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La Comisión Primera de la Cámara de Representantes realizó este jueves una audiencia pública para debatir el proyecto de Ley que prohíbe y tipifica como delito las mal llamadas ‘terapias de conversión’ que buscan cambiar la identidad de género y la orientación sexual de las personas que en su mayoría hacen parte de la comunidad LGTBIQ+.
Para el representante a la Cámara, Álvaro Rueda, uno de los ponentes de la iniciativa, es urgente prohibir de manera contundente los esfuerzos de cambio de orientación sexual y de identidad de género conocidos como los ECOCIEG.
“Estas terapias constituyen una forma de tortura y de discriminación de las personas que se traducen en diferentes técnicas de psicoanalistas, temas médicos y corrientes espirituales que tiene como fin cambiar o revertir la orientación o la expresión de genero de las personas”, explicó el congresista.
Destacó que organizaciones como las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han hecho un llamado a todos los Estados para que acaben con esta vulneración de los derechos humanos.
Juan Pablo Vargas, una de las víctimas de las llamadas ‘terapias de conversión’, afirmó que con estas prácticas se están violando los derechos fundamentales de las personas y destacó la importancia del proyecto para apoyar y visibilizar a las víctimas de tortura, de tratos crueles e inhumanos.
“Yo crecí en una familia cristiana y yo mismo traté de buscar una ayuda psicológica porque pensaba que estaba mal, que era un pecador, que era un enfermo y duré cuatro años con dos sicólogos, tratando de cambiar mi orientación sexual, no funcionó y salí de closet”, explicó.
Relató que posteriormente se le dio a elegir entre cambiar su orientación sexual o continuar con su la familia: “Yo ya estaba muy cansado y decidí no cambiar mi orientación sexual”.
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Juan Carlos Vargas contó además que estuvo en un IPS que está ubicada en Bogotá y que luego fue cerrada.
“Los tratos eran horribles, electrochoques, ahogamientos y violaciones correctivas”, narró.
Ses Badillo Gutiérrez, integrante de la organización Caribe Afirmativo, resaltó la radicación del proyecto y explicó que en la actualidad se han registrado denuncias sobre personas sometidas a las ’terapias de conversión’ ya no en grandes urbes sino en ciudades intermedias.
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“El epicentro de las terapias sigue siendo bastante amplio, esto puede ser del entorno familiar cercano, pero también hay casos desde lo institucional, (..) el excongresista Mauricio Toro presentaba cifras de como instituciones y personas jurídicas se lucraban y hasta daban certificados de sanación”, dijo.
Confió en que el proyecto genere verdaderas acciones que busquen la prohibición de estas prácticas en el territorio colombiano con el fin de proteger a los integrantes de la comunidad LGBTIQ.
El proyecto de ley fue radicado el pasado 3 de noviembre en la Secretaría de Cámara de Representantes, por la representante Carolina Giraldo Botero, como parte de las primeras acciones adelantadas por la Comisión de la Diversidad.
De lograr ser ley de la República, Colombia sería el noveno país en prohibir estas prácticas. Países como Grecia, Chile, Francia, Alemania, Malta, Ecuador, Brasil y Canadá, ya legislaron al respecto.
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