arrojado al ducto de basuras del edificio. Estos movimientos, de acuerdo con el expediente, quedaron registrados en las cámaras de seguridad.Precisamente, uno de los elementos conocido por Blu Radio, corresponde al testimonio de un reciclador que trabajaba en la zona norte de Bogotá y que habría revisado las canecas de basura del edificio el 19 de junio, un día después del crimen. El hombre aseguró haber encontrado una bolsa negra que contenía un pantalón de jean de color claro, doblado y con manchas rojizas y abundante líquido.En su declaración, incorporada al expediente, manifestó “El día 19 de junio, como a la una y media de la tarde, cuando me encontraba realizando mi labor de reciclaje en el edificio, en las canecas destinadas para la basura, en una de ellas. Voy a observar las bolsas de basura más o menos como en la mitad. Observo una bolsa de color negro, la cual procedo a abrirla para observar el contenido, y allí veo que dentro de la misma hay un pantalón de jean color claro, el cual estaba doblado y estaba con manchas de color rojas, como de sangre, llenas como de agua, con bastante líquido y como sangre”.Otro de los testimonios corresponde a la mujer encargada del aseo del apartamento que habría sido utilizado mediante Airbnb. La trabajadora relató que encontró un casco y una carpeta azul y que intentó obtener respuesta desde el baño, donde posteriormente fue encontrada la maleta con el cuerpo de Villalba.La mujer señaló que inicialmente observó el lugar con normalidad, con ropa femenina, tacones y un abrigo. Sin embargo, posteriormente habría advertido manchas en la habitación. “Seguido detallé la habitación y me percaté que el cubre lecho estaba manchado de sangre, también al lado derecho de la cama. En ese momento me asusté detallando el piso, estaba mal limpiado, se notaba un color opaco, se notaba que era sangre mal limpiada”, relató.A estos elementos se suma otra investigación que la Fiscalía adelanta contra Martinson a partir de una denuncia presentada por un ciudadano extranjero identificado como Cameron Gregory. El caso está relacionado con hechos que, de acuerdo con el relato presentado por el denunciante, habrían ocurrido entre mayo y junio de 2026, cuando ambos compartían alojamiento.En una audiencia de control posterior, el fiscal expuso que Gregory manifestó haber tenido inconvenientes con Martinson por el pago del hospedaje y que, durante ese periodo, habría experimentado episodios que atribuyó a un posible suministro de sustancias. Según la denuncia citada por la Fiscalía, el ciudadano afirmó que en varias ocasiones se despertaba después de dormir durante más de 15 horas, se sentía mareado y presentaba dolores en zona genital.El denunciante también expresó sospechas sobre un posible acceso de Martinson a su cuenta de WhatsApp y señaló que este habría abandonado el lugar después de que la propietaria le advirtiera sobre la importancia de acudir a la Policía. Estas afirmaciones hacen parte de la denuncia y son materia de investigación.Martinson fue capturado el 27 de junio en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito, Ecuador, en cumplimiento de una notificación roja de Interpol. Durante el procedimiento fueron incautados un teléfono celular y un computador, elementos que, de acuerdo con la Fiscalía, resultan relevantes para el avance del expediente por el feminicidio de Natalia Villalba.
Santander registra 1.265 intentos de suicidio en lo corrido de 2026, una cifra que representa un incremento del 1,4 % frente a los 1.248 casos reportados durante el mismo periodo de 2025, según datos del SIVIGILA divulgados por la Secretaría de Salud de Santander.El reporte se conoce durante septiembre, mes dedicado a la prevención del suicidio, y pone nuevamente la atención sobre la importancia de identificar señales de alerta y facilitar el acceso oportuno a los servicios de salud mental.Los municipios que concentran el mayor número de notificaciones son Bucaramanga, Barrancabermeja, Floridablanca, Girón y Piedecuesta. En el departamento, la tasa de incidencia alcanza 52,5 casos por cada 100.000 habitantes.Entre los principales factores desencadenantes identificados aparecen los problemas familiares, relacionados con 570 casos, equivalentes al 45,1 %, mientras que los problemas de pareja están asociados a 341 casos, correspondientes al 27 %.En cuanto a los mecanismos reportados, la intoxicación representa el 54,9 % de los casos y las lesiones con elementos cortopunzantes, el 29,7 %. La Secretaría de Salud precisó que en algunos episodios se notificó el uso de más de un mecanismo.El secretario de Salud de Santander, Edwin Antonio Prada Ramírez, hizo un llamado a familiares y comunidades a prestar atención a las señales de alerta y acompañar a quienes atraviesan situaciones de crisis.La recomendación de las autoridades es buscar ayuda profesional de manera oportuna, especialmente ante síntomas de depresión, pensamientos de hacerse daño o cambios importantes en el comportamiento. También reiteran que escuchar sin juzgar y acercar a la persona a las rutas de atención en salud mental puede contribuir a prevenir nuevos casos.
Con 24 votos a favor y 20 en contra, la el Concejo de Bogotá acaba de aprobar el cobro del alumbrado público y su modernización vía una sobretasa al impuesto predial, que será cobrado a estratos 4, 5 y 6 y viviendas con avalúo comercial superior a los 1000 millones de pesos, a partir de enero del próximo año.En desarrollo...
La defensa del congresista Wadith Manzur desmintió que esté negociando un acuerdo o preacuerdo con la justicia por el escándalo de la UNGRD. Su abogado, Luis Carlos Torregrosa, aseguró que el proceso continuará en la etapa de juicio.El jurista afirmó que Manzur acudirá ante la Sala Especial de Primera Instancia, escenario en el que la defensa buscará controvertir las pruebas y acreditar su presunción de inocencia, en ejercicio de sus derechos de defensa y contradicción.La defensa fue enfática en señalar que el congresista “no ha suscrito, ni se encuentra tramitando, ningún tipo de preacuerdo o negociación”. Según el abogado, la estrategia procesal definida es afrontar el juicio y presentar allí las pruebas necesarias para demostrar su inocencia.El abogado recordó que Manzur tiene derecho a la presunción de inocencia, consagrada en el artículo 29 de la Constitución Política, y pidió respeto por su dignidad y la de su núcleo familiar. Aseguró que confían en que el debido proceso permitirá esclarecer los hechos y demostrar la inocencia de su representado.Finalmente, también hizo un llamado a evitar juicios anticipados o afirmaciones que, según dijo, no correspondan a la realidad procesal. Insistió en que cualquier señalamiento debe estar sustentado en hechos verificables y no en especulaciones.