Aunque en medio del proceso judicial este ha sido uno de los argumentos, la Contraloría Distrital de Medellín confirmó que identificó un hecho irregular relacionado con el lote Aguas Vivas, que habría generado un daño patrimonial al Distrito por $10.944 millones, según el resultado de una actuación de control fiscal adelantada sobre el predio entre los años 2019 y 2026.
El organismo de control señaló que el inmueble, de 146.686 metros cuadrados, ingresó al patrimonio del Municipio en 2019 mediante una cesión gratuita e irrevocable, como parte del cumplimiento de obligaciones urbanísticas futuras a cargo de particulares.
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Luego el predio salió nuevamente del patrimonio público cuando la Administración municipal terminara de manera unilateral el contrato de cesión, mediante una resolución expedida el 26 de octubre de 2022. La devolución quedó materializada en el registro inmobiliario en febrero de 2023.
De acuerdo con la Contraloría, el lote tenía un valor estimado de $52.102 millones en 2019 y de $63.046 millones en 2023. El organismo de control encontró que el mayor valor que alcanzó el inmueble durante el periodo en que estuvo bajo titularidad pública no fue reconocido al Distrito al momento de su devolución. Según el informe, de ese restante es que sale el cálculo de lo que representa en recursos el daño patrimonial, estimado en $10.944 millones.
"Cuando el negocio decide rescindirse, es decir, devolverse a sus anteriores dueños, el Distrito debió realizar unos análisis económicos de la evolución del valor de dicho predio y estos análisis nunca se hicieron, nunca se determinó cuánto había valido dicho inmueble en cabeza del Distrito. La Contraloría pudo determinar que este inmueble pasó a valer 63 mil millones de pesos, por lo tanto, hay una diferencia del valor inicial al valor final, que es de 10 mil 900 millones de pesos, un valor que el Distrito nunca recuperó", precisó la contralora Paula Ortega.
La actuación fue adelantada por el Grupo Especial de Reacción Inmediata, creado para verificar si existía una afectación a los recursos públicos.
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Señaló la entidad que el informe y las pruebas recopiladas serán trasladados a la Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, que deberá determinar las actuaciones correspondientes.
Mientras la Contraloría aclaró que la identificación del daño patrimonial no constituye una declaratoria de responsabilidad fiscal, vale la pena mencionar que actualmente hay un proceso penal abierto por este predio, en el que fueron imputadas 13 personas, dentro de las cuales está el exalcalde Daniel Quintero Calle. Pese a que el juez de conocimiento al frente del caso objetó la imputación adelantada por la Fiscalía, la investigación sigue abierta.