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Un juez admitió solicitud de pruebas en audiencia preparatoria del juicio en el caso de presunta corrupción por el direccionamientos de contratos para el mantenimiento de zonas verdes en Medellín. En el caso están implicados además de excontratistas una exsecretaria de Infraestructura y un exgerente de Metroparques de la administración de Daniel Quintero.
Tras recientes sanciones disciplinarias por parte de la Procuraduría General contra la exsecretaria de Infraestructura de Medellín, Natalia Urrego y el exgerente de Metroparques, Jorge Enrique Liévano, durante la administración de Daniel Quintero, sigue avanzando en su contra el proceso penal por el presunto direccionamiento de contratos para el mantenimiento de zonas verdes en la capital antioqueña.
Y es que durante la audiencia preparatoria del juicio llevada a cabo, el juez del caso admitió la solicitud de pruebas planteada por parte de la Fiscalía que también involucra a Luz Eliana Henao, representante legal de Reforestadora El Líbano, empresa a quien habrían adjudicado dichos contratos a través de invitaciones privadas por parte de Metroparques.
Según explicó Piedad Restrepo, vocera de la veeduría ciudadana Todos X Medellín, entidad que denunció estos hechos ocurridos en 2021, durante la diligencia el despacho también descartó algunas pruebas de la defensa de los acusados por no considerarlas útiles o pertinentes, aunque hay algunos recursos de apelación sobre estas situaciones que ahora deberá resolver el Tribunal Superior de Medellín para así finalmente avanzar a la etapa de juicio.
“Interpusieron un recurso de apelación y en ese orden de ideas lo que sigue es es que esto iría al tribunal en su sala penal, se esperaría más o menos un dos o tres meses para la resolución de esta apelación”, afirmó.
Hay que recordar que los implicados en el caso están siendo procesados por los delitos de celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido y asociación para la comisión de delitos contra la administración pública.
Tanto Urrego como Liévano fueron sancionados por parte de la Procuraduría con nueve años de destitución e inhabilidad por ampliar, sin justificación alguna, este mismo contrato suscrito por más de 5.200 millones de pesos.
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Inicialmente fue firmado por tres meses, pero fue extendido por más de cuatro argumentando las medidas adoptadas por los gobiernos para hacer frente al Covid-19.
El ente de control advirtió que la ampliación del plazo, sin justificación razonable, dejó de manifiesto el ánimo de favorecer intereses distintos a los de cumplir los fines del Estado y de la entidad contratante.
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