El movimiento Defensores de la Patria, del abogado Abelardo de la Espriella, radicó una denuncia ante la Procuraduría contra todos los ministros del Gobierno Petro, quienes fueron citados al debate de control político en el Senado para que dieran las explicaciones por la declaratoria de la emergencia económica.La sesión se dio este lunes; sin embargo, ninguno de los ministros llegó, pues argumentan que no se les otorgaron los cinco días que tienen por ley para responder al cuestionario enviado por el legislativo.Ante esta situación, De la Espriella le pidió a la Procuraduría investigar a los ministros por presunto incumplimiento de sus deberes legales.“La justificación posterior dada por el ministro del Interior, según la cual se habrían incumplido supuestamente los términos legales de la citación, no se ajusta a la normativa vigente, toda vez que el artículo 249 de la Ley 5ª de 1992 establece que la citación debe hacerse con una anticipación no mayor a diez días calendario, requisito que fue cumplido por el Congreso”, señala la denuncia del movimiento de De la Espriella.En el mismo sentido, el abogado y precandidato argumenta que los ministros no tenían una excusa válida para ausentarse.“La conducta de los ministros ausentes podría constituir una falta disciplinaria, al incumplir deberes legales claros previstos en el Código General Disciplinario (Ley 1952 de 2019), particularmente el deber de cumplir la Constitución y la ley, así como la prohibición expresa de incumplir dichos deberes. Adicionalmente, el artículo 250 de la Ley 5ª de 1992 es categórico al señalar que un ministro solo puede dejar de concurrir a una citación si existe una excusa aceptada previamente, situación que no ocurrió”, se lee en la denuncia de Defensores de la Patria.
En diálogo con Mañanas Blu, el presidente del Senado de la República, Lidio García, se pronunció de manera contundente sobre la reciente declaratoria de emergencia económica por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro. García advirtió que el Congreso iniciará un riguroso control político a esta medida, la cual considera innecesaria y potencialmente perjudicial para las finanzas de los colombianos,.Control político a la emergencia económicaEl presidente del Legislativo informó que, aunque las sesiones extraordinarias estaban inicialmente programadas para debatir los ascensos de militares y policías, la agenda se extendió debido a la polémica que rodea el decreto de emergencia económica. "Vamos a empezar el control político de la emergencia económica", afirmó García, señalando que el país tiene derecho a conocer qué hay detrás de esta decisión.García explicó que el Congreso tiene la potestad legal de revisar este informe, a pesar de que el gobierno cuenta con un plazo de hasta 40 días para presentarlo formalmente. Según el senador, el debate es urgente porque existe la sospecha de que el Ejecutivo busca implementar, vía decreto, reformas o cargas tributarias que no fueron aprobadas previamente en el legislativo. "El país tiene que saber todo lo que está pasando", enfatizó el presidente del Senado."No más impuestos" y la baja ejecución presupuestalUno de los puntos más críticos de la intervención de Lidio García fue su rechazo a la posibilidad de que la emergencia económica derive en nuevos gravámenes. "Este país no aguanta un impuesto más", sentenció, argumentando que una emergencia de este tipo suele traer consigo nuevas cargas fiscales.Además, el senador cuestionó la justificación de la medida al señalar que el gobierno actual cuenta con una cantidad significativa de recursos sin ejecutar. Para García, resulta "inconcebible" que se hable de una emergencia económica cuando hay "tanta plata sin ejecutar" en las arcas del Estado, sugiriendo que el problema no es de falta de recursos, sino de gestión.Asamblea ConstituyenteGarcía no dudó en calificar estas movidas del Ejecutivo como una "jugada política" de cara a los próximos ciclos electorales. Según su visión, tanto la emergencia económica como la propuesta de convocar a una Asamblea Constituyente son herramientas para mantener la presencia del gobierno en las calles durante el debate electoral para el Congreso y la Presidencia.Escuche aquí la entrevista:
La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, realizó una denuncia a través de su cuenta de X en la que expuso los gastos oficiales de los viajes internacionales que ha realizado el Presidente Gustavo Petro durante todo su gobierno y con fecha de corte el pasado mes de noviembre.En total, la senadora expuso que se han invertido más de $20.000 millones en más de 58 viajes, el equivalente a más de $2 millones de dólares.Los gastos fueron divididos en diferentes apartados. Primeramente, la congresista enseñó los gastos de alojamiento, transporte y alimentación del Presidente, el cual es de un total de $22.128 millones de pesos colombianos o $5,6 millones de dólares.Las cifras se dividen en $82.018,22 dólares de alojamientos (aproximadamente $309 millones), $2.434.206,72 dólares de transporte (aproximadamente $9.000 mil millones) y 80.463,41 dólares en alimentación (aproximadamente $303 millones).En cuanto a gastos de combustible para el avión presidencial, la suma supera los 12 mil millones de pesos ($12.001.819.476). Adicionalmente, la cantidad de CO₂ emitida durante estos trayectos ha sido de 4.289,03 toneladas de dióxido de carbono.La senadora también comentó que Petro habría hecho más de un viaje cada tres semanas, siendo, según ella, el presidente que más viajes internacionales ha realizado.Por: Sebastián Martinelli
En una extensa entrevista radial, el exalcalde de Bogotá y excandidato presidencial Enrique Peñalosa confirmó oficialmente que irá a la contienda por la Presidencia de la República y que participará en la consulta de la centro-derecha. A lo largo del diálogo, Peñalosa expuso con claridad sus diferencias ideológicas con el gobierno actual y con el senador Iván Cepeda, a quien asocia directamente con el proyecto político de Gustavo Petro.“Totalmente. Claro que sí”, respondió Peñalosa cuando se le preguntó si finalmente aspirará a la Presidencia. Sin embargo, enfatizó que más allá de su candidatura personal, lo fundamental es que “va a salir solo un candidato de este lado para enfrentar a Cepeda”, buscando transmitir tranquilidad a los votantes que se oponen al actual rumbo del país.El exalcalde fue crítico con algunos de sus posibles competidores dentro de la coalición, al señalar que Colombia necesita un candidato “con una hoja de vida de verdad, de servicio al país” y con mayores posibilidades de ganar en segunda vuelta. Aunque aclaró que respetará el resultado de la consulta, manifestó que, de tener que elegir, considera que Sergio Fajardo es una mejor opción que Abelardo de la Espriella.Uno de los ejes centrales de su discurso fue la economía y la migración. Peñalosa alertó que en los últimos años “casi un millón cuatrocientos mil colombianos se han ido del país”, principalmente en busca de mejores ingresos. “Claramente no se han ido para Cuba o Venezuela… se van a países donde hay un ambiente favorable a la inversión privada”, afirmó, defendiendo un modelo económico basado en la participación empresarial.En ese sentido, criticó duramente la oposición del petrismo a sectores como la minería y la infraestructura. Puso como ejemplo el caso de la mina de cobre de Quebradona, en Antioquia, que —según dijo— podría generar más de 700.000 millones de pesos anuales para el Estado. “Con esos recursos se pueden hacer carreteras, vivienda y fortalecer la seguridad”, sostuvo, cuestionando que proyectos estratégicos estén bloqueados por razones ideológicas.Peñalosa también apeló a su experiencia como alcalde de Bogotá para contrastarse con Petro. “Yo ya recibí a Petro y recibí un desastre en la salud y en seguridad, y lo arreglamos”, afirmó, recordando la reducción de homicidios y el desmantelamiento de zonas criminales como el Bronx. Acusó además al petrismo de promover el odio y el populismo: “Todos los populistas de la historia siempre promueven el odio”, dijo, al tiempo que defendió el papel de los empresarios en el desarrollo del país.Para cerrar, Peñalosa resumió en tres razones por qué considera que debe ser elegido en la consulta: resultados comprobados, seguridad con carácter y mayor inversión para generar progreso. “Peñalosa ha demostrado que produce resultados que le mejoran de verdad la vida a los ciudadanos”, afirmó, citando como ejemplo a TransMilenio, que calificó como un proyecto que “construye igualdad”.
El reciente anuncio del Gobierno nacional sobre el aumento del salario mínimo para 2026 ya genera un intenso debate entre trabajadores y empresarios. Aunque la medida fue recibida con optimismo por amplios sectores de la población, desde el gremio de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) advierten que el impacto podría traducirse en un riesgo directo para el empleo formal.Este lunes, el presidente Petro confirmó un incremento histórico del 23,7 % en el salario mínimo, que quedó fijado en 2.000.000 de pesos mensuales, suma que incluye el auxilio de transporte. Sin embargo, para Acopi, la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, el aumento resulta desproporcionado frente a la realidad financiera del sector productivo más amplio del país. Así lo expresó su presidenta, María Elena Ospina, en Mañanas Blu.“Es un aumento totalmente desproporcionado. No se tuvo en cuenta que el 99,7 % del tejido empresarial está conformado por micro, pequeñas y medianas empresas, que además generan cerca del 80 % del empleo formal”, señaló la dirigente gremial.Ospina enfatizó que las microempresas, que representan cerca del 90 % del tejido empresarial y emplean entre uno y diez trabajadores, serán las más afectadas. “Una microempresa con apenas tres empleados necesita alrededor de 10 millones de pesos mensuales en caja para soportar las cargas laborales. Es muy difícil que los pequeños negocios y los emprendedores puedan asumir una carga de esta magnitud”, advirtió.Desde Acopi alertan que el aumento del salario mínimo no puede analizarse de manera aislada. Según Ospina, a este incremento se suman otros factores que presionan los costos empresariales, como la posible declaratoria de emergencia económica, la implementación de la reforma laboral y los costos no salariales asociados a la contratación formal.“Todo este conjunto de costos pone en serio riesgo el empleo en las Mipymes”, afirmó.Aunque el gremio aún no tiene una cifra consolidada sobre cuántos puestos de trabajo podrían perderse, la presidenta de Acopi aseguró que ya hay señales preocupantes. “Una empresa nos llamó y nos dijo que tiene 460 empleados que ganan el salario mínimo y que, con este aumento, está considerando automatizar procesos y prescindir de cerca de 300 trabajadores. Eso da una idea de lo que están pensando muchos empresarios en este primer momento”, explicó.Otro de los efectos que anticipa el gremio es el aumento de precios al consumidor. Ospina indicó que, con un incremento del 23 % en el salario mínimo, el costo total de un trabajador para la empresa puede aumentar cerca de un 30 %. “Si suben los costos laborales, suben también los costos de producción y, en la misma proporción, terminarán subiendo los precios de los productos y servicios”, sostuvo.Desde Acopi también se advierte sobre un posible aumento de la informalidad y de la inflación, lo que podría profundizar la brecha social. “Solo alrededor de 2,4 millones de personas se benefician directamente del salario mínimo, pero hay más de 11 millones que ganan menos de ese ingreso y más de 10 millones que ganan apenas un poco más. Estas personas no solo no se verán beneficiadas, sino que podrían perder poder adquisitivo”, concluyó Ospina.
El presidente del Consejo Gremial Nacional, Camilo Sánchez, lanzó fuertes críticas al incremento del salario mínimo en Colombia y aseguró que la decisión traerá efectos económicos negativos para el país. Según el dirigente empresarial, la medida se adoptó sin el debido análisis técnico y terminará impactando a millones de hogares y, por tal motivo, no descartó acciones legales contra el decreto."Estamos hablando de una emergencia económica que estamos empeorando. Estamos buscando defender el empleo formal de este país, nosotros hacemos todo de la forma formal y los aplausos de hoy serán lágrimas del mañana", dijo al ser cuestionado sobre la opción de tomar acciones legales contra el incremento del mínimo por decreto anunciado por el presidente Gustavo Petro en la noche del lunes.Sánchez advirtió que el aumento presionará al Banco de la República a subir las tasas de interés, con consecuencias directas sobre la economía. “El banco va a tener que subir las tasas, eso hay que tenerle mucho cuidado. 9 billones de pesos es el hueco adicional”, afirmó, al señalar además un impacto cercano a 4,8 billones de pesos en el sistema pensional.El líder gremial cuestionó la responsabilidad del Gobierno en la toma de esta decisión. “Vamos a tener unos huecos impresionantes por el Gobierno que ha sido irresponsable. La mayoría de los colombianos van a tener efectos negativos”, sostuvo, al insistir en que el incremento no fue acompañado de estudios que midieran su alcance real.De acuerdo con Sánchez, múltiples variables económicas están directamente atadas al salario mínimo. Copagos en salud, administración de edificios y otros costos se ajustan automáticamente con el aumento. “Vamos a tener repercusiones en crédito para vivienda, todo eso no lo miró el Gobierno para tomar esta mala decisión y hacer populismo en plena época electoral”, afirmó.El presidente del Consejo Gremial Nacional también alertó sobre el impacto en servicios públicos y precios. Recordó que la mayoría de tarifas están indexadas al salario mínimo y advirtió sobre un efecto en cadena. “Los servicios se van a subir, los productos agropecuarios se van a subir y vamos a perder empleo formal”, señaló.En ese contexto, subrayó que el aumento beneficia directamente a una minoría. Según explicó, el 56 % del empleo en Colombia es informal y cerca de 13 millones de personas no tendrán incremento salarial, mientras la medida solo aplica para unos 3,4 millones de trabajadores, con efectos que terminarán pagando todos los ciudadanos.Finalmente, Sánchez citó cifras del DANE sobre el crecimiento del empleo informal y lanzó la frase completa que resume su postura frente a la decisión del Gobierno: “El DANE ha mostrado cómo el empleo informal ha crecido de una manera impresionante. Lo que hicimos fue darnos un tiro en el pie, se tomó una decisión para hacer populismo y lo vamos a sentir en tarifas en los hogares colombianos, no hay un estudio de impacto normativo”, concluyó.
Mediante el Decreto 0244, la alcaldesa encargada de Girón, Dayana Milena Tavera Ruiz, suspendió la medida del pico y placa en el municipio, luego de una mesa de trabajo con las demás autoridades del Área Metropolitana.“Se busca facilitar el transporte de todas aquellas personas, turistas y visitantes que llegan a conocer todo nuestro centro histórico y las diferentes dependencias que tiene nuestro municipio en cuanto al tema turístico”, afirmó José Reinoso, secretario de Tránsito y Transporte de Girón.A partir del 18 de enero de 2026 volverá a regir el pico y placa en el municipio. La medida estará sujeta a las directrices establecidas desde Bucaramanga.La decisión de levantar la restricción durante estas fechas de fin de año se mantiene en el anillo vial, en el tramo que comprende el retorno del Hotel San Juan y donde están ubicadas las instalaciones de Tránsito de Girón.“Hemos logrado mitigar el tema de la sinistralidad mientras se ha implementado. El trabajo realizado durante todo el año nos ha garantizado que el control vial se mantenga estable”, expresó José Reinoso.Se espera que todas las personas que han arribado y las que llegarán al municipio para planes turísticos y gastronómicos tengan la libertad de vivir la experiencia en el pueblo patrimonio de Colombia, sin congestión vehicular.En los primeros días de enero de 2026 se establecerá una mesa de trabajo para determinar las condiciones del pico y placa en el Área Metropolitana.
Luego de que se conociera el incremento del salario mínimo para 2026 en Colombia, decretado por el Gobierno de Gustavo Petro, una de las principales interrogantes es cuánto recibirá una persona por su pensión, ya sea en fondos privados o en Colpensiones.¿Cómo quedó el valor del salario mínimo en Colombia en 2026?Según los decretos 1469 y 1470, a través de los cuales quedó fijado el valor del salario mínimo, este tuvo un incremento del 23 %, quedando en $1.750.905. Sumado al valor del subsidio de transporte, que quedó fijado en $249.095, el total asciende a $2.000.000.Cabe resaltar que para 2025, según cifras del Departamento Nacional de Estadística (Dane), cerca del 38,1 % de los trabajadores en el país ganan entre uno y dos salarios mínimos, por lo que muchas personas están a la espera de conocer los valores que se ajustarán con este incremento.¿Quiénes recibirán más en su pensión con el ajuste del salario mínimo en 2026?Según confirmó a Blu Radio Diego Felipe Valdivieso Rueda, profesor investigador del Observatorio Laboral de la Pontificia Universidad Javeriana, el valor de las pensiones, tanto en regímenes privados como en Colpensiones, debe ajustarse en el mismo porcentaje del salario mínimo legal anual."Incluso pensiones que hoy día son ligeramente superiores al mínimo, pues ninguna pensión puede llegar a quedar por debajo del salario mínimo legal. Así las cosas, este incremento alto puede llevar a que se superen pensiones que estaban por encima del mínimo, y esas deben corregirse para que queden niveladas al mínimo", señaló Valdivieso.En este video de Blu Radio le explicamos las implicaciones del aumento del salario mínimo:¿Cuánto recibirá una persona que gane el salario mínimo de pensión en 2026?En ese sentido, el valor de las pensiones no puede ser menor al salario mínimo. Por eso, una persona que gane un salario mínimo en 2026 y se pensione recibirá un valor aproximado de $1.750.905 mensuales. Tenga en cuenta además que, para las personas pensionadas, este valor se debe ajustar desde el 1 de enero de 2026."Para el caso de las pensiones que son superiores al mínimo, en el caso de Colpensiones, el ajuste es igual a la inflación, siempre garantizando que la pensión no quede por debajo del salario mínimo", añadió Diego Felipe.
La Fiscalía General de la Nación imputó nuevos hechos delictivos a Elder José Arteaga Hernández, alias 'Chipi', señalado cabecilla de una estructura criminal dedicada a homicidios, microtráfico y otras actividades ilegales en Bogotá, y quien es uno de los presuntos principales responsables en el magnicidio de Miguel Uribe. En esta oportunidad, el ente acusador le atribuyó la presunta orden de un homicidio ocurrido el 15 de junio, en medio de disputas entre organizaciones delincuenciales por el control de la venta de estupefacientes al menudeo en la capital del país.De acuerdo con los elementos materiales probatorios recopilados por la Fiscalía, Arteaga Hernández habría ordenado el asesinato de un hombre como retaliación por el cruce de fronteras criminales en zonas de microtráfico de Bogotá. Para concretar el crimen, al parecer, contactó telefónicamente a un hombre identificado como Antonio Rafael Herrera, alias Barranquilla, a quien le ofreció una promesa remuneratoria de cuatro millones de pesos por ejecutar la acción sicarial.En el desarrollo de la imputación, el fiscal relató que la noche previa al crimen, Arteaga Hernández habría seguido a la víctima hasta una bolirana cercana a la avenida Mutis, donde nuevamente se contactó por WhatsApp con alias Barranquilla. Este último llegó al lugar en bicicleta y, a pocas cuadras del sitio, recibió el arma de fuego dentro de un automóvil, junto con la promesa del pago final de los otros dos millones de pesos.Por estos hechos, un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá imputó a alias Chipi los delitos de homicidio agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado; y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. Durante la diligencia judicial, el procesado no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía.A esta decisión se suma la acusación formal por su presunta participación en el homicidio de un comerciante mexicano ocurrido el 30 de junio de 2024 en el sector El Poblado, en Medellín, Antioquia.
En medio las especulaciones sobre una supuesta intención del presidente Gustavo Petro de mantenerse en el poder más allá del mandato constitucional, el ministro del Interior, Armando Benedetti, fue categórico: “Se lo puedo jurar. Él no quiere”, aseguró en entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu.Benedetti, quien ha sido una figura cercana al presidente y uno de sus más acérrimos defensores insistió en que la reelección presidencial no está contemplada por el actual Gobierno: “No está en la cabeza, no está en los planes. No hay ninguna forma. No se ha pensado, no se comenta una sola vez”.¿Petro quiere la reelección?El debate sobre una posible reelección de Gustavo Petro ha surgido recientemente tras varias declaraciones del mandatario que algunos sectores interpretan como señales de continuidad. Sin embargo, Benedetti quiso despejar cualquier duda: “Él está diciendo que no le gusta el poder. No es de esos hombres que se quiere apegar al poder”, expresó.El ministro enfatizó que, aunque el presidente ha sido enfático en su carácter reformista, su convicción democrática no está en duda, según dijo. “No sé qué más adjetivo y verbos usar, pero la respuesta es no”, reiteró Benedetti al ser cuestionado sobre si existe alguna vía alterna para extender el mandato presidencial.Choque con el CongresoEn la misma entrevista, Benedetti abordó otro de los temas que ha marcado la agenda política reciente: las duras críticas del presidente al Congreso y, particularmente, al presidente del Senado, a quien Petro llamó “HP”.Al respecto, Benedetti intentó restarle dramatismo al hecho: “No nos volvamos tan susceptibles”, dijo. Y añadió que el contexto de la declaración se dio en medio de un clima de traición política: “Fue dentro de una manifestación pública debido a unos enfrentamientos y a un correr que ha detonado en traiciones por parte del mismo presidente del Senado”.No obstante, ante el señalamiento de que se le vio sonreír durante el incidente, el ministro no negó su reacción: “Sí me dio risa y me sigue dando risa. No le puedo negar que me siga dando risa”, reconoció.Reforma laboral y clase obrera: el "verdadero madrazo"Más allá del lenguaje del presidente, Benedetti dirigió su indignación hacia lo que considera un agravio mucho mayor: el hundimiento de la reforma laboral. “¿A usted le preocupa ese madrazo? ¿Y no el madrazo que le echó el Senado de la república a millones de trabajadores de la clase obrera?”, cuestionó.El ministro defendió la iniciativa, argumentando que el Congreso cedió a presiones de las élites económicas: “Llevamos dos años tratando de convencer al Congreso y no se ha dejado. Y lo convencieron. Fue la clase dirigente que le dijo que necesitaba que esa ley no pasara”.Benedetti denunció que detrás del fracaso de la reforma hay intereses que priorizan las ganancias empresariales por encima de los derechos laborales: “Cuando gana menos la clase obrera, el empresario esa plata se la lleva para su casa”, señaló.Sobre la personalidad del presidente, Benedetti defendió la idea de que Gustavo Petro mantiene la serenidad, incluso en medio del debate nacional: “Si hay alguien calmado es el presidente de la república. Yo nunca en la vida lo he visto gritar”, afirmó.Pese a los múltiples señalamientos sobre un supuesto estilo agresivo del jefe de Estado, el ministro del Interior considera que las críticas se exageran y que, en cambio, el presidente ha sido víctima de ataques: “Él no ofende. A él le ofenden”, concluyó.
El presidente Gustavo Petro presentará el próximo 1 de Mayo al Senado las preguntas de la consulta popular para que se decida sobre las reformas sociales que impulsa su Gobierno.En medio de un nuevo consejo de ministros, el presidente Gustavo Petro lanzó una advertencia al Congreso en el marco de la consulta popular promovida desde el Gobierno Nacional.“Si el Senado no toma decisión, yo puedo expedir por decreto la convocatoria para la consulta popular. Si se hace y gana el sí, entonces el Congreso de la República tiene dos periodos constitucionales para aprobar las leyes que hacen realidad el sí en la pregunta”, dijo.En diálogo con Mañanas Blu, el ministro de Interior, Armando Benedetti, habló sobre el pulso político en el Congreso de cara a la consulta popular y la reforma laboral que tiene mensaje de urgencia. "Nos interesa apoyar ese proyecto si nos deja meter uno de los puntos que nosotros tenemos (...) que avance rápidamente el debate en este mes para esa época ya estará la consulta popular", dijo sobre proyecto de reforma laboral del senador Miguel Ángel Pinto.Sobre la consulta popular que será presentada el primero de mayo, dijo: "No le puedo decir que sí o que no. Lo único que le puedo decir es que la consulta va sí o sí, porque yo no puedo hacer con base en futuros hipotéticos de una fuerza del Congreso de la República y hay como nueve, 10 fuerzas dentro del Senado de la República. Entonces yo no puedo ahora con futuros hipotéticos. Para eso es que meto el mensaje de urgencia e insistencia, para que el debate se dé y para que se clarifiquen las posiciones".También habló de sus declaración respecto a la mini-reelección y aunque aseguró que no debió decir eso, no se le chispoteó: "No sé me chispoteó, no debí haberlo dicho. El presidente Petro se eligió con unas reformas sociales".Sobre el referendo insistió que: "Si perdemos el referendo nos vamos para la casa, significa que es un revés muy grande para el gobierno".Las doce preguntas que el Gobierno colombiano propone para la consulta popularEl Gobierno publicó las doce preguntas que el 1 de mayo presentará ante el Senado para pedir la aceptación de una consulta popular con el fin de lograr la aprobación de las reformas estancadas en el Congreso.Estas son las doce preguntas:1. ¿Está de acuerdo con que el trabajo de día dure máximo 8 horas y sea entre las 6:00 a.m. y las 6:00 p.m.?2. ¿Está de acuerdo con que se pague con un recargo del 100 % el trabajo en día de descanso dominical o festivo?3. ¿Está de acuerdo con que las micro, pequeñas y medianas empresas productivas preferentemente asociativas reciban tasas preferenciales e incentivos para sus proyectos productivos?4. ¿Está de acuerdo con que las personas puedan tener los permisos necesarios para atender tratamientos médicos y licencias por periodos menstruales incapacitantes?5. ¿Está de acuerdo en que las empresas deban contratar al menos dos personas con discapacidad por cada 100 trabajadores?6. ¿Está de acuerdo con que los jóvenes aprendices del SENA y de instituciones similares tengan un contrato laboral?7. ¿Está de acuerdo con que las personas trabajadoras en plataformas de reparto acuerden su tipo de contrato y se les garantice el pago de seguridad social?8. ¿Está de acuerdo con establecer un régimen laboral especial para que los empresarios del campo garanticen los derechos laborales y el salario justo a los trabajadores agrarios?9. ¿Está de acuerdo en eliminar la tercerización e intermediación laboral mediante contratos sindicales que violan los derechos laborales?10. ¿Está de acuerdo con que las trabajadoras domésticas, madres comunitarias, periodistas, deportistas, artistas, conductores, entre otros trabajadores informales, sean formalizados o tengan acceso a la seguridad social?11. ¿Está de acuerdo en promover la estabilidad laboral mediante contratos a término indefinido como regla general?12. ¿Está de acuerdo con constituir un fondo especial destinado al reconocimiento de un bono pensional para los campesinos y campesinas?Escuche aquí la entrevista completa:
En medio de un ambiente político polarizado y crecientes tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo, el ministro del Interior, Armando Benedetti, ratificó en entrevista con Mañanas Blu que la consulta popular propuesta por el Gobierno del presidente Gustavo Petro será presentada “sí o sí”, independientemente del desarrollo legislativo.“La consulta va porque va”, afirmó con contundencia el ministro, al argumentar que existe un bloqueo institucional en el Congreso que impide avanzar con las reformas sociales que sustentan el programa de gobierno.“La consulta no es normativa, es un mecanismo de validación ciudadana para destrabar una reforma laboral que lleva dos años engavetada en el Congreso”, señaló Benedetti, en referencia a un proceso legislativo que, según él, ha sido obstruido de manera inédita. “Nunca antes había pasado que unas personas que no eran ponentes firmaran una ponencia para hundir un proyecto. Eso es legal, pero antiético y anticolegaje”, denunció.La principal razón detrás de la convocatoria a una consulta popular, de acuerdo con Benedetti, es el incumplimiento del Legislativo con el trámite de una reforma laboral que, según el Gobierno, responde a compromisos internacionales en materia de derechos laborales. “El presidente Petro fue elegido con una agenda de reformas sociales. ¿Cómo no vamos a preguntarle al pueblo si el Congreso no permite el debate?”, argumentó el ministro.En efecto, citando el fallo C-180 de 1994 de la Corte Constitucional, Benedetti recordó que cuando hay un conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo, es el pueblo quien debe dirimir. En este caso, el Ejecutivo acusa al Congreso de impedir incluso el debate de las propuestas. “Aquí no se trata de imponer normas, sino de consultar principios generales sobre los cuales construir posteriormente una legislación”, explicó.El núcleo de la consulta popular será la reforma laboral, una de las banderas del presidente Petro. Según Benedetti, los trabajadores colombianos han dejado de recibir cerca de $200 billones por concepto de horas extra, festivos y recargos nocturnos no pagados desde la aprobación de la Ley 789 de 2002. “Estamos hablando de que a una persona que gana el salario mínimo, el empresario le deja de pagar entre $2.000 y $4.000 por hora extra o recargo nocturno. Esa plata no aparece porque está en las ganancias de los grandes empresarios”, puntualizó.El ministro aseguró que se trata de restituir derechos colectivos que fueron “regresivos” durante Gobiernos anteriores, a pesar de que en algunos de ellos, como se le recordó durante la entrevista, él mismo tuvo participación. “Yo voté negativo esa ley”, respondió Benedetti, quien insistió en que ahora el objetivo es reparar ese daño histórico a los trabajadores.Una apuesta política de alto riesgoEl ministro también fue cuestionado sobre el costo económico y político de la consulta, en particular ante la posibilidad de una derrota en las urnas. “¿Qué pasa si pierden el referendo?”, preguntó el periodista Ricardo Ospina. La respuesta del ministro fue categórica, aunque luego matizada: “Si perdemos, nos vamos para la casa todos”.Si bien aclaró que se trataba de “un decir coloquial”, Benedetti reconoció que una eventual derrota sería un fuerte revés político para el Gobierno: “Habría que asumirlo como lo que es: una derrota en política”, expresó.Pese al riesgo, el ministro mantiene el optimismo. “Creo que tenemos el respaldo de una clase obrera que durante décadas ha sido ignorada. Este gobierno, a diferencia de otros, no les da la espalda”, afirmó. Benedetti confía en que más de 13 millones de colombianos acudan a las urnas en defensa de sus derechos.¿Consulta o referendo sobre Petro?Uno de los aspectos más polémicos de la iniciativa es su dimensión política. Diversos sectores de la oposición han advertido que esta consulta podría convertirse en un referendo indirecto sobre el presidente Gustavo Petro, algo que Benedetti no negó del todo. “No es un referendo sobre el presidente, es sobre la clase trabajadora. Pero si usted lo quiere ver así, lo único que puedo decir es que Petro sí está con la clase obrera, mientras que el Congreso está con la clase dirigente”, declaró.Además, negó que haya amenazas al Congreso desde la Casa de Nariño: “El presidente ha sido el más democrático desde que dejó las armas. No hay amenazas, hay llamados a que el pueblo se pronuncie cuando sus representantes no legislan”, concluyó.
Una reunión podría marcar un nuevo capítulo en la política de centro en Colombia. Según reveló Sylvia Patiño en Recap Blu, este martes, a las 3:00 p.m., Sergio Fajardo y Alejandro Gaviria se encontrarán nuevamente tras casi tres años de distanciamiento. Ambos fueron figuras clave en la coalición Centro Esperanza durante la contienda presidencial de 2022, pero rompieron relaciones en medio de tensiones políticas y decisiones estratégicas que los llevaron por caminos distintos.La ruptura entre Fajardo y Gaviria se dio en un momento crítico para la coalición de centro. La decisión de Gaviria de apoyar a Gustavo Petro en su camino hacia la Presidencia, sumado a señalamientos públicos como el calificativo de "tibio" hacia Fajardo, fracturaron de manera definitiva la alianza. Posteriormente, Gaviria fue nombrado ministro de Educación en el Gobierno Petro, cargo del que salió en medio de fuertes críticas y tras la filtración de una carta de inconformidad firmada junto a otros ministros, un episodio que terminó marcando su distanciamiento del petrismo.Mientras tanto, Sergio Fajardo intentó consolidar su posición en el centro político, aunque sin éxito en las elecciones. Actualmente, de cara a los comicios de 2026, las encuestas —como la de Invamer para Noticias Caracol y Blu Radio— lo posicionan como una de las figuras más fuertes del espectro de centro, junto a Gustavo Bolívar.La reunión de este martes entre Fajardo y Gaviria podría ser un primer paso para recomponer las fuerzas de centro, históricamente fragmentadas, y enviar un mensaje de reconciliación en un país marcado por la polarización. Alejandro Gaviria, ahora distanciado del petrismo y autor del libro La explosión controlada, se ha convertido en uno de los críticos más férreos del actual Gobierno, lo que podría facilitar un nuevo acercamiento con el proyecto político de Fajardo.Con un Sergio Fajardo que busca renovar su imagen y fortalecer su conexión con los jóvenes a través de redes sociales, la posibilidad de una nueva alianza de centro puro —lejos de la centroizquierda o la centroderecha— empieza a tomar forma. Un movimiento que, de consolidarse, podría reconfigurar el escenario electoral de cara a 2026.
En la tarde de este lunes 28 de abril, ante el secretario de la Comisión Séptima del Senado, Práxere José Ospino, fue radicada la ponencia positiva del proyecto de reforma laboral presentada por el Partido Liberal y que fue acumulado con el proyecto de la senadora Angélica Lozano.Según la ponencia presentada por el senador Miguel Ángel Pinto (Partido Liberal), se propone la redefinición de las jornadas diurna y nocturna. El trabajo diurno se establecerá entre las 6:00 a.m. y las 8:00 p.m., mientras que el trabajo nocturno se desarrollará entre las 8:00 p.m. y las 6:00 a.m. del día siguiente. Sin embargo, en sectores con actividades mayoritariamente nocturnas, como la seguridad privada, hotelería, gastronomía, comercio y entretenimiento, el trabajo entre las 8:00 p.m. y las 9:00 p.m. no se considerará nocturno.En cuanto a la remuneración del trabajo en días dominicales, festivos o de descanso obligatorio, se establece un recargo del 100 % sobre el salario ordinario proporcional a las horas laboradas. Este aumento será implementado de forma gradual: desde julio de 2025 el recargo será del 80 %, en julio de 2026 pasará al 90 %, y en julio de 2027 se aplicará el recargo pleno del 100 %. Se diferencia entre el trabajo en día de descanso ocasional, que comprende hasta dos jornadas de descanso al mes, y el trabajo en día de descanso habitual, que incluye tres o más jornadas. Además, las partes podrán acordar por escrito un día de descanso distinto al domingo.Respecto a las medidas de formalización y seguridad social, las microempresas y pequeñas empresas podrán realizar cotizaciones a la seguridad social de forma parcial, calculadas por semanas al finalizar cada mes. Para acogerse a este sistema, las empresas deberán formalizar su existencia ante la Cámara de Comercio, llevar libros contables y registrar sus contratos laborales. Esta modalidad no podrá utilizarse para trabajadores de jornada completa. También se permitirá que las microempresas unipersonales coticen proporcionalmente a sus ingresos, sin afectar su clasificación en el SISBÉN ni su acceso a beneficios sociales. Además, se creará un Programa de Empleo Nocturno (PEN) para incentivar la generación de empleo en ciudades con actividad de 24 horas.Finalmente, la ley dispone que las obligaciones en materia de recargos y jornada nocturna se aplicarán de manera progresiva y diferenciada para las micro y pequeñas empresas, según reglamentación del Ministerio del Trabajo. La ley entrará en vigencia tras su promulgación, aunque el ajuste del horario de jornada nocturna comenzará a regir seis meses después de su sanción.Ante esto el ministro del Interior, Armando Benedetti, anunció en su cuenta de X que radicará mensaje de urgencia para el trámite de este proyecto "para que el Partido Liberal se defina".“La Consulta va SÍ O SÍ. Es el Partido Liberal el que decidirá en el Senado si el pueblo tiene la voz para defender sus derechos laborales. Mandaremos mensaje de urgencia para que el Partido Liberal se defina”, señaló el ministro Benedetti.
La estructura política sigue siendo determinante para llegar al Senado de la República. Así lo revela un análisis de Sonar, una herramienta de seguimiento a la rama ejecutiva y legislativa de la agencia Orza.El estudio evaluó entre 21 y 25 candidatos por partido o coalición, con opciones reales o parciales de elección, para un total de 204 aspirantes en nueve listas distintas. Cada candidato fue clasificado según su experiencia previa y el tipo de candidatura: de opinión, mixta o de maquinaria.Juliana Ocampo, socia de la agencia Orza, explicó que actualmente el 85 % de los curules en el Congreso están ocupados por siete partidos políticos, por lo que después del análisis estadísticos entre los votos disponibles y los escaños existentes se desprenden los resultados, tomando en cuenta los líderes locales que impulsan votación, alcaldes, concejales y diputados.Los resultados muestran que el 77% de los candidatos analizados están ligados a estructuras políticas.Además, 6 de cada 10 aspirantes cuentan con experiencia legislativa directa o reciente.Pero vayamos a los números. Según este análisis, el Pacto Histórico tendría una curul menos, al pasar de 20 a 19, el Centro Democrático subiría 6 y pasaría de 13 a 19 curules.El partido Conservador pasaría de 15 a 14, el Partido Liberal se mantendría en 14, Cambio Radical bajaría de 11 a 9, a la Alianza Verde-En Marcha le iría peor, pasaría de 13 a 8, Partido de La U de 10 a 8, Mira y Nuevo Liberalismo aumentaría de 4 a 5, mientras que Comunes quedaría sin ninguno.
Colombia empieza a mover sus fichas rumbo a 2026 y una de las voces que irrumpe con fuerza es la de Juan Daniel Oviedo. El exdirector del DANE, excandidato a la Alcaldía de Bogotá y exconcejal, confirmó en entrevista con El Radar este 27 de diciembre de 2025 su aspiración a la Presidencia, con un discurso que busca marcar distancia de los extremos y golpear la improvisación en el poder.Con un tono técnico pero directo, Oviedo se presentó como una opción de centro que quiere “hacerlo sensato otra vez”. Desde el inicio dejó claro que su candidatura no nace del cálculo político tradicional, sino de una lectura crítica del momento que vive el país y de los riesgos que, según él, se están acumulando sin que el Gobierno actúe a tiempo.La frase más punzante llegó cuando habló del balance del actual mandato: “La corrupción no solo sucede por acción sino también por omisión”, una afirmación con la que cuestionó lo que calificó como falta de decisiones estructurales en temas clave para Colombia.Juan Daniel Oviedo y una candidatura de centroOviedo explicó que su paso por el gobierno de Iván Duque fue estrictamente técnico y defendió su permanencia en el DANE incluso cuando Gustavo Petro llegó a la Presidencia. “Más que un halago o un insulto, fue la oportunidad que me abrió la carrera política”, dijo, al recordar que Petro lo mantuvo en el cargo, generando curiosidad pública sobre su perfil.Esa experiencia, aseguró, lo convenció de que Colombia necesita gobernar lejos de las etiquetas ideológicas. “Yo soy de centro”, reiteró, con la idea de construir acuerdos desde la evidencia y no desde la confrontación.Propuestas presidenciales y advertencias económicasOviedo planteó tres ejes centrales de su propuesta. El primero, un “gobierno de estabilización” para enfrentar lo que llamó “las minas quiebrapatas de la economía”, entre ellas la insostenibilidad fiscal, la inseguridad energética y la baja inversión. “Hacer campaña con un apretón fiscal es difícil, pero necesario”, advirtió.El segundo eje es la seguridad, con un enfoque poco usual en el discurso político. “Tenemos que acabar con la extorsión en la calle y en la política”, afirmó, rechazando que la seguridad sea usada como arma ideológica o mecanismo de presión.Elecciones 2026 y consulta presidencialOviedo confirmó que su movimiento entregará cerca de 970.000 firmas para formalizar la candidatura y que apuesta por una consulta amplia en marzo. Su objetivo es unir sectores diversos alrededor de un propósito común: “Que el futuro de Colombia sea menos pobre, menos viejo, menos informal y menos violento”.Aunque reconoce que hoy no lidera las encuestas, cuestionó la lectura anticipada del escenario electoral. “La gente decide el voto el último mes”, señaló, convencido de que todavía hay espacio para una opción que, en sus palabras, le devuelva emoción y sensatez a la política colombiana.
Una nueva encuesta aplicada al interior del Congreso de la República midió la percepción de desempeño entre senadores y representantes durante el último periodo legislativo. Los resultados confirman el liderazgo del senador Alejandro Carlos Chacón, del Partido Liberal, y de la representante Olga Lucía Velásquez, del Partido Verde, como las figuras con mayor reconocimiento entre sus pares.El estudio, realizado entre 264 congresistas —104 senadores y 160 representantes—, señala que ambos legisladores aspiran a continuar en el Congreso en las elecciones legislativas de 2026, en las que buscarán repetir curul.De acuerdo con la encuesta, Alejandro Carlos Chacón obtuvo el 14,4% de las menciones, la cifra más alta entre todos los senadores consultados. Su agenda legislativa se ha caracterizado por abarcar temas sociales, judiciales y de protección a poblaciones vulnerables.Entre los proyectos que mayor reconocimiento le otorgaron se destacan la Ley Sara Sofía, orientada a la defensa y protección de la niñez; la mesada 14 para maestros, considerada una reivindicación histórica del magisterio; y el reconocimiento del carácter salarial de la Bonificación Judicial, una medida largamente esperada por servidores de la Rama Judicial, la Fiscalía y la Justicia Penal Militar.También figuran iniciativas como Colegios sin madrugón, con impacto nacional en el bienestar y rendimiento de los estudiantes, y la inembargabilidad de animales de apoyo emocional, valorada por su alto contenido social. A esto se suman sus debates de control político, que fortalecieron su percepción de rigor, solidez técnica y compromiso institucional.Olga Lucía Velásquez, la representante más destacada del paísEn la Cámara de Representantes, Olga Lucía Velásquez lidera ampliamente con el 11,3%, el porcentaje más alto entre los 160 representantes encuestados. La congresista del Partido Verde se ha destacado por dos grandes pilares: su liderazgo nacional en la formulación y avance de la Ley de Salud Mental, uno de los temas más sensibles y urgentes para el país, y su acompañamiento técnico y político a la agenda económica y social del Gobierno.Su rol como voz de articulación, vigilancia y responsabilidad, sumado a su presencia constante en plenarias, capacidad de interlocución y solvencia técnica, la posicionan como una de las cartas fuertes de su partido de cara a las elecciones de 2026.La población objetivo de la encuesta fueron senadores y representantes a la Cámara, con un tamaño de muestra de 264 congresistas (104 senadores y 160 representantes. El trabajo de campo fue los días 15 y 16 de diciembre de 2025 en comisiones y plenarias.El nivel de confianza de la medición es del 96 % y el margen de error de 2,6 %. La medición fue realizada por la firma encuestadora W.W.A. SAS.El senador Alejandro Carlos Chacón agradeció el reconocimiento dado por sus compañeros. “Agradezco al Congreso de la República y a mis colegas por la confianza depositada, que no asumo como un logro personal, sino como el resultado de un trabajo colectivo construido desde el debate serio, el respeto por las diferencias y la vocación de servicio al país”, expresó en un comunicado.El senador nortesantandereano afirmó que el reconocimiento “es de todos: de quienes creen en la democracia como camino, en la concertación como método y en el valor del diálogo aun en la discrepancia. Gracias por respetar las convicciones en las que creo y las banderas que defiendo, porque ese respeto fortalece las instituciones y dignifica la política. Como liberal, reafirmo mi compromiso con la justicia social, la defensa de las libertades y la protección de los más vulnerables”.
El expresidente Álvaro Uribe Vélez se refirió a la propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente que está impulsando el Gobierno actual. Uribe aseguró que esta idea es una estrategia electoral.“Ahora quieren cambiar la Constitución, una estrategia electoral. La Constitución que ellos, como guerrilla del M-19, pidieron, ayudaron a escribir y a aprobar”, afirmó el expresidente Álvaro Uribe.Otra de las reacciones llegó por parte de la senadora y precandidata Paloma Valencia, quien aseguró que hay que defender la Constitución de 1991.“Hoy más que nunca debemos defender la Constitución del 91 de quienes quieren imponer un proyecto constituyente para perpetuarse en el poder. La democracia se respeta, las reglas se cumplen. Colombia no cae”, aseguró Valencia.Es importante recordar que este viernes, con el acompañamiento del ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, se llevó a cabo la inscripción del comité.“Promover una Constituyente por sí no es bueno ni malo. Aquí el problema es que este Gobierno de Gustavo Petro la justifica en un supuesto bloqueo a sus reformas, cuando lo que ha hecho la institucionalidad, llámese Congreso o Cortes, es detener, de acuerdo con la ley, iniciativas inconvenientes o inviables financieramente”, señaló el representante a la Cámara Christian Garcés.Sin embargo, también hay sectores que defienden la iniciativa, especialmente la bancada del Pacto Histórico en el Congreso.“Hoy se activa un camino democrático para que el pueblo decida: se inscribió el Comité Promotor de la Asamblea Constituyente. No se trata de imponer, sino de deliberar colectivamente sobre el país que necesitamos”, señaló el representante a la Cámara Gabriel Becerra.Además, el presidente Gustavo Petro, al referirse al tema, dijo que “el pueblo no se debe dejar quitar su poder de transformar a Colombia y progresar”.Por su parte, la senadora Angélica Lozano señaló que de esta manera se está siguiendo el camino de Chile.“A repetir el fracaso de Chile. Allá querían reemplazar la Constitución que sancionó Pinochet. No pudieron. Acá quieren reemplazar la Constitución que lideraron Antonio Navarro Wolff, Álvaro Gómez y Horacio Serpa. No pasarán. La Constitución del 91 se respeta”, agregó Lozano.Finalmente, el representante a la Cámara Alejandro Ocampo aseguró que la Constituyente es una buena idea para el país, pues va a abordar temas como la corrupción y la reforma a la justicia.“No puede seguir pensándose que la justicia, y corriendo el rumor, falla según quien pague. Eso hay que eliminarlo. Necesitamos una justicia no solo que sea transparente, sino que dé la sensación de que es transparente. Además, el problema del narcotráfico y las drogas en Colombia pasa por una Constituyente”, señaló Ocampo.