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La Audiencia de la JEP en Granada, Antioquia, dejó cruentos relatos de más de 500 ejecuciones extrajudiciales en el departamento en los años 2000: un alto mando de la Cuarta Brigada reconoció la existencia de una política que condujo a cientos de ‘falsos positivos’. La diligencia continúa del 15 al 17 de diciembre en Medellín con los casos ocurridos en el Valle de Aburrá y el Occidente
Tres días de la audiencia pública de reconocimiento de verdad y responsabilidad por parte de 20 exmilitares de la Cuarta Brigada del Ejército dejó graves testimonios de cómo se llevaron a cabo asesinatos y desapariciones forzadas en Antioquia, entre 2004 y 2007, en una diligencia que se dio en el municipio de Granada, una localidad que fue epicentro de graves hechos de violencia y donde a propósito se cumplieron 25 años de la toma guerrillera que devastó sus calles y cobró decenas de vidas.
Durante la última jornada adelantada por la Jurisdicción Especial para la Paz y ante 400 víctimas, Juan Carlos Piza Gaviria, quien alcanzó el rango más alto en la Cuarta Brigada entre los años 2002 – 2007 confesó su participación en crímenes de civiles presentados ilegítimamente como bajas en combate, ‘falsos positivos’, al favorecer las condiciones necesarias para consolidar la política de facto de conteo de cuerpos, la cual según su testimonio, era impulsada y establecida por los comandantes de la Brigada, para este caso en su momento por los generales González, Pico Hernández y Rodríguez Clavijo, entre los mencionados años.
“Yo soy el responsable y asumo esta responsabilidad de haber fomentado en cada momento la política de facto de conteo de muertos. Exigían de forma permanente el reporte de muertos en los programas radiales diarios. Eso era diario, lo que genera una dinámica operacional. Es un engranaje o un círculo de vicio”, relató.
Piza Gaviria reconoció que esta era una orden dada para los altos mandos del Ejército a sus subalternos, testimonio que fue de gran relevancia si se tiene en cuenta que bajo el grado de teniente coronel fue comandante del Grupo Mecanizado ‘Juan del Corral’ desde el 1 de diciembre de 2003 hasta el 24 de octubre de 2005.
Posteriormente, desde el 1 de diciembre de 2005 hasta el 9 de junio de 2008, hizo parte del Estado Mayor de la Brigada Cuarta como oficial de operaciones (B3), segundo comandante y jefe del Estado Mayor y, además, en un lapso aproximado de tres meses, como comandante encargado.
Para la magistrada de la JEP, Catalina Díaz, como relatora del caso, este es un patrón que identificó en Antioquia así como en oras regiones del país y se llamó “conteo de cuerpos”, que ocurrió para este caso bajo la comandancia del general (r) Mario Montoya Uribe, convirtiéndose en el principal indicador de éxito militar.
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“Lo que ocurrió en Antioquia es el mismo patrón de acción criminal que hemos confirmado en eh la costa Caribe, en el Casanare, en el Huila, en norte de Santander, en el Meta y que constituye un patrón macrocriminal por la política que privilegiaba el cuerpo del supuesto enemigo caído como el éxito”, aseguró.
Entre los años 2002 y 2007, en distintas subregiones del departamento —Oriente, Norte, Nordeste, Valle de Aburrá, Suroeste y Occidente— se registraron al menos 589 asesinatos, de los cuales 228 personas también fueron desaparecidas forzadamente y 41 torturadas, en hechos atribuidos a seis batallones adscritos a la Cuarta Brigada y por los que comparecen ante esta jurisdicción un total de 40 exmilitares.
En la primera parte de la diligencia en Granada fueron escuchados los relatos de dos batallones y los siguientes darán su versión en Medellín, desde el próximo 15 de diciembre y hasta el miércoles 17 del mismo mes.
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