Venezuela eligió el jueves a su reina de belleza en una noche cargada de luces, música y muchas lentejuelas que algunos en la audiencia vieron como un respiro ante la tensión por el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe.La candidata del estado Miranda, Clara Vegas Goetz, representará a Venezuela en el certamen de Miss Universo en 2026. Sucede a Stephany Abasali, que terminó segunda finalista en este concurso internacional de hace dos semanas.Uno de los espectáculos de mayor tradición en Venezuela, el Miss Venezuela se celebró por tercer año consecutivo en la terraza de un centro comercial de Caracas, lejos del lujo de los grandes escenarios del pasado en este país en crisis.Muchos en el público acudieron con vestidos largos de lentejuelas y tacones altos, o esmoquin.Un petardo sonó de repente a lo lejos. "¡Ay, nos invadieron!", bromeó una mujer. Es un chiste recurrente desde que Estados Unidos movilizó al Caribe al mayor portaviones del mundo junto a buques de guerra, aviones caza y miles de soldados.Washington sostiene que el despliegue forma parte de operaciones contra el narcotráfico, aunque el presidente Nicolás Maduro insiste que el objetivo es derrocarlo y apoderarse de las riquezas del país.Jorge Guillén y Jean Piero Torrealba, maquilladores de 52 y 45 años, asisten religiosamente al Miss Venezuela. Desde la tribuna de cemento, aplaudieron, comentaron, hicieron sus pronósticos."Esto te saca de esa realidad", dijo Torrealba a la AFP sin referirse directamente a la crisis con Estados Unidos. Es un tema delicado en Venezuela."En Venezuela primero es el Miss Venezuela, luego el béisbol y tercero el fútbol", señaló por su parte Oswan Vegas, estudiante de 23 años.El desfile en traje de baño celebró "la venezolaneidad", según el presentador. Y en el último desfile de Abasali hubo música dedicada a Venezuela con trajes típicos y muchas banderas.Vegas Goetz es hija de Andreína Goetz, Miss Venezuela 1990, y figuraba entre las favoritas."Nosotros como venezolanos trabajamos por el futuro", dijo en inglés para remendar una torpe respuesta en español. "Trabajamos por un futuro más brillante. Amor, paz y felicidad".El Miss Venezuela ha debido reinventarse tras las dificultades económicas de este país caribeño y un grave escándalo de explotación sexual.
La estatal Ecopetrol inició la operación de la Granja Solar La Iguana, un complejo fotovoltaico ubicado en Yondó (Antioquia) que aportará 26 megavatios pico (MWp) de capacidad instalada para respaldar las operaciones industriales de la compañía en el Magdalena Medio. El proyecto, levantado sobre 26 hectáreas, reúne 42.840 paneles solares capaces de producir cerca de 42,2 gigavatios-hora (GWh) anuales.La energía generada será destinada al autoabastecimiento de la Refinería de Barrancabermeja y de los campos de producción Casabe y Llanito, lo que permitirá sustituir aproximadamente el 6% de la electricidad que estos activos demandan.De acuerdo con la empresa, la entrada en funcionamiento del complejo liberará 1,09 GBTUD de gas natural, hoy utilizado para autogeneración, y evitará la emisión de unas 26.000 toneladas de CO₂ al año, equivalente al consumo energético anual de 23.500 viviendas.Con la puesta en marcha de este proyecto, Ecopetrol continúa ampliando su matriz de autogeneración renovable, que tiene como meta alcanzar 900 MW instalados en 2025. La compañía destacó que la iniciativa se alinea con sus planes de eficiencia energética y descarbonización en un segmento altamente intensivo en consumo eléctrico.Durante la fase de construcción se generaron 286 empleos, de los cuales 221 correspondieron a mano de obra local. Entre ellos participaron 39 mujeres, incluidas 29 cabeza de hogar. El proyecto también impulsó programas de formación y apoyo educativo en la zona: un curso técnico en alianza con el Sena para 120 mujeres, acompañamiento académico para 160 estudiantes de grado 11 y la intervención de la cubierta de la Institución Educativa La Patria, con una inversión cercana a los 800 millones de pesos.“Esta Granja Solar es un paso firme en nuestra visión de buscar que Ecopetrol sea cada vez más eficiente, enfocada en garantizar la seguridad y la soberanía energética del país, y la transición hacia combustibles más limpios, con un importante compromiso con el desarrollo de las regiones para avanzar hacia un futuro más sostenible en Colombia”, afirmó el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán.La Granja Solar La Iguana se suma a las iniciativas de generación renovable que Ecopetrol ha desplegado en distintas regiones del país, en momentos en que el sector energético enfrenta el desafío simultáneo de garantizar seguridad en el suministro y avanzar hacia la reducción de emisiones.
Estados Unidos quiere reajustar su presencia global para centrarse más en América Latina y en la lucha contra la migración, según la nueva estrategia de la administración de Donald Trump publicada a primera hora del viernes.El documento, titulado "Estrategia Nacional de Seguridad", expone con firmeza el objetivo de de reforzar la influencia de Estados Unidos en América Latina, donde la administración Trump está atacando a presuntas narcolanchas, está inmersa en una confrontación con el mandatario izquierdista Nicolás Maduro, y busca tomar el control de recursos clave como el Canal de Panamá.Concebido para desarrollar la visión "America First" (Estados Unidos Primero) de Trump, la nueva estrategia estadounidense marca una reorientación de su política de los últimos años que se centró en Asia, aunque sigue identificando a China como su principal competidor.El documento presenta a Trump como el modernizador de la Doctrina Monroe, proclamada hace dos siglos, en la que Estados Unidos declaró a América Latina fuera del alcance de potencias rivales, entonces europeas.Washington reajustará su "presencia militar global para hacer frente a amenazas urgentes en nuestro Hemisferio, y alejarnos de escenarios cuya importancia relativa para la seguridad nacional estadounidense ha disminuido en las últimas décadas o años", reza el texto.Washington quiere además, bajo la presidencia de Trump, poner fin a las migraciones masivas en el mundo y hacer del control de las fronteras "el elemento principal de la seguridad" estadounidense, de acuerdo al documento."La era de las migraciones masivas debe llegar a su fin. La seguridad de las fronteras es el elemento principal de la seguridad nacional", señala la nueva estrategia."Debemos proteger a nuestro país contra las invasiones, no solo contra las migraciones descontroladas, sino también contra las amenazas transfronterizas como el terrorismo, las drogas, el espionaje y la trata de personas", agrega.En el documento, Washington también critica duramente a los aliados europeos y señala que Estados Unidos respaldará a quienes se opongan a los valores promovidos por la Unión Europea, especialmente en materia de inmigración.El texto añade que Estados Unidos también impediría que otras potencias dominen, pero precisó: "Esto no significa desperdiciar sangre y recursos para limitar la influencia de todas las grandes y medianas potencias del mundo".
La Contraloría General de la República advirtió que persisten fallas estructurales en la forma como el país protege sus páramos. Según los resultados de auditorías realizadas entre 2023 y 2024, el Ministerio de Ambiente y las autoridades regionales no han logrado coordinarse de manera efectiva para implementar los Planes de Manejo de Páramos ni para avanzar en el saneamiento predial, dos procesos esenciales para garantizar la conservación de estos ecosistemas estratégicos.“Estamos ad portas de lo que será una nueva posesión ya de Contralores Territoriales, en la cual nos vamos a estar convocando a una reunión para presentar y definir esta estrategia, de la cual deben formar parte, de igual manera, el Ministerio del Medio Ambiente, la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación, las corporaciones autónomas regionales y, de igual manera, el Congreso de la República”, indicó el Contralor.El organismo de control también hizo un seguimiento macrofiscal a los recursos destinados a la protección de páramos entre 2020 y 2024, encontrando brechas significativas entre lo asignado y lo ejecutado. Durante ese periodo se rastrearon USD 72.7 millones de cooperación internacional, $25.293 millones aportados por el Ministerio de Ambiente y más de $215.000 millones ejecutados por las CAR, pero los avances siguen siendo limitados.En este contexto, el contralor General, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, insistió en la necesidad de diseñar una política pública nacional que unifique criterios y establezca responsabilidades claras entre entidades como el Ministerio de Ambiente, la Procuraduría, la Fiscalía y los entes de control territorial. La propuesta se enmarca en la estrategia “Páramos en la Cima del Control – Un Nuevo Ciclo”, que busca fortalecer la vigilancia sobre los recursos y acciones dirigidas a la protección de estos ecosistemas.Rodríguez recordó que los páramos son refugio de cientos de especies endémicas y hogar de más de 76.000 habitantes con profundos vínculos socioculturales con el territorio. “El 50% de los páramos a nivel mundial están en Colombia. Razón por la cual es urgente que Colombia diseñe una política pública dirigida exclusivamente a que exista una adecuada coordinación de carácter interinstitucional que nos permita proteger esa reserva que nos caracteriza a nivel mundial”, aseguró.Pese a su importancia, los páramos enfrentan amenazas crecientes como la expansión agrícola, la praderización, la ganadería intensiva, la introducción de especies exóticas y la minería. Estas presiones están transformando sus coberturas naturales y reduciendo su capacidad de regulación hídrica, lo que pone en riesgo su biodiversidad y su función como fábricas de agua del país.El Contralor insistió en que avanzar hacia un modelo de desarrollo sostenible debe ser una prioridad nacional. Según el ente de control, la protección de los páramos no solo es una necesidad ambiental: es una responsabilidad del Estado colombiano y un compromiso con las generaciones futuras.
El reciente borrador de decreto del Gobierno Nacional sobre el ajuste al deslizamiento del salario mínimo encendió las alarmas en el sistema pensional privado. Según Andrés Velasco, presidente de Asofondos, la implementación de esta medida implicaría que los trabajadores colombianos tendrían que laborar hasta diez años adicionales para lograr una pensión de un salario mínimo, debido al aumento en el costo de las rentas vitalicias y la disminución del respaldo financiero por parte del Estado.En diálogo con Mañanas Blu con Néstor Morales, Velasco explicó con detalle los impactos fiscales y previsionales del borrador y advirtió que, en caso de aplicarse, “habría menos pensionados y se pondría en riesgo el aseguramiento previsional, que cubre invalidez, incapacidad y sobrevivencia”.Un descalce creciente por el deslizamiento del salario mínimoEl eje de la controversia está en la diferencia entre el aumento anual concertado del salario mínimo y las variables técnicas que deberían fundamentarlo —inflación y productividad—. Velasco detalló que esta brecha genera un descalce que debe ser compensado por el Gobierno a las aseguradoras que pagan rentas vitalicias.“El aumento del salario mínimo tiene un componente discrecional y político que genera un descalce en las bolsas de las aseguradoras. Eso debe ser compensado”, explicó. Pero el borrador de decreto busca reducir ese monto de compensación, lo que para Asofondos “pone en riesgo las promesas de pago a los pensionados”.Para este año, la compensación que debe girar el Gobierno asciende a 2 billones de pesos, cifra que se vería reducida si el decreto entra en vigor.Afectación a millones de afiliadosVelasco advirtió que la medida afectaría no solo a las aseguradoras y fondos privados, sino a la estabilidad futura de 18 a 20 millones de afiliados al régimen de ahorro individual.“Estamos hablando de los colombianos que han confiado en los administradores de fondos de pensiones… El decreto haría más difícil pensionarse”, señaló.De acuerdo con sus cálculos, mientras hoy una persona necesita ahorrar alrededor de 350 millones de pesos para financiar una renta vitalicia equivalente a un salario mínimo, con la medida el monto ascendería a 450 millones. En sus palabras: “Una persona tendría que acumular 100 millones adicionales. Eso significa cotizar diez años más”.El impacto también se traduciría en una reducción del 20% de las mesadas para quienes aspiran a una pensión superior al salario mínimo.Riesgo para las pensiones por invalidez y sobrevivenciaUno de los puntos más sensibles es el efecto sobre el seguro previsional, que cubre invalidez, incapacidad y muerte. Según Velasco, la prima necesaria para financiar este seguro se volvería impagable bajo el esquema propuesto:En tal escenario, el Gobierno tendría que asumir directamente estas coberturas, lo que implicaría un costo fiscal estimado de 2 billones de pesos anuales durante la próxima década.Además, Velasco recordó que en los últimos años se han pensionado alrededor de 141.000 colombianos bajo el sistema privado. Sin embargo, de haberse aplicado el decreto, “solo 6.000 habrían podido pensionarse”.Impacto indirecto en Colpensiones y en el pasivo pensionalAunque Colpensiones afirmó que el decreto no afecta directamente a los afiliados al régimen de prima media, Velasco aclaró que los aumentos del salario mínimo por encima de la inflación impactan el pasivo pensional del Estado: “Colpensiones tiene un pasivo cercano al 100% del PIB, que crece cada vez que el salario mínimo sube por encima de criterios técnicos”.Por ello, si bien los pensionados de Colpensiones no sufrirían directamente los ajustes del decreto, sí lo harían los contribuyentes a través de mayores cargas fiscales a futuro.Una advertencia técnica y un llamado al diálogoPara Asofondos, los efectos potenciales del decreto justifican la apertura de una mesa técnica con el Gobierno Nacional. “Queremos mostrar nuestros números y que entiendan que esto tiene efectos”, insistió Velasco al cierre de la entrevista.