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Las reacciones al aumento del salario mínimo para 2026 siguen sumándose desde distintos sectores, que advierten efectos sobre precios, empleo e informalidad. Camacol señaló que el ajuste salarial podría encarecer hasta en un 10 % el precio de la vivienda de interés prioritario (VIP), debido a que su valor está fijado en salarios mínimos y cualquier incremento se traslada de manera automática al precio final.
A esto se suma el aumento en los costos de construcción, especialmente de la mano de obra, así como de insumos y servicios asociados, lo que reduciría la accesibilidad a este tipo de vivienda y dejaría por fuera hogares de menores ingresos, en particular aquellos con empleos informales o ingresos variables.
Las alertas también llegaron desde el sector automotriz. Asopartes advirtió que el aumento del salario mínimo impactará los costos de los servicios de posventa, mantenimiento y reparación de vehículos y motocicletas, lo que podría traducirse en precios más altos para los usuarios. El gremio señaló además que este escenario podría incentivar la informalidad, especialmente en talleres mecánicos y pequeños servicios técnicos que no tendrían capacidad para asumir el mayor costo laboral, afectando el empleo formal y la sostenibilidad del sector.
Por su parte, Fedetranscarga aseguró que la decisión elevará los costos de producción, impulsará la inflación, encarecerá el crédito y reducirá la competitividad nacional y exportadora, golpeando con mayor fuerza a las pequeñas y medianas empresas, que representan más del 80 % del tejido empresarial.
En el transporte de carga, los salarios de los conductores ya representan el 17,5 % de la estructura de costos, mientras que el costo mensual de un trabajador administrativo que devenga salario mínimo pasará de $2.432.736 a $2.975.614, un incremento que el gremio considera insostenible. Además, alertaron que por cada punto porcentual de aumento del salario mínimo, el Estado debe desembolsar $400.000 millones, lo que implicaría cerca de $9,6 billones con este ajuste, una carga que va en contravía de los supuestos esfuerzos por reducir el déficit fiscal.
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