El movimiento Defensores de la Patria, del abogado Abelardo de la Espriella, radicó una denuncia ante la Procuraduría contra todos los ministros del Gobierno Petro, quienes fueron citados al debate de control político en el Senado para que dieran las explicaciones por la declaratoria de la emergencia económica.La sesión se dio este lunes; sin embargo, ninguno de los ministros llegó, pues argumentan que no se les otorgaron los cinco días que tienen por ley para responder al cuestionario enviado por el legislativo.Ante esta situación, De la Espriella le pidió a la Procuraduría investigar a los ministros por presunto incumplimiento de sus deberes legales.“La justificación posterior dada por el ministro del Interior, según la cual se habrían incumplido supuestamente los términos legales de la citación, no se ajusta a la normativa vigente, toda vez que el artículo 249 de la Ley 5ª de 1992 establece que la citación debe hacerse con una anticipación no mayor a diez días calendario, requisito que fue cumplido por el Congreso”, señala la denuncia del movimiento de De la Espriella.En el mismo sentido, el abogado y precandidato argumenta que los ministros no tenían una excusa válida para ausentarse.“La conducta de los ministros ausentes podría constituir una falta disciplinaria, al incumplir deberes legales claros previstos en el Código General Disciplinario (Ley 1952 de 2019), particularmente el deber de cumplir la Constitución y la ley, así como la prohibición expresa de incumplir dichos deberes. Adicionalmente, el artículo 250 de la Ley 5ª de 1992 es categórico al señalar que un ministro solo puede dejar de concurrir a una citación si existe una excusa aceptada previamente, situación que no ocurrió”, se lee en la denuncia de Defensores de la Patria.
En diálogo con Mañanas Blu, el presidente del Senado de la República, Lidio García, se pronunció de manera contundente sobre la reciente declaratoria de emergencia económica por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro. García advirtió que el Congreso iniciará un riguroso control político a esta medida, la cual considera innecesaria y potencialmente perjudicial para las finanzas de los colombianos,.Control político a la emergencia económicaEl presidente del Legislativo informó que, aunque las sesiones extraordinarias estaban inicialmente programadas para debatir los ascensos de militares y policías, la agenda se extendió debido a la polémica que rodea el decreto de emergencia económica. "Vamos a empezar el control político de la emergencia económica", afirmó García, señalando que el país tiene derecho a conocer qué hay detrás de esta decisión.García explicó que el Congreso tiene la potestad legal de revisar este informe, a pesar de que el gobierno cuenta con un plazo de hasta 40 días para presentarlo formalmente. Según el senador, el debate es urgente porque existe la sospecha de que el Ejecutivo busca implementar, vía decreto, reformas o cargas tributarias que no fueron aprobadas previamente en el legislativo. "El país tiene que saber todo lo que está pasando", enfatizó el presidente del Senado."No más impuestos" y la baja ejecución presupuestalUno de los puntos más críticos de la intervención de Lidio García fue su rechazo a la posibilidad de que la emergencia económica derive en nuevos gravámenes. "Este país no aguanta un impuesto más", sentenció, argumentando que una emergencia de este tipo suele traer consigo nuevas cargas fiscales.Además, el senador cuestionó la justificación de la medida al señalar que el gobierno actual cuenta con una cantidad significativa de recursos sin ejecutar. Para García, resulta "inconcebible" que se hable de una emergencia económica cuando hay "tanta plata sin ejecutar" en las arcas del Estado, sugiriendo que el problema no es de falta de recursos, sino de gestión.Asamblea ConstituyenteGarcía no dudó en calificar estas movidas del Ejecutivo como una "jugada política" de cara a los próximos ciclos electorales. Según su visión, tanto la emergencia económica como la propuesta de convocar a una Asamblea Constituyente son herramientas para mantener la presencia del gobierno en las calles durante el debate electoral para el Congreso y la Presidencia.Escuche aquí la entrevista:
La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, realizó una denuncia a través de su cuenta de X en la que expuso los gastos oficiales de los viajes internacionales que ha realizado el Presidente Gustavo Petro durante todo su gobierno y con fecha de corte el pasado mes de noviembre.En total, la senadora expuso que se han invertido más de $20.000 millones en más de 58 viajes, el equivalente a más de $2 millones de dólares.Los gastos fueron divididos en diferentes apartados. Primeramente, la congresista enseñó los gastos de alojamiento, transporte y alimentación del Presidente, el cual es de un total de $22.128 millones de pesos colombianos o $5,6 millones de dólares.Las cifras se dividen en $82.018,22 dólares de alojamientos (aproximadamente $309 millones), $2.434.206,72 dólares de transporte (aproximadamente $9.000 mil millones) y 80.463,41 dólares en alimentación (aproximadamente $303 millones).En cuanto a gastos de combustible para el avión presidencial, la suma supera los 12 mil millones de pesos ($12.001.819.476). Adicionalmente, la cantidad de CO₂ emitida durante estos trayectos ha sido de 4.289,03 toneladas de dióxido de carbono.La senadora también comentó que Petro habría hecho más de un viaje cada tres semanas, siendo, según ella, el presidente que más viajes internacionales ha realizado.Por: Sebastián Martinelli
En una extensa entrevista radial, el exalcalde de Bogotá y excandidato presidencial Enrique Peñalosa confirmó oficialmente que irá a la contienda por la Presidencia de la República y que participará en la consulta de la centro-derecha. A lo largo del diálogo, Peñalosa expuso con claridad sus diferencias ideológicas con el gobierno actual y con el senador Iván Cepeda, a quien asocia directamente con el proyecto político de Gustavo Petro.“Totalmente. Claro que sí”, respondió Peñalosa cuando se le preguntó si finalmente aspirará a la Presidencia. Sin embargo, enfatizó que más allá de su candidatura personal, lo fundamental es que “va a salir solo un candidato de este lado para enfrentar a Cepeda”, buscando transmitir tranquilidad a los votantes que se oponen al actual rumbo del país.El exalcalde fue crítico con algunos de sus posibles competidores dentro de la coalición, al señalar que Colombia necesita un candidato “con una hoja de vida de verdad, de servicio al país” y con mayores posibilidades de ganar en segunda vuelta. Aunque aclaró que respetará el resultado de la consulta, manifestó que, de tener que elegir, considera que Sergio Fajardo es una mejor opción que Abelardo de la Espriella.Uno de los ejes centrales de su discurso fue la economía y la migración. Peñalosa alertó que en los últimos años “casi un millón cuatrocientos mil colombianos se han ido del país”, principalmente en busca de mejores ingresos. “Claramente no se han ido para Cuba o Venezuela… se van a países donde hay un ambiente favorable a la inversión privada”, afirmó, defendiendo un modelo económico basado en la participación empresarial.En ese sentido, criticó duramente la oposición del petrismo a sectores como la minería y la infraestructura. Puso como ejemplo el caso de la mina de cobre de Quebradona, en Antioquia, que —según dijo— podría generar más de 700.000 millones de pesos anuales para el Estado. “Con esos recursos se pueden hacer carreteras, vivienda y fortalecer la seguridad”, sostuvo, cuestionando que proyectos estratégicos estén bloqueados por razones ideológicas.Peñalosa también apeló a su experiencia como alcalde de Bogotá para contrastarse con Petro. “Yo ya recibí a Petro y recibí un desastre en la salud y en seguridad, y lo arreglamos”, afirmó, recordando la reducción de homicidios y el desmantelamiento de zonas criminales como el Bronx. Acusó además al petrismo de promover el odio y el populismo: “Todos los populistas de la historia siempre promueven el odio”, dijo, al tiempo que defendió el papel de los empresarios en el desarrollo del país.Para cerrar, Peñalosa resumió en tres razones por qué considera que debe ser elegido en la consulta: resultados comprobados, seguridad con carácter y mayor inversión para generar progreso. “Peñalosa ha demostrado que produce resultados que le mejoran de verdad la vida a los ciudadanos”, afirmó, citando como ejemplo a TransMilenio, que calificó como un proyecto que “construye igualdad”.
La subida del 23,7 % del salario mínimo en Colombia, anunciada por el presidente Gustavo Petro, abrió este martes una discusión sobre los alcances de la medida, que los economistas consideran tendrá efectos negativos en la inflación y el gasto público, mientras los políticos la ven como una estrategia del Gobierno a las puertas de un año electoral.El "salario mínimo vital" para 2026 fue fijado en dos millones de pesos, incluido el auxilio de transporte, y beneficiará a unos 2,3 millones de trabajadores, el 10 % de los asalariados del país.Según Petro, esa cifra "se calculó no solo con base en indicadores como inflación y productividad sino en otros que permitieron un aumento más justo y con los que se garantizarán mejores condiciones de vida para los trabajadores y sus familias".Sin embargo, se han multiplicado las críticas de quienes consideran exagerado el aumento porque al salario mínimo están indexados los aportes a la seguridad social, los copagos de la salud, entre otros, lo que acabará impactando en la inflación y corroyendo el ingreso de los trabajadores.En diálogo con Mañanas Blu, varios empresarios de pequeñas y medianas empresas dieron su punto de vista sobre el incremento, que, los impacta directamente por cuenta de las prestaciones sociales a sus empleados y demás. Sectores como seguridad, servicios hoteleros, de conectividad y prestación de servicios domésticos, hablaron de su preocupación en cuanto a los incrementos que les afectará a partir del próximo año. El impacto en la estructura de costos y el empleo formalPara empresas con una alta dependencia de la mano de obra, como las de servicios domésticos y seguridad, el panorama es alarmante. Juan Sebastián Cadavid, CEO de Hogarú, explica que en su sector más del 90% de los costos corresponden a la nómina. Con el nuevo incremento, proyectan que la brecha del 18% entre el aumento salarial y el IPC provocará un decrecimiento del 9 % en su operación, lo que resultará en la pérdida de al menos 72 empleos a partir de 2026. Aunque los trabajadores formales verán un aumento en sus ingresos, la capacidad de las empresas para generar nuevas vacantes se verá severamente limitada.Por otro lado, en el sector de la seguridad privada, el incremento ponderado de costos —que incluye el salario, la reducción de la jornada a 42 horas y los cambios en horas nocturnas— se estima en un 31,5%. Raquel Garavito, presidenta de FedeSeguridad, advierte que, debido a que las tarifas de vigilancia están reguladas, las empresas no pueden ofrecer descuentos y el costo se trasladará directamente a residencias, comercios y al Estado. Esto aumenta el riesgo de que los usuarios opten por la informalidad, contratando "cuidanderos" no regulados, o aceleren la sustitución de personal por tecnología, aunque el país aún no esté plenamente preparado para ello.Hotelería y microempresas: entre el aumento de precios y la insolvenciaEl sector hotelero, que opera las 24 horas del día, enfrenta una "sinsalida". Amilcar Parra, gerente de una MiPyme familiar en Cúcuta, señala que el aumento del 23% se suma a una sobretasa de energía del 20% y a una ocupación hotelera que en regiones como Norte de Santander no supera el 40%. La medida inmediata será el aumento de tarifas para los huéspedes, lo cual podría desincentivar aún más el consumo y generar un "círculo vicioso" de inflación y altas tasas de interés.Para las microempresas de tecnología y eventos, como To Connect, el impacto obligará a retroceder en la formalización laboral. Raúl Parra, su propietario, indicó que tras haber hecho el esfuerzo de pasar empleados a nómina, el incremento salarial y los costos por horas nocturnas lo obligarán a recortar los contratos fijos y regresar al modelo de prestación de servicios para poder sobrevivir en 2026.En resumen, el incremento del salario mínimo actúa como una marejada imprevista para pequeños botes que ya navegaban con dificultad; mientras el gobierno busca mejorar el poder adquisitivo, las pymes advierten que el peso de la carga podría terminar por hundir la creación de empleo formal en el país.Escuche aquí la entrevista:
En una polémica decisión la juez Carmen Luisa Terán ordenó conceder libertad condicional a Jorge Luis Alfonso López, quien desde junio de 2024 permanece en prisión domiciliaria por enfermedad grave e incompatible con el régimen carcelario, según un dictamen de medicina legal.La juez sexta de ejecución de penas y medidas de Barranquilla indicó que Alfonso López, el pasado 16 de diciembre cumplió las 3/5 partes de la pena, tras haber sido condenado a 29 años por ordenar el asesinado del periodista Rafael Enrique Prins quien denunció actos de corrupción cuando él era alcalde de Magangué en el año 2005.Sumado a esto, la juez detalló que la Penitenciaría El Bosque calificó la conducta del condenado como “buena y ejemplar”, realizando redenciones de penas con trabajo y estudio.El lugar de arraigo del hijo de ‘La Gata’, seguirá siendo la misma mansión en la que actualmente cumple con detención domiciliaria, la cual está ubicada en la Calle 59 B con la carrera 86, norte de Barranquilla.Alfonso López fue obligado a pagar un poco más de 95 millones de pesos por los perjuicios ocasionados a la familia de la víctima, sin embargo, a la fecha no se conocen herederos del periodista asesinado por lo que el juzgado ordenó “realizar emplazamiento, de acuerdos a los términos señalados en el CGP, de los que se crean con derechos para recibir el pago de perjuicios morales, cancelados por el señor Jorge Luis ALfonso López e inicien las acciones legales pertinentes para el pago del mismo”.La jueza Carmen Terán fue la misma que le otorgó prisión domiciliaria por razones de salud al condenado empresario Carlos Mattos.
Las reacciones al aumento del salario mínimo para 2026 siguen sumándose desde distintos sectores, que advierten efectos sobre precios, empleo e informalidad. Camacol señaló que el ajuste salarial podría encarecer hasta en un 10 % el precio de la vivienda de interés prioritario (VIP), debido a que su valor está fijado en salarios mínimos y cualquier incremento se traslada de manera automática al precio final. A esto se suma el aumento en los costos de construcción, especialmente de la mano de obra, así como de insumos y servicios asociados, lo que reduciría la accesibilidad a este tipo de vivienda y dejaría por fuera hogares de menores ingresos, en particular aquellos con empleos informales o ingresos variables.Las alertas también llegaron desde el sector automotriz. Asopartes advirtió que el aumento del salario mínimo impactará los costos de los servicios de posventa, mantenimiento y reparación de vehículos y motocicletas, lo que podría traducirse en precios más altos para los usuarios. El gremio señaló además que este escenario podría incentivar la informalidad, especialmente en talleres mecánicos y pequeños servicios técnicos que no tendrían capacidad para asumir el mayor costo laboral, afectando el empleo formal y la sostenibilidad del sector.Por su parte, Fedetranscarga aseguró que la decisión elevará los costos de producción, impulsará la inflación, encarecerá el crédito y reducirá la competitividad nacional y exportadora, golpeando con mayor fuerza a las pequeñas y medianas empresas, que representan más del 80 % del tejido empresarial.En el transporte de carga, los salarios de los conductores ya representan el 17,5 % de la estructura de costos, mientras que el costo mensual de un trabajador administrativo que devenga salario mínimo pasará de $2.432.736 a $2.975.614, un incremento que el gremio considera insostenible. Además, alertaron que por cada punto porcentual de aumento del salario mínimo, el Estado debe desembolsar $400.000 millones, lo que implicaría cerca de $9,6 billones con este ajuste, una carga que va en contravía de los supuestos esfuerzos por reducir el déficit fiscal.
El exministro de Defensa y precandidato presidencial, Juan Carlos Pinzón, radica una solicitud ante la Procuraduría para que se investigue a algunos ministros del gobierno Petro por presunta participación en política, al promover la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente.“La promoción de una Constituyente desde el Gobierno, en este momento político, puede alterar de forma grave la equidad de la contienda democrática y la pureza del sufragio”, señaló Pinzón. En el mismo sentido le pidió a la Procuraduría que investigue si la conducta de los funcionarios configura participación indebida en política, que se pronuncie sobre los límites de la actuación de los servidores públicos frente a reformas constitucionales en periodos preelectorales y que ejerza vigilancia para evitar el uso de recursos del Estado con fines políticos.“El artículo 127 de la Constitución prohíbe expresamente a los servidores públicos utilizar el cargo para presionar a los ciudadanos a respaldar una causa o campaña de carácter político y participar en las controversias políticas antes de la elección”, agregó Pinzón.
En Isla Grande, en la zona insular de Cartagena, donde hoy funciona una de las granjas agrovoltaicas más grandes del país, el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas (IPSE) escogió a la comunidad para presentar su balance de gestión 2025.De acuerdo con la entidad del Gobierno Nacional, con corte al 10 de diciembre de 2025, más de 17.500 usuarios de zonas apartadas del país han logrado acceder a servicios de energía mediante la implementación de proyectos que incluyen soluciones solares, sistemas híbridos y el mejoramiento de redes eléctricas.Las zonas más impactadas han sido Valle del Cauca, Antioquia, Cesar, Magdalena, Cauca, Bolívar, Atlántico, Chocó, La Guajira, Guaviare, Vichada, Vaupés y Casanare.Danny Ramírez, director del IPSE, señaló que estos resultados hacen parte del compromiso del Gobierno Nacional de garantizar que el acceso a la energía sea un derecho y no un privilegio, y que se convierta en una herramienta de transformación social, oportunidad y desarrollo.“La Navidad es tiempo de familia y de esperanza. Para miles de colombianos, este año también llega con algo que nunca habían tenido: la energía”, afirmó.Ramírez también destacó la implementación de la granja agrovoltaica de Isla Grande, la cual, según señaló, es un referente nacional de la política de transición energética y permitió que cientos de familias accedieran por primera vez al servicio de energía eléctrica.
La estructura política sigue siendo determinante para llegar al Senado de la República. Así lo revela un análisis de Sonar, una herramienta de seguimiento a la rama ejecutiva y legislativa de la agencia Orza.El estudio evaluó entre 21 y 25 candidatos por partido o coalición, con opciones reales o parciales de elección, para un total de 204 aspirantes en nueve listas distintas. Cada candidato fue clasificado según su experiencia previa y el tipo de candidatura: de opinión, mixta o de maquinaria.Juliana Ocampo, socia de la agencia Orza, explicó que actualmente el 85 % de los curules en el Congreso están ocupados por siete partidos políticos, por lo que después del análisis estadísticos entre los votos disponibles y los escaños existentes se desprenden los resultados, tomando en cuenta los líderes locales que impulsan votación, alcaldes, concejales y diputados.Los resultados muestran que el 77% de los candidatos analizados están ligados a estructuras políticas.Además, 6 de cada 10 aspirantes cuentan con experiencia legislativa directa o reciente.Pero vayamos a los números. Según este análisis, el Pacto Histórico tendría una curul menos, al pasar de 20 a 19, el Centro Democrático subiría 6 y pasaría de 13 a 19 curules.El partido Conservador pasaría de 15 a 14, el Partido Liberal se mantendría en 14, Cambio Radical bajaría de 11 a 9, a la Alianza Verde-En Marcha le iría peor, pasaría de 13 a 8, Partido de La U de 10 a 8, Mira y Nuevo Liberalismo aumentaría de 4 a 5, mientras que Comunes quedaría sin ninguno.
Colombia empieza a mover sus fichas rumbo a 2026 y una de las voces que irrumpe con fuerza es la de Juan Daniel Oviedo. El exdirector del DANE, excandidato a la Alcaldía de Bogotá y exconcejal, confirmó en entrevista con El Radar este 27 de diciembre de 2025 su aspiración a la Presidencia, con un discurso que busca marcar distancia de los extremos y golpear la improvisación en el poder.Con un tono técnico pero directo, Oviedo se presentó como una opción de centro que quiere “hacerlo sensato otra vez”. Desde el inicio dejó claro que su candidatura no nace del cálculo político tradicional, sino de una lectura crítica del momento que vive el país y de los riesgos que, según él, se están acumulando sin que el Gobierno actúe a tiempo.La frase más punzante llegó cuando habló del balance del actual mandato: “La corrupción no solo sucede por acción sino también por omisión”, una afirmación con la que cuestionó lo que calificó como falta de decisiones estructurales en temas clave para Colombia.Juan Daniel Oviedo y una candidatura de centroOviedo explicó que su paso por el gobierno de Iván Duque fue estrictamente técnico y defendió su permanencia en el DANE incluso cuando Gustavo Petro llegó a la Presidencia. “Más que un halago o un insulto, fue la oportunidad que me abrió la carrera política”, dijo, al recordar que Petro lo mantuvo en el cargo, generando curiosidad pública sobre su perfil.Esa experiencia, aseguró, lo convenció de que Colombia necesita gobernar lejos de las etiquetas ideológicas. “Yo soy de centro”, reiteró, con la idea de construir acuerdos desde la evidencia y no desde la confrontación.Propuestas presidenciales y advertencias económicasOviedo planteó tres ejes centrales de su propuesta. El primero, un “gobierno de estabilización” para enfrentar lo que llamó “las minas quiebrapatas de la economía”, entre ellas la insostenibilidad fiscal, la inseguridad energética y la baja inversión. “Hacer campaña con un apretón fiscal es difícil, pero necesario”, advirtió.El segundo eje es la seguridad, con un enfoque poco usual en el discurso político. “Tenemos que acabar con la extorsión en la calle y en la política”, afirmó, rechazando que la seguridad sea usada como arma ideológica o mecanismo de presión.Elecciones 2026 y consulta presidencialOviedo confirmó que su movimiento entregará cerca de 970.000 firmas para formalizar la candidatura y que apuesta por una consulta amplia en marzo. Su objetivo es unir sectores diversos alrededor de un propósito común: “Que el futuro de Colombia sea menos pobre, menos viejo, menos informal y menos violento”.Aunque reconoce que hoy no lidera las encuestas, cuestionó la lectura anticipada del escenario electoral. “La gente decide el voto el último mes”, señaló, convencido de que todavía hay espacio para una opción que, en sus palabras, le devuelva emoción y sensatez a la política colombiana.
Una nueva encuesta aplicada al interior del Congreso de la República midió la percepción de desempeño entre senadores y representantes durante el último periodo legislativo. Los resultados confirman el liderazgo del senador Alejandro Carlos Chacón, del Partido Liberal, y de la representante Olga Lucía Velásquez, del Partido Verde, como las figuras con mayor reconocimiento entre sus pares.El estudio, realizado entre 264 congresistas —104 senadores y 160 representantes—, señala que ambos legisladores aspiran a continuar en el Congreso en las elecciones legislativas de 2026, en las que buscarán repetir curul.De acuerdo con la encuesta, Alejandro Carlos Chacón obtuvo el 14,4% de las menciones, la cifra más alta entre todos los senadores consultados. Su agenda legislativa se ha caracterizado por abarcar temas sociales, judiciales y de protección a poblaciones vulnerables.Entre los proyectos que mayor reconocimiento le otorgaron se destacan la Ley Sara Sofía, orientada a la defensa y protección de la niñez; la mesada 14 para maestros, considerada una reivindicación histórica del magisterio; y el reconocimiento del carácter salarial de la Bonificación Judicial, una medida largamente esperada por servidores de la Rama Judicial, la Fiscalía y la Justicia Penal Militar.También figuran iniciativas como Colegios sin madrugón, con impacto nacional en el bienestar y rendimiento de los estudiantes, y la inembargabilidad de animales de apoyo emocional, valorada por su alto contenido social. A esto se suman sus debates de control político, que fortalecieron su percepción de rigor, solidez técnica y compromiso institucional.Olga Lucía Velásquez, la representante más destacada del paísEn la Cámara de Representantes, Olga Lucía Velásquez lidera ampliamente con el 11,3%, el porcentaje más alto entre los 160 representantes encuestados. La congresista del Partido Verde se ha destacado por dos grandes pilares: su liderazgo nacional en la formulación y avance de la Ley de Salud Mental, uno de los temas más sensibles y urgentes para el país, y su acompañamiento técnico y político a la agenda económica y social del Gobierno.Su rol como voz de articulación, vigilancia y responsabilidad, sumado a su presencia constante en plenarias, capacidad de interlocución y solvencia técnica, la posicionan como una de las cartas fuertes de su partido de cara a las elecciones de 2026.La población objetivo de la encuesta fueron senadores y representantes a la Cámara, con un tamaño de muestra de 264 congresistas (104 senadores y 160 representantes. El trabajo de campo fue los días 15 y 16 de diciembre de 2025 en comisiones y plenarias.El nivel de confianza de la medición es del 96 % y el margen de error de 2,6 %. La medición fue realizada por la firma encuestadora W.W.A. SAS.El senador Alejandro Carlos Chacón agradeció el reconocimiento dado por sus compañeros. “Agradezco al Congreso de la República y a mis colegas por la confianza depositada, que no asumo como un logro personal, sino como el resultado de un trabajo colectivo construido desde el debate serio, el respeto por las diferencias y la vocación de servicio al país”, expresó en un comunicado.El senador nortesantandereano afirmó que el reconocimiento “es de todos: de quienes creen en la democracia como camino, en la concertación como método y en el valor del diálogo aun en la discrepancia. Gracias por respetar las convicciones en las que creo y las banderas que defiendo, porque ese respeto fortalece las instituciones y dignifica la política. Como liberal, reafirmo mi compromiso con la justicia social, la defensa de las libertades y la protección de los más vulnerables”.
El expresidente Álvaro Uribe Vélez se refirió a la propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente que está impulsando el Gobierno actual. Uribe aseguró que esta idea es una estrategia electoral.“Ahora quieren cambiar la Constitución, una estrategia electoral. La Constitución que ellos, como guerrilla del M-19, pidieron, ayudaron a escribir y a aprobar”, afirmó el expresidente Álvaro Uribe.Otra de las reacciones llegó por parte de la senadora y precandidata Paloma Valencia, quien aseguró que hay que defender la Constitución de 1991.“Hoy más que nunca debemos defender la Constitución del 91 de quienes quieren imponer un proyecto constituyente para perpetuarse en el poder. La democracia se respeta, las reglas se cumplen. Colombia no cae”, aseguró Valencia.Es importante recordar que este viernes, con el acompañamiento del ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, se llevó a cabo la inscripción del comité.“Promover una Constituyente por sí no es bueno ni malo. Aquí el problema es que este Gobierno de Gustavo Petro la justifica en un supuesto bloqueo a sus reformas, cuando lo que ha hecho la institucionalidad, llámese Congreso o Cortes, es detener, de acuerdo con la ley, iniciativas inconvenientes o inviables financieramente”, señaló el representante a la Cámara Christian Garcés.Sin embargo, también hay sectores que defienden la iniciativa, especialmente la bancada del Pacto Histórico en el Congreso.“Hoy se activa un camino democrático para que el pueblo decida: se inscribió el Comité Promotor de la Asamblea Constituyente. No se trata de imponer, sino de deliberar colectivamente sobre el país que necesitamos”, señaló el representante a la Cámara Gabriel Becerra.Además, el presidente Gustavo Petro, al referirse al tema, dijo que “el pueblo no se debe dejar quitar su poder de transformar a Colombia y progresar”.Por su parte, la senadora Angélica Lozano señaló que de esta manera se está siguiendo el camino de Chile.“A repetir el fracaso de Chile. Allá querían reemplazar la Constitución que sancionó Pinochet. No pudieron. Acá quieren reemplazar la Constitución que lideraron Antonio Navarro Wolff, Álvaro Gómez y Horacio Serpa. No pasarán. La Constitución del 91 se respeta”, agregó Lozano.Finalmente, el representante a la Cámara Alejandro Ocampo aseguró que la Constituyente es una buena idea para el país, pues va a abordar temas como la corrupción y la reforma a la justicia.“No puede seguir pensándose que la justicia, y corriendo el rumor, falla según quien pague. Eso hay que eliminarlo. Necesitamos una justicia no solo que sea transparente, sino que dé la sensación de que es transparente. Además, el problema del narcotráfico y las drogas en Colombia pasa por una Constituyente”, señaló Ocampo.
El Polo Democrático se pronunció, por medio de un comunicado, sobre la emergencia económica decretada por el Gobierno en los últimos días. Este partido asegura que la medida es constitucional, pues cumple con los criterios de necesidad, proporcionalidad y temporalidad.Además, señala que la emergencia se origina por el desfinanciamiento del Presupuesto de 2026.“Esta falta de recursos pone en riesgo la prestación de servicios públicos esenciales. Por ello, solicitamos a la Corte avalar la declaratoria y reafirmamos que el Gobierno no trasladará el ajuste fiscal a la ciudadanía”, señala el comunicado del Polo.Es importante recordar que la Corte Constitucional solo estudiará el decreto de la emergencia económica hasta el 13 de enero, cuando termina la vacancia judicial.
El exgobernador Carlos Caicedo confirmó en Mañanas Blu con Camila Zuluaga que la consulta política que se planeaba realizar, junto a los doctores Reyes y Araujo, ha sido cancelada definitivamente. "Definitivamente hay personas con las que tenemos profundas diferencias, mal haríamos en participar de esa consulta", dijo Caicedo.Ante esta situación, el líder político anunció que competirá directamente en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, basando su legitimidad en las casi 2.7 millones de firmas que respaldan su candidatura.Razones técnicas y políticas de la rupturaLa inviabilidad de la consulta se debió, en primera instancia, a factores jurídicos: no todos los compañeros de la coalición lograron obtener sus avales partidistas o el respaldo de firmas antes del plazo límite del 22 de diciembre establecido por la Registraduría.Sin embargo, Caicedo también reveló que declinó una invitación del senador Iván Cepeda para unirse a otra consulta de sectores progresistas. El exgobernador justificó su negativa señalando "profundas diferencias" con el manejo actual del país y la necesidad de marcar distancia frente a un ejercicio que, a su juicio, busca hacerle "apologética al gobierno".A pesar de haber respaldado históricamente la unidad de la izquierda y la candidatura de Petro en 2018 y 2022, Caicedo expresó su desacuerdo con lo que calificó como la "mamá de todas las incoherencias políticas". "Nos parece la mamá de todas las incoherencias políticas, porque, como el presidente ordena unirse en unas elecciones atípicas con el Centro Democrático, es decir, con Álvaro Uribe y con Cambio Radical, es decir, con Germán Vargas. Esto nos parece absoluta incoherencia, como ha sido incoherencia que recoja camaleones políticos que vienen de todos los partidos tradicionales y los quiera convertir en progresistas", dijo el exgobernador.El candidato también lanzó duras críticas contra el modelo de "paz total", diciendo que ha entrado en crisis y requiere ser corregido."El modelo de paz total es un modelo que hizo crisis", dijo.Escuche la entrevista aquí:
En diálogo con Mañanas Blu, el exministro de Defensa y exembajador en Estados Unidos, Juan Carlos Pinzón, confirmó que se encuentra en conversaciones para integrarse a la denominada "Gran Consulta por Colombia", un bloque opositor que busca consolidar una candidatura única para enfrentar la crisis que atraviesa el país,.Pinzón, quien fue uno de los primeros en proponer la necesidad de una consulta popular, manifestó que su intención responde a un clamor ciudadano por la unidad política. Según el exministro, Colombia enfrenta actualmente su peor crisis en años, citando problemas graves en materia de seguridad, inversión, educación, salud y relaciones internacionales.Gran ConsultaLa posible entrada de Pinzón a este bloque depende de un proceso de consenso entre los integrantes actuales del grupo, quienes han abordado el ingreso de nuevos candidatos de manera individual. Tras el reciente ingreso de la senadora Paloma Valencia y el Centro Democrático, Pinzón se mantiene optimista sobre su propia incorporación,.El exministro reveló que ha mantenido conversaciones positivas con un grupo de figuras políticas de "primer nivel", entre los que destacan Mauricio Cárdenas, Aníbal Gaviria, Juan Daniel Oviedo, Vicky Dávila, David Luna y Juan Manuel Galán. Aunque las decisiones finales dependen del consenso de este grupo, Pinzón estima que habrá claridad sobre su participación en las próximas dos semanas.Frente a los cuestionamientos sobre su futuro político en caso de no ser admitido en la consulta —el denominado "Plan B"—, Pinzón fue enfático en que su compromiso es con el servicio al país y no con cálculos electorales,. Destacó que su retorno desde los Estados Unidos tuvo como fin ofrecer una experiencia única en temas críticos para la nación.Pinzón resaltó su trayectoria en el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y la obtención de resultados contra grupos criminales, así como su capacidad para gestionar la relación con Estados Unidos y movilizar inversión masiva. Asimismo, mencionó su conocimiento en el sistema de salud como una herramienta para enfrentar la crisis del sector.Escuche aquí la entrevista:
La carrera presidencial empezó a moverse incluso antes de que se apagaran las luces de Navidad. En entrevista con Blu Radio este 23 de diciembre de 2025, el exsenador Roy Barreras habló sin rodeos sobre la consulta del llamado Pacto Amplio y dejó claro que, para él, no se trata de un simple paso previo a la campaña, sino de un momento decisivo que puede definir quién llegará a la Casa de Nariño en 2026.Para el exsenador, la consulta de marzo no es un trámite menor ni simbólico. “La consulta es definitiva. Quien gane esa consulta será presidente. Eso está clarísimo”, afirmó durante la entrevista, dejando ver su convicción de que ese mecanismo será determinante en el rumbo político del país.Roy Barreras afirma que ganará la consultaBarreras confirmó que será uno de los participantes en la consulta del Pacto Amplio y que competirá directamente con el senador Iván Cepeda. “Participaré en esa consulta, competiré con el senador Iván Cepeda y voy a competir para ganar”, dijo, al señalar que su aspiración es llegar a la contienda con un respaldo sólido.El exsenador explicó que esa consulta busca reunir dos reclamos que hoy están presentes en buena parte de la ciudadanía. Por un lado, las luchas sociales que han marcado los últimos años; por el otro, la exigencia de seguridad y estabilidad. “Vamos a unir esas dos exigencias, esas dos fuerzas”, sostuvo, al plantear que ese equilibrio es clave para gobernar.También insistió en que la consulta permitirá ordenar el panorama político y ofrecer una alternativa clara a los votantes. A su juicio, quien resulte ganador llegará fortalecido a la siguiente etapa electoral, con un mensaje unificado y con mayor capacidad de convocatoria.Presidencia 2026, centro político y mensaje a los votantesBarreras fue claro al definirse ideológicamente. “Yo no soy de izquierda, soy de centro, liberal, socialdemócrata”, afirmó, marcando su distancia de los extremos y defendiendo una postura que, según él, puede representar a distintos sectores del país. Al mismo tiempo, reconoció la legitimidad de Iván Cepeda como candidato y pidió que se respeten todas las garantías democráticas.Sobre el papel del Consejo Nacional Electoral, recordó que es un organismo de carácter político y señaló que debe garantizar la participación plena en la consulta. “Debe respetar los derechos políticos y el derecho democrático de millones de colombianos”, expresó.Al ser consultado sobre qué ocurriría si no gana la consulta, Barreras fue directo. Aseguró que quien pierda debe respaldar al vencedor, aunque dejó claro que su objetivo es imponerse. “Quien gane la consulta tiene que recibir el respaldo del que la pierda”, dijo, antes de lanzar otra frase sin rodeos: “El que tenga miedo que se compre un perro o que se vaya a la primera vuelta”.Para el exsenador, el escenario es claro. La consulta del Pacto Amplio será el punto donde se definirá quién competirá con más opciones por la Presidencia. “Esa consulta es la que decide quién va a reemplazar a Gustavo Petro”, concluyó.
Mediante la resolución 11907 del 23 de diciembre de 2025, la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) rechazó por improcedente la queja presentada por Rodrigo Llano Izasa, veedor nacional y defensor del afiliado del Partido Liberal, en contra del Nuevo Liberalismo en el que buscaba que el partido creado por Luis Carlos Galán Sarmiento fuera obligado a cambiar su nombre, logosímbolo y el uso del color rojo de forma identitaria, al considerar que generaban confusión con el Partido Liberal Colombiano y desconocían lo dispuesto en la Ley 130 de 1994, la Ley 1475 de 2011 y la Sentencia SU-257 de 2021 de la Corte Constitucional.La autoridad electoral negó el recurso de reposición presentado contra la resolución 02282 del 21 de mayo de 2025 y confirmó su decisión de rechazar por improcedente la solicitud que alegaba una presunta vulneración a las normas sobre denominación y símbolos de los partidos políticos, en particular frente al Partido Nuevo Liberalismo de los hermanos Galán y el Movimiento Político Dignidad Liberal de Rodrigo Lara Restrepo, aunque este último no conserve su personería jurídica.En su análisis, el CNE concluyó que tanto el Partido Nuevo Liberalismo como el Movimiento Político Dignidad Liberal cumplieron las órdenes impartidas por la Corte Constitucional, al solicitar y obtener el registro de sus denominaciones y símbolos ante la autoridad electoral, luego de ser reconocidas sus personerías jurídicas.Según la corporación, dichos registros fueron evaluados y aprobados mediante actos administrativos que no vulneraron la normativa vigente y adquirieron fuerza jurídica al no haber sido rechazados de forma oportuna.El CNE señaló además que las resoluciones mediante las cuales se autorizaron los registros fueron publicadas y quedaron amparadas por la presunción de legalidad, generando derechos adquiridos para las organizaciones políticas involucradas. En consecuencia, sostuvo que no era procedente reabrir una discusión administrativa ya agotada, ni desconocer la cosa juzgada administrativa que recae sobre esos actos.Con base en estos argumentos, la Sala Plena decidió no reponer la resolución 02282 de 2025 y confirmar en su integridad la decisión inicial. Ante esta decisión no hay recurso disponible y queda en firme.