En medio de las pruebas que vinculan a Miguel Quintero Calle con la presunta corrupción ocurrida en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Cuerpo de Bomberos de Itagüí y por lo cual piden que vaya a la cárcel, se conoció un documento de la Fiscalía en donde se maneja una hipótesis contundente que estaría en manos de las autoridades estadounidenses: dineros de contratos públicos pudieron haber beneficiado a Daniel Quintero Calle y personas cercanas.
En el documento radicado en 2023 se solicitó apoyo de análisis por parte de la Unidad de Investigación de Análisis Financiero -UIAF- para que se cruzara información y establecer el presunto aumento de patrimonio de funcionarios públicos y algunos particulares relacionados con el exsuperintendente de Salud.
Autoridades estadounidenses ya tendrían en su poder el análisis que Fiscalía pidió hacer para determinar si dineros públicos de Medellín fueron a parar en personas como Daniel Quintero, Diana Osorio, Esteban Restrepo y otros. #VocesySonidos pic.twitter.com/CIKAIkexxr
— Blu Antioquia (@BLUAntioquia) September 17, 2026
La solicitud se enfoca en un contrato entre el Instituto de Deportes y Recreación de Medellín y Metroparques, mismo que tenía como fin el desarrollo de eventos recreativos, deportivos y de actividades físicas juntos con todos los componentes, accesorios y demás materiales necesarios para el desarrollo de las actividades.
Aunque el contrato tenía un valor cercano a los 22.000 millones de pesos, terminó ejecutándose por más de 24.000 millones de pesos y fue entregado a Cyan Eventld y Logístics que, aunque recibió un listado de precios de bienes a adquirir, compró a un menor precio, generando sobrecostos de más del 50 % y una posibles apropiación de recursos públicos.
Ante esta preocupante situación y el supuesto entramado de corrupción es que la Fiscalía General de la Nación empezó a manejar una hipótesis: los dineros públicos, al parecer, fueron a parar a servidores públicos o sus familiares más cercanos, quienes posiblemente incrementaron su patrimonio.
Dentro de las personas vinculadas está Daniel Quintero, exalcalde de Medellín; Esteban Restrepo, exsecretario de Gobierno de Medellín; Juan Pablo Ramírez, exsecretario de Participación de Medellín; Carlos Mario Romero y Cristián Sánchez, exdirectores del Inder; Diana Osorio, esposa de Daniel Quintero; y Laura Upegui; prima de Diana Osorio.
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Lo que en su momento solicitó la Fiscalía General de la Nación era que, a través de los análisis, se pudiera conocer el destino final de los recursos públicos y determinar el posible incremento patrimonial injustificado, información que ya estaría en manos de las autoridades estadounidenses.
Hay que recordar que el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, ha viajado en un par de oportunidades a Estados Unidos en donde ha entregado información relevante de los casos de presunta corrupción al FBI.
"Estos son delitos también transnacionales que tendrán que responder seguramente no solo a la justicia en Colombia, sino también en los Estados Unidos, pero las investigaciones ya avanzarán de acuerdo a la información que le hemos entregado nosotros al FBI, con lo que venimos trabajando ya desde hace más de un año", indicó el mandatario.
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Sin embargo, hay otro punto que llama la atención dentro de la solicitud que hizo en su momento el ente acusador y es el nombre de Jhony Jaramillo, a quien señalan era el administrador del Inder y que ya fue mencionado en el posible traslado de dineros al exterior.
La información que se había dado a conocer es que a través de Golden Platino Colombia S.A.S., una comercializadora de metales preciosos fundada en 2015 por Jhonny Jaramillo, se habrían dado algunas transacciones.
El comportamiento financiero de Golden Platino es uno de los elementos que más ha llamado la atención sobre sí pudo servir como una ruta para sacar recursos del país. La compañía pasó de reportar ingresos por 83.139 millones de pesos en 2020 y más de 112.000 millones en 2021 a tan solo 307 millones durante 2023 y una operación nula al año siguiente.
De momento, se espera que, tanto las autoridades en Medellín como las estadounidenses, determinen las posibles vinculaciones de las personas mencionadas anteriormente y si tienen o no relación con este presunto hecho de corrupción entre Inder y Metroparques.