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No se han registrado mayores avances en el pliego de peticiones en medio de la mesa de negociación tras cinco días desde el anuncio de cese de actividades de funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en Antioquia por falta de garantías en diferentes aspectos para la adecuada operación y atención de usuarios, especialmente menores de edad, que inició este viernes.
Sin embargo, Diego Bran, presidente del Sindicato de Defensores de Familia, una de las organizaciones que hacen parte de los acercamientos con la administración nacional, admitió que el proceso inició en medio de un ambiente dispuesto a la gestión y consecución de acuerdos, sobre todo por cambios que empezaron a darse desde la dirección regional.
Y es que una de las novedades de las últimas horas en el proceso tiene que ver con el nombramiento de una nueva directora encargada para la regional Antioquia. Se trata de Diana Catalina García, nutricionista, quien venía siendo la líder del Ciclo de Vida y Nutrición y reemplazará a Diana Carolina Baloy, con quien Bran admitió no existía un buen relacionamiento desde diferentes sectores de la institución.
"La directora anterior tenía una ruptura casi que total con los trabajadores, con los sindicatos, por la forma de su gobernanza y por situaciones de acoso laboral y sindical, entonces es lo que hoy de pronto se logró", aseguró.
Bran explicó que avanzan en el proceso de empalme en la dirección y se espera una importante gestión por parte de García en medio de las conversaciones que continuarán el próximo martes, pues son varios los puntos a discutir en materia de personal, infraestructura y presupuesto para la operación.
"Avances realmente muy poquitos, buena disposición y diálogo y gestiones, pero resultados poquitos y eso es lo que en el instituto ya se ha vuelto carrera y por eso la asamblea determinó, con lo que ha sido ofrecido por la administración nacional, continuar el cese la semana entrante", indicó Bran.
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Aunque la administración saliente del ICBF aseguró que los servicios en los diferentes centros se seguían prestando sin contratiempos, organizaciones líderes del cese de actividades aseguran que solo se están atendiendo casos urgentes y procesos vitales para restablecimiento de derechos de menores de edad están paralizados, generando un riesgo de colapso en las comisarías. La situación estaría afectando a unas 500 familias diariamente.
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