Durante una entrevista en El Radar de Blue Radio, la directora de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), María Victoria Llorente, expresó su preocupación por el fortalecimiento de grupos armados ilegales en varias regiones del país. Según cifras de la FIP, el número de combatientes ilegales pasó de 8.000 en 2017, tras la desmovilización de las FARC, a más de 20.000 en 2025. Aunque este fenómeno no empezó con el gobierno actual, se ha intensificado en los últimos años, afirmó.
Llorente también explicó que no se trata solo de una expansión numérica. La violencia armada se ha desplazado a nuevas zonas, generando más puntos de confrontación entre grupos ilegales, especialmente en departamentos como Guaviare, Cauca, Catatumbo y Amazonas. “A finales del gobierno Duque se hablaba de seis o siete núcleos de confrontación. Hoy son 14”, advirtió.
Disidencias y ELN consolidan control territorial
La experta señaló que, además del poder militar, estos grupos están ejerciendo una fuerte presencia social y política en los territorios. “El control territorial no solo se mide con presencia armada. También hay presencia social, influencia política y control sobre comunidades”, explicó.
La FIP alertó sobre la falta de reglas claras en la implementación de la política de paz total. Un ejemplo es la llamada “ubicación temporal” del Frente 33 en el Catatumbo, una medida que, según Llorente, no tiene un marco jurídico definido ni mecanismos de verificación adecuados. “Se están dando pasos sin claridad sobre los objetivos, ni sobre qué pasará después con esas estructuras”, dijo.
Gobierno y presencia estatal en entredicho
Llorente también cuestionó los informes del Ministerio de Defensa que aseguran que el Estado tiene control sobre el 70% del territorio nacional. “¿Qué significa ese control? Porque en muchas zonas hay presencia histórica de estos grupos, estructuras sociales y hasta redes económicas paralelas que el Estado no ha desmontado”, aseguró.
Finalmente, la directora de la FIP pidió no repetir errores del pasado y revisar los aprendizajes de procesos anteriores. “El país necesita una estrategia clara, con reglas, objetivos y verificación real. De lo contrario, se está alimentando una expansión de la violencia que puede ser muy difícil de revertir”, concluyó.
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