Una grave situación en materia de seguridad afrontó durante los últimos meses del gobierno de Gustavo Petro Empresas Públicas de Medellín en medio de su operación en el Bajo Cauca y Norte de Antioquia, principalmente con la central Hidroituango.
Un informe entregado por el área de Seguridad de la compañía para la reciente sesión de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes en Medellín que abordó asuntos de seguridad, dejó al descubierto al menos tres situaciones que han puesto en grave riesgo la institucionalidad del departamento.
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Según el documento, entre agosto de 2025 e inicios de 2026 el frente 36 de las disidencias de las Farc ejecutó una serie de acciones terroristas como la instalación de cilindros explosivos en vías de acceso a la central de generación de energía para presionar el pago de extorsiones.
“Las exigencias llegaron a $5.000 millones de entrada y $500 millones mensuales, con amenazas contra el Metro, el proyecto y la Alcaldía de Medellín”, se lee en el informe que además reportó el sobrevuelo de drones no autorizados sobre la presa de Hidroituango por el mismo tiempo en el que en Medellín y Bello el grupo armado al mando de alias ‘Calarcá’ activó cargas explosivas contra torres de transmisión de energía.
Las situaciones ya han sido puestas en conocimiento de las autoridades quienes se han comprometido a reforzar la seguridad en los lugares donde vienen ocurriendo y en la protección de infraestructura crítica del departamento. Así lo expresó tras un reciente consejo de seguridad en Medellín el ministro de Defensa Jorge Eduardo Mora.
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"En especial vamos a reforzar lo que es la seguridad de la infraestructura crítica en Antioquia y de todos los proyectos regionales que tiene la Gobernación durante lo que queda de este tiempo de nuestro gobernador y obviamente los alcaldes", precisó.
De igual manera, EPM alertó que las fallidas Zonas de Ubicación Temporal para integrantes del Clan del Golfo que se acogerían a un proceso de paz, terminaron por convertirse en territorios donde consolidaron su injerencia criminal en el Bajo Cauca.
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EPM aseguró que llegó la exigencia de permisos escritos para el ingreso a algunas zonas rurales, retenciones de personal y la expulsión de cuadrillas que “ponen en riesgo a las personas, la operación y las inversiones de EPM en el territorio”.
Como tercer factor de riesgo en los últimos meses el documento, fechado de finales de octubre, refiere preocupación por el avance de la minería ilegal a lo largo del río Porce poniendo también en riesgo la generación de energía en las centrales Porce II y III.
La empresa dice que se han identificado dos campamentos con más de 120 personas en la riberas del afluente generando su estrangulamiento y otros posibles incidentes como derrumbes y represamientos del mismo.
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Finalmente, sobre el Valle de Aburrá, EPM expresó inquietud por la situación registrada en el asentamiento de Granizal, en el municipio de Bello.
En esta zona que limita con el nororiente de Medellín y que en junio de 2025 tuvo un movimiento en masa que dejó 27 personas muertas, EPM señaló que estructuras criminales asociadas al Clan del Golfo estarían cobrando a la comunidad por el acceso a agua cruda y revendiendo agua potable.
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Inclusive, manifestaron que hubo amenazas contra conductores de carrotanques y líderes sociales que se atrevieron a interrumpir la proliferación de conexiones ilegales del líquido.