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Este fin de semana, el presidente Gustavo Petro de nuevo sembró un manto de duda sobre el funcionamiento de la justicia en Colombia, esta vez con motivo de las acusaciones del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso contra militares, políticos y empresarios, ante los magistrados de la Jurisdicción Especial de Paz.
El presidente le dio plena validez a los señalamientos de Mancuso,cuya principal novedad radica en que están siendo relatados ante el mecanismo de justicia transicional creado al amparo del acuerdo de paz con las Farc, pero que en su mayoría ya los había mencionado ante fiscales y magistrados de Justicia y Paz, marco jurídico creado para la desmovilización de los paramilitares.
Petro le dio validez a lo dicho por Mancuso, en particular en contra del exvicepresidente Francisco Santos, y contra Ecopetrol,a quienes el exjefe paramilitar acusó de haber tenido vínculos con el paramilitarismo, argumentando que las confesiones ante la JEP tienen un gran peso porque una mentira llevaría a décadas de condena y sentenció que si la JEP fracasara, vendría al país la Corte Penal Internacional.
El trasfondo del asunto tiene que ver con una teoría que viene esgrimiendo el presidente Petro, en el sentido de que la clase política tradicional, a la que menciona de manera general y sectores empresariales vinculados según él con el narcotráfico y el paramilitarismo, pretenden darle un golpe de Estado para evitar que, como está previsto en la Constitución y en la Ley, presente una terna a la Corte Suprema de Justicia para elegir al próximo fiscal general de la Nación, en reemplazo de Francisco Barbosa, quien termina su periodo a comienzos de 2024.
Lo que dice el presidente frente a esa posibilidad es muy grave y se apalanca entre otras cosas en la marcha de la semana pasada de militares en retiro, las desafortunadas declaraciones de un coronel retirado hablando de defenestrar al presidente y frente a supuestas maniobras del expresidente Andrés Pastrana frente al presidente de Ecuador Guillermo Lasso, a quien habría pedido no apoyar en su juicio político ante el Congreso, supuestamente previendo el escenario que tendría que afrontar Petro en Colombia.
Ante semejantes afirmaciones, el señor Presidente debería explicarle al país en detalle qué información cierta tiene sobre esos aires de ruido de sables o de eventuales procesos en su contra en el Congreso de la República, para que se conozca el verdadero nivel que tiene la supuesta amenaza.
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Y frente a la elección del próximo Fiscal General, hay que recordar que no habrá cambio alguno esta vez, cuando Petro presente su terna ante la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, que será en últimas la que tendrá la última palabra en ese proceso.
En Colombia, aunque algunos piensen lo contrario, las instituciones y el sistema de pesos y contrapesos, funcionan.
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