Tras un nuevo consejo de seguridad llevado a cabo en las últimas horas en el municipio de Yarumal y presidido por el gobernador Andrés Julián Rendón, el mandatario se refirió a algunos de los retos que afronta en esta materia la subregión, una de las más afectadas por la persistencia en las acciones de grupos armados.
Nuevamente Rendón insistió en la necesidad de un trabajo articulado desde lo local para hacer frente a fenómenos como el microtráfico y fortalecer la presencia de la fuerza pública. Pero también se refirió a la protección y especial cuidado de los líderes sociales y defensores de derechos humanos, una situación que preocupa, pues con el reciente asesinato de Fidel Hernández en el municipio de Apartadó ya son cuatro los casos en el departamento durante los primeros días del año.
El gobernador invitó a los alcaldes a realizar un diagnóstico oportuno en sus territorios y a reportar a aquellas personas con algún nível de riesgo de manera que puedan ser protegidas.
"Tenemos que ponernos en la tarea de identificar en cada municipio y reportar a las autoridades quiénes son los líderes que están amenazados, quiénes son aquellas personas que de verdad están ejerciendo una actividad social y comunitaria y revisten riesgo", afirmó.
De igual manera, Rendón invitó al Gobierno nacional a priorizar de mejor manera los esquemas de seguridad que se brindan a través de la Unidad Nacional de Protección, pues argumentó que más de la mitad de los que hay actualmente para personas en Antioquia realmente no los requieren.
"De más de 400 protegidos que tiene la UNP en Antioquia más de la mitad son corbatas, son personas que no necesitan la protección. ¡Por dios!, un llamado al Gobierno Nacional a que revise eso y que quite a las corbatas la protección y le ponga la protección a los líderes sociales", puntualizó.
Durante su visita a Yarumal el gobernador, en la misma línea de posturas como la del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, planteó la necesidad de proteger a menores de edad del consumo de sustancias psicoactivas en zonas comunes y que frecuentan, tal y como lo estableció el reciente decreto que impone multas por más de 600 mil pesos en la capital antioqueña.
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