Ley que regula encuestas "pone una mordaza a la opinión pública”: gerente Cifras y Conceptos

La nueva ley de encuestas, sancionada recientemente por el presidente Gustavo Petro, ha generado gran controversia en Colombia, especialmente de cara a las elecciones presidenciales de 2026. En términos sencillos, esta normativa prohíbe la publicación de encuestas de intención de voto hasta tres meses antes de la apertura de la inscripción de candidatos, lo que significa que la primera encuesta podría verse a partir del 31 de octubre de este año.César Caballero, gerente de Cifras y Conceptos, una de las encuestadoras más importantes del país, expresó serias preocupaciones sobre esta ley, la cual no fue consultada con ellos durante su trámite en el Congreso, según dijo en diálogo con Mañanas Blu con Camila Zuluaga. Caballero señaló que lo que hace esta ley es, de alguna manera, "restringir de manera fuerte la publicación de encuestas de intención de voto" y, posiblemente, también de "evaluación de temas de opinión pública". Entre las implicaciones clave, indicó que la ley aumenta significativamente los tamaños de muestra requeridos, haciendo las encuestas más costosas y, por ende, reduciendo su publicación pública. En ese sentido, dijo que, para reflejar datos actuales de candidatos que hoy tienen menos del 15 % de intención de voto, se necesitarían alrededor de 8.350 encuestas, lo que hace "realmente muy difícil financiarlas".Además, la norma exige la entrega de bases de datos de contacto (celular, correo electrónico o dirección) al Consejo Nacional Electoral, lo cual, de acuerdo con Caballero, "atenta contra la libertad de expresión y contra la libertad de opinión".Por eso, manifestó su negativa a entregar dichas bases de datos, considerando que "viola la confidencialidad estadística y la reserva estadística".Otro punto crítico es la obligación de incluir a todos los candidatos "relevantes" en las encuestas sin permitir mediciones previas para determinar su relevancia. Con 94 precandidatos presidenciales, esto se vuelve "técnicamente muy complejo". También establece que los encuestadores serán "responsables penal y disciplinariamente por cumplir las leyes de la estadística", una medida que Caballero calificó de inusual, dado que "son muchas y algunas son contradictorias entre unas y otras".Para Caballero, esta ley "pone una mordaza a la opinión pública colombiana". Argumentó que beneficia principalmente a candidatos con grandes recursos para financiar encuestas privadas (no publicadas) y a aquellos que ya cuentan con un alto reconocimiento público, dejando en desventaja a quienes buscan construir su candidatura.Esto, enfatizando que, aunque la intención detrás de la ley pueda haber sido mejorar la regulación de las encuestas, el resultado final de la normativa podría ser contraproducente."Yo quiero recordar una cosa: el camino al infierno está plagado de buenas intenciones y si bien yo comparto y lo dije al principio de la entrevista, que hay que mejorar la regulación, esta regulación salió muy mal, va a tener un efecto muy malo para la sociedad colombiana", sentenció.