Mientras en Montería comenzaron a bombear el agua que inundó miles de casas y en La Mojana comienzan a sentirse los rigores de las inundaciones por la rotura, una vez más del boquete de Caregato, el Gobierno nacional todavía no ha expedido los decretos con las medidas extraordinarias para atender la tragedia invernal, al amparo de la nueva emergencia que fue decretada hace casi una semana.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila dijo este lunes que el gobierno está esperando una decisión que debe tomar la Corte Constitucional sobre el levantamiento de la suspensión de las medidas de la primera emergencia económica, que fue decretada a finales del año pasado para atender el déficit fiscal y que fue suspendida provisionalmente por la Corte el pasado 29 de enero, antes de decidir las medidas para atender a más de 250 mil damnificados por las inundaciones provocadas por los frentes fríos que afectaron la Costa Caribe colombiana a comienzos de febrero.
En teoría, la Corte Constitucional no tiene previsto definir dentro de las próximas dos semanas, la solicitud del gobierno para que los magistrados echen para atrás la suspensión de la emergencia económica de diciembre y de los decretos que ordenaron el cobro de nuevos impuestos.
En las dos salas plenas previstas para esta semana, no está programada ninguna discusión sobre la emergencia económica y eventualmente para la sala plena del próximo 25 de febrero, la Corte procedería a definir la recusación que entabló el secretario jurídico de la Presidencia, Augusto Ocampo, en contra de la mayoría de los magistrados, argumentando que ellos podrían tener interés personal en el tema porque se amplió la base gravable para el cobro del impuesto al patrimonio.
Es decir que si se mantiene lo que dijo el ministro de Hacienda este lunes, solamente hasta dentro de dos o tres semanas, el gobierno comenzaría a tomar medidas extraordinarias en materia económica para atender el desastre invernal, que no da tregua y que requiere atención urgente.
Mientras tanto, la Contraloría General le recordó al Gobierno que de los 8 billones que dice necesitar para atender la emergencia invernal, 1.69 billones están en las cuentas bancarias de la Unidad de Gestión de Riesgo, sumadas a un billón de pesos de la vigencia anterior.
El Gobierno no puede seguir mirando para otro lado, pasivo, mientras más de 250 mil colombianos necesitan que haya un liderazgo claro desde el nivel central que acompañe la tarea incansable de alcaldes, gobernadores y sociedad civil.