Catorce años después del archivo de la investigación en la Corte Suprema de Justicia, se reactivó esta semana “a todo vapor”, la investigación contra la exsenadora Piedad Córdoba, hoy de nuevo aspirante al Congreso por el Pacto Histórico, por sus presuntos vínculos criminales con la extinta guerrilla de las Farc.
Cuatro meses después de haber recibido el detallado y extenso testimonio de Andrés Vásquez, quien durante más de seis años fue la “mano derecha” de Córdoba, tanto en Colombia como en la Venezuela de Hugo Chávez, la magistrada Cristina Lombana le “metió el acelerador” al caso con el fin de determinar muy pronto, si hay o no méritos para vincular formalmente a la excongresista a un proceso penal.
Esta semana han pasado varias cosas importantes en el caso: no solamente se produjo la entrega por parte de Vásquez de un paquete de elementos que según él, demostrarían que Piedad Córdoba intercedió ante las Farc para retrasar la liberación de Ingrid Betancourt y de los tres contratistas estadounidenses, para presionar un acuerdo humanitario que consistiera en liberar secuestrados a cambio de guerrilleros presos, sino que además, comenzó el desfile por los pasillos de la Corte de varios testigos en el caso.
A la declaración de exsecuestrados como Ingrid Betancourt y Jaime Felipe Lozada, se suman ahora citaciones para que rindan testimonio tanto el expresidente Andrés Pastrana, como el expresidente Álvaro Uribe, que en su gobierno avaló a Piedad Córdoba como mediadora para la liberación de un grupo de secuestrados.
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En el caso de Andrés Pastrana, fue citado entre otras cosas para que le cuente a la Corte la génesis de secuestros como el de Ingrid Betancourt, quien fue plagiada en San Vicente del Caguán siendo candidata presidencial en 2002, pocas horas después de la ruptura de la mesa de negociación con las Farc.
A ese grupo de testimonios, se suma el que rendirá ante la Corte doña Yolanda Pulecio, mamá de Ingrid Betancourt y quien sostuvo una relación cercana con Piedad Córdoba durante el cautiverio de la hoy candidata presidencial, con el fin de buscar su liberación.
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La Corte tiene en sus manos un asunto delicado, porque con base en evidencias sólidas, debe determinar hasta dónde llegó el trabajo humanitario de Piedad Córdoba y si eventualmente, como lo dice su exasesor, al buscar réditos políticos, pudo haber instigado a las Farc para que retrasaran la liberación de algunos secuestrados, lo cual hubiera sido una absoluta vileza.
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