El movimiento Defensores de la Patria, del abogado Abelardo de la Espriella, radicó una denuncia ante la Procuraduría contra todos los ministros del Gobierno Petro, quienes fueron citados al debate de control político en el Senado para que dieran las explicaciones por la declaratoria de la emergencia económica.La sesión se dio este lunes; sin embargo, ninguno de los ministros llegó, pues argumentan que no se les otorgaron los cinco días que tienen por ley para responder al cuestionario enviado por el legislativo.Ante esta situación, De la Espriella le pidió a la Procuraduría investigar a los ministros por presunto incumplimiento de sus deberes legales.“La justificación posterior dada por el ministro del Interior, según la cual se habrían incumplido supuestamente los términos legales de la citación, no se ajusta a la normativa vigente, toda vez que el artículo 249 de la Ley 5ª de 1992 establece que la citación debe hacerse con una anticipación no mayor a diez días calendario, requisito que fue cumplido por el Congreso”, señala la denuncia del movimiento de De la Espriella.En el mismo sentido, el abogado y precandidato argumenta que los ministros no tenían una excusa válida para ausentarse.“La conducta de los ministros ausentes podría constituir una falta disciplinaria, al incumplir deberes legales claros previstos en el Código General Disciplinario (Ley 1952 de 2019), particularmente el deber de cumplir la Constitución y la ley, así como la prohibición expresa de incumplir dichos deberes. Adicionalmente, el artículo 250 de la Ley 5ª de 1992 es categórico al señalar que un ministro solo puede dejar de concurrir a una citación si existe una excusa aceptada previamente, situación que no ocurrió”, se lee en la denuncia de Defensores de la Patria.
En diálogo con Mañanas Blu, el presidente del Senado de la República, Lidio García, se pronunció de manera contundente sobre la reciente declaratoria de emergencia económica por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro. García advirtió que el Congreso iniciará un riguroso control político a esta medida, la cual considera innecesaria y potencialmente perjudicial para las finanzas de los colombianos,.Control político a la emergencia económicaEl presidente del Legislativo informó que, aunque las sesiones extraordinarias estaban inicialmente programadas para debatir los ascensos de militares y policías, la agenda se extendió debido a la polémica que rodea el decreto de emergencia económica. "Vamos a empezar el control político de la emergencia económica", afirmó García, señalando que el país tiene derecho a conocer qué hay detrás de esta decisión.García explicó que el Congreso tiene la potestad legal de revisar este informe, a pesar de que el gobierno cuenta con un plazo de hasta 40 días para presentarlo formalmente. Según el senador, el debate es urgente porque existe la sospecha de que el Ejecutivo busca implementar, vía decreto, reformas o cargas tributarias que no fueron aprobadas previamente en el legislativo. "El país tiene que saber todo lo que está pasando", enfatizó el presidente del Senado."No más impuestos" y la baja ejecución presupuestalUno de los puntos más críticos de la intervención de Lidio García fue su rechazo a la posibilidad de que la emergencia económica derive en nuevos gravámenes. "Este país no aguanta un impuesto más", sentenció, argumentando que una emergencia de este tipo suele traer consigo nuevas cargas fiscales.Además, el senador cuestionó la justificación de la medida al señalar que el gobierno actual cuenta con una cantidad significativa de recursos sin ejecutar. Para García, resulta "inconcebible" que se hable de una emergencia económica cuando hay "tanta plata sin ejecutar" en las arcas del Estado, sugiriendo que el problema no es de falta de recursos, sino de gestión.Asamblea ConstituyenteGarcía no dudó en calificar estas movidas del Ejecutivo como una "jugada política" de cara a los próximos ciclos electorales. Según su visión, tanto la emergencia económica como la propuesta de convocar a una Asamblea Constituyente son herramientas para mantener la presencia del gobierno en las calles durante el debate electoral para el Congreso y la Presidencia.Escuche aquí la entrevista:
La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, realizó una denuncia a través de su cuenta de X en la que expuso los gastos oficiales de los viajes internacionales que ha realizado el Presidente Gustavo Petro durante todo su gobierno y con fecha de corte el pasado mes de noviembre.En total, la senadora expuso que se han invertido más de $20.000 millones en más de 58 viajes, el equivalente a más de $2 millones de dólares.Los gastos fueron divididos en diferentes apartados. Primeramente, la congresista enseñó los gastos de alojamiento, transporte y alimentación del Presidente, el cual es de un total de $22.128 millones de pesos colombianos o $5,6 millones de dólares.Las cifras se dividen en $82.018,22 dólares de alojamientos (aproximadamente $309 millones), $2.434.206,72 dólares de transporte (aproximadamente $9.000 mil millones) y 80.463,41 dólares en alimentación (aproximadamente $303 millones).En cuanto a gastos de combustible para el avión presidencial, la suma supera los 12 mil millones de pesos ($12.001.819.476). Adicionalmente, la cantidad de CO₂ emitida durante estos trayectos ha sido de 4.289,03 toneladas de dióxido de carbono.La senadora también comentó que Petro habría hecho más de un viaje cada tres semanas, siendo, según ella, el presidente que más viajes internacionales ha realizado.Por: Sebastián Martinelli
En una extensa entrevista radial, el exalcalde de Bogotá y excandidato presidencial Enrique Peñalosa confirmó oficialmente que irá a la contienda por la Presidencia de la República y que participará en la consulta de la centro-derecha. A lo largo del diálogo, Peñalosa expuso con claridad sus diferencias ideológicas con el gobierno actual y con el senador Iván Cepeda, a quien asocia directamente con el proyecto político de Gustavo Petro.“Totalmente. Claro que sí”, respondió Peñalosa cuando se le preguntó si finalmente aspirará a la Presidencia. Sin embargo, enfatizó que más allá de su candidatura personal, lo fundamental es que “va a salir solo un candidato de este lado para enfrentar a Cepeda”, buscando transmitir tranquilidad a los votantes que se oponen al actual rumbo del país.El exalcalde fue crítico con algunos de sus posibles competidores dentro de la coalición, al señalar que Colombia necesita un candidato “con una hoja de vida de verdad, de servicio al país” y con mayores posibilidades de ganar en segunda vuelta. Aunque aclaró que respetará el resultado de la consulta, manifestó que, de tener que elegir, considera que Sergio Fajardo es una mejor opción que Abelardo de la Espriella.Uno de los ejes centrales de su discurso fue la economía y la migración. Peñalosa alertó que en los últimos años “casi un millón cuatrocientos mil colombianos se han ido del país”, principalmente en busca de mejores ingresos. “Claramente no se han ido para Cuba o Venezuela… se van a países donde hay un ambiente favorable a la inversión privada”, afirmó, defendiendo un modelo económico basado en la participación empresarial.En ese sentido, criticó duramente la oposición del petrismo a sectores como la minería y la infraestructura. Puso como ejemplo el caso de la mina de cobre de Quebradona, en Antioquia, que —según dijo— podría generar más de 700.000 millones de pesos anuales para el Estado. “Con esos recursos se pueden hacer carreteras, vivienda y fortalecer la seguridad”, sostuvo, cuestionando que proyectos estratégicos estén bloqueados por razones ideológicas.Peñalosa también apeló a su experiencia como alcalde de Bogotá para contrastarse con Petro. “Yo ya recibí a Petro y recibí un desastre en la salud y en seguridad, y lo arreglamos”, afirmó, recordando la reducción de homicidios y el desmantelamiento de zonas criminales como el Bronx. Acusó además al petrismo de promover el odio y el populismo: “Todos los populistas de la historia siempre promueven el odio”, dijo, al tiempo que defendió el papel de los empresarios en el desarrollo del país.Para cerrar, Peñalosa resumió en tres razones por qué considera que debe ser elegido en la consulta: resultados comprobados, seguridad con carácter y mayor inversión para generar progreso. “Peñalosa ha demostrado que produce resultados que le mejoran de verdad la vida a los ciudadanos”, afirmó, citando como ejemplo a TransMilenio, que calificó como un proyecto que “construye igualdad”.
El presidente Gustavo Petro anunció en la noche del 29 de diciembre un incremento del salario mínimo para 2026 del 23,7 %, una de las alzas más altas de la región. Con esta decisión, el ingreso mínimo mensual en Colombia quedará en 2.000.000 de pesos, suma que incluye el auxilio de transporte.De acuerdo con lo informado, el salario base será de 1.746.882 pesos, mientras que el subsidio de transporte ascenderá a 253.118 pesos. La medida fue celebrada por amplios sectores de trabajadores, que ven en el aumento un alivio frente al costo de vida; sin embargo, también encendió alertas entre empresarios y analistas económicos.Gremios y expertos advirtieron que un ajuste de esta magnitud podría presionar la inflación, encarecer bienes y servicios y generar impactos negativos sobre el empleo formal e informal. En particular, señalaron que para las micro, pequeñas y medianas empresas el incremento de los costos laborales podría resultar difícil de asumir, afectando su sostenibilidad.Colombia, entre los salarios mínimos más altos de la regiónCon la nueva cifra, el salario mínimo colombiano equivale alrededor de US$535 mensuales, lo que ubica al país en el quinto lugar del ranking de salarios mínimos más altos de Latinoamérica. Esta posición deja a Colombia por encima de economías como Ecuador, Guatemala, Bolivia y Paraguay.El listado regional es liderado por Costa Rica, que mantiene para 2025 un salario mínimo de US$725. En el segundo lugar se encuentra México, que ya fijó este ingreso en US$641 para el próximo año. Uruguay ocupa la tercera posición con un salario mínimo de US$599, mientras que Chile se sitúa en el cuarto puesto, con US$594 para 2026, cifra que representa un incremento de 7,91 % frente al nivel colombiano.Países por debajo de los US$500A partir del sexto lugar, los salarios mínimos en la región caen por debajo del umbral de US$500. Para 2026, Ecuador estableció un salario de US$482, Guatemala de US$478, Bolivia de US$469 y Paraguay de US$422.Más abajo en el ranking aparecen El Salvador, con US$351; Panamá, con US$341; y Perú, con US$332. En los últimos lugares se ubican Brasil y Argentina, que definieron salarios mínimos de US$294 y US$247, respectivamente.
Autoridades rescataron a un hombre que había sido secuestrado con fines extorsivos en zona rural de Bello, antigua vía a Guarne, a la altura de la vereda Manantiales. En la acción, además, fueron capturados tres hombres.La intervención se dio durante labores de patrullaje en el sector, donde los uniformados notaron dos vehículos detenidos en la vía pública, uno de servicio público y otro particular, ambos encendidos y con las puertas abiertas, situación que encendió las alertas de las autoridades.Al verificar lo ocurrido, los policías encontraron al conductor de uno de los automotores, quien relató que había sido abordado por varios hombres armados, despojado de su vehículo y posteriormente trasladado en otro carro, mientras sus captores contactaban a un familiar para exigir 30 millones de pesos a cambio de no atentar contra su vida.Con la información entregada por la víctima y la rápida reacción de las patrullas, la Policía logró rescatar al hombre sano y salvo, según relató el brigadier general William Castaño Ramos, comandante de la Policía Metropolitana del Valle Aburrá.“Con base en esta información, se activó de manera inmediata el componente operativo, lo que permitió cerrar el área, ubicar a los responsables y materializar la captura de tres hombres cuyas edades oscilan entre los 20 y los 33 años, por los delitos de secuestro extorsivo y hurto calificado y agravado”, aseveró el general Castaño.En el procedimiento también fueron incautados cuatro teléfonos celulares y se inmovilizó un vehículo utilizado para cometer el delito.Los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que asumirá el proceso judicial correspondiente. Las autoridades confirmaron además que el vehículo particular fue recuperado y devuelto a su propietario.La Policía reiteró el pedido a la comunidad de reportar de inmediato cualquier situación sospechosa, recordando además que la denuncia oportuna es clave para prevenir y combatir el delito.
Con el aumento del salario mínimo para 2026, decretado por el presidente Gustavo Petro con un incremento del 23 %, el ingreso mensual quedó fijado en $1.750.905. Al sumarse el auxilio de transporte, el total para quienes tienen derecho a este beneficio asciende a $2.000.000. Este anuncio, aunque esperado, abrió de inmediato una inquietud recurrente entre los colombianos: qué bienes y servicios subirán de precio el próximo año.Durante varios años, buena parte de los costos cotidianos estuvieron atados directamente al Salario Mínimo Legal Mensual Vigente (SMLMV). Sin embargo, en la actualidad, varios servicios clave dejaron de depender de este indicador y ahora se ajustan con base en otros mecanismos, principalmente la inflación. Esto significa que el aumento salarial no se traduce, de forma automática, en un alza generalizada de todos los gastos.Servicios que no subirán con el salario mínimo en 2026De acuerdo con la información oficial, algunos de los gastos más frecuentes de los hogares ya no están conectados al salario mínimo. Un caso claro es el de los arriendos de vivienda. Por ley, los cánones solo pueden incrementarse con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), una medida que busca evitar aumentos desproporcionados y dar mayor estabilidad a los arrendatarios.Algo similar ocurre con los peajes en vías nacionales y concesionadas. Estos valores se ajustan según la inflación o lo establecido en los contratos de concesión, sin una relación directa con el SMLMV. Por esta razón, el alza del salario mínimo no impactará de manera inmediata los costos de viajar por carretera.Multas, servicios públicos y educación no dependen del SMLMVOtro punto que suele generar preocupación son las sanciones de tránsito. Aunque afectan el bolsillo de millones de conductores, estas multas se calculan en Unidades de Valor Básico (UVB), que se actualizan con base en la inflación y no en el salario mínimo.En cuanto a los servicios públicos domiciliarios, como agua, energía, gas y aseo, las tarifas se determinan mediante esquemas técnicos. Estos tienen en cuenta costos de operación, regulación sectorial e inflación. Si bien pueden presentar incrementos, no lo hacen de manera automática por el aumento del SMLMV.La educación privada también se rige por criterios distintos. Matrículas y pensiones se fijan con base en presupuestos internos y ajustes inflacionarios. Aunque cada institución define sus incrementos, estos deben mantenerse dentro de los límites legales y no dependen directamente del salario mínimo.Qué sí podría subir tras el aumento del salario mínimoAunque muchos servicios no están atados al SMLMV, el impacto del aumento salarial puede sentirse de forma indirecta. Sectores intensivos en mano de obra, como la vigilancia y el aseo en conjuntos residenciales, podrían ajustar sus tarifas si los mayores costos laborales se trasladan a los usuarios.De igual forma, algunos servicios privados, como consultas médicas particulares o trabajos profesionales independientes, podrían encarecerse por ajustes generales de costos, aun cuando no exista una obligación legal de ligarlos al salario mínimo.
El Gobierno nacional anunció la prórroga de las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT), creadas originalmente mediante la Resolución Ejecutiva 161 de 2025, firmada por el presidente Gustavo Petro el 23 de mayo. Estas zonas fueron concebidas como espacios transitorios de concentración y diálogo con el Frente 33 de las disidencias de las Farc-Ep, en el marco de la política de paz total.Según el documento, la primera ZUT se estableció en la zona rural del municipio de Tibú, Norte de Santander, en pleno Catatumbo, con una vigencia inicial de siete meses y un plazo de 45 días para el traslado de los miembros acreditados. La resolución incluyó la suspensión temporal de las órdenes de captura y extradición contra los integrantes reconocidos oficialmente como parte del proceso, con el fin de facilitar su participación en los mecanismos de negociación y verificación.La ampliación anunciada por el Ejecutivo busca replicar el modelo en otras regiones donde las disidencias mantienen presencia activa y extender la vigencia de las zonas actuales mientras se evalúan los avances de los diálogos. Sin embargo, el Gobierno no ha ofrecido información clara sobre el número de integrantes concentrados, los mecanismos de control ni las garantías de seguridad para las comunidades que habitan cerca de las áreas delimitadas.El anuncio ocurre en un contexto especialmente delicado. En las últimas semanas, los enfrentamientos entre el Frente 33 y el ELN se han intensificado en los municipios de Tibú, El Tarra y Sardinata, dejando nuevos desplazamientos masivos y una creciente crisis humanitaria. La Defensoría del Pueblo ha advertido que miles de personas se encuentran en riesgo por el fuego cruzado y la ausencia de una respuesta institucional efectiva.Mientras el Gobierno insiste en que las ZUT son una herramienta de transición hacia la paz y el desarme, en el terreno predomina la incertidumbre. Las comunidades del Catatumbo reclaman transparencia y resultados tangibles, mientras la violencia, los confinamientos y el desplazamiento forzado siguen marcando el día a día de una región que continúa esperando que la paz deje de ser solo una promesa.
Triste Navidad para profesores del Chocó: por embargo a cuentas de la Secretaría de Educación Departamental docentes no han recibido salarios en el mes de diciembre. Procesos judiciales contra la dependencia suman casi 15 mil millones de pesos.Un amargo final del 2025 tendrán la mayoría de docentes en el departamento de Chocó por cuenta de retrasos en el pago de sus nóminas de diciembre.La Secretaría de Educación Departamental anunció que no cuenta con los fondos suficientes para cubrir el total de la nómina de los educadores. Advertencias previas de varios sectores sobre nóminas paralelas, pero sobre todo cerca de ocho procesos jurídicos contra la entidad tienen embargadas sus cuentas.Por esta razón, la secretaria de Educación de Chocó, Yina Reales, indicó que avanzan en gestiones con entidades del orden nacional para tramitar procesos que suman cerca de 15 mil millones de pesos y dificultan el desembolso de recursos al personal.“Hemos solicitado a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado que nos apoye en la solicitud de los recursos de nulidad ante los juzgados que tienen actualmente las cuentas embargadas. Sabemos que los juzgados también actúan desde la responsabilidad que tiene y desde las acciones que le presenten los ciudadanos”, dijo.Con esta realidad financiera ahora lo que está en juego es el inicio normal del calendario escolar, al menos en el sector público del departamento, pues la secretaría Reales también anticipó que el giro correspondiente al último mes de 2025 podría producirse apenas a mediados de enero.
El Senado de la República restringió el ingreso al Capitolio para este jueves, 1 de mayo, día de movilizaciones a nivel nacional y, por su puesto, en el centro de Bogotá.Vale recordar que este festivo se espera que el propio presidente Gustavo Petro asista al Senado para radicar personalmente las 12 preguntas que harán parte de la consulta popular con la que el Gobierno busca que se vote a nivel nacional para que salga adelante la reforma laboral que se hundió en la Comisión Séptima.De esta manera, solo permitirá la entrada de congresistas y funcionarios de la planta del Senado con autorización previa.Con esta medida se busca mantener la seguridad de los asistentes del Capitolio y evitar algún tipo de alteración del orden público.Manifestaciones en el Día del TrabajoEl presidente Petro también convocó a manifestaciones en todas las plazas del país para defender los derechos de los trabajadores y promover la consulta popular que busca implementar una reforma laboral. Petro pretende llevar la espada del Libertador Simón Bolívar a la plaza que lleva su nombre, como símbolo de la lucha por la justicia social.El presidente contará con el apoyo de más de 15.000 indígenas que han llegado a Bogotá desde el sur del país y se han instalado en la Universidad Nacional. Aunque las reivindicaciones laborales de los indígenas difieren de las de los trabajadores, se sumarán a las manifestaciones del 1 de mayo como muestra de apoyo a Petro.La consulta popular consta de 12 preguntas centradas en la reforma laboral propuesta por el Gobierno, que fue archivada en el Senado en marzo pasado. Las preguntas incluyen temas como la regulación de la jornada de trabajo, permisos médicos y salarios justos para los trabajadores del campo.Petro busca hacer una demostración de fuerza para que el Senado apruebe la convocatoria de la consulta popular, que requiere un mínimo de un tercio de los inscritos en el censo electoral para ser válida. Esto significa que deben votar al menos 13.654.456 ciudadanos, lo que es un desafío significativo para el Gobierno.
En los últimos días, el expresidente Álvaro Uribe desarrolló una agenda privada en Washington, Estados Unidos, que incluyó visitas a varios parlamentarios.Según fuentes del partido Centro Democrático, una de estas visitas fue un encuentro con el senador Marco Rubio, secretario de Estado del Gobierno de Donald Trump. La conversación, según se informa, fue cordial y se centró en los desafíos que enfrenta actualmente Colombia. La agenda incluyó temas como el fortalecimiento de la democracia, la lucha contra el narcotráfico y la seguridad regional.Es importante mencionar que el expresidente ha venido adelantando una agenda con varios parlamentarios estadounidenses. Por ejemplo, a través de sus redes sociales, el congresista Mario Díaz-Balart destacó la importancia de la reunión y elogió la gestión de Uribe durante su presidencia. "Fue un honor reunirme con el expresidente colombiano, donde hablamos sobre los graves desafíos que hoy enfrenta Colombia, los cuales amenazan la democracia en la región y los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos", escribió.Además, agradeció la presencia del comisionado de la ciudad de Weston, Fabio Andrade, quien acompañó a Uribe durante el encuentro. En sus declaraciones, Díaz-Balart resaltó la estrecha relación bilateral que se consolidó durante el mandato del expresidente colombiano, a quien calificó como "un valiente defensor de la libertad y la democracia".En estos encuentros, se fortaleció el compromiso del expresidente con el fortalecimiento de los lazos entre ambos países. "Como cofundador y copresidente del Comité a favor de Colombia, continuaré trabajando para fortalecer esta relación, que ha traído importantes beneficios a ambos países", afirmó Díaz-Balart, reiterando su apoyo a iniciativas que promuevan el estado de derecho y combatan el narcotráfico.
Se conocieron los resultados de la más reciente encuesta Invamer Poll de la firma Invamer que mide trimestralmente la opinión pública sobre hechos de actualidad y el concepto de la gente frente a problemáticas colombianas actuales, así como evaluar la opinión en general de Colombia, la gestión del presidente Gustavo Petro y de los alcaldes de las principales ciudades del del país.Se trata de 1.499 encuestas presenciales realizadas entre el 21 y el 27 de abril de 2025, en 6 ciudades (Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena y Bucaramanga) con un límite de confianza 95 % y un margen de error general más o menos 2,62 %.Frente a la medición sobre el estado de ánimo del país, el 66 % de los encuestados considera que las cosas están empeorando, un punto menos que en la medición de febrero que estuvo en el 67 %; mientras que el 21 % considera que las cosas están mejorando en Colombia, tres puntos menos que en la medición de febrero cuyo porcentaje alcanzó el 24 %.Ante la pregunta: ¿usted aprueba o desaprueba la forma como Gustavo Petro, se está desempeñando en su labor como Presidente de Colombia?, su aprobación subió del 32 % al 37 % con respeto de la medición anterior, mientras que la desaprobación cayó del 63 % al 57 %.¿Cómo se percibe la paz total?Los colombianos también fueron cuestionados sobre el futuro del proyecto de paz total del presidente Petro y el 67 % cree que va por mal camino, tres puntos menos que en febrero pasado; mientras que el 25 % va por buen camino, tres puntos más que la medición anterior.Sobre los principales problemas que perciben los colombianos, encabeza el orden público con un 28 % (en febrero estaba en 31 %), le sigue el desempleo y la economía con un 20 % que se mantuvo estable, la mala función del Gobierno que se ubicó en un 18 % (en febrero llegó al 19 %), la corrupción que aumentó dos puntos posicionándose en un 14 %, las necesidades básicas insatisfechas que aumentó tres puntos llegando al 10 % y otro problemas con un 9 %.Ante la pregunta de si los colombianos creen que temas que podrían estar mejorando o empeorando en Colombia se destacan:Inseguridad: empeorando 83 % (en febrero llegó al 85 %) / mejorando se mantiene en 8 % con respecto a la medición anterior.El costo de vida: empeorando 79 % (en febrero llegó al 77 %) / mejorando 15 % (en febrero llegó a 18 %)La calidad y cubrimiento de la salud: empeorando 78 % (en febrero estaba en 70 %) / mejorando 14 % (en febrero estaba en 21 %).La guerrilla: empeorando 78 % (en febrero estaba en 80 %) / mejorando 9 % (en febrero estaba en 9 %).La corrupción: empeorando 75 % (en febrero estaba en 76 %) / mejorando se mantuvo en 15 % con respecto a la medición anterior.La economía: empeorando 71 % (en febrero alcanzó el 69 %) / mejorando 23 % (en febrero alcanzó el 27 %).El narcotráfico: empeorando 69 % (en febrero alcanzó el 71 %) / mejorando 18 % (en febrero alcanzó el 15 %).La calidad y cubrimiento de servicios públicos: empeorando 66 % (en febrero alcanzó el 69 %) / mejorando 22 % (en febrero alcanzó el 21 %).El desempleo: empeorando 65 % (en febrero alcanzó el 69 %) / mejorando 26 % (en febrero alcanzó el 25 %).Sobre el apoyo a las reforma sociales, el 56 % de los encuestados está en desacuerdo (en febrero estaba en 60 %), mientras que el 38 % está de acuerdo (en febrero estaba en 32 %); sobre si han pensado irse del país, el 56 % de los colombianos no lo ha pensado, mientras que el 44 % sí lo han pensado.El 66 % de los encuestados consideran que el presidente Petro está buscando la reelección (seis puntos más que en febrero) y el 65% cree que está buscando cambiar la Constitución (cinco puntos más que en la última medición).Frente a la aprobación a la gestión de los gobernadores, el mejor calificado es el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, con un 66 % de aprobación (en febrero estaba en 76 %) frente a un 27 % de desaprobación (20 % en febrero); le siguen Andrés Julián Rendón, de Antioquia, con un 62 % de aprobación y 23 % de desaprobación; Eduardo Verano de la Rosa, del Atlántico, con un 47 % de aprobación y 41 % de desaprobación; Dilian Francisca Toro, del Valle, con 46 % de aprobación y 39 % de desaprobación, y Juvenal Díaz, de Santander, con 46 % de aprobación y 33 % de desaprobación.Frente a la aprobación a la gestión de los alcaldes, el mejor calificado es el de Medellín, Federico Gutiérrez, con un 77 % de aprobación frente a un 21 % de desaprobación; le siguen Alejandro Char, de Barranquilla, con un 75 % de aprobación y 22 % de desaprobación; Dumek Turbay, de Cartagena, con un 66 % de aprobación y 32 % de desaprobación; Juan Andrés Beltrán, de Bucaramanga, con 56 % de aprobación y 39 % de desaprobación. Los peor calificados son el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, cuya desaprobación pasó del 47 % al 52 % y su aprobación a 44 % al 42 %, y Alejandro Eder, de Cali, cuya desaprobación pasó del 47 % al 57 % y su aprobación a 38 % al 31 %.Frente a la imagen favorable o desfavorable de los principales precandidatos presidenciales, el panorama es el siguiente:Claudia López: desfavorable 38 % / favorable 34 %.Sergio Fajardo: favorable 32 % / desfavorable 27 %.Juan Manuel Galán: favorable 30 % / desfavorable 26 %.Vicky Dávila: desfavorable 40 % / favorable 25 %.Enrique Peñalosa: desfavorable 45 % / favorable 25 %.Gustavo Bolívar: desfavorable 33 % / favorable 24 %.Iván Cepeda: desfavorable 28 % / favorable 22 %.Alejandro Gaviria: desfavorable 25 % / favorable 21 %.María José Pizarro: desfavorable 21 % / favorable 18 %.Germán Vargas Lleras: desfavorable 44 % / favorable 18 %.Jota Pe Hernández: desfavorable 17 % / favorable 13 %.Miguel Uribe: desfavorable 33 % / favorable 13 %.María Fernanda Cabal: desfavorable 42 % / favorable 12 %.David Luna: desfavorable 13 % / favorable 11 %.Paloma Valencia: desfavorable 30 % / favorable 10 %.Mauricio Cárdenas: desfavorable 11 % / favorable 7 %.
En diálogo con Mañanas Blu, el senador Miguel Ángel Pinto, ponente de la mini-reforma laboral del Partido Liberal, proporciona un análisis detallado sobre la propuesta presentada en el Congreso de la República. Durante la conversación, el senador abordó cuestiones cruciales sobre la selección de su persona como ponente, destacando su distanciamiento de otras posturas que han surgido dentro de su propio partido y la confusión que se ha generado debido a las declaraciones de otros senadores, como Alejandro Carlos Chacón. ¿Por qué Miguel Ángel Pinto fue elegido ponente? El senador Pinto explica que su elección como ponente no fue una decisión personal de Chacón, sino un resultado de la dinámica dentro de la Mesa Directiva de la Comisión Séptima, donde se designaron los ponentes de los proyectos acumulados que implican importantes reformas laborales. "Soy el único liberal en la comisión, y por eso me designaron como ponente", aclaró Pinto. Esta elección se da en un contexto donde varias propuestas se han presentado, pero la decisión de debatirlas y su posterior acumulación han desencadenado tensiones dentro del terreno legislativo. Conflictos internos y postura política El senador critica abiertamente al gobierno de Gustavo Petro por su manejo de la reforma laboral más amplia que se hundió anteriormente, indicando que el gobierno intenta usar el tema laboral como una bandera política. Según Pinto, la intención no es realmente fortalecer los derechos laborales, sino más bien poner de manifiesto un descontento con el sistema actual. Esta perspectiva se desarrolla en un contexto de falta de consenso y la existencia de múltiples propuestas que no han logrado avanzar. Declaraciones sobre la consulta popular Pinto también critica la reciente consulta popular propuesta por el presidente. Al respecto, menciona que muchos de los cuestionamientos planteados son ambiguos y no abordan adecuadamente las preocupaciones que enfrentan los trabajadores. En este sentido, enfatiza que su propia responsabilidad no debe verse como una competencia con el gobierno, sino como una obligación legislativa para avanzar en una agenda que efectivamente beneficie a los trabajadores. Escuche aquí la entrevista:
Luego de los calificativos por parte del presidente Gustavo Petro y del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, contra el senador Miguel Ángel Pinto de "saboteador" por el hundimiento de la reforma laboral en la Comisión Séptima, el representante del partido Liberal manifestó en conversación con Recap Blu que esta iniciativa del Gobierno se cayó por "muchos vicios de constitucionalidad"."Yo sé lo expliqué ese día y él no entendió; se hace el bobo que es diferente, pero el entendió que era la primera vez que un proyecto de Ley ordinaria pretendía modificar la Constitución", dijo en Blu Radio.Por eso, Pinto también comentó que la actitud del ministro e, incluso, la asesoría que le pueda estar dando al presidente Gustavo Petro es incorrecta y se animó a comparar la situación con una frase coloquial santandereana."Yo cuando escucho al ministro de Trabajo hablar, no sé si voy a ser un poquito grosero pero me van a perdonar, cuando lo escucho me acuerdo de un señor aquí en Santander que explicábamos un tema y un señor insistía que no entendía, entonces dijo: 'Es que para el bruto no hay droga'. Y eso parece que le pasara al ministro", añadió el senador liberal.De hecho, Pinto opinó que, tal vez, el Gobierno buscaba desde el principio que se cayera esta reforma laboral, ya fuera en la Comisión Séptima o luego por su inconstitucionalidad en la Corte Constitucional, para que se llegara al punto de convocar a una consulta popular y así iniciar una campaña política."Ellos sabían que estaba muy mal diseñada esa reforma laboral (...) Es el Gobierno mismo el que está utilizando a los trabajadores", añadió.Mini reforma laboralLuego de ser radicada la ponencia positiva del proyecto de reforma laboral del partido Liberal, el Gobierno va a radicar un mensaje de urgencia, lo que implicaría que se detenga la discusión de la reforma a la salud, una situación que Pinto no entiende, pues uno de los mayores dolores de cabeza de los colombianos es la salud y el acceso a los medicamentos.De hecho, señaló que el dinero que se gastará en la consulta popular se podría invertir en la salud de los colombianos para mejorar la atención a los pacientes."Lamento que se vaya a gastar un montón de plata del erario público de los impuestos de todos los colombiano en algo que nadie entiende nada, las preguntas en su redacción, están muy mal diseñadas. El Gobierno está en campaña, cómo consolidan un candidato al 2026", concluyó.
La estructura política sigue siendo determinante para llegar al Senado de la República. Así lo revela un análisis de Sonar, una herramienta de seguimiento a la rama ejecutiva y legislativa de la agencia Orza.El estudio evaluó entre 21 y 25 candidatos por partido o coalición, con opciones reales o parciales de elección, para un total de 204 aspirantes en nueve listas distintas. Cada candidato fue clasificado según su experiencia previa y el tipo de candidatura: de opinión, mixta o de maquinaria.Juliana Ocampo, socia de la agencia Orza, explicó que actualmente el 85 % de los curules en el Congreso están ocupados por siete partidos políticos, por lo que después del análisis estadísticos entre los votos disponibles y los escaños existentes se desprenden los resultados, tomando en cuenta los líderes locales que impulsan votación, alcaldes, concejales y diputados.Los resultados muestran que el 77% de los candidatos analizados están ligados a estructuras políticas.Además, 6 de cada 10 aspirantes cuentan con experiencia legislativa directa o reciente.Pero vayamos a los números. Según este análisis, el Pacto Histórico tendría una curul menos, al pasar de 20 a 19, el Centro Democrático subiría 6 y pasaría de 13 a 19 curules.El partido Conservador pasaría de 15 a 14, el Partido Liberal se mantendría en 14, Cambio Radical bajaría de 11 a 9, a la Alianza Verde-En Marcha le iría peor, pasaría de 13 a 8, Partido de La U de 10 a 8, Mira y Nuevo Liberalismo aumentaría de 4 a 5, mientras que Comunes quedaría sin ninguno.
Colombia empieza a mover sus fichas rumbo a 2026 y una de las voces que irrumpe con fuerza es la de Juan Daniel Oviedo. El exdirector del DANE, excandidato a la Alcaldía de Bogotá y exconcejal, confirmó en entrevista con El Radar este 27 de diciembre de 2025 su aspiración a la Presidencia, con un discurso que busca marcar distancia de los extremos y golpear la improvisación en el poder.Con un tono técnico pero directo, Oviedo se presentó como una opción de centro que quiere “hacerlo sensato otra vez”. Desde el inicio dejó claro que su candidatura no nace del cálculo político tradicional, sino de una lectura crítica del momento que vive el país y de los riesgos que, según él, se están acumulando sin que el Gobierno actúe a tiempo.La frase más punzante llegó cuando habló del balance del actual mandato: “La corrupción no solo sucede por acción sino también por omisión”, una afirmación con la que cuestionó lo que calificó como falta de decisiones estructurales en temas clave para Colombia.Juan Daniel Oviedo y una candidatura de centroOviedo explicó que su paso por el gobierno de Iván Duque fue estrictamente técnico y defendió su permanencia en el DANE incluso cuando Gustavo Petro llegó a la Presidencia. “Más que un halago o un insulto, fue la oportunidad que me abrió la carrera política”, dijo, al recordar que Petro lo mantuvo en el cargo, generando curiosidad pública sobre su perfil.Esa experiencia, aseguró, lo convenció de que Colombia necesita gobernar lejos de las etiquetas ideológicas. “Yo soy de centro”, reiteró, con la idea de construir acuerdos desde la evidencia y no desde la confrontación.Propuestas presidenciales y advertencias económicasOviedo planteó tres ejes centrales de su propuesta. El primero, un “gobierno de estabilización” para enfrentar lo que llamó “las minas quiebrapatas de la economía”, entre ellas la insostenibilidad fiscal, la inseguridad energética y la baja inversión. “Hacer campaña con un apretón fiscal es difícil, pero necesario”, advirtió.El segundo eje es la seguridad, con un enfoque poco usual en el discurso político. “Tenemos que acabar con la extorsión en la calle y en la política”, afirmó, rechazando que la seguridad sea usada como arma ideológica o mecanismo de presión.Elecciones 2026 y consulta presidencialOviedo confirmó que su movimiento entregará cerca de 970.000 firmas para formalizar la candidatura y que apuesta por una consulta amplia en marzo. Su objetivo es unir sectores diversos alrededor de un propósito común: “Que el futuro de Colombia sea menos pobre, menos viejo, menos informal y menos violento”.Aunque reconoce que hoy no lidera las encuestas, cuestionó la lectura anticipada del escenario electoral. “La gente decide el voto el último mes”, señaló, convencido de que todavía hay espacio para una opción que, en sus palabras, le devuelva emoción y sensatez a la política colombiana.
Una nueva encuesta aplicada al interior del Congreso de la República midió la percepción de desempeño entre senadores y representantes durante el último periodo legislativo. Los resultados confirman el liderazgo del senador Alejandro Carlos Chacón, del Partido Liberal, y de la representante Olga Lucía Velásquez, del Partido Verde, como las figuras con mayor reconocimiento entre sus pares.El estudio, realizado entre 264 congresistas —104 senadores y 160 representantes—, señala que ambos legisladores aspiran a continuar en el Congreso en las elecciones legislativas de 2026, en las que buscarán repetir curul.De acuerdo con la encuesta, Alejandro Carlos Chacón obtuvo el 14,4% de las menciones, la cifra más alta entre todos los senadores consultados. Su agenda legislativa se ha caracterizado por abarcar temas sociales, judiciales y de protección a poblaciones vulnerables.Entre los proyectos que mayor reconocimiento le otorgaron se destacan la Ley Sara Sofía, orientada a la defensa y protección de la niñez; la mesada 14 para maestros, considerada una reivindicación histórica del magisterio; y el reconocimiento del carácter salarial de la Bonificación Judicial, una medida largamente esperada por servidores de la Rama Judicial, la Fiscalía y la Justicia Penal Militar.También figuran iniciativas como Colegios sin madrugón, con impacto nacional en el bienestar y rendimiento de los estudiantes, y la inembargabilidad de animales de apoyo emocional, valorada por su alto contenido social. A esto se suman sus debates de control político, que fortalecieron su percepción de rigor, solidez técnica y compromiso institucional.Olga Lucía Velásquez, la representante más destacada del paísEn la Cámara de Representantes, Olga Lucía Velásquez lidera ampliamente con el 11,3%, el porcentaje más alto entre los 160 representantes encuestados. La congresista del Partido Verde se ha destacado por dos grandes pilares: su liderazgo nacional en la formulación y avance de la Ley de Salud Mental, uno de los temas más sensibles y urgentes para el país, y su acompañamiento técnico y político a la agenda económica y social del Gobierno.Su rol como voz de articulación, vigilancia y responsabilidad, sumado a su presencia constante en plenarias, capacidad de interlocución y solvencia técnica, la posicionan como una de las cartas fuertes de su partido de cara a las elecciones de 2026.La población objetivo de la encuesta fueron senadores y representantes a la Cámara, con un tamaño de muestra de 264 congresistas (104 senadores y 160 representantes. El trabajo de campo fue los días 15 y 16 de diciembre de 2025 en comisiones y plenarias.El nivel de confianza de la medición es del 96 % y el margen de error de 2,6 %. La medición fue realizada por la firma encuestadora W.W.A. SAS.El senador Alejandro Carlos Chacón agradeció el reconocimiento dado por sus compañeros. “Agradezco al Congreso de la República y a mis colegas por la confianza depositada, que no asumo como un logro personal, sino como el resultado de un trabajo colectivo construido desde el debate serio, el respeto por las diferencias y la vocación de servicio al país”, expresó en un comunicado.El senador nortesantandereano afirmó que el reconocimiento “es de todos: de quienes creen en la democracia como camino, en la concertación como método y en el valor del diálogo aun en la discrepancia. Gracias por respetar las convicciones en las que creo y las banderas que defiendo, porque ese respeto fortalece las instituciones y dignifica la política. Como liberal, reafirmo mi compromiso con la justicia social, la defensa de las libertades y la protección de los más vulnerables”.
El expresidente Álvaro Uribe Vélez se refirió a la propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente que está impulsando el Gobierno actual. Uribe aseguró que esta idea es una estrategia electoral.“Ahora quieren cambiar la Constitución, una estrategia electoral. La Constitución que ellos, como guerrilla del M-19, pidieron, ayudaron a escribir y a aprobar”, afirmó el expresidente Álvaro Uribe.Otra de las reacciones llegó por parte de la senadora y precandidata Paloma Valencia, quien aseguró que hay que defender la Constitución de 1991.“Hoy más que nunca debemos defender la Constitución del 91 de quienes quieren imponer un proyecto constituyente para perpetuarse en el poder. La democracia se respeta, las reglas se cumplen. Colombia no cae”, aseguró Valencia.Es importante recordar que este viernes, con el acompañamiento del ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, se llevó a cabo la inscripción del comité.“Promover una Constituyente por sí no es bueno ni malo. Aquí el problema es que este Gobierno de Gustavo Petro la justifica en un supuesto bloqueo a sus reformas, cuando lo que ha hecho la institucionalidad, llámese Congreso o Cortes, es detener, de acuerdo con la ley, iniciativas inconvenientes o inviables financieramente”, señaló el representante a la Cámara Christian Garcés.Sin embargo, también hay sectores que defienden la iniciativa, especialmente la bancada del Pacto Histórico en el Congreso.“Hoy se activa un camino democrático para que el pueblo decida: se inscribió el Comité Promotor de la Asamblea Constituyente. No se trata de imponer, sino de deliberar colectivamente sobre el país que necesitamos”, señaló el representante a la Cámara Gabriel Becerra.Además, el presidente Gustavo Petro, al referirse al tema, dijo que “el pueblo no se debe dejar quitar su poder de transformar a Colombia y progresar”.Por su parte, la senadora Angélica Lozano señaló que de esta manera se está siguiendo el camino de Chile.“A repetir el fracaso de Chile. Allá querían reemplazar la Constitución que sancionó Pinochet. No pudieron. Acá quieren reemplazar la Constitución que lideraron Antonio Navarro Wolff, Álvaro Gómez y Horacio Serpa. No pasarán. La Constitución del 91 se respeta”, agregó Lozano.Finalmente, el representante a la Cámara Alejandro Ocampo aseguró que la Constituyente es una buena idea para el país, pues va a abordar temas como la corrupción y la reforma a la justicia.“No puede seguir pensándose que la justicia, y corriendo el rumor, falla según quien pague. Eso hay que eliminarlo. Necesitamos una justicia no solo que sea transparente, sino que dé la sensación de que es transparente. Además, el problema del narcotráfico y las drogas en Colombia pasa por una Constituyente”, señaló Ocampo.