Bajo la lupa de entes de control de carácter nacional se encuentran dos nuevas personas relacionadas con el gobierno de Antioquia en medio de los procesos que afrontan por presunta responsabilidad fiscal.
Se trata de la actual secretaria de Talento Humano de la Gobernación, Rosa María Acevedo y Diana María Montoya, esposa del diputado de Antioquia Julio César Restrepo y quien ha sido contratista de la Alcaldía de Támesis. Sobre sus casos la Contraloría General de la República anunció que asumió poder preferente sobre la investigación para evitar conflictos de interés.
En el caso de Acevedo se le investiga por el presunto detrimento de 342 millones de pesos en un contrato de mil millones suscrito entre la Gobernación de Antioquia y Comfenalco para la ejecución de programas, eventos y actividades de bienestar institucional para los servidores públicos del Departamento.
Actuaciones previas de la Contraloría de Antioquia permitieron establecer que en su ejecución “durante los meses de abril a septiembre de 2025 se realizaron y pagaron once actividades no contempladas en la propuesta económica”.
La razón para el traslado de su caso a instancias de la Contraloría General tiene que ver con la directa relación de su cargo con el gobernador Andrés Julián Rendón y el actual contralor departamental, Juan Carlos Herrera, quien ha sido apoderado del mandatario.
“La investigada no es un sujeto procesal aislado, sino que actúa bajo la subordinación funcional y política del Gobernador, haciendo parte integral de su gabinete y de la estructura de la administración central”, se lee en la resolución firmada por el contralor de la República, Carlos Hernán Rodríguez.
Por su parte, Diana María Montoya afronta un proceso de responsabilidad fiscal por 81.6 millones de pesos en medio de cuatro contratos suscritos con la Alcaldía de Támesis y la Empresa de Servicios Públicos de la misma localidad del Suroeste antioqueño.
Los mismos fueron demandados por vicios por inhabilidad legal dado el vínculo de Montoya con el diputado Restrepo. Este ha defendido que en el caso hay una interpretación equivocada y desactualizada de la ley, pero que además que no tuvo ninguna injerencia en la llegada de su esposa a esos contratos.
"Diana se ganó la asesoría en Támesis, porque Juan Pablo conoce su competencia. De hecho, invito a cualquier persona o a la misma gente que ha hecho estas denuncias en Támesis, que dice que es por mi cercanía con Juan Pablo, a que entonces expongan todas las pruebas y hagan las denuncias respectivas, pero con soportes, porque realmente de eso se trata, uno no puede andar por la vida lanzando juicios y atacando", expuso.
Estas decisiones del ente control se conocen luego de la similar tomada desde la misma institución con el caso que compromete de manera directa al gobernador Andrés Julián Rendón, quien fue vinculado como responsable fiscal por más de 26 mil millones de pesos por un proyecto de ciclorrutas inconclusas en el Oriente de Antioquia cuando se desempeñó como alcalde de Rionegro entre 2016 y 2019.
Aunque analizan una respuesta directa tanto el gobernador Andrés Julián Rendon como las otras dos funcionarias involucradas señalaron que están tranquilos de su proceder y que lo demostrarán en la Contraloría nacional en Bogotá, a donde llegaron los procesos.
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