A semanas de las elecciones, ¿es populista reducir $500 la gasolina o una medida justa?
El precio actual del galón de gasolina tendría un sobrecosto de $3.249, si se aplicara correctamente la fórmula de paridad internacional.
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El anuncio del Gobierno nacional de reducir en $500 el precio del galón de gasolina a partir del 1 de febrero volvió a poner sobre la mesa una discusión que mezcla economía, técnica y coyuntura electoral.
Aunque el Ministerio de Hacienda justificó la medida por la caída del dólar y la baja en el precio internacional del petróleo, expertos y sectores políticos cuestionan si se trata de un ajuste real o de una decisión con claro trasfondo electoral, justo cuando faltan pocas semanas para las elecciones al Congreso y otras más para las presidenciales.
Desde el Ejecutivo se ha señalado que la reducción responde a un mejor entorno macroeconómico: una tasa de cambio cercana a los $3.700 y un comportamiento más favorable del crudo en los mercados internacionales. Bajo ese argumento, la rebaja sería una corrección parcial del precio final que pagan los consumidores.
Sin embargo, el anuncio generó escepticismo inmediato. Durante más de tres años, el precio de la gasolina subió de forma sostenida, con el argumento del déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC).
Por eso, para varios analistas, resulta llamativo que el margen de maniobra fiscal aparezca justo en plena antesala electoral.
Uno de los cuestionamientos más fuertes proviene del plano técnico. Según cifras presentadas dentro de una Acción Popular que cursa actualmente en tribunales, el sobrecosto que estarían pagando los colombianos no se mide en cientos, sino en miles de pesos.
El abogado y analista David Cote, impulsor de la demanda colectiva, sostiene que el precio actual del galón tendría un sobrecosto de $3.249, si se aplicara correctamente la fórmula de paridad internacional. Desde esa óptica, la rebaja anunciada sería apenas una fracción mínima de lo que permitirían las condiciones reales del mercado.
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“Reducir $500 no es un alivio estructural. Es devolver monedas cuando, según los cálculos técnicos, la caída del dólar y del petróleo permitiría una reducción inmediata superior a los $2.500”, ha señalado el jurista, quien insiste en que el ajuste no corresponde al valor real del combustible.
La coincidencia temporal es uno de los aspectos que más alimenta el debate. Las elecciones legislativas y de Presidencia están cada vez más cerca y el precio de la gasolina es uno de los temas que impacta directamente el bolsillo de millones de colombianos, incluidos transportadores, comerciantes y ciudadanos de a pie.
Para críticos de la medida, la rebaja luce como un ajuste “cosmético” que busca generar un efecto político inmediato, luego de años de incrementos constantes. La narrativa oficial, dicen, cambia justo cuando el costo electoral de mantener precios altos se vuelve más evidente.
Desde esta lectura, la decisión no respondería a una política fiscal estructural, sino a un cálculo político: aliviar parcialmente la presión social sin corregir de fondo la fórmula de precios.
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Más allá del debate público, el caso también se juega en los estrados judiciales. La Acción Popular interpuesta busca que el Estado ajuste técnicamente la fórmula tarifaria, de manera que los colombianos paguen exactamente el valor que corresponde al precio internacional, sin sobrecostos ni subsidios encubiertos.
La demanda no apunta a gestos voluntarios del Gobierno, sino a una obligación legal de transparencia y rigor técnico en la fijación del precio de los combustibles.