La calificadora Fitch Ratings informó la rebaja de la calificación crediticia de seis grandes empresas colombianas, como consecuencia directa de la degradación hecha a Colombia el martes pasado.Una de las empresas afectadas fue Ecopetrol, cuya calificación bajó a BB, limitada por la alta participación del Gobierno (82 %) y por su papel estratégico en el suministro de combustibles y la refinación en Colombia.“Las calificaciones de la compañía están limitadas a la calificación soberana debido a la ausencia de una barrera legal que aísle sus flujos de caja, además del acceso y control significativos que el gobierno ejerce sobre la compañía. Esto se debe a la importancia estratégica de Ecopetrol como proveedor clave de combustibles líquidos en Colombia y propietario del 100% de la capacidad de refinación del país, además de los importantes ingresos generados por el gobierno”, indicó Fitch.En la misma línea, Fitch rebajó la nota de Ocensa, filial de Ecopetrol clave para el transporte de crudo del país, y la de su holding A.I. Candelaria, debido a su dependencia financiera y operativa de Ecopetrol.“Las calificaciones de Ocensa reflejan su vínculo con el perfil crediticio de Ecopetrol, el mayor productor de crudo de Colombia y su principal comprador. Las operaciones de Ocensa son fundamentales para el negocio principal de Ecopetrol debido a sus sinergias operativas pues depende en gran medida de la infraestructura de la filial para transportar crudo desde los campos de producción hasta las refinerías y terminales de exportación”, reseñó el informe de la calificadora.En el sector energético y de servicios públicos, Grupo Energía Bogotá, Transportadora de Gas Internacional y Enel Colombia también vieron reducidas sus calificaciones a BBB-, aunque mantuvieron perspectiva estable.Cabe recordar que el pasado 16 de diciembre, dicha firma también había rebajado la calificación crediticia de Colombia de BB+ a BB por cuenta de los elevados déficits fiscales del país y advirtió que hay 'desafíos' para la consolidación fiscal incluyendo problemas políticos para que se apruebe una reforma tributaria sin importar quién gane las elecciones en 2026.Esa fue la segunda rebaja de Fitch Ratings a Colombia desde la pandemia, la primera se dio en el marco del 'estallido social' cuando las calles se llenaron de manifestantes por cuenta de una propuesta de reforma tributaria del entonces ministro Alberto Carrasquilla. La decisión de este año se da luego del rechazo de la reforma tributaria en el Congreso de la República.
Venezuela advirtió este lunes a Trinidad y Tobago que responderá si presta su territorio para un ataque en su contra, en medio de las crecientes tensiones con Estados Unidos, que mantiene un despliegue militar en el mar Caribe y ha confiscado dos buques con petróleo venezolano."Venezuela no pelea con nadie, pero no nos dejan alternativa a nosotros, si Trinidad presta su territorio para atacar a Venezuela, nosotros tenemos que responder y no nos queda de otra para evitar que nos ataquen", dijo el ministro de Interior venezolano, Diosdado Cabello.En un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el número dos del chavismo señaló que ya están "utilizando territorio de Trinidad" contra su país, algo con lo que, aseguró, el pueblo trinitense "no está de acuerdo", ya que, agregó, ambas naciones han "vivido siempre en paz".El pasado viernes, la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, aseguró que la "mejor defensa" para el país es su actual cooperación militar con Estados Unidos."No voy a declarar la guerra a Venezuela, pero tengo el deber de proteger al pueblo de Trinidad y Tobago y, en este momento, este es el mejor mecanismo de defensa que podemos tener", comentó.EE.UU. ha instalado un sistema de radar en la isla de Tobago, donde en la actualidad siguen desplegados marines. Además, aviones militares estadounidenses tienen permiso para acceder a los aeropuertos del país, vecino a Venezuela.Este lunes, la secretaria general de la Comunidad del Caribe (Caricom), Carla Barnett, instó a la unidad entre los 15 miembros de la organización ante los "vientos geopolíticos adversos sin precedentes" que azotan la región.El mensaje de fin de año de Barnett llegó un día después de que estallaran las divisiones en el seno de Caricom con intercambios de acusaciones entre Trinidad y Tobago y Antigua y Barbuda por sus posturas con respecto a EE.UU. y Venezuela.Trinidad y Tobago y Guyana apoyan a EE.UU. en su ofensiva contra Venezuela, mientras que muchos otros miembros de Caricom se han mostrado cautelosamente críticos alertando que un conflicto tendría consecuencias para todo el Caribe.El origen de la escalada de las tensiones internas fue un comunicado de Persad-Bissessar, quien aseguró que Caricom "ha perdido el rumbo" y ya "no es un socio confiable".
Como lo anticipó el presidente Gustavo Petro, el Gobierno emitió en la noche de este lunes el decreto de la emergencia económica, medida a la que llega tras la caída de las reformas tributaria y de salud.La medida, que estará vigente durante 30 días en el territorio nacional, ha recibido múltiples críticas de gremios y expertos quienes aseguran que no se cumplen las condiciones para el decreto; sin embargo el Gobierno sostiene lo contrario.Uno de los argumentos del Gobierno, que hoy mencionó el presidente Petro, es responder a la crisis fiscal grave e inminente producto de la acumulación de múltiples razones, calificandola incluso como una amenaza directamente la garantía de derechos fundamentales y la prestación de servicios públicos esenciales.De esa manera, el decreto enumera una serie de frentes que atendería a través de este decreto, entre ellos, el cumplimiento obligatorio de órdenes de la Corte Constitucional en salud, especialmente la suficiencia de la UPC del régimen subsidiado, que exige $3,3 billones adicionales en 2026.Sin embargo, cabe recordar que contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, hay abierto un incidente de desacato por no convocar a la mesa con los actores involucrados para reajustar dicha unidad.El deterioro acelerado del orden público, con atentados armados, uso de drones y riesgos para candidatos electorales, que obliga a destinar recursos extraordinarios a la Fuerza Pública y la UNP por más de $3,7 billones y la no aprobación por el Congreso de dos leyes de financiamiento consecutivas (2025 y 2026), que dejó un hueco fiscal acumulado superior a $28 billones, hacen parte de los argumentos.Así mismo, sentencias judiciales que obligan al pago de casi $10 billones, desastres naturales; subsidios atrasados en energía y gas, con riesgo de colapso del sistema eléctrico, especialmente en la región Caribe; restricciones severas al endeudamiento, derivadas de la Regla Fiscal y condiciones internacionales; y problemas de liquidez en la Tesorería, que elevan el riesgo de financiamiento costoso y desordenado.Es decir, los puntos más álgidos del debate de la economía colombiana hacen parte de las razones por las que, según el Gobierno, este decreto sí debería salir adelante.Justamente, el Gobierno reiteró que más del 93 % del Presupuesto General de la Nación es inflexible, es decir, no se puede recortar o modificar, por estar protegido por mandatos constitucionales, leyes orgánicas, sentencias judiciales y contratos vigentes.Según el decreto, insistir en la emergencia es la única vía disponible para evitar una interrupción del gasto social, una crisis en servicios públicos esenciales y un deterioro abrupto de la estabilidad macroeconómica.A lo largo del decreto, el Gobierno recopila toda una defensa para insistir en que no va en contra de la Constitución, tiene la firma del Presidente y todos los ministros, duración limitada a 30 días, aplicación en todo el territorio nacional, convocatoria al Congreso y envío inmediato a la Corte Constitucional para control automático.Ahora, mientras está la evaluación del alto tribunal, el Gobierno queda habilitado para expedir decretos estrictamente orientados a conjurar la crisis, entre ellas las medidas tributarias ya conocidas.El pasado viernes, por ejemplo, se conoció el borrador del plan que evalúa el Ministerio de Hacienda con los decretos de nuevos impuestos para asegurar los recursos faltantes.Entre ellos, planea aumentar el gravamen a los movimientos financieros de 4 a 5 x mil, establecer nuevos impuestos al consumo de licor y cigarrillo y aumentar el número de personas y empresas qué deben pagar el impuesto al patrimonio.Según el documento, que está en desarrollo con apoyo de la DIAN, el impuesto al patrimonio empezaría a cobrarse desde $1.991 millones y no desde los $2.880 millones como ocurre hoy.Además, las tarifas aumentan para quienes tienen mayores niveles de patrimonio que ahora pagarán hasta 5 % de impuesto en comparación con una tarifa máxima del 1,5 % en la actualidad. Este impuesto ya no solamente sería para las personas naturales, sino que además empezaría a ser cobrado a las compañías.Este decreto entonces aumenta el pulso entre el Gobierno y el Congreso, y traslada a la Corte Constitucional la última palabra sobre la legalidad y proporcionalidad de las medidas.
Estos fueron los temas tratados en Recap Blu este lunes, 22 de diciembre:Los argumentos del Gobierno Petro para declarar la emergencia económica en el país.El exministro José Manuel Restrepo cuestionó la emergencia económica del Gobierno Petro, pues aseguró que este movimiento ya estaba planeado y también puede ser una jugada política de cara a las elecciones.La Paloma Valencia participará en la Gran Consulta por Colombia el próximo 8 de marzo.Defensoría del Pueblo acompañará la liberación de los 18 militares secuestrados en Chocó.Gobierno aseguró que Zulma Guzmán sería extraditada desde Reino Unido antes de finalizar el 2025.La Selección Colombia está en el top 15 del ranking de la Fifa al terminar el 2025.
El presidente Gustavo Petro, junto a todo su gabinete ministerial, firmó el Decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025, con el que declara oficialmente el Estado de Emergencia Económica y Social en Colombia. Según el Ejecutivo, el país enfrenta una crisis fiscal "excepcional" que pone en riesgo derechos básicos y la prestación de servicios públicos.La medida se fundamenta en un faltante de recursos que el Estado no puede cubrir por vías ordinarias. El Gobierno argumenta que la combinación de deudas acumuladas, fallos judiciales y el bloqueo de sus proyectos en el Congreso crearon un escenario de "incapacidad material" para responder a las necesidades de la población.PDF del decreto de Emergencia Económica¿Por qué se tomó esta medida?El decreto expone ocho puntos críticos que motivaron la emergencia:Salud: se necesitan $3,3 billones para cumplir con la nivelación de pagos (UPC) ordenada por la Corte Constitucional.Hueco fiscal: la falta de aprobación de las leyes de financiamiento dejó un vacío de $12 billones para 2025 y $16,3 billones para 2026.Crisis energética: deudas por subsidios de luz y gas que suman $5,1 billones, poniendo en riesgo el servicio, especialmente en la región Caribe.Seguridad: deterioro del orden público y fortalecimiento de grupos armados ilegales, lo que obliga al Estado a destinar recursos adicionales para garantizar la seguridad.Justicia y víctimas: fallos judiciales pendientes por $9,9 billones y recursos para reparación de víctimas por $1,6 billones.Desastres naturales: se requieren $0,5 billones para atender las emergenciasDeuda externa: restricciones en los límites de endeudamiento han cerrado las puertas a nuevos créditos.¿Qué significa esto para el país?Con esta declaratoria, el presidente podrá dictar decretos con fuerza de ley sin pasar inicialmente por el Congreso, orientados exclusivamente a solucionar esta crisis. Esto incluye la posibilidad de crear o modificar impuestos de forma transitoria. No obstante, la Corte Constitucional tendrá la última palabra, pues deberá revisar que cada medida respete los derechos fundamentales y la ley colombiana.