Política de paz total debe ser clara, sin asomo de dudas y sin improvisaciones

Estando en campaña, en marzo de 2021, Gustavo Petro, entonces candidato presidencial, dijo que si él llegaba a la Presidencia,la guerrilla del ELN desaparecería en tres meses, porque, según dijo, “se hace la paz”.

Entendiendo que las campañas se hacen en verso, pero el Gobierno se debe hacer en prosa, seis meses después de haber comenzado su mandato, el presidente Gustavo Petro tiene ante sí un gran escollo para la materialización de su política de “paz total” en la enredada negociación con los elenos.

Ese grupo, que tiene una trasnochada visión de la realidad sociopolítica, compatible con los tiempos de la “guerra fría”, que decidió involucrarse en delitos como el narcotráfico para financiarse, no solamente se burló de un apresurado anuncio que hizo el presidente de un supuesto cese bilateral de hostilidades que no se había concretado, sino que desafía tanto al presidente Petro como al país, cometiendo crímenes como el secuestro del sargento del Ejército Libey Danilo Bravo en pleno casco urbano de Arauquita.

Los recurrentes desafíos del ELN llevaron a que en un hecho inusual, el presidente Petro anoche desde su cuenta de Twitter no solamente condenara el secuestro del sargento Bravo, sino que les advirtió a los elenos, sin mencionarlos directamente que estos hechos “sabotean cualquier posibilidad de paz”.

Ese mensaje de presidente coincide con los pocos avances que hasta ahora ha tenido una nueva ronda dediálogos entre el Gobierno y el ELN en Ciudad de México, entrabados en asuntos de forma y que apenas hasta ahora, en teoría, discutirán el secuestro del sargento Bravo y posteriormente, buscarán algún avance hacia un eventual cese bilateral.

Coincide el difícil momento de la negociación con el ELN, con amenazas a Leyner Palacios, excomisionado de la verdad y sobreviviente de la masacre de Bojayá, con el mal olor que expiden posibles actuaciones ilegales de abogados y de otras personas que habrían recibido dinero a cambio de “colar” a peligrosos narcos en la paz total y con la expectativa por conocer los comentarios de la Fiscalía al proyecto de ley de sometimiento, que contempla penas de 6 años de cárcel y entrega del 6 por ciento de los bienes a los mafiosos que cumplan con una serie de requisitos.

En una realidad como la colombiana, compleja y variada, una política de paz que cobije a todos los grupos criminales es una de las tareas más ambiciosas, que es completamente deseable, pero que debe hacerse de cara al país, con total transparencia, con apoyo de las Fuerzas Armadas, sin asomo de dudas sobre los responsables y sobre todo, sin improvisaciones que a la postre, como lo advirtió en entrevista reciente el expresidente de la Comisión Nacional de Reparación, Eduardo Pizarro Leongómez, pudieran llegar a agravar el conflicto.

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