En dos meses, los colombianos podríamos afrontar una crisis en la emisión de pasaportes, como consecuencia de los errores cometidos por el gobierno nacional desde hace más de dos años, que tienen como telón de fondo la animadversión del presidente Gustavo Petro con la firma Thomas Greg And Sons, empresa a cargo de ese proceso desde 2007 y cuyo contrato terminará a comienzos de septiembre de este año.
Aunque en la génesis del problema estuvo el excanciller Álvaro Leyva, destituido e inhabilitado por la Procuraduría por haber suspendido de manera irregular la licitación que prorrogaba la contratación de Thomas Greg And Sons, esta historia ha tenido nuevos capítulos que comprometen a otros dos exministros de Relaciones Exteriores: Luis Gilberto Murillo y Laura Sarabia y a un recién llegado al sanedrín de Petro, como es el jefe de Despacho Alfredo Saade.
Murillo prorrogó hasta septiembre de este año el contrato con Thomas Greg y avanzó en una negociación con la Casa de Moneda del gobierno de Portugal para que durante diez años expidiera los pasaportes, con el compromiso de transferir conocimiento y tecnología a la Imprenta Nacional, para cumplir la instrucción del presidente Petro de dejar en manos de una entidad pública, dicho trámite.
El lío es que Murillo dejó la Cancillería el 25 de enero de este año, en medio de una de las crisis diplomáticas entre Colombia y Estados Unidos ocasionada por un trino del presidente Petro en la madrugada de un domingo y no alcanzó a dejar firmada la oficialización del acuerdo con Portugal y dejó el “chicharrón” en manos de Laura Sarabia.
La ahora excanciller aplica el refrán popular “a mí que me esculquen” y ha dejado documentos ante la Procuraduría con constancia de varias cosas: dice que Portugal se demoró más de lo previsto en firmar el memorando de acuerdo adelantado por Luis Gilberto Murillo, lo cual imposibilitó cumplir los plazos para sacar adelante ese trámite y revela que se creó un Comité para intentar sortear la crisis, que en junio de este año concluyó que ya no había tiempo para sacar adelante una licitación antes de septiembre sin que se afectara el trámite de expedición de pasaportes, por lo que le propuso al presidente Petro hacer una última prórroga del contrato con Thomas Greg para evitar la crisis, algo que el jefe de Estado no aceptó, quien además decidió dejar el tema en manos del supuesto pastor Alfredo Saade, ocasionando de carambola, la renuncia de Laura Sarabia.
En las últimas horas se han conocido varios hechos nuevos: Blu Radio reveló el borrador de convenio interadministrativo entre la Cancillería y el gobierno de Portugal que recibió Laura Sarabia, sumado a un borrador de acuerdo de cooperación entre las mismas partes, que es muy similar al anterior, que tienen dos puntos controversiales: el gobierno colombiano se compromete a pagarle a la Casa de la Moneda de Portugal 17 euros por cada pasaporte fabricado y se compromete a asumir el aumento en el valor del contrato por cuenta de un eventual aumento en la tasa de cambio del euro frente al peso colombiano.
Adicionalmente, se conoció una comunicación de Portugal en la que desmiente a la excanciller Laura Sarabia, asegura que estaba listo para firmar el acuerdo con Colombia pero que las dilaciones se dieron en la Cancillería.
En medio de esa tormenta, el jefe de despacho Alfredo Saade escribió: “estamos listos para firmar con Portugal. Luego de reuniones técnicas todo está acordado”, lo cual se daría el martes de la próxima semana.
Mientras tanto, el Procurador general Gregorio Eljach expresó desde Barranquilla su preocupación porque los tiempos no están claros frente a la posibilidad de que no haya suspensión en el servicio de expedición de pasaportes y el procurador delegado Marcia Melgoza advirtió que hoy la Imprenta Nacional no cuenta con las capacidades técnicas para imprimir y expedir esos documentos.
Al final de esta novela, la clave está en que no debe haber suspensión o dificultades por parte del gobierno para la expedición de pasaportes: la ideología de los dirigentes o las antipatías personales no pueden estar por encima de los derechos de los colombianos, entre ellos el de la libre locomoción que garantiza el pasaporte, más allá de nuestras fronteras.