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En 2026 Colombia elegirá una Cámara de Representantes que no representa la población actual del país y ni siquiera la de 2018, sino la de 1985. Esto como consecuencia de que el Congreso de la República no ha aprobado ninguno de los censos que ha hecho el Dane en los últimos 40 años.
Mediante la resolución 6528, la Registraduría Nacional del Estado Civil notificó al Gobierno nacional que no modificará el número de curules a elegir para las siguientes elecciones debido a la falta de aprobación del censo. Ante esto, el presidente Gustavo Petro y el ministro del Interior, Armando Benedetti, firmaron el decreto 0719, que establece oficialmente la composición de la Cámara de Representantes para el periodo 2026-2030. Sin embargo, esa distribución no se hizo con el país del siglo XXI, sino con el que existía cuando ni siquiera se había masificado el uso de la telefonía móvil.
A la Cámara que el país elegirá el próximo año le sobrarían 4 curules en total y al centro del país hoy se le están debiendo 5 curules, según los cálculos realizados por Blu Radio, con base en la información certificada por el Dane y el artículo 176 de la Constitución Nacional.
“El país cambió notoriamente en los últimos 40 años. Pasó de 30 millones a 50 millones, profundizó la urbanización, cambió la estructura hacia una población más envejecida y pasó de un rápido crecimiento a un lento crecimiento, que es lo que estamos viviendo actualmente”, aseguró Juan Andrés Castro, miembro del área de demografía y población de la Universidad Externado de Colombia.
“El centro del país también cambió notablemente. Por un lado, la expansión de Bogotá y su área metropolitana, que fue el gran atractor de población durante las décadas pasadas, y el segundo polo atractor de Colombia, que es la consolidación del área metropolitana del Valle de Aburrá, teniendo como centro de referencia a Medellín”, agregó.
Precisamente, a Bogotá y Cundinamarca hoy se les estarían debiendo 5 curules en la Cámara de Representantes. En total, la Cámara debería tener 178 integrantes y no 182 como dice el decreto que suman 161 curules departamentales, 2 curules afro, 1 curul indígena, 1 curul para los colombianos en el exterior, 16 curules para las víctimas del conflicto armado, y 1 curul para el candidato a vicepresidente que queda en segundo lugar.
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Cabe recordar que, según la Constitución, la composición de la Cámara se establece de dos representantes por cada circunscripción territorial y uno más por cada 365.000 habitantes o fracción mayor de 182.500 que tengan en exceso sobre los primeros 365.000. Adicionalmente, mediante el acto legislativo 03 de 2005, se estableció que a partir de 2014, la base para la asignación de las curules adicionales se ajustaría en la misma proporción del crecimiento de la población nacional, de acuerdo con lo que determine el censo.
Sin embargo, y a pesar de que el Dane ha realizado tres censos desde la medición de 1985 (en 1993, 2005 y 2018), estas mediciones deben ser aprobadas por ley en el Congreso, algo que no ha ocurrido.
“Pese a las acciones adelantadas para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 7 de la ley 79 de 1993, los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda realizado en el año 2018, no fueron adoptados por el Congreso de la República, razón por la cual, al día de hoy, como ya se ha informado el último censo adoptado es el realizado año 1985”, explicó el Dane a Blu Radio en un derecho de petición.
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Colombia es uno de los pocos países de las Naciones Unidas en los que se requiere una aprobación legislativa del censo. Precisamente, el censo de 2018 fue llevado al Congreso para su aprobación mediante el proyecto de Ley 417 de 2020 radicado por la entonces ministra del Interior, Alicia Arango, pero se hundió sin haber tenido ni siquiera el primer debate.
Según el director del Dane de la época, Juan Daniel Oviedo, su entidad hizo más de un intento porque se actualizaran las cifras.
“En la reforma al código electoral intentamos que se incorporara el ajuste a las curules y la aprobación del censo de 2018 para ese propósito y tampoco lo logramos. Con el proyecto de ley de estadísticas oficiales que fue iniciativa de nuestra administración cuando fui director del Dane, derogábamos ese requisito de aprobar por ley. Sin embargo, cuando salí del Dane, tumbaron ese artículo y por consiguiente, hoy seguimos a ciegas porque estamos eligiendo a partir de una representación en Cámaras de Representantes y cuerpos colectivos a partir de la información demográfica del censo de 1985”, dijo Oviedo.
La demografía ha cambiado tanto y tan rápido que el Dane tuvo que actualizar las proyecciones de población y espera que la población deje de crecer en 2044. En 2070, el país tendrá apenas 50.5 millones de habitantes (casi 2.5 millones menos, frente al estimativo de población para 2025).
Según Nicolás Farfán Namen, exregistrador delegado para lo electoral, la autoridad electoral se ha tenido que abstener durante buena parte de los comicios de los últimos 30 años de ajustar el número de curules a asignar, por cuenta de ese enredo legal y especialmente por falta de voluntad del Congreso.
“Aquí debemos señalar algo y es que podría pensarse que el Congreso de la República ha sido reacio a aprobar cualquier tipo de censo electoral diferente al del año 1985, en la medida que le cambia la configuración política en el número de curules aprobados; es decir, cambia el mapa político en el Congreso (...) lo que uno pensaría es que hay una contradicción entre la adopción de las reformas constitucionales que se han hecho a través de los actos legislativos 01 de 2013 y 02 de 2015 para establecer las reglas poblacionales que definen el número de curules con la negativa sistemática histórica del Congreso de aprobar el último censo poblacional”, aseguró Farfán Namen.
Cabe resaltar que una modificación en la distribución de curules departamentales en la Cámara podría implicar una afectación a los partidos políticos, ya que el número de curules ganadas por cada colectividad en las elecciones en marzo se convierten en un indicador para otros aspectos como la financiación electoral que otorga el CNE, la conformación de las comisiones constitucionales que se realizan mediante acuerdo de partidos, así como la posibilidad que pueden tener los partidos para acceder a espacios gratuitos en los medios de comunicación u obtener garantías del estatuto de oposición.
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