El reversazo de la Fiscalía frente a la imputación de cargos contra el director de la Unidad Nacional de Protección Augusto Rodríguez por presuntas omisiones que habrían facilitado el atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, tiene como origen un asunto de procedimiento.
La historia es la siguiente: el 11 de junio de 2025, es decir cuatro días después del atentado contra Uribe Turbay, llegó por reparto al despacho de la fiscal 295 seccional de Bogotá, una denuncia entablada por el abogado Víctor Mosquera en contra de Augusto Rodríguez por el delito de prevaricato por omisión, porque presuntamente había rechazado en varias oportunidades la solicitud de refuerzo del esquema de seguridad del congresista.
La fiscal 295 adelantó la investigación y el pasado 14 de enero radicó ante el centro de servicios judiciales de Paloquemao una solicitud de audiencia de imputación de cargos contra el director de la UNP, por considerar que existen elementos suficientes que demostrarían que pudo haber actuado con negligencia frente a las solicitudes de refuerzo de la seguridad de Miguel Uribe Turbay.
Una vez se conoció la noticia de la solicitud de audiencia de imputación de cargos contra Augusto Rodríguez, se encendieron las alarmas en el nivel central de la Fiscalía, porque desde el 19 de junio del año pasado, es decir 12 días después del atentado contra Miguel Uribe Turbay, el director de Fiscalías de Bogotá firmó una resolución con la que creó un grupo de tareas especiales para llevar a cabo de manera exclusiva, todas las investigaciones en torno al magnicidio.
Anoche, una vez enterada de la existencia de esta directriz, la fiscal 295 radicó una constancia retirando la solicitud de audiencia de imputación de cargos para evitar que posteriormente llegara a anularse el proceso e inmediatamente envió todas las evidencias que la llevaron a esta etapa procesal, al grupo de Tareas Especiales.
La Fiscalía anoche también emitió un comunicado en el que anuncia que en los próximos días se realizará una mesa técnica entre el grupo de tareas especiales y la Fiscal 295 “para fortalecer la línea investigativa por la posible desatención a los llamados de protección y de mejoras al esquema de seguridad del precandidato Uribe Turbay”.
Anoche el director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, aseguró que detrás de la imputación en su contra, posterior y temporalmente retirada, hay motivaciones políticas, se defendió negando que hubieran existido 23 solicitudes para reforzar el esquema de seguridad de Miguel Uribe Turbay y además aprovechó para lanzar pullas contra uno de sus compañeros de gabinete, el ministro de Justicia Andrés Idárraga, de quien sugiere, podría estar detrás de estos hechos, porque su esposa trabaja en la Fiscalía.
Lo que queda claro hoy es que una fiscal seccional cuenta con elementos suficientes para determinar que Augusto Rodríguez pudo haber actuado con negligencia frente a las peticiones para reforzar el esquema de seguridad del asesinado Miguel Uribe Turbay que ahora tendrán que evaluar los fiscales del grupo de tareas especiales, quienes tienen la responsabilidad de contarle pronto al país si ratifican o no la audiencia de imputación de cargos.
La otra conclusión es que en la Fiscalía hay una evidente descoordinación para el manejo de casos emblemáticos a la que debe ponerse freno de inmediato, porque no solamente se trata de este caso: recordemos otros episodios como el de los computadores de alias 'Calarcá' y el caso contra Nicolás Petro, hijo del presidente de la República.
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