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Asuntos logísticos y financieros que persisten desde hace varios meses para la adecuada operación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en Antioquia podría desencadenar una compleja situación para la prestación de los diferentes servicios de la entidad.
Y es que según Karol Giraldo, presidenta del sindicato de trabajadores de la entidad del Gobierno nacional en la seccional departamental, con el paso de los días hay situaciones que se están tornando insostenibles y que afectan principalmente a los menores de edad usuarios de sus servicios.
Giraldo explicó que una de los panoramas más complejos se ha derivado del cierre de ocho instituciones que venían atendiendo la custodia de menores de edad mientras se resolvían las situaciones con sus familias, pues no hay cupos en hogares de paso o sustitutos generando retrasos en la atención de casos urgentes.
Sin embargo, asegura que los asuntos presupuestales han tenido incidencia en casi toda la operación. El déficit de la entidad a nivel nacional supera los 100 mil millones de pesos y no se están girando ni el 10% de los recursos necesarios.
En el caso de la capital antioqueña el recorte presupuestal pasó de 72 mil millones de pesos en 2024 a 20 mil para este año. A ello se suman demoras en la asignación de 120 plazas para Antioquia que inicialmente deberían ser nombradas en provisionalidad.
"En estos momentos lo que están entregando para funcionar son cuatro mil millones de pesos, como el cinco o el diez por ciento de lo que requerimos para el verdadero funcionamiento y para que se pueda dar lo que se requiere, como el aumento de planta, la contratación del personal faltante", indicó.
A esto se suma las dificultades para encontrar una nueva sede y reabrir el Centro Zonal Suroriente, cuyo inmueble estaba ubicado en el occidente de Medellín y fue entregado desde al año anterior en medio de graves riesgos estructurales.
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Unos 100 funcionarios de la entidad siguen prestando sus servicios en alternancia y tres lugares diferentes de la ciudad, pero sin soluciones a la vista y en medio de un panorama que se complica pensando en términos de contratación por la ley de garantías para las elecciones de 2026. Por esta razón hay convocatoria para un cese de actividades que iniciaría en la segunda semana de agosto.
"La regional Antioquia inicia se activa el 11 hasta que se llegue a negociación y a verdaderamente cumplimiento de los puntos que se van a presentar con la sede nacional, con las directivas nacionales del instituto", indicó.
De igual manera otro de los temas que preocupan a funcionarios de la entidad tiene que ver con el nombramiento de un director seccional en firme, una situación que el mismo gobernador Andrés Julián Rendón ha cuestionado y exigido una respuesta oportuna por parte de la Dirección Nacional del ICBF.
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