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Tras denunciar amenazas de grupos armados y el litigio de más de dos décadas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Defensoría, Procuraduría y Fiscalía, revisarán la situación de seguridad de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Integrantes de la comunidad manifestaron no tener garantías que salvaguarden la integridad de sus miembros.
Recordemos, que tras más de dos décadas de litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado colombiano y la Comunidad de Paz de San José de Apartadó habían llegado a un acuerdo, donde se pactaron unas medidas de reparación integral, que partió del reconocimiento de responsabilidad internacional del Estado frente a las múltiples violaciones a los derechos humanos sufridas por la Comunidad de Paz.
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Entre los principales compromisos se contempló la creación de una Comisión que investigue en profundidad los casos relacionados con la Comunidad de Paz, la cual está liderada por la Defensoría del Pueblo. Esta Comisión, que se llevará a cabo este martes, 1 de abril en Apartadó, evaluará el funcionamiento de la administración de justicia en los crímenes ocurridos entre 1997 y 2007 y recomendará acciones para evitar la impunidad sobre estos hechos.
El acto contará con la participación de la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, la Unión Europea, miembros de la Comunidad Internacional, la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, entre otros actores.
Según Arley Tuberquia, miembro del Consejo Interno de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, las expectativas con este comité son bajas, pues las amenazas de parte de grupos armados en el territorio siguen siendo una constante, y han expresado sentir que no ha habido una investigación profunda que condene a los responsables de las más de 410 personas asesinadas en el territorio.
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“Es muy difícil decir que tenemos optimismo o que va a haber seguridad. Pues no hay ninguna seguridad porque hasta la fecha y todos los homicidios, todos los asesinatos, todas las masacres eh las agresiones contra la población civil y que no han habido condenas contra nadie, lo que ha servido es para darle una licencia a los asesinos para que sigan matando", indicó Tuberquia.
Adicionalmente, manifiestan que a pesar de que la Comisión estará vigente durante un año, indican que solo se investigarán 60 de los 1.600 crímenes de lesa humanidad cometidos en la comunidad.
Vale la pena recordar que el año pasado, integrantes de esta Comunidad de Paz fueron blancos de amenazas de grupos armados, especialmente del Clan del Golfo, lo que obligó durante el 2024 al desplazamiento de 22 familias. Actualmente, la comunidad ha denunciado que las amenazas no han cesado y temen que más familias abandonen el territorio por miedo a las represalias de los grupos armados, por eso piden a la comisión, que se investigue con severidad la situación actual del territorio.
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