El incremento de la inversión necesaria para ampliar el aeropuerto José María Córdova de Rionegro, que según la actualización del plan maestro se fijó en 22 billones de pesos en total, sigue generando reacciones en Antioquia.
Sobre el tema, el gobernador Andrés Julián Rendón, criticó la falta de inversión por parte del Gobierno nacional y manifestó que son necesarios justamente los recursos por parte del sector privado para sacar adelante la ampliación de la terminal aérea que hace años se quedó corta ante la alta afluencia de viajeros.
"Aquí se juntó el hambre con las ganas de comer, porque un gobierno como este que ha despreciado tanto la inversión privada, pues sencillamente no va a crear el marco regulatorio o a facilitar la inversión de privados, darle garantías jurídicas para que tengan como recuperar un monto de semejante tamaño, de 22 billones de pesos", expuso.
A su vez, el mandatario calificó como falta de cariño por parte de la concesión que tiene a cargo el aeropuerto el que no adelante labores de mantenimiento para lo cual no se requiere permiso por parte de entidades del orden nacional.
"Quien hoy regenta el aeropuerto, también le ha faltado en hacer cosas de cuenta propia sin tener que pedir el permiso del Gobierno nacional. Es decir, para usted mantener aire acondicionado, para usted mantener las sillas en buen estado, los baños en buen estado, usted no necesita el permiso ni de la ANI ni del Aerocivil. A la concesión le ha faltado más cariño", dijo.
La actualización del plan indica que estos son poder comprar 553 predios identificados, construir una segunda pista de 4 kilómetros, ampliar la actual de 3,5 a 4 kilómetros, construir una nueva terminal, y hacer las demás obras, para poder movilizar a cerca de 43 millones de pasajeros en el año 2056, según los pronósticos de crecimiento de tráfico.
Durante el encuentro en el que se socializaron estos cambios, por parte de una firma colombo-española contratada por la Aerocivil, los moradores de las 9 veredas que se verían impactadas también expresaron su preocupación porque no fueron tenidos en cuenta en esta actualización, por lo que exigen ser escuchados, tener información de primera mano y que les paguen precios justos por sus tierras.
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